Santa Fe de Ralito

Un caserío en el vértice del Paramillo

Santa Fe de Ralito es un corregimiento del municipio de Tierralta, en la subregión del alto Sinú cordobés. Su geografía inmediata pertenece a la zona montañosa formada por las estribaciones del cerro de Paramillo y las serranías de Abibe y San Jerónimo: un territorio de aislamiento pronunciado, sin vías interiores robustas, con acceso condicionado por los cauces del Sinú y el San Jorge, encajado entre Antioquia, Córdoba, Chocó y Bolívar.

Esa localización, que en la cartografía institucional aparece como periferia, es un centro desde el punto de vista de los corredores armados. El Nudo de Paramillo funciona como una estrella de rutas fluviales y terrestres que enlaza cuatro departamentos y comunica el interior andino con el Caribe y el Pacífico. Un excomandante de las AUC usó esa misma palabra —estrella— para explicar por qué la ausencia de vías internas y de presencia estatal efectiva, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en la ventaja estructural que permitió a los grupos armados controlar el territorio y, con él, las economías ilegales que financiaron su crecimiento.

Alrededor de este núcleo geográfico se ordenaron durante décadas los factores del conflicto en Córdoba: los ríos Sinú y San Jorge como corredores; la hidroeléctrica de Urrá y la mina de Cerromatoso como fuentes de renta y disputa; el oleoducto de Coveñas como infraestructura estratégica; y el propio Paramillo como fortaleza natural. En ese mapa, Ralito era un caserío ganadero. Después fue capital.

Los Castaño y la construcción de una retaguardia

La consolidación paramilitar del sur de Córdoba se remonta al final de la década de 1980. En Tierralta y en Valencia, los hermanos Castaño Gil —Fidel, Carlos y Vicente— fueron adquiriendo el conjunto de fincas que se convertiría en el centro de control de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. La compra de tierras coincidió con la instalación de infraestructura cocalera por miembros del Cartel de Medellín y por los propios Castaño, en un contexto de ofensiva militar contra el Ejército Popular de Liberación y de respaldo activo de las élites ganaderas locales, resentidas por la acción guerrillera contra sus intereses.

Sobre ese sustrato nacieron, en 1995, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU. Su liderazgo principal recayó en Fidel Castaño, con la participación de Carlos y Vicente. Dos años después, en 1997, jefes de nueve organizaciones paramilitares de distintos puntos del país se reunieron en la misma región para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia, un movimiento político-militar antisubversivo con dirección única y estado mayor conjunto. Las ACCU fueron la columna vertebral sobre la que se levantó ese proyecto nacional.

Durante la segunda mitad de los años noventa, la confrontación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se desplazó hacia la Serranía del Abibe, en el propio Nudo de Paramillo, con combates en zonas montañosas de Valencia, Montelíbano y Tierralta. La estabilización paramilitar en el Paramillo permitió sostener económicamente a bloques como Héroes de Tolová, Córdoba o Sinú, Mineros y Bananero, gracias a las rentas de las economías ilegales y a las ventajas logísticas para su comercialización. Para 1996, el Bloque Sinú de Salvatore Mancuso había estrechado vínculos con los Castaño e integrado su estructura a las ACCU. Cuando Carlos Castaño le encomendó a Mancuso la creación del Bloque Norte de las AUC, este utilizó las Convivir como bisagra legal entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal, y entre 1997 y 1999 dirigió además el Bloque Catatumbo en la región del río del mismo nombre.

La estrategia mediática de Carlos Castaño —entrevistas, apariciones televisivas, libros— completó el cuadro: para el cambio de siglo, la comandancia paramilitar había instalado en amplios sectores de la opinión pública un discurso contrainsurgente que legitimaba su expansión. Ralito, entretanto, quedaba dentro de un territorio donde ganadería, guerra y autodefensa nombraban lo mismo.

El Pacto de 2001: la política antes de la paz

El 23 de julio de 2001, dos años antes de que existiera una mesa de negociación con el Estado, en Santa Fe de Ralito se firmó un documento que la Corte Suprema de Justicia describiría después como una alianza entre jefes paramilitares y la clase dirigente social y política orientada a "refundar el país" y "construir una nueva Colombia". A esa reunión asistieron más de cincuenta políticos entre senadores, congresistas, alcaldes y gobernadores, junto a concejales y ganaderos, provenientes de Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena. Otros recuentos hablan genéricamente de decenas de participantes.

El Pacto de Ralito de 2001 no fue un pacto de paz sino de poder. Investigaciones posteriores lo caracterizarían como un proyecto político financiado desde el narcotráfico, iniciado en la región Caribe con la intención de expandirse al conjunto del Estado colombiano. La caracterización no cuenta con la misma solidez probatoria en todos los frentes, pero el hecho central —la existencia de un acuerdo escrito entre comandantes armados y funcionarios electos para reordenar la representación política de cuatro departamentos— quedó documentado y, con el tiempo, judicializado. Tras la firma, algunos políticos suscribientes recibirían apoyo electoral y accederían a cargos públicos, mientras las estructuras paramilitares mantendrían vínculos con contratos y recursos en la región.

Ese pacto contravino explícitamente los intereses de Carlos Castaño, que ya se había distanciado de los propósitos del Bloque Norte y de las facciones más vinculadas al narcotráfico dentro de la comandancia. La sombra política de Ralito precedió por dos años a su sombra jurídica. Cuando en 2003 la mesa de negociación se instaló allí, no se estaba escogiendo un lugar neutral: se estaba formalizando, con el sello del Estado, un territorio donde las AUC ya habían firmado un contrato con quienes debían representarlo.

De Jaraquiel al Acuerdo: la fase exploratoria

El proceso propiamente negociador comenzó a definirse en los últimos días de 2002. El 1 de diciembre, las AUC anunciaron por carta al presidente Álvaro Uribe Vélez un cese de hostilidades unilateral, y cuatro días después, el 5 de diciembre, el Bloque Central Bolívar y el Bloque Vencedores de Arauca declararon el suyo de manera separada, con lo que quedaba en evidencia desde el inicio una arquitectura fragmentada en la contraparte armada. El 23 de diciembre de ese año, el gobierno nombró la Comisión Exploratoria de Paz.

La primera reunión sustantiva se realizó en la hacienda Jaraquiel, en los límites entre Córdoba y Urabá, con la presencia, entre otros, de Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Freddy Rendón. Allí el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, marcó el umbral que gobernaría toda la conversación posterior: descartó la amnistía y planteó que los paramilitares debían acogerse a un modelo de justicia transicional. Esa formulación —que años después se traduciría en la Ley de Justicia y Paz— fijaba un piso jurídico que ningún interlocutor podía desconocer.

El 25 de junio de 2003, la Comisión Exploratoria entregó un documento con diez recomendaciones, entre ellas continuar el proceso, mantener y verificar el cese de hostilidades y exigir el abandono de las actividades ilícitas. Tres semanas más tarde, el 15 de julio de 2003, se firmó en Santa Fe de Ralito el Acuerdo para contribuir a la paz de Colombia. Por el gobierno firmó Luis Carlos Restrepo. Por las AUC lo suscribieron Hernán Hernández, Ramiro Vanoy, Luis Cifuentes, Francisco Tabares, Adolfo Paz —nombre público de Diego Fernando Murillo, Don Berna—, Jorge Pirata, Vicente Castaño, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Como facilitadores de la Iglesia Católica firmaron Monseñor Germán García, Monseñor Julio César Vidal y el Padre Leónidas Moreno, con el apoyo sustantivo de obispos de la región que habían tejido durante meses la confianza entre bloques dispares.

El compromiso central del Acuerdo era claro en la forma: las AUC desmovilizarían la totalidad de sus miembros en un proceso gradual que debía culminar a más tardar el 31 de diciembre de 2005. Pero incluso en el acto fundacional se hizo visible la primera fisura: el Bloque Central Bolívar no aparecía entre los firmantes. La fractura con su comandancia general persistiría durante toda la fase exploratoria y obligaría a un acta adicional a finales de ese mismo año.

La zona de ubicación: 368 kilómetros cuadrados de excepción

El primer acto simbólico del proceso se realizó lejos de Ralito. En noviembre de 2003, en el municipio de La Ceja, Antioquia, se desmovilizaron 868 miembros del Bloque Cacique Nutibara, y allí funcionó la primera zona de ubicación para paramilitares desmovilizados. Solo después, en 2004, el gobierno estableció en Santa Fe de Ralito una zona de concentración de 368 kilómetros cuadrados destinada a reubicar a los jefes paramilitares durante los diálogos. La negociación oficial entre el gobierno Uribe y los comandantes concentrados en Ralito arrancó a mediados de ese año.

La verificación internacional recayó en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, cuya presencia en terreno fue el principal instrumento externo de seguimiento a las desmovilizaciones. En paralelo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz asumió el registro y publicación de las cifras oficiales, que al cierre del proceso arrojarían el saldo consolidado de 31.521 combatientes desmovilizados.

El primer acto de trascendencia nacional que realizaron los jefes paramilitares una vez instalados en la zona fue una visita al Congreso de la República, en Bogotá, con la presencia de Salvatore Mancuso entre otros. La visita fue gestionada por la parlamentaria cordobesa Zulema Jattin Corrales, recién posesionada como presidenta de la Cámara de Representantes. La escena —comandantes con orden de captura pisando el hemiciclo del Legislativo bajo cobertura del proceso de paz— condensaba el estatus híbrido que Ralito les había otorgado: no eran prisioneros, no eran clandestinos, y todavía no eran ciudadanos comunes.

La zona funcionó como un régimen de excepción territorial. Mientras algunos comandantes se instalaban allí, otros —como el llamado Chepe Barrera— se resistieron a la concentración y permanecieron en sus territorios de origen. Las estructuras que sí acudieron no siempre obedecieron a una lógica unificada: la configuración interna de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio por frentes, definida entre 2000 y 2002, había producido tensiones de mando que después favorecerían la separación de algunos integrantes del proceso. El paramilitarismo llegaba a Ralito como una federación en crisis, no como un ejército disciplinado.

Whisky, fosas y facturación en euros

Lo que ocurrió puertas adentro de la zona durante los meses de negociación se conoció fragmentariamente, sobre todo a través de reportajes de la revista Semana. Los comandantes de las AUC operaban en Ralito con escaso o nulo control efectivo. Ingresaban whisky, organizaban fiestas con modelos, actrices y prostitutas traídas de Medellín, Barranquilla y Bogotá, y mantenían actividades al margen de cualquier supervisión institucional. La zona de concentración, formalmente destinada a preparar la desmovilización, funcionaba como un espacio de sociabilidad interna del alto mando paramilitar y como una plataforma desde la que varios jefes continuaron ejerciendo mando sobre sus estructuras armadas todavía activas.

El cese de hostilidades declarado en diciembre de 2002 no se cumplió. Los grupos paramilitares continuaron perpetrando crímenes contra la población civil durante todo el proceso de negociación y desmovilización. Cuando la zona fue clausurada, las autoridades encontraron fosas comunes en el propio lugar. La cronología exacta de esos crímenes no está establecida con precisión, pero el hallazgo posterior de los cuerpos deja constancia material del carácter de la sede: el mismo territorio que albergaba la mesa albergaba también los cementerios clandestinos de la guerra que decía terminarse.

A esa continuidad criminal se sumó una segunda tensión que amenazó con desbordar la negociación: el narcotráfico. Algunos de los presentes en la mesa habrían comprado su posición como comandantes, según reveló el propio proceso. El gobierno aceptó la situación con la exigencia —no siempre respetada— de que no se diera cabida a nuevos comandantes. Uno de los mellizos Mejía, reconocido narcotraficante en lista de extraditables, fue revelado por los medios como presente en la mesa. Su hermano Víctor Mejía se desmovilizó con el Bloque Vencedores de Arauca, lo que obligó al gobierno a emitir comunicados explicativos.

Al mismo tiempo, narcotraficantes del norte del Valle —Don Diego y Jabón— rebautizaron sus organizaciones sicarias, Los Machos y Los Rastrojos, como "Autodefensas Campesinas del Valle" y "Rondas Campesinas Populares" para intentar ingresar al proceso y capturar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Ralito se había convertido, sin proponérselo del todo, en una franquicia jurídica: el reconocimiento estatal de la condición paramilitar abría una puerta a la reducción de penas que múltiples estructuras del crimen organizado quisieron cruzar.

Esa deriva provocó la ruptura interna más significativa del proceso. Carlos Castaño rechazó el llamado Plan Birmania y expresó públicamente sus objeciones contra Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y contra Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, por sus nexos con el narcotráfico. La controversia entre Castaño y sus compañeros del Estado Mayor de las AUC no se reconoció oficialmente, pero la negativa al Plan Birmania fue uno de los detonantes de su renuncia a la comandancia. Castaño Gil terminó perdiendo el poder en las AUC a manos de la facción narcoparamilitar que asumió la conducción efectiva de varios bloques. El proceso siguió adelante sin él.

Las desmovilizaciones: cifra y ceremonia

Entre noviembre de 2004 y diciembre de 2005, más de veinte grupos de las AUC con más de trece mil combatientes se desmovilizaron en el marco del proceso iniciado en Ralito. Sumados a los cerca de mil miembros del Bloque Cacique Nutibara desmovilizados en La Ceja en noviembre de 2003, y a los desarmes posteriores que se extendieron hasta noviembre de 2006 con el Bloque Élmer Cárdenas, el proceso consolidó 38 desarmes colectivos y una cifra final que las distintas fuentes ubican entre 31.521 y 31.671 personas, incluyendo combatientes y miembros de redes de apoyo logístico. Las AUC entregaron 18.051 armas cortas y largas, cifra considerada satisfactoria según los estándares internacionales de desarme.

Las cifras no cerraron el debate sobre la naturaleza de las ceremonias. Fuentes críticas denunciaron la presencia en los actos de personas que no pertenecían realmente a las estructuras armadas —delincuentes comunes, vagabundos y desempleados reclutados para la ocasión— y la entrega de armas viejas o inservibles. Estas denuncias, provenientes de sectores con posición crítica frente al proceso, no fueron corroboradas de manera sistemática por verificación independiente, pero se instalaron como sombra sobre la contabilidad oficial. La discusión sobre cuántos de los treinta mil desmovilizados eran combatientes reales, cuántos operaban en redes logísticas y cuántos fueron sumados para inflar la cifra ha acompañado desde entonces cualquier lectura del legado de Ralito.

En paralelo a los desarmes colectivos, la mesa avanzó hacia la formulación jurídica que enmarcaría el reintegro y la sanción penal de los comandantes: la Ley de Justicia y Paz, sancionada en 2005, materializó el modelo de justicia transicional que Luis Carlos Restrepo había anticipado en Jaraquiel. La ley ofreció penas alternativas reducidas a cambio de verdad, reparación y no repetición, y estableció el régimen bajo el cual los jefes desmovilizados en Ralito serían procesados. El gobierno del entonces ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega defendió el modelo en el Congreso; el exministro y comisionado Álvaro Leyva Durán había desempeñado durante años roles de facilitación con distintos sectores; y voces como la del entonces defensor del pueblo Eduardo Cifuentes marcaron los límites del proceso desde la institucionalidad. La Iglesia Católica, con Monseñor Julio César Vidal Ortiz entre las figuras más visibles, sostuvo su papel de facilitadora hasta el cierre.

La documentación y el escándalo

En 2006, mientras se completaban las últimas desmovilizaciones, la relación entre paramilitarismo y política —anticipada por el pacto secreto de 2001— irrumpió en el debate público. La documentación hallada en Ralito reveló vínculos de decenas de políticos, empresarios y militares, especialmente de la región Caribe, con pagos, apoyos electorales y contratos paramilitares. Su contenido se conoció parcialmente a través de la revista Semana y detonó lo que se conocería como el escándalo de la parapolítica.

La Corte Suprema de Justicia asumió las investigaciones. En una de sus sentencias, la Sala Penal caracterizó el acuerdo concretado en Ralito entre jefes de las autodefensas y la clase dirigente social y política como una estrategia orientada a la captura del poder público, más que al desmonte del paramilitarismo. El proceso de parapolítica llevaría a prisión a decenas de congresistas, alcaldes y gobernadores en los años siguientes.

Ese escándalo constituyó la tercera ocasión en que la justicia colombiana tuvo enfrente el entramado institucional del paramilitarismo. Las dos anteriores —el descubrimiento del MAS, "Muerte a Secuestradores", en los años ochenta, y la contabilidad de las ACCU hallada en el parqueadero Padilla en los noventa— se habían saldado con impunidad, en parte por la violencia dirigida contra jueces e investigadores. La tercera, alimentada por los documentos de Ralito, fue la primera en producir condenas masivas contra la clase política, aunque las estructuras armadas ya se habían desmovilizado y sus comandantes gozaban de los beneficios de Justicia y Paz.

La parapolítica reveló además una asimetría estructural del proceso. Las alianzas entre políticos y comandantes armados se desarrollaron en paralelo al desarme y no fueron integradas formalmente en la agenda de la negociación. Ralito trató a los paramilitares como actores armados a los que había que quitarles las armas, no como una red civil-militar que había capturado porciones significativas del poder político regional. La desmovilización armada convivió con la subsistencia política del proyecto, y esa convivencia fue el punto ciego del modelo.

Extradición y cierre del ciclo

En mayo de 2008, el gobierno Uribe extraditó a los Estados Unidos a catorce jefes paramilitares acogidos a Justicia y Paz, entre ellos Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo Bejarano —Don Berna—, Rodrigo Tovar Pupo —Jorge 40— y Carlos Mario Jiménez —Macaco—. La decisión, motivada por los incumplimientos en la entrega de bienes y verdad, cerró abruptamente la etapa colombiana del proceso: los comandantes empezaron a responder ante cortes federales estadounidenses por delitos de narcotráfico, y sus versiones libres ante la justicia transicional colombiana quedaron interrumpidas o mediadas por videoconferencias.

Para entonces, Santa Fe de Ralito había vuelto a ser lo que era antes: un corregimiento de Tierralta rodeado por potreros, con la memoria física de fosas comunes en su suelo y la memoria institucional de una mesa de negociación en su nombre. La zona de concentración se había clausurado. Los 368 kilómetros cuadrados de excepción territorial fueron devueltos a su régimen ordinario, aunque las dinámicas armadas del Nudo de Paramillo continuaron con nuevos actores —bandas criminales, disidencias, mineros ilegales— que ocuparon parcialmente los vacíos dejados por la desmovilización.

Ralito como lugar y como concepto

Santa Fe de Ralito es hoy dos cosas a la vez, y esa duplicidad explica su peso en la historia reciente de Colombia. Es un corregimiento del municipio de Tierralta, en un departamento donde el conflicto armado se ordenó durante décadas alrededor de los ríos Sinú y San Jorge, la hidroeléctrica de Urrá, la mina de Cerromatoso, el oleoducto de Coveñas y el Nudo de Paramillo. Y es un concepto: el nombre bajo el cual se archiva una negociación que produjo la mayor desmovilización de una estructura ilegal en la historia del país y, al mismo tiempo, dejó al descubierto la captura política que esa estructura había ejercido sobre porciones enteras del Estado.

La elección del lugar concentra en sí misma la aritmética del proceso. El gobierno logró imponer un modelo de justicia transicional sin amnistía, obtener el desarme formal de más de treinta mil combatientes, articular una verificación internacional a través de la OEA y, tres años después, extraditar a los principales jefes. No fue poco. Pero lo hizo negociando dentro de un territorio construido durante veinte años como retaguardia paramilitar, sobre las mismas fincas donde los Castaño habían montado su cuartel general, en el mismo corregimiento donde en 2001 se había firmado un pacto político con la clase dirigente regional. Ralito, como sede, fue la materialización de una hegemonía territorial preexistente que ningún acto administrativo podía borrar. El Estado obtuvo desarmes; no obtuvo control del territorio ni control efectivo sobre la conducta criminal de los negociadores mientras negociaban.

Esa ecuación —desmovilización formal en un espacio ocupado de facto, justicia transicional sobre estructuras que continuaban delinquiendo, negociación con actores armados en el mismo lugar donde años antes se había firmado un pacto secreto con quienes debían legislar contra ellos— es la que hace de Ralito algo más que una sede. Es el punto donde se vuelven visibles, al mismo tiempo, la capacidad del Estado colombiano para imponer marcos jurídicos exigentes en el papel y su incapacidad, en 2003 como en 2001, para disputarle el territorio a los grupos armados con los que negociaba.

En el imaginario nacional, el nombre del corregimiento se pronuncia hoy con esa ambivalencia. Ralito fue paz —cifras de desarme, ceremonias, ley aprobada, extradiciones— y Ralito fue impunidad —fosas comunes, fiestas, parapolítica, comandantes que compraron su asiento en la mesa—. Ambos significados son ciertos, y ambos siguen circulando cuando el país discute cómo se negocia con actores armados, dónde se instalan las mesas, qué garantías se ofrecen y a costa de qué se firma la paz.