Reincorporación

En el vocabulario colombiano de la paz, reincorporación es una palabra nueva con historia larga. Nombra el proceso —político, económico, social y jurídico— por el cual quienes empuñaron las armas contra el Estado o al margen de él regresan a la vida civil, y designa a la vez la institución encargada de acompañarlo y el conjunto de disputas que ese regreso desata en el territorio. La palabra se acuñó en su sentido actual en el Acuerdo Final firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, donde reemplazó deliberadamente al viejo término reinserción y se despegó del molde internacional del DDR (desarme, desmovilización y reintegración). Pero lo que designa es una práctica que Colombia ensaya desde el siglo XIX: la de fabricar mecanismos para que quienes hicieron la guerra puedan dejarla sin ser exterminados y sin volver a ella. Que ese ensayo haya fracasado tantas veces —y que su resultado casi invariable haya sido el asesinato de los desmovilizados y la reaparición del conflicto bajo otras siglas— es el trasfondo sobre el que se lee cualquier página nueva de la reincorporación.

La palabra y lo que carga

Distinguir es aquí una obligación técnica antes que estilística. Desmovilización nombra el acto puntual: dejar la organización armada, entregar la lista, someterse a los procedimientos. Desarme es la dejación de las armas, un momento con ceremonia y con caletas. Reinserción fue durante décadas el nombre del acompañamiento posterior, entendido como asistencia individual de sobrevivencia: estipendio mensual, un curso, un proyecto productivo, la promesa de una vivienda. Reintegración modernizó ese esquema en los años 2000 bajo el molde de la ONU. Reincorporación, en cambio, es la apuesta conceptual de La Habana: un proceso colectivo, territorial, de largo aliento, definido —según reza el propio texto pactado— "de acuerdo con los intereses" de la organización que dejó las armas, y por tanto irreductible al estipendio individual.

Detrás de la elección del término hay una lectura histórica. Las FARC-EP se negaron a entrar en el molde DDR porque ese molde había sido, en Colombia, la maquinaria de una derrota gestionada: se reintegraba al vencido, no al firmante de un pacto político. Reincorporar, en la gramática del Acuerdo, es reconocer que los excombatientes vuelven no a la sociedad como individuos aislados sino como colectivo con proyecto, y que el país al que vuelven debe ser también transformado. Esa ambición conceptual —discutible en su alcance, ineludible en su registro— es lo que hace del término algo más que un tecnicismo administrativo.

La tradición larga: del cambio de uniforme al indulto contrainsurgente

En el siglo XIX colombiano las guerras civiles eran breves y sus combatientes conservaban por lo general los vínculos económicos, familiares y comunitarios que sostenían su vida civil. Los generales eran también políticos y los políticos también generales; el final de una guerra se resolvía como un cambio de uniforme o de posición en el escenario público. No había, en rigor, reincorporación: había circulación. La exclusión no se instalaba como sentimiento duradero porque el vencido de hoy podía ser el vencedor de mañana y las redes que lo sostenían no se rompían del todo.

Ese circuito relativamente elástico se agotó con el siglo XX y con la aparición de guerras más largas, más ideológicas y más territoriales. El primer gran experimento colombiano de reintegración masiva fue el de Gustavo Rojas Pinilla entre 1953 y 1957: amnistías e indultos para los guerrilleros liberales alzados en armas, con el propósito de cerrar el ciclo abierto en 1948. El 13 de junio de 1954, en medio del descontento por la muerte de estudiantes en protestas, Rojas extendió el indulto a presos por delitos atribuibles a "extralimitación en el apoyo o adhesión al gobierno", un guiño conciliatorio dirigido a los laureanistas. Fue una pacificación con letra chica: algunas guerrillas liberales suspendieron acciones pero no entregaron las armas, y las autodefensas campesinas vinculadas al Partido Comunista conservaron su estructura, profundizando la división entre unos combatientes que colaboraron con el gobierno militar y otros que se replegaron. Aquellos replegados serían, una década más tarde, la matriz de las FARC.

El segundo gran ensayo lo condujo Belisario Betancur. La Ley 35 de 1982 abrió una amnistía amplia, incondicional y automática para presos políticos y para quienes depusieran las armas, y benefició en su mayoría a integrantes del M-19. Con ella nació una arquitectura nueva: el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), creado en 1983 para atender lo que el gobierno llamaba las "condiciones objetivas" del conflicto, y la Ley 45 de 1985 de indulto. Entre 1982 y 1984 se acumularon los acuerdos: con el M-19 desde finales de 1982, con las FARC desde marzo de 1984, con el EPL también desde marzo de ese año. El ELN se quedó fuera. Los pactos duraron poco, pero dejaron dos legados que atraviesan hasta hoy la política de la reincorporación: la idea de que las causas del conflicto son atendibles con inversión estatal focalizada y la constatación de que un cese sin monopolio efectivo de la fuerza es un cese que se rompe.

La cosecha llegó bajo Virgilio Barco y César Gaviria. Entre 1990 y 1991 se desmovilizaron el M-19, el EPL, el PRT y el movimiento indígena Quintín Lame, empujados en buena parte por la perspectiva de participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Fue el momento fundacional de la reinserción moderna, y también el momento en que se selló una paradoja duradera: líderes del M-19 que habían participado en la toma del Palacio de Justicia de 1985 fueron amnistiados y accedieron a cargos públicos —incluso a candidaturas presidenciales—, mientras militares que cumplieron órdenes de recuperar el edificio quedaron respondiendo judicialmente. Esa asimetría alimentó desde entonces una animadversión política que reaparece cada vez que se discute un nuevo pacto.

El giro contrainsurgente vino con Álvaro Uribe. Su gobierno creó, adscrito al Ministerio de Defensa, el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), y redefinió la desmovilización individual como estrategia de guerra: restar combatientes a los grupos, obtener inteligencia, cooptar el ciclo histórico de rearme. Ese componente coexistía —y a menudo predominaba— sobre los objetivos de paz del DDR. La reincorporación, en esa fase, dejó de ser un puente hacia la ciudadanía para volverse un instrumento del combate.

Ralito y la Ley de Justicia y Paz: el molde paramilitar

El 15 de julio de 2003, en Santa Fe de Ralito (Córdoba), el Gobierno de Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia firmaron el acuerdo que abrió la desmovilización paramilitar. El compromiso era ambicioso: desarticular la totalidad de la estructura antes del 31 de diciembre de 2005, en un proceso gradual, para restablecer el monopolio estatal de la fuerza. Terminó registrándose a más de 31.000 personas como exparamilitares desmovilizados. La inteligencia militar había estimado en cerca de 15.000 los integrantes reales de las AUC; el resto fue una masa de personas cercanas, familiares y allegados incorporados a un registro poroso en medio de una política sin criterios claros. Se sumaron combatientes que nunca lo fueron; se restaron delitos que sí lo eran.

La entrega de armas replicó esa lógica. El Bloque Mineros, por ejemplo, no entregó lo que portaba: hubo diferencias considerables entre las armas presentadas en la ceremonia y las que en efecto tenía la estructura, con fusiles M14 nuevos redistribuidos a otras zonas del país antes del acto. Las mejores armas fueron a las caletas; las que aparecieron en la tarima fueron las peores.

El aparato jurídico para procesar todo esto fue la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. Su innovación consistía en romper con el esquema tradicional colombiano —amnistía o indulto para delitos políticos y conexos— que resultaba insuficiente frente a crímenes de lesa humanidad. Colombia había firmado tratados internacionales que le impedían perdonar y olvidar sin más; la ley intentó tender un puente entre la reincorporación de responsables de crímenes atroces y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En las audiencias que se abrieron desde entonces salieron a la luz masacres, desapariciones y complicidades, aunque los propios comparecientes actuaron con miedo a reconocer sus vínculos con las Fuerzas Militares, la Policía y sectores económicos y políticos, lo que puso techo a la verdad revelada.

El programa de reintegración quedó a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia, en coordinación con el Alto Comisionado para la Paz, y contempló la continuidad de la desmovilización individual de exguerrilleros. La experiencia de terreno fue accidentada. Los albergues para desmovilizados en Bogotá y otras ciudades fueron un fracaso rotundo: en marzo de 2005, sesenta desmovilizados marcharon encapuchados por la capital acusando al Gobierno de traición, tras dos años en el programa sin salida clara al momento de abandonar los albergues. La coexistencia urbana de miles de desplazados —víctimas— y miles de desmovilizados —victimarios en muchos casos— en escenarios como Bogotá adquirió dimensiones de crisis humanitaria por la incompatibilidad de trayectorias, expectativas y relaciones con el Estado de ambas poblaciones.

Los proyectos productivos y los créditos de vivienda quedaron, en palabras de un exintegrante del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte, "a medias" y "mediocres": el Fondo Nacional del Ahorro le prestaba trece millones de pesos, insuficientes para comprar una casa. En Urabá, entre 2005 y 2012, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) desembolsó 561 proyectos productivos —528 asociativos y 33 unipersonales—, casi todos de emprendimiento y solo 22 de fortalecimiento, en sectores como la poscosecha de banano y el cultivo de cacao. En el Valle de Aburrá se financiaron 202 proyectos, 154 de emprendimiento y 48 de fortalecimiento. Cada cifra encierra una historia de negocios que arrancaron sin músculo, sin mercados, sin acompañamiento sostenido. En el proyecto de pesca del Bloque Élmer Cárdenas, la ONU condicionó su financiamiento a que no fuera identificado como propiedad de la estructura paramilitar, dejando en evidencia lo delgada que era la línea entre reincorporación y perpetuación de las redes.

El resultado macro se sabe: mientras se cerraban las AUC como marca, emergieron los grupos armados ilegales posdesmovilización —Los Machos, Los Rastrojos, Las Águilas Negras, los Urabeños—, alimentados en parte por el rearme de población desmovilizada entre 2006 y 2015. La ley que los enmarcaba en el limbo administrativo era la 1424 de 2010, que estableció disposiciones de justicia transicional y beneficios jurídicos para quienes no encajaban en Justicia y Paz. El caso más ilustrativo del fracaso del molde llegó en 2011 con el sometimiento del ERPAC: de 269 miembros presentados solo 21 quedaron a disposición de la justicia; los demás fueron dejados en libertad por falta de previsión y preparación jurídica. La inteligencia militar estimaba que el grupo tenía unos 1.100 integrantes, así que los presentados eran apenas cerca del 25% del total.

La Habana: la reincorporación reinventada

Cuando en 2012 se abrieron las conversaciones de La Habana, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP —con Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle al frente de la negociación gubernamental, y con Iván Márquez y Pablo Catatumbo entre los delegados guerrilleros—, el aprendizaje acumulado pesó tanto como las cifras. Las FARC llegaron con una posición explícita: el DDR clásico, tal como se había practicado en Colombia y en el mundo, quedaba descartado. Su argumento era doble: ese molde estaba pensado para grupos derrotados militarmente, no para pactos políticos entre partes; y su lógica de estipendios individuales de sobrevivencia atomizaba a los excombatientes y los dejaba a merced de la violencia territorial que había arrasado con desmovilizados de otras experiencias, en particular con el genocidio de la Unión Patriótica en los años ochenta y noventa.

El diseño que salió de la mesa retomó ese piso. La reincorporación se acordó "de acuerdo con los intereses" de las FARC-EP —fórmula que quedó literal en el texto del Acuerdo— y se estructuró como un proceso colectivo, territorial y de largo plazo. En septiembre de 2015, negociadores del gobierno y de las FARC firmaron un documento con los parámetros legales de la Jurisdicción Especial para la Paz, componente sin el cual la reincorporación no era pensable: no se pactaba solo un regreso a la vida civil, se pactaba también un régimen de justicia que juzgaría los crímenes cometidos por unos y otros. El 25 de enero de 2016 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad de sus quince miembros —con el apoyo confirmado de China y Rusia— la creación de una misión especial de monitoreo y verificación del cese al fuego y la dejación de armas, blindando internacionalmente el proceso.

El Acuerdo se firmó primero en Cartagena y se sometió a plebiscito el 2 de octubre de 2016. Ganó el No. El rechazo fue particularmente pronunciado en el Eje cafetero: 60,13% en Quindío, 57,9% en Caldas y 55,69% en Risaralda. La refrendación por vía legislativa, a finales de noviembre de ese año, permitió proceder con la implementación —el Acto Legislativo n.º 1 de 2016 abrió el procedimiento constitucional especial que hizo posible traducir el texto en normas—, pero la deslegitimación política del pacto que produjo el plebiscito nunca terminó de cerrarse y marcaría a fuego los años siguientes.

Para las fases iniciales se dispusieron 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), sucesores de las Zonas Veredales. Nombres como Mesetas en el Meta, Icononzo en el Tolima, Pondores en La Guajira, Llano Grande en Antioquia, Miravalle en Caquetá, Colinas en Guaviare o Agua Bonita también en Caquetá entraron al léxico colombiano como los lugares donde miles de excombatientes empezaron el tránsito. Allí se construyeron viviendas provisionales, se abrieron escuelas, se instalaron proyectos productivos colectivos —café, ganadería, textiles, turismo, cerveza artesanal— y se organizó la vida cotidiana bajo el acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN, sucesora de la ACR, con Andrés Stapper entre sus directores) y de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, que Emilio Archila ocupó bajo el gobierno de Iván Duque.

En paralelo se levantó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), tríada compuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Hacia octubre de 2020, la JEP tenía sometidas a su competencia a más de 12.600 personas y había abierto siete macrocasos con más de 308.000 víctimas acreditadas. La UBPD trabaja desde una perspectiva extrajudicial y humanitaria en la búsqueda de los desaparecidos del conflicto. La CEV entregó su informe final. La reincorporación, en esta arquitectura, no es solo un asunto administrativo de excombatientes: es una pieza dentro de un sistema que reconoce como sujetos del conflicto tanto a las víctimas civiles como a quienes participaron directamente como combatientes y a sus familias y entornos. El principio inscrito en el punto 5 del Acuerdo Final —poner a las víctimas por encima de los victimarios— parecía elemental, pero generó tensiones profundas en la negociación y en la política que le siguió.

El territorio que no se pactó

Lo que ocurrió después de la firma es la historia que la palabra reincorporación lleva encima. Desde noviembre de 2016 hasta finales de 2021 fueron asesinados más de 300 excombatientes de las FARC-EP; a octubre de ese año, la ONU registraba casi 292. Cada nombre en esa lista pertenecía a un firmante del Acuerdo, alguien que había depositado el arma en una caleta certificada y regresaba a la vida civil bajo la protección formal del Estado colombiano y de la comunidad internacional.

Las causas se acumulan en un patrón preciso. Las disidencias de las FARC-EP —antiguos integrantes que rechazaron el Acuerdo o que volvieron a la clandestinidad después de firmarlo— persiguen y asesinan a los excombatientes firmantes por tres razones sistemáticas: porque estos se oponen al reclutamiento forzado en los territorios que las disidencias buscan controlar; porque participan en programas de sustitución de cultivos como el PNIS que obstaculizan las rentas del narcotráfico; y porque denuncian públicamente reclutamientos, extorsiones y violaciones. A ellas se suman las acciones del Clan del Golfo —identificado por la Fiscalía como responsable del 11,86% de los asesinatos de líderes sociales— y de otros grupos armados organizados residuales, del ELN y de estructuras sicariales locales.

En la Orinoquía, hacia 2018, antiguos integrantes de los bloques Oriental y Sur de las FARC que no se reincorporaron decidieron volver a la clandestinidad y retomar las armas. El efecto fue inmediato: incertidumbre entre la población, reactivación de los cultivos de coca, reversión de los avances del primer período posacuerdo. En la región amazónica —Putumayo, Caquetá, Guaviare— entre 2016 y 2020 fueron asesinados 113 líderes sociales, muchos de ellos promotores o firmantes del PNIS e impulsores de la sustitución. En el norte del Cauca, desde 2017, la coexistencia del EPL, las Águilas Negras, disidencias de las FARC-EP y el ELN produjo amenazas y declaratorias de objetivo militar contra líderes indígenas, y limitó dramáticamente la organización política de la región. En el sur del Tolima, el Huila y el Tequendama, en cambio, comunidades y firmantes avanzaron en procesos de reconciliación y producción colectiva de café, aunque el Partido Comunes y organizaciones de derechos humanos denunciaron falta de garantías estatales frente a ajustes de cuentas entre grupos ligados a las antiguas FARC-EP.

El mapa es elocuente: los asesinatos de excombatientes y líderes se concentran en zonas con cultivos de coca y procesos de sustitución, allí donde los programas del Acuerdo perdieron fuerza y donde exintegrantes retomaron las armas. La correlación con la débil consolidación de la presencia estatal es visible. Pero la fórmula "vacío estatal" solo explica una parte. La otra parte está en la agencia depredadora de actores armados con intereses económicos propios —coca, oro, extorsión, reclutamiento— que persiguen activamente a los excombatientes firmantes precisamente porque su estabilización amenaza esas rentas. La reincorporación fracasa en la intersección de dos lógicas: la desprotección estructural del Estado en territorios con economías ilegales consolidadas y la voluntad de grupos armados de que esa reincorporación no cuaje. Más presencia estatal sin desmantelamiento de las economías sería insuficiente; desmantelar las economías sin presencia estatal, imposible.

La impunidad completa el círculo. De 302 casos investigados por la Fiscalía, apenas 117 fueron esclarecidos. El asesinato de excombatientes y firmantes no es una excepción anómala en la historia colombiana: ha sido una regla en todos los procesos de desmovilización de las últimas décadas, casi siempre sin conocerse la autoría intelectual ni los responsables materiales. Para algunos, el exilio ha funcionado como forma de salir del entorno peligroso: familiares y guerrilleros amenazados —incluida al menos una hija de militante del M-19— han recurrido a esa salida. Los conflictos agrarios no resueltos y la no incorporación de "terceros civiles" —empresarios, políticos, funcionarios que financiaron o auspiciaron actores armados— a la justicia transicional operan como causas estructurales de esa persistencia.

Lo íntimo del regreso

Bajo las cifras opera una vida cotidiana. Los excombatientes en proceso de reincorporación tienden a mantener sus vínculos con antiguos compañeros más que a construir relaciones nuevas, un patrón vinculado a la desconfianza hacia actores externos y al peso identitario del pasado armado. Entre los firmantes de las FARC-EP se han creado redes de solidaridad y sentido colectivo que funcionan como alternativa: cooperativas, escuelas propias, iniciativas culturales, comunidades organizadas en torno a los antiguos ETCR reconvertidos en veredas.

La subjetividad paramilitar dejó otras huellas. Excombatientes de las ACPB y las ACMM reportan como principales fallas del proceso la falta de oportunidades laborales y las dificultades para acceder a la salud y a la educación, y muestran una tendencia a permanecer vinculados a los territorios donde operaron. Algunos justifican la existencia de los grupos armados a los que pertenecieron, argumentando que su presencia garantizaba el orden, y perciben que la desmovilización dejó a las comunidades desprotegidas frente al retorno de las guerrillas —lectura que ellos atribuyen también a civiles, aunque proviene del propio relato del desmovilizado. En el diagnóstico que algunos hacen aparece una palabra reveladora: hablan de "apaciguamientos", sugiriendo un riesgo latente de que el conflicto no esté verdaderamente resuelto sino aplazado.

La huella y la disputa

La reincorporación pactada en La Habana es, medida contra sus antecedentes, una ruptura genuina. Reconoció que el excombatiente vuelve como colectivo y no como individuo suelto; que el territorio importa tanto como el sujeto; que la reincorporación es inseparable de la justicia transicional; que las víctimas están en el centro. Ese diseño se aparta del indulto decimonónico que reintegraba combatientes a sus redes clientelares, del PNR que buscaba comprar la paz con inversión focalizada, del PAHD que convirtió la desmovilización en herramienta contrainsurgente, del molde de Justicia y Paz que quedó atrapado entre miles de expedientes y silencios estructurales.

Pero la ruptura conceptual choca con la persistencia de lo real. Los incumplimientos estatales —proyectos productivos financiados por debajo de lo necesario, protección insuficiente en zonas de riesgo, lentitud en la reforma rural integral, desmonte de instancias creadas por el Acuerdo bajo administraciones posteriores— han operado en el mismo sentido histórico que las desprotecciones anteriores. La violencia contra firmantes ha reproducido el patrón que precisamente el modelo colectivo y territorial pretendía romper. Y los "terceros civiles" no fueron incorporados como sujetos de comparecencia obligatoria en la justicia transicional, dejando intactos vínculos que fueron consustanciales al conflicto.

El balance no admite una lectura única. La reincorporación post-2016 ha producido cooperativas viables, generaciones de excombatientes graduadas de la universidad, procesos de reconciliación en veredas donde la guerra parecía imposible de superar, participación política de las FARC como partido —hoy Comunes— con representación garantizada en el Congreso. También ha producido casi trescientos muertos, disidencias que crecen, territorios donde el Acuerdo es letra desconocida, y la sensación amarga de que el país no logró romper con su ciclo histórico. Analistas como Alejo Vargas y León Valencia han documentado ambas dimensiones sin resolverlas en una fórmula: el Acuerdo funciona en la medida en que se implementa, y no se implementa en la medida en que la implementación toca poderes que el Acuerdo no logró neutralizar.

En este archivo vivo, reincorporación nombra entonces tres cosas a la vez: una tradición larga de pactos de salida de la guerra que Colombia ha ensayado desde el siglo XIX con resultados desiguales; una institucionalidad concreta —la ARN, los ETCR, el SIVJRNR, el Partido Comunes— construida a partir de 2016; y una promesa política sobre qué tipo de sociedad puede hacerse después de la guerra. La primera acepción es historia. La segunda es Estado. La tercera sigue en disputa, decidida cada mañana en las veredas del Cauca, del Caquetá, del Meta, donde alguien que firmó un papel en 2016 sale a trabajar sin saber si volverá.