Negociación de Santa Fe de Ralito y desmovilización paramilitar (2003–2006)
El 15 de julio de 2003, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los jefes de las AUC firmaron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, desencadenando el mayor desarme de una organización armada ilegal en la historia reciente de Colombia: 38 ceremonias colectivas, más de 31.600 desmovilizados y 18.051 armas entregadas entre 2003 y 2006. El proceso abrió el ciclo colombiano de la justicia transicional con la Ley 975 de 2005, pero convivió con masacres, infiltración narcoparamilitar y redes políticas que permanecieron intactas.
Ficha del acontecimiento
Síntesis
- Cuándo
- 15 de julio de 2003 – 15 de agosto de 2006
- Dónde
- Córdoba, Urabá, La Guajira, Catatumbo, Montes de María, Medellín, Sierra Nevada de Santa Marta, Casanare, Santa Fe de Ralito (Tierralta, Córdoba), Hacienda Jaraquiel (límites Córdoba-Urabá), Bahía Portete (Alta Guajira), La Ceja (Antioquia)
- Protagonistas
- Álvaro Uribe Vélez (presidente de Colombia), Luis Carlos Restrepo (Alto Comisionado de Paz), Salvatore Mancuso (jefe paramilitar, firmante del Acuerdo), Carlos Castaño Gil (cofundador de las AUC, firmante del Acuerdo, asesinado el 16 de abril de 2004), Vicente Castaño (jefe paramilitar, firmante del Acuerdo), Diego Fernando Murillo, alias Don Berna (firmante del Acuerdo bajo el nombre Adolfo Paz), Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 (jefe del Bloque Norte), Carlos Mario Jiménez, alias Macaco (comandante del Bloque Central Bolívar), Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán (jefe del Bloque Élmer Cárdenas), Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo, Andrés Pastrana Arango (presidente de Colombia durante los contactos preliminares), Monseñor Germán García (facilitador eclesiástico)
Lectura causal
Causas, hecho y consecuencias
Causas
- Existencia de una federación paramilitar fragmentada y en expansión, financiada en buena medida por el narcotráfico, que el Estado colombiano buscaba desactivar como parte de la política de Seguridad Democrática de Uribe.
- Contactos preliminares durante el gobierno Pastrana (alias 'el Águila') y cese al fuego unilateral de las AUC desde el 1 de diciembre de 2002, que crearon las condiciones para abrir una mesa formal.
- Éxitos tempranos de la Seguridad Democrática —reducción del secuestro, control de carreteras, contracción de áreas guerrilleras— que generaron el contexto político favorable para exigir a las AUC un gesto simétrico.
- Interés de sectores narcotraficantes dentro de las AUC en usar la negociación para blindarse frente a la extradición a Estados Unidos, lo que los impulsó a participar activamente en el proceso.
- Presión de la comunidad internacional y de organizaciones de derechos humanos para que Colombia adoptara un marco de justicia transicional que reconociera los derechos de las víctimas.
Consecuencias
- Desmovilización formal de más de 31.600 personas en 38 ceremonias colectivas y entrega de 18.051 armas, constituyendo el mayor proceso de desarme de una organización armada ilegal en la historia reciente de Colombia.
- Aprobación de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), que instauró la pena alternativa de 5 a 8 años y reconoció los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, inaugurando el ciclo colombiano de justicia transicional.
- Sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional, que respaldó la arquitectura general de la Ley 975 pero eliminó normas que recortaban los derechos a la verdad y la reparación, y endureció los requisitos de acceso a la pena alternativa.
- Persistencia de la violencia durante las negociaciones, ilustrada por la masacre de Bahía Portete (abril de 2004) y otras acciones del Bloque Norte y estructuras afines, que demostraron que el cese al fuego nunca fue efectivo.
- Infiltración del proceso por narcotraficantes que compraron franquicias paramilitares o se incorporaron sin cumplir requisitos, dejando intactas las bases financieras y criminales del fenómeno.
- Surgimiento del fenómeno de las 'bandas criminales' (BACRIM) tras la desmovilización, al no desmantelarse las redes económicas, políticas y de narcotráfico que sostenían el paramilitarismo.
- Apertura del proceso de 'parapolítica': las versiones libres y las investigaciones de Justicia y Paz revelaron los vínculos entre jefes paramilitares, políticos, empresarios y funcionarios, aunque los terceros civiles quedaron en gran medida fuera del alcance de la ley.
- Asesinato de Carlos Castaño Gil el 16 de abril de 2004, que dejó el proceso en manos de la corriente narcoparamilitar interesada en evitar la extradición y reconfiguró el liderazgo de las AUC durante las negociaciones.
La clave interpretativa
Por qué importa
Ralito es el momento fundacional de la justicia transicional colombiana y el experimento más ambicioso de desmovilización paramilitar en el continente, pero su legado es profundamente ambivalente: desmovilizó ejércitos sin desmantelar el fenómeno, creó un marco jurídico para las víctimas que nació con asimetrías estructurales, y permitió que narcotraficantes usaran la mesa de paz como escudo frente a la extradición. La persistencia de la violencia durante las negociaciones —Bahía Portete es su símbolo más brutal— y la mutación posterior en bandas criminales demuestran que desmovilizar combatientes no equivale a transformar las condiciones económicas, políticas y sociales que hacen posible la violencia organizada.
Desarrollo histórico
La historia completa
Santa Fe de Ralito y la desmovilización de las AUC
El 15 de julio de 2003, en un caserío del municipio de Tierralta, en el sur de Córdoba, el Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo firmó con nueve jefes y dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia el Acuerdo de Santa Fe de Ralito. El documento comprometía a esa federación de estructuras paramilitares a desmovilizar a la totalidad de sus miembros en un proceso gradual que debía concluir el 31 de diciembre de 2005. De ahí arrancó el mayor desarme de una organización armada ilegal en la historia reciente de Colombia: entre noviembre de 2003 y agosto de 2006, treinta y ocho ceremonias colectivas entregaron algo más de 31.600 combatientes y 18.051 armas. De ahí arrancó también el ciclo colombiano de la justicia transicional, cristalizado en la Ley 975 de 2005. Y arrancó, en paralelo, una transacción incompleta: mientras la mesa avanzaba, el Frente Contrainsurgencia Wayúu masacraba Bahía Portete; mientras los bloques se desmovilizaban, narcotraficantes compraban su lugar entre los comandantes; mientras se firmaban actas, las redes políticas del paramilitarismo se blindaban en el poder local y regional. La pregunta que Ralito abrió —y no cerró— es si desmovilizar ejércitos equivale a desmontar un fenómeno.
El terreno del que brota Ralito
Las AUC eran, en 2002, menos una organización que una alianza coyuntural. Bajo un nombre común operaban señores de la guerra, redes de narcotráfico y contrainsurgencias regionales con lógicas propias, articuladas por los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil pero cada vez más autónomas frente a ellos. La expansión acelerada de la federación durante los años previos había producido una fragmentación interna feroz: mandos regionales reclamaban autonomía apoyados en rentas del narcotráfico y en economías locales, y algunos de esos mandos no eran cuadros históricos de la contrainsurgencia sino narcotraficantes que habían comprado —literalmente— una "franquicia" paramilitar a los Castaño para transformarse en comandantes de bloques. Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, vinculado al cartel del norte del Valle, accedió por esa vía al mando del Bloque Central Bolívar; el mecanismo se repetiría con otros.
El antecedente institucional de la negociación es más antiguo de lo que suele recordarse. Durante el gobierno de Andrés Pastrana, un interlocutor identificado como alias el Águila se acercó al Ejecutivo asegurando tener capacidad para unificar a los paramilitares y abrir una mesa; el propio Pastrana reconocería después esos contactos como germen de lo que Álvaro Uribe Vélez consolidaría desde 2002. Al asumir la Presidencia, Uribe planteó la desmovilización como componente de su política de Seguridad Democrática. Los primeros resultados de esa política —control en carreteras, reducción del secuestro, contracción de áreas guerrilleras, cese casi total de ataques a poblaciones— generaron el contexto favorable para exigirle a las AUC un gesto simétrico. Ese gesto llegó por carta: el 1 de diciembre de 2002, las autodefensas se acogieron a un cese al fuego unilateral.
El 23 de diciembre de ese año, el Gobierno designó una Comisión Exploratoria de Paz. Los primeros encuentros con Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Freddy Rendón Herrera —alias el Alemán— tuvieron lugar en la hacienda Jaraquiel, en los límites entre Córdoba y el Urabá, con mediación de obispos regionales. Desde esas reuniones iniciales, Restrepo descartó la amnistía y planteó a los jefes la necesidad de acogerse a un modelo de justicia transicional. La Iglesia católica, a través de monseñores Germán García y Julio César Vidal y del padre Leónidas Moreno, operó como facilitadora entre bloques que no se hablaban entre sí. La fragmentación era tal que el Gobierno terminó abriendo cuatro mesas paralelas para acomodar a facciones en orillas opuestas, incluidas las que giraban alrededor de Vicente y Carlos Castaño, cada vez más enfrentados.
La mesa, las franquicias y el asesinato de Castaño
La firma del 15 de julio de 2003 selló un compromiso ambicioso en el papel: desmovilización total, gradual, para el 31 de diciembre de 2005. Los suscriptores por las AUC —Hernán Hernández, Ramiro Vanoy, Luis Cifuentes, Francisco Tabares, Adolfo Paz (nombre público de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna), Jorge Pirata, Vicente Castaño, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso— reunían a la vez a comandantes militares históricos y a figuras con vínculos profundos con el narcotráfico. Esa doble condición marcaría todo el proceso.
La fractura estalló en abril de 2004. El 16 de ese mes, Carlos Castaño Gil fue asesinado por colaboradores de confianza que, según reconstrucciones periodísticas, actuaban bajo órdenes de Don Berna. La disputa que llevó al crimen tenía nombre: extradición. Berna y los sectores narcotraficantes de las AUC apostaban a evitarla mediante la negociación con el Estado colombiano; Castaño la consideraba inevitable y, según rumores insistentes, había explorado una entrega directa a la DEA a cambio de una sentencia más benigna. La muerte del fundador dejó al proceso en manos de la corriente que quería usarlo, ante todo, para blindarse frente a Estados Unidos.
Ese giro convirtió a la mesa en un imán para actores espurios. Narcotraficantes del norte del Valle conocidos como Don Diego y Jabón, jefes de Los Machos y Los Rastrojos, rebautizaron sus ejércitos privados como estructuras paramilitares para acceder a los beneficios jurídicos que se preparaban, aun cuando se hacían la guerra entre sí. Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo, entró al proceso de Justicia y Paz sin cumplir siquiera los requisitos: la Fiscalía establecería más tarde que no pertenecía a las estructuras financieras, políticas o militares de las AUC. El Gobierno aceptó la presencia de los narcotraficantes que ya habían comprado su lugar antes de la mesa y trazó una línea —no se admitirían nuevos comandantes—, pero varios siguieron intentando incorporarse mientras el proceso permaneció abierto.
Ese arreglo no fue accesorio: fue constitutivo. Al pactar con una contraparte cuya cúpula incluía comandantes-narcotraficantes recién llegados, el Estado aceptó de entrada que la desmovilización no distinguiría entre contrainsurgentes históricos, empresarios de la coca y bandas del narcotráfico camufladas. El resultado sería una desmovilización de estructuras militares visibles sobre una base financiera y criminal que en buena medida quedaba intacta.
Las ceremonias: cifras precisas, verdades porosas
La primera desmovilización colectiva se produjo el 25 de noviembre de 2003, con el Bloque Cacique Nutibara en Medellín —la zona de ubicación estuvo en La Ceja, en el oriente antioqueño— y 868 combatientes entregados. La cifra fue cuestionada desde muy pronto. Años después, en versión libre ante el Tribunal Superior de Justicia y Paz, Freddy Rendón Herrera declararía que la desmovilización del Nutibara había sido una farsa: la mitad de los presentados no eran paramilitares y el total real de miembros de las AUC no pasaba de 16.000. Otras estructuras, como las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, reclutaron trabajadores rurales y campesinos hasta un año antes de sus ceremonias, ofreciéndoles los beneficios económicos del programa de reintegración.
El ritmo se aceleró tras un momento clave. El 10 de diciembre de 2004, Salvatore Mancuso desmovilizó el Bloque Catatumbo; el propio monseñor Vidal recordaría esa decisión como el punto que destrabó los desarmes colectivos. Entre noviembre de 2004 y diciembre de 2005 se desmovilizaron más de veinte grupos con más de 13.000 combatientes. En Urabá y Córdoba, el proceso fue escalonado y conflictivo. El Bloque Bananero abrió la secuencia el 25 de noviembre de 2004 con 451 hombres; dos meses más tarde, el 18 de enero de 2005, el Bloque Córdoba entregó 925; en junio siguió el Bloque Héroes de Tolová con 464, y entre abril y agosto de 2006 las tres fracciones del Bloque Élmer Cárdenas cerraron el ciclo regional con 309, 484 y 743 integrantes respectivamente. En total, la macrorregión aportó 3.376 combatientes y 2.068 armas: la relación armas-personas ya prefiguraba la sombra que caería sobre las cifras finales.
Los grandes números resultaron notables. Treinta y ocho actos entre noviembre de 2003 y el 15 de agosto de 2006, cuando el Élmer Cárdenas cerró el ciclo. Un total que oscila entre 31.671 y 31.689 desmovilizados según los registros. 18.051 armas. Las estructuras mayores fueron los bloques Central Bolívar, Norte, Mineros, Héroes de Granada y Élmer Cárdenas, con volúmenes que iban desde los seis mil largos combatientes del Central Bolívar hasta los mil quinientos del Élmer Cárdenas. La relación armas-personas, sin embargo, delataba el problema: en uno de los subconjuntos analizados se entregó apenas un arma por cada 1,6 desmovilizados. La sobrerrepresentación de personas y la subrepresentación de armamento apuntaban a lo que las versiones libres confirmarían: en las listas figuraban muchos que nunca habían disparado un fusil, y quedaban fuera armas —y personas— que continuaban en el monte.
La Ley 975 y la disputa sobre lo que es justicia
El marco jurídico llegó tarde y en medio de una intensa polémica. La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, fue aprobada por el Congreso en julio de ese año y sancionada por el gobierno Uribe. Su corazón era una pena alternativa de entre cinco y ocho años para los desmovilizados postulados que cumplieran los requisitos, aplicable incluso cuando ya existían condenas ordinarias por crímenes atroces. En su artículo 8 reconoció el derecho a la reparación de las víctimas —restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición— y consagró los derechos a la verdad y la justicia.
Las organizaciones de víctimas y de derechos humanos la calificaron desde el trámite como una ley de impunidad. La objeción de fondo era de proporcionalidad: cinco a ocho años por masacres, desapariciones forzadas y desplazamiento masivo. La disputa desembocó en la Sentencia C-370 de la Corte Constitucional, del 18 de mayo de 2006, que respaldó la ley en su arquitectura general pero retiró del ordenamiento las normas que recortaban el derecho a la verdad y las que erosionaban el derecho a la reparación. La Corte endureció, sobre todo, la puerta de entrada: para acceder a la pena alternativa, los desmovilizados debían decir toda la verdad desde su primera versión libre. No cuestionó, en cambio, la institución misma de la pena alternativa. Un magistrado dejó constancia de su desacuerdo: la decisión mayoritaria, escribió, había avalado la pena alternativa sin exigir proporcionalidad mínima y había roto la unidad de los tres derechos —verdad, justicia, reparación— que la propia ley invocaba.
Más decisivo aún fue lo que la ley no tocó. Se aplicó a los excombatientes de las AUC postulados al proceso. Quedaron por fuera —y en la práctica, cobijados por amnistía— los patrulleros, buena parte de los mandos medios, militares involucrados y los terceros civiles: empresarios, ganaderos, políticos, contratistas, funcionarios locales que habían financiado, tolerado o instrumentalizado la violencia paramilitar. No fue un descuido técnico. Fue una decisión política. La ley diseñó un embudo por el que pasarían los jefes armados —con nombres, con caras, con víctimas identificables— mientras la red de beneficiarios económicos y políticos permanecía en la sombra. La justicia transicional colombiana nació, así, con una asimetría inscrita en su propia arquitectura.
En la práctica judicial, además, la jurisdicción de Justicia y Paz se orientó al menos en algunos casos a verificar la confesión y los requisitos legales para conceder el beneficio, más que a investigar autónoma e integralmente los crímenes. La verdad quedó atada a lo que el postulado quisiera contar.
La guerra durante la paz
Ralito nunca fue una tregua real. El cese unilateral de hostilidades declarado desde diciembre de 2002 convivió con episodios de violencia extrema perpetrados por las mismas estructuras que negociaban. El caso que condensa esa paradoja es la masacre de Bahía Portete, en la Alta Guajira, cometida entre el 18 y el 20 de abril de 2004 —dos días después del asesinato de Carlos Castaño en Antioquia— por el Frente Contrainsurgencia Wayúu, unidad adscrita al Bloque Norte de las AUC, estructura que operaba bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Seis personas fueron asesinadas, cuatro de ellas mujeres. Los paramilitares profanaron el cementerio, quemaron casas y torturaron a mujeres wayúu, lesionando culturalmente a la comunidad en sus referentes simbólicos más sagrados. El hecho provocó el desplazamiento forzado de familias enteras.
Bahía Portete no fue un exceso aislado. El propio Frente Contrainsurgencia Wayúu había cometido durante 2003 la masacre de Majayura, en Maicao, el 13 de julio —dos días antes de la firma de Ralito—, con la que expandió el área de injerencia del Bloque Norte en La Guajira. Masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos consolidaron el control territorial de la estructura durante los años de negociación. El frente nunca se desmovilizó y permaneció activo después de 2005 en el tráfico de drogas y la extorsión.
En Arauca, el 20 de mayo de 2004, la masacre de Tame sumó presión al proceso. El 28 de mayo, Luis Carlos Restrepo se pronunció públicamente exigiéndoles a las AUC el respeto al cese de hostilidades. La exigencia llegaba tarde y sin instrumentos. Durante todo el período, la guerra entre el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara victimizó a la población civil en la fase exploratoria y en la de desmovilización paramilitar en Medellín. El Bloque Centauros entró en confrontación armada con las Autodefensas Campesinas del Casanare, uno de los episodios más brutales de una guerra intra-paramilitar sostenida mientras ambas estructuras se sentaban —o decían sentarse— a negociar. En Tierralta, Córdoba, en las veredas Mulatos y La Resbalosa, paramilitares asesinaron a dos familias campesinas: ocho víctimas, tres de ellas menores de edad, torturadas, decapitadas y desmembradas.
Leídas juntas, esas violencias no fueron un ruido de fondo. Fueron la lógica normal de actores que usaban la mesa para consolidar territorios, eliminar rivales internos y disciplinar poblaciones antes del desarme. El cese al fuego fue instrumental de un lado y del otro: para las AUC, un espacio para reordenar el mapa; para el Gobierno, un costo político asumido con tal de mantener el proceso abierto.
Parapolítica: el paramilitarismo entra al Congreso
Mientras los fusiles se entregaban, otra dimensión del poder paramilitar salía a la luz. Las AUC habían desplegado desde años atrás una estrategia de alineamiento con políticos, especialmente en los departamentos del norte donde habían quebrado el dominio guerrillero. La ambición era clara: convertirse en árbitros territoriales de las elecciones, poner alcaldes, concejales, diputados, congresistas.
Los indicios se acumularon con velocidad. Salvatore Mancuso, en declaraciones citadas por la Revista Semana, afirmó haber manejado 25 de los 28 municipios de Córdoba mediante el apoyo paramilitar. El Frente Contrainsurgencia Wayúu del Bloque Norte cooptó la administración municipal de Riohacha mediante desvío de recursos de las Administradoras del Régimen Subsidiado en salud, sobornos a alcaldes y concejales, y participación de legisladores que entregaban un porcentaje de sus recursos a la organización; el alcalde Wilder Ríos fue destituido y encarcelado por ese caso. En Caldas, el llamado Pacto del Tambor, celebrado en la vereda El Tambor del municipio de La Merced, con participación paramilitar vinculada a Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, negoció con aspirantes a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal —Enrique Emilio Ángel Barco, Dixon Ferney Tapasco Triviño y Juan Pablo Sánchez— la sectorización territorial de la campaña y la asignación del quinto renglón de la lista para las elecciones de marzo de 2006.
El escándalo estalló con la información hallada en el computador de Jorge 40 y con las declaraciones que los propios paramilitares hicieron desde la cárcel a los medios. Cerca del 35% del Congreso llegó a ser investigado por vínculos con el paramilitarismo, junto con concejales, alcaldes y gobernadores; sesenta parlamentarios terminaron condenados. La parlamentaria por Córdoba Zulema Jattin Corrales, recién posesionada como presidenta de la Cámara de Representantes, gestionó una visita de jefes paramilitares al Congreso. Un funcionario del área de Informática del DAS declaró públicamente y ante la Fiscalía que el entonces director Jorge Noguera había puesto la entidad al servicio de Jorge 40 y de los paramilitares de la costa Caribe.
La parapolítica reveló que la captura del Estado local y nacional —municipios enteros administrados por proxies, entidades de inteligencia infiltradas, listas al Congreso negociadas en fincas— fue el logro más duradero del paramilitarismo. Y reveló, con dureza, lo que la Ley 975 había excluido de su alcance: aquellos terceros civiles y políticos beneficiarios de la violencia no serían investigados por Justicia y Paz. Tras las condenas, la mayoría de los parapolíticos apoyó en las elecciones siguientes a familiares o allegados —primos, esposas, esposos—, dando origen a los llamados herederos del escándalo, que preservaron el caudal electoral construido con las armas.
Mayo de 2008: el corte de la extradición
En la madrugada del 13 de mayo de 2008, sin previo aviso, el Gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos a catorce jefes paramilitares. Entre ellos, Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna, Hernán Giraldo Serna y Carlos Mario Jiménez, todos acusados de narcotráfico. El presidente Uribe justificó la decisión argumentando que los jefes habían continuado delinquiendo desde la cárcel. En el caso de Macaco, el Gobierno alegó específicamente que había seguido dirigiendo el narcotráfico desde Itagüí tras su desmovilización.
La decisión estaba condicionada por presiones internas y externas. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia y la DEA exigían la extradición inmediata; la CIA y el Departamento de Estado pedían posponerla hasta que terminara la desmovilización. Las solicitudes estaban activas desde años atrás: Hernán Giraldo Serna, por ejemplo, contaba con requerimiento del Tribunal del Distrito de Columbia desde marzo de 2004 y había participado en audiencias de versión libre ante la Fiscalía de Justicia y Paz entre junio de 2007 y febrero de 2008, apenas tres meses antes de ser embarcado en el avión.
Las consecuencias fueron severas para los procesos internos. No existía un convenio de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos que garantizara el acceso pleno de la justicia colombiana a los extraditados, lo que limitó gravemente las versiones libres de Justicia y Paz y las investigaciones de la Corte Suprema por parapolítica. Los tribunales estadounidenses procesarían a los paramilitares por narcotráfico —cargos de delitos comunes—, no por violaciones a los derechos humanos ni por vínculos con fuerzas de seguridad y políticos colombianos. Organizaciones de víctimas y de derechos humanos denunciaron que la extradición interrumpía procesos judiciales en curso por crímenes de lesa humanidad y sacrificaba verdad y reparación en el altar del narcotráfico. Buena parte de las revelaciones sobre la parapolítica, sobre financiadores empresariales, sobre operaciones con inteligencia estatal, se detuvo en seco; los extraditados dosificaron desde las cárceles federales estadounidenses lo que estaban dispuestos a contar, y a qué ritmo. El Gobierno colombiano conseguiría en años posteriores accesos limitados, pero el daño al proceso de verdad era irreversible.
BACRIM: la reconfiguración inmediata
Antes incluso de que terminara la desmovilización, los territorios recién vaciados comenzaron a llenarse de nuevo. La reconfiguración criminal posdesmovilización adoptó tres formas simultáneas: grupos completamente nuevos; estructuras compuestas por combatientes desmovilizados que se rearmaron; y facciones de paramilitares que nunca se desmovilizaron —el Frente Contrainsurgencia Wayúu es el ejemplo canónico—. Ese último caso importa porque desmiente de raíz la narrativa oficial: no todos los paramilitares dejaron las armas, y algunos de los que siguieron delinquiendo lo hicieron sin haber pasado siquiera por la ficción de una ceremonia de entrega.
El Gobierno bautizó a esos grupos como Bandas Criminales Emergentes, BACRIM, y sostuvo con insistencia una tesis: "el paramilitarismo en Colombia ha sido extinguido y sus líderes están en la cárcel". Investigadores, ONG y observatorios académicos usaron un término distinto, neoparamilitarismo, para señalar la continuidad. Llamarlos BACRIM permitía leerlos como criminalidad común desligada del conflicto armado, exculpar al Estado de una prolongación del fenómeno anterior y descartar la responsabilidad política sobre sus víctimas; llamarlos neoparamilitares obligaba a reconocer que las redes económicas, sociales y en muchos casos armadas del paramilitarismo seguían operando bajo nuevos rótulos, con los mismos financiadores y los mismos aliados. El nombre decidía la agenda.
Las cifras acompañaron la evidencia. En 2008, la Corporación Nuevo Arco Iris documentó la existencia de cien bandas con veintiún nombres distintos y aproximadamente ocho mil integrantes, presentes en 246 de los 1.102 municipios del país; la costa Caribe concentraba el 40% de sus efectivos. Para 2011, estimaciones independientes hablaban de presencia reconocida en unos 209 municipios y cerca de 10.500 combatientes, por encima de las cifras oficiales. La brecha entre lo que reportaba el Gobierno y lo que documentaban las organizaciones sociales fue, ella misma, un capítulo de la disputa política sobre el fenómeno.
Córdoba y Urabá, epicentro histórico del despliegue nacional de las AUC, se convirtieron en punto de convergencia clave, con alto nivel de rearme de desmovilizados y participación de no desmovilizados. Los Urabeños —después Autodefensas Gaitanistas de Colombia— y Los Paisas emergieron como estructuras dominantes, aunque ninguna se impuso completamente, y la fragmentación en zonas de disputa reprodujo el desorden anterior. Los mismos corredores de la coca, las mismas trochas al Golfo, los mismos puertos: cambiaba la sigla y en algunos casos también el mando, pero no la geografía económica que había alimentado a los bloques.
La continuidad tuvo consecuencias inmediatas sobre desmovilizados y comunidades. Desde 2006, en Barrancabermeja y el sur de Bolívar, grupos paramilitares presionaron con amenazas y asesinatos a desmovilizados que se negaban a reincidir: al menos ocho asesinatos documentados por la Policía durante 2006 y parte de 2007, cifra que organizaciones sociales elevaron a quince. Las AGC instalaron desde 2008 personas vestidas de civil en territorios de comunidades afrocolombianas e indígenas para vigilar a sus líderes y neutralizar la organización social, replicando el patrón de vigilancia territorial que había caracterizado al paramilitarismo clásico. En municipios como Río Viejo, en Bolívar, Águilas Negras ejerció extorsión y control social. La cadena productiva de la coca, en Urabá y Córdoba, articuló buena parte de los grupos herederos entre 2005 y 2009, y las víctimas fueron, otra vez, líderes sociales, comunidades étnicas y campesinos que se atravesaban en el negocio.
Un cierre que no cerró
Ralito reconfiguró el mapa del conflicto y abrió el ciclo colombiano de la justicia transicional. Esos son sus dos legados más grandes y, medidos por la escala de lo desmovilizado, incuestionables: más de treinta y un mil hombres bajo mando armado dejaron formalmente las armas, y el país incorporó por primera vez a su ordenamiento un lenguaje —el de la verdad, la justicia y la reparación como triángulo normativo— que después estructuraría la conversación con las FARC.
Pero el balance no cierra en ese lado. La masacre de Bahía Portete, cometida en abril de 2004 mientras las AUC negociaban y decían respetar un cese de hostilidades, marca el precio que el proceso aceptó pagar: la violencia sobre poblaciones que el Estado había prometido proteger fue tolerada como costo de mantener la mesa abierta. La rápida mutación en BACRIM y la explosión de la parapolítica apuntan a algo más grave: las estructuras armadas visibles se disolvieron mientras las redes económicas, políticas y criminales que las sostenían encontraron nuevas envolturas. La extradición de mayo de 2008 puso el sello final a la ambigüedad: alivió al Gobierno de una relación cada vez más incómoda con sus interlocutores, satisfizo a Estados Unidos, cerró la puerta a la verdad plena sobre financiadores y aliados políticos y dejó a las víctimas sin el rostro de sus victimarios en la sala de audiencias.
Ralito importa hoy porque planteó, en términos duros, el dilema que atraviesa toda negociación de paz: cuánto de justicia se puede sacrificar para conseguir el desarme, y a quién se termina protegiendo con ese sacrificio. La respuesta que dio el proceso colombiano fue elocuente por lo que dejó fuera. Se entregaron fusiles, se llenaron ceremonias, se firmaron actas. Los financiadores siguieron firmando cheques, los políticos siguieron ganando elecciones, las trochas siguieron moviendo cocaína. Cuando pocos meses después de la última ceremonia empezaron a caminar de nuevo hombres armados por los mismos caminos, no era una recaída ni una sorpresa: era la parte del paramilitarismo que Ralito nunca se propuso desmontar.
La época alrededor
Este hecho no ocurrió solo
Archivo documental
Documentos y fragmentos citados
01Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 7801 cita
[1]a partir del 1° de diciembre, solicitaron el reconocimiento político, la suspensión de acciones judiciales en contra de sus voceros y seguridad para las regiones donde ejercían sus actividades. Para ese momento, herencia del gobierno de Pastrana, ya estaban en conversaciones confidenciales con Restrepo, a quienes sus…p. 780
02Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 333, 3372 citas
[2]un cese al fuego unilateral, que este grupo d«e líderes de las auc aceptó mediante una carta dirigida al presidente Uribe, en la cual se acogían a esta exigencia a partir del 1 de diciembre de 2002. De inmediato el Gobierno nombró, pocas semanas más tarde, el 23 de diciembre, una Comisión Exploratoria de Paz que,…p. 333
[21]Nutibara, que dejó muchas dudas en relación con el número de desmovilizados y su vinculación real con este grupo armado ilegal, el proceso sufrió una grave parálisis. Después se produjo la desmovilización del Bloque Ba nanero liderado por Ever Veloza, pero, según el relato de monseñor Vidal, fue gracias a la decisión…p. 337
03Colombia, así en la guerra como en la pazJorge Giraldo Ramírez · 2018 · p. 411 cita
[3]los derechos humanos y los crímenes de guerra, y la desmovilización se demuestre con los hechos y no solo sobre el papel» (20 de junio de 2003). Después de una fase exploratoria, el 15 de julio de 2003, se firmó un acuerdo que tenía como objetivo «el logro de la paz nacional a través del fortalecimiento de la…p. 41
04Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo II. El Frente Capital y el declive del Bloque Centauros de las AUCDaniel Ricardo Martínez Bernal (coordinador), Lorena Camacho Muete, Esteban Caviedes Alfonso, Laura Bibiana Escobar García, José María Gutiérrez Sierra, Daniela Moreno Arriola, Daniel Augusto Serrano Corredor, Juan Manuel Villarraga Beltrán · 2021 · p. 1691 cita
[4]a la paz de Colombia”, que firmaron el Gobierno nacional y las AUC el 15 de julio de 2003. En este documento quedó de manifiesto que las AUC se comprometían a desmovilizar la totalidad de sus filas, fijaban fechas para un cese de hostilidades con el Gobierno y coordinaban todo lo necesario para su desarme,…p. 169
05Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 323, 4032 citas
[5]una Colombia en paz con opor- tunidades y garantías para todos. Por el Gobierno Nacional: LUIS CARLOS RESTREPO Alto Comisionado para la Paz Por las Autodefensas Unidas de Colombia AUC: HERNAN HERNÁNDEZ RAMIRO VANOY LUIS CIFUENTES FRANCISCO TABARES ADOLFO PAZ JORGE PIRATA VICENTE CASTAÑO CARLOS CASTAÑO SALVATORE…p. 403
[22]era de una por 1,6 personas. Al comparar por estructuras el Bloque Élmer Cárdenas desmovilizó y entregó el mayor nú- mero de combatientes y de armas. Tabla 6. Comparativo número de personas desmovilizadas por estructura y armas entregadas Nombre de la estructura Fecha de desmovilización Número de personas…p. 323
06La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 3091 cita
[6]en Santafé de Ralito. Diciembre Desmovilización del Bloque Calima (exclusión de Gordolindo). Noviembre AUC declara cese de hostilidades. Enero Inicio negociación política. Reconfiguración del Bloque Pacífico. 2002 2003 2004 310 LA GUERRA VINO DE AFUERA EL BLOQUE PACÍFICO EN EL SUR DEL CHOCÓ: UNA HERIDA QUE AÚN NO…p. 309
07Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 221 cita
[7]resumió en sus propias palabras: “No podemos tener más un país amenazado por guerrillas o defendido por grupos paramilitares. Necesitamos control central” 2. Los rápidos éxitos logrados en la seguridad ciudadana, que fueron evidentes en el mayor control en las carreteras, la disminución del secuestro, la casi…p. 22
08No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 4821 cita
[8]adelantar conversaciones de paz. Al respecto, Pastrana indicó lo siguiente: «Un hombre que se identificó como el Águila se acercó al Gobierno para decirnos que ya Castaño no era el jefe, pero que él tenía la capacidad de hacer un frente unido al interior de los paramilitares para iniciar unas negociaciones con el…p. 482
09Enciclopedia de Colombia - Volumen 2Camilo Calderón Schrader · 2001 · p. 2681 cita
[9]Ca- cica», forzó al presidente Pastrana a suspender el proceso y a ordenar la recuperación de la zona de despeje por parte del ejército en febrero de 2002, tres meses antes de la celebración de las eleccio- nes presidenciales. 12 veia” pi ro de 2003, ocasionó treinta y nueve muertos y cerca de ciento setenta heridos.…p. 268
10Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 267, 2702 citas
[10]la Ley 975 de 2005. En ese contexto, se puede entender que las AUC puedan ser caracterizadas de mejor manera como una alianza coyuntural de señores de la guerra y narcotraficantes, que por separado terminaron negociando con el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, su trán - sito a la legalidad. 386 383 Entrevista…p. 270
[47]nexos de la Fiscalía con el paramilitarismo. Estas redes políticas y económicas se consolidaron al tiempo en que las AUC se presentaban como un actor político en el conflicto armado, que exigía reconocimiento como interlocutor ante el Estado y Este señor era dueño de grandes extensiones de tierras y fincas. Fue el…p. 267
11Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y MéxicoGustavo Duncan · 2014 · p. 2891 cita
[11]de la regulación de una parte importante del narcotráfico y de otros mercados criminales. Pero la misma expan sión descontrolada a lo largo del territorio nacional de las AUC dio lugar a un proceso de fragmentación de grandes ejércitos privados. Los mandos de diversas regiones comenzaron a reclamar un poder autónomo…p. 289
12Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 52, 2242 citas
[12]guerra irregular y pudiendo servir como base para el reclutamiento y el entrenamiento de nuevos combatientes. Los compradores de las franquicias eran narcotra fi cantes que tenían un doble interés en orquestar su transformación en paramilitares. Por una parte, la fl uidez de las redes económicas de la cocaína…p. 52
[55]respecto al estatus penal de los paramilitares, otros elementos complicaron la situación. En efecto, la intervención de la Corte Suprema fue más allá de las condiciones de desmovilización y se centró en las redes que los paramilitares mantenían en el corazón del Estado. En las siguientes páginas exploramos este…p. 224
13Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 4091 cita
[13]6 Ejercicio de periodización del delito de desaparición forzada en el Magdalena Medio del narcotráfico en zonas dominadas por las guerrillas (Garzón, 2005, página 67). Mucho se ha hablado sobre el origen de esta facción paramilitar. Algunos consideran que su aparición está ligada a la venta de una “franquicia” de…p. 409
14Álvaro Uribe: El Caballo de Troya del NeoliberalismoJuan Manuel López Caballero · 2009 · p. 981 cita
[14]de los de extracción narco que aprovecharon esa asociación para buscar sanear su situación gracias al status político, como ‘Don Berna’, ‘Macaco’ o ‘Gordolindo’; la de quienes sin ser origina- riamente capos pero por estar ya integrados con ellos optaron por respaldarlos, como Mancuso o Jorge 40; y la de quienes…p. 98
15Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 2231 cita
[15]presentes en las negociacio- nes habían comprado su posición 29. El gobierno nacional optó por aceptar la situación, pero exigió que no se diese cabida a nuevos comandantes. Los paramilitares no respondieron, pero al momento de escribir este texto es claro que algunos narcotraficantes siguen buscando su ingreso a la…p. 223
16Colombia Elites and Organized CrimeHannah Stone · p. 591 cita
[16]weapon in his arsenal. Epilogue In November 2004, I met with Berna on one of his haciendas in Cordoba. At the time, he was the single most powerful figure within the AUC and a household name in Medellín. He had also recently dispatched his chief rivals, Carlos Castaño and Rodrigo 00. The irony is thick: Berna and…p. 59
17Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 422, 4302 citas
[17]Montería, ovacionaron al comandante». 30 Años después, ante un tribunal de Justicia y Paz, Duque, quien como se recordará había sido secretario de Acdegam en los tiempos del paramilitarismo de Henry Pérez y Gonzalo Rodríguez Gacha en Puerto Boyacá, y era entonces el segundo al mando del BCB de “Macaco”, aseguró que el…p. 422
[57]de la fuerza pública fueron necesarios para el traslado de los 58 paramilitares» detenidos en La Ceja a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. El ministro del Interior, Carlos Holguín, dijo que se iban a fugar y por eso la súbita movida. Además explicó que seguían delinquiendo desde la cárcel. No obstante, y aunque…p. 430
18Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 971 cita
[18]y como se había acordado en las negociaciones entre el Go- bierno nacional y los jefes de las AUC, en noviembre de 2003 fue creada la primera zona de ubicación para la población paramilitar desmovilizada, en el municipio de La Ceja, en la región del orien- te antioqueño. Como primer acto simbólico de desmovilización,…p. 97
19La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1001 cita
[19]confron- tación con grupos armados ilegales, el despliegue de operativos militares en contra del secretariado de las FARC-EP, la puesta en marcha de la ley de justicia y paz y del proceso de desarme, desmovilización y reintegración de miembros de las antiguas AUC principalmente. Las desmovilizaciones de las…p. 100
20Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 2451 cita
[20]la OEA, MAPP/OEA, 2007b). Por otra parte, la cifra de desmovilizados dista de manera significativa de lo que los paramilitares afirmaban tener al principio del proceso. En una entrevista realizada por Semana a Vicente Castaño el 6 de junio de 2005, el jefe paramilitar afirmó que unos 4.000 hombres de las AUC eran…p. 245
21Colombia: A Country StudyRex A. Hudson (editor) · 2010 · p. 3551 cita
[23]terms of this process, formal talks began in May 2004. The government set up a zone consisting of 368 square kilometers in Santa Fe de Ralito, Cordoba, to relocate demobilized paramilitaries 261 Colombia: A Country Study and conduct the talks, and an Organization of American States (OAS) mission came to verify this…p. 355
22Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 6341 cita
[24]un año antes de la desmovi- lización. Desde ese momento, con el proceso de paz encaminado, las ACMM vincularon personas para luego desmovilizarlas: De pronto, ya usted diciendo, lo digo yo: otra cosa es que ellos sí haigan sabido con qué fin nos integraban… Y nos tuvieron un añito allá, práctica- mente haciendo nada,…p. 634
23El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 117, 1654 citas
[25]a la justicia. Pero también puso en evidencia sus limitaciones y la necesidad de apostarle a la defensa de derechos humanos desde un abordaje interdisciplinario. Fue así como las movilizaciones por la justi- cia incorporaron enfoques de otras disciplinas para visibilizar y reconocer a las víctimas como sujetos…p. 117
[26]a la justicia. Pero también puso en evidencia sus limitaciones y la necesidad de apostarle a la defensa de derechos humanos desde un abordaje interdisciplinario. Fue así como las movilizaciones por la justi- cia incorporaron enfoques de otras disciplinas para visibilizar y reconocer a las víctimas como sujetos…p. 117
[29]negociación con los paramilitares constituye uno de los hitos fundamentales de la actuación del Estado en relación con los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. La discusión que condujo a la adopción de esta Ley, y los debates posteriores relativos a su implementación, marcaron la…p. 165
[30]negociación con los paramilitares constituye uno de los hitos fundamentales de la actuación del Estado en relación con los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. La discusión que condujo a la adopción de esta Ley, y los debates posteriores relativos a su implementación, marcaron la…p. 165
24Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 11, 242 citas
[27]distintos enfoques ideo- lógicos y políticos. Por otra parte, las formas violentas del deno- tado paramilitarismo surgieron y se consolidaron a lo largo del territorio colombiano a mediados de los ochenta y durante todo el final del siglo XX. 12 Justicia Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico…p. 11
[35]guardar la debida correspondencia y ar- monía. Sin embargo, la decisión de la Corte Constitucional con- tenida en la Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006 de manera, a mi juicio equivocada, optó por otro camino. Aceptó declarar la inconstitucionalidad de algunas normas de la Ley 975 de 2005 que afectan el derecho a…p. 24
25Antropología hecha en Colombia. Tomo IIEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 3341 cita
[28]una invitación a la impunidad.4 En efecto, el proyecto buscaba motivar la desmovilización de los grupos armados a cambio de penas bajas, sin que los actores del conflicto contribuyeran a resarcir los daños que habían causado. En esencia, era un proyecto centrado en los victimarios. Después de un proceso de negociación…p. 334
26¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 127, 1822 citas
[31]que también lo hicieran. Hubo dos decisiones judiciales clave que reforzaron esta actitud de los paramilitares. La primera de ellas fue la Sentencia C-370 del 2006, en la que la Corte Constitucional decla- ró exequible la Ley de Justicia y Paz, pero fortaleció los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de…p. 182
[42]unilaterales entre 2009 y 2011; y las desgarradoras pruebas de supervivencia de secuestrados que llevaban más de 10 años en las selvas de Colombia. Todas estas acciones acabaron por exasperar a la opinión pública, que se movilizó masiva- mente en la marcha del 4 de febrero del 2008 en rechazo del secuestro y de las…p. 127
27Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 3851 cita
[32]de 2005 prevé igualmente el otorgamiento de la pena alternativa de 5 a 8 años a los casos de los “postulados” procesados y/o condenados por la jurisdicción penal ordinaria, como es el caso del jefe paramilitar alias “Carlos Tijeras”. Para tales efectos, la Ley de Justicia y Paz establece que estas conde- nas dictadas…p. 385
28Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2023 · p. 1251 cita
[33]since become criminal bands with de facto power in many places throughout the country. Their campaign against leftist insurgents, campesinos, and unionists has been truly terrifying. Union leaders, human rights activists, and those who call for just wages, better working conditions, or land reform for the poor have…p. 125
29Pueblos arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión (relatores) · 2015 · p. 2731 cita
[34]de acciones que hayan transgredido la legislación penal, reali- zadas por grupos armados al margen de la ley, entre ellas las víctimas de desplazamiento forzado, adquirieron el derecho (que posteriormente la Corte Constitucional catalogó como fundamental) a la reparación. Este derecho a la reparación fue definido de…p. 273
30Violencia Sexual, Conflicto Armado y Justicia en ColombiaClaudia Cecilia Ramírez Cardona (coord.); Andrea González Rojas; Constanza Clavijo Velasco; Carmen Alicia Mestizo Castillo; Belén Pérez González · 2007 · p. 711 cita
[36]aceptados por Colombia (artícu lo 9 CP.), el Estatuto de Roma, y nuestro ordenamiento constitucional, que sólo permite la amnistía o el indulto para delitos políticos y con el pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar (artículo 150. numeral 17 de la CP.), no admi ten el otorgamiento de auto amnistías, amnistías…p. 71
31Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 1971 cita
[37]repetición para garantizar que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión re- movidas, a fin de asegurar que tales crímenes no volverán a tener lugar (CConst, Sentencia T-821 de 2007, página 38). El no desmonte de esas estructuras se debe…p. 197
32Regiones y conflicto armado. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoClara Inés García · 2018 · p. 1581 cita
[38]la intervención de megaproyectos en su territorio. Conflictos entre familias wayúu por el control del puerto natural. Foco Masacre perpetrada por las AUC entre los días 18 y 20 de abril del año 2004 (6 víctimas fatales, 4 de ellas mujeres). Una masacre que ilustra la confluen- cia entre violencia contra las mujeres,…p. 158
33Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 1221 cita
[39]lugares sagrados reciben energía y emerge energía. Sus puntos están conectados con otros lugares que son energéticos, ¿no? Por ejemplo, hay un punto de la línea negra que está conectado con los picos nevados» 305. En la masacre de Bahía Portete, ocur rida el 18 de abril de 2004, en La Guajira, un grupo de…p. 122
34La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuu en la miraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Pilar Riaño A. (Relatora), Jesús Abad Colorado L., María Luisa Moreno R., María Emma Wills O. · 2010 · p. 1181 cita
[40]2004 y 2005, se presentan cuando ocurre el proceso de desmovilización gradual de las A u C y de su compromiso unilateral de cese de hostilidades. Precisamente son las masacres de Bahía Portete y Tame 189, en Arauca (20 de mayo de 2004), las que el 28 de mayo de ese año llevaron al 189 La masacre de Tame, Arauca ocurre…p. 118
35Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 8171 cita
[41]usted sabe que son cosas que se hacen y al fin y al cabo usted sabe y yo lo supe como a los dos o tres días. Entonces vine y le llamé la atención. Le llamé la atención al tipo y entonces el hombre... Entonces, yo siempre estaba un poco enojado y el hombre también me agredió a palabra y me amenazó, me dijo que no…p. 817
36La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica, Lukas Rodríguez Lizcano · 2022 · p. 223, 2372 citas
[43]de desplazamientos forzados en la región. 13 de julio de 2003 Maicao, La Guajira Bloque Norte (General) Masacre de Majayura, Maicao, La Guajira. Con esta se expandió el área de injerencia del Frente Contrainsurgencia Wayuu y del Bloque Norte en La Guajira. Agosto de 2003 Atlántico Frente José Pablo Díaz Miembros de la…p. 223
[49]relevantes del Bloque Norte, 2004 Fecha Lugar Subestructura asociada Evento 2004 Riohacha, La Guajira Frente Contrainsurgencia Wayuu Este Frente recibió cuantiosas sumas de dinero por medio de tres modalidades: 1) desvío de recursos de las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), caso por el que resultó…p. 237
37Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1751 cita
[44]pública 480, detuvo y asesinó a una familia de campesinos que se dirigía a cosechar cacao en la vereda Mulatos. Al medio día, en la vereda La Resbalosa, municipio de Tierralta, Córdoba, asesinaron a otra familia en su propia casa. Las víctimas fueron torturadas y asesinadas sin usar armas de fuego, de las ocho…p. 175
38Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 292, 3384 citas
[45]conformar un nuevo partido político que representara los intereses de la seguridad nacional y de oposición a la guerrilla. Diez años antes, el líder paramilitar Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez) había creado un partido con esas características en la región del Magdalena medio. Llamado Morena, acrónimo de…p. 292
[46]conformar un nuevo partido político que representara los intereses de la seguridad nacional y de oposición a la guerrilla. Diez años antes, el líder paramilitar Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez) había creado un partido con esas características en la región del Magdalena medio. Llamado Morena, acrónimo de…p. 292
[61]Departamento de Justicia y la DEA habían exigido la inmediata extradición de los líderes de las AUC, mientras que la CIA y el Departamento de Estado habían 119 Semana, 3 de marzo de 2008, 42-44; Semana, 14 de abril de 2008. 338 James D. Henderson solicitado que se postergara la extradición hasta cuando terminara la…p. 338
[62]Departamento de Justicia y la DEA habían exigido la inmediata extradición de los líderes de las AUC, mientras que la CIA y el Departamento de Estado habían 119 Semana, 3 de marzo de 2008, 42-44; Semana, 14 de abril de 2008. 338 James D. Henderson solicitado que se postergara la extradición hasta cuando terminara la…p. 338
39Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 1261 cita
[48]y Mallorquín. El encuentro tuvo lugar en el sector de La Piscina, en la vereda El Tambor del municipio de La Merced. Participó el presidente de la Asamblea Departamental de Caldas, Ferney Tapasco González, así como los aspirantes a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Enrique Emilio Ángel Barco, Dixon…p. 126
40Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 2611 cita
[50]contrincantes &%$. Fue así como, de la mano de la información del computador de “Jorge $) ” y de las declaraciones que hicieron los paramilitares a los medios antes de las versiones libres, se investigó por vínculos con el paramilitarismo a concejales, alcaldes, gobernadores, y a casi el +) % del Congreso. Las…p. 261
41Herederos del mal. Clanes, mafias y mermelada. Congreso 2014-2018León Valencia, Ariel Ávila Martínez · 2014 · p. 1461 cita
[51]Parapolftica un roceso... p~sar a manos de Ia justicia inte,rnaci~nal C JUdiCia·l· de caracter nacional que puede Pag. 15.. orporaCion Nuevo Area Iris. Bogota. 2009. 254. Ariel Avila. 294 Los senadores Despues de las capturas la gran mayoria de los parapoliticos apo- yaron en las elecciones siguientes a familiares o…p. 146
42A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 991 cita
[52]los 25 alcaldes de la Ctlsta Atlálltica ql/e.!ilerol/ e1eJ~idos COI/ apo)'¡) de I¡Isgmpos paramilitares: "Mal/~;é 25 de los 28 ttllllliapios de Córdoba", ase.~lIró Mal/- Cl/SO. Revista Sematla, "Salvatore A1allCIIso viI/CIlla a más políticos Ctltl las al/t¡Id¡;fclIsas", 16 de ma)'o de 2007. 102 A LA~ PUERTAS DE EL…p. 99
43El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 3392 citas
[53]de Informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), declaró públicamente y ante la Fiscalía que el entonces director de ese organismo, Jorge Noguera, puso la entidad al servi- cio de Jorge 40 y los paramilitares de la costa caribeña. Demostró lo que algunos han denunciado desde hace años, en particular…p. 339
[54]de Informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), declaró públicamente y ante la Fiscalía que el entonces director de ese organismo, Jorge Noguera, puso la entidad al servi- cio de Jorge 40 y los paramilitares de la costa caribeña. Demostró lo que algunos han denunciado desde hace años, en particular…p. 339
44Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 1321 cita
[56]parecían tareas convergentes. Se politizaba la criminalidad de los paramilitares, asociándola al delito de sedición, y por consiguiente se la hacía negociable; mientras se criminalizaba a la insurgencia como “amenaza terrorista”, y su agenda se convertía en no negociable. En suma, se pueden destacar los siguientes…p. 132
45Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible?María Alejandra Arias, Adriana Camacho, Ana María Ibáñez, Daniel Mejía, Catherine Rodríguez · 2014 · p. 1071 cita
[58]paramilitares En la madrugada del 13 de mayo de 2008, y de manera sorpresiva, el Gobierno colombiano levantó la suspensión de extradición de los líde - res paramilitares desmovilizados (incluidos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna, y once cabecillas más) y ordenó su traslado inmediato a Estados Unidos. La gráfica…p. 107
46La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 5291 cita
[59]la Ley 975 de 2005. Entre el 5 de junio de 2007 y el 22 de febrero de 2008, Giraldo participó de las audiencias de versión libre previstas por el mecanismo, mientras se encontraba privado de la libertad en la Cárcel Modelo de Barranquilla, antes de su extradición a Estados Unidos en mayo de 2008. Giraldo contaba desde…p. 529
47Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo II. Bloque Central Bolívar: violencia pública y resistencias no violentasAlberto Santos Peñuela (coordinador del informe y correlator), Luis Miguel Buitrago Roa, Juan Guillermo Jaramillo Acuña, Nicolás Otero González, Rodrigo Torrejano Jiménez · 2021 · p. 361, 3642 citas
[60]la ley por seguir delinquiendo e, incluso, fueron extraditados a los Esta- dos Unidos; algunos otros no se desmovilizaron y tampoco cumplieron penas de privación de la libertad; y unos últimos fueron asesinados por diferentes razones. La idea en esta sección es revisar el panorama de lo que pasó con los comandantes…p. 361
[79]algunos de estos. Entre las víctimas de estas acciones se hallan algunos desmovilizados y reinsertados de los Bloques de las AUC que se niegan a reincidir en las ac- tividades delictivas y que por ello son presionados con amenazas de muerte por miembros activos del paramilitarismo que pretenden con ello reconfi- gurar…p. 364
48Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 1741 cita
[63]ridades colombianas” (Reyes, 2011, p. 373). Del mismo modo que la extradi- ción siempre ha sido temida por los narcotraficantes colombianos, grupos defensores de derechos humanos y de la oposición criticaron estas extradi- ciones porque, como se acaba de ver, reducen la posibilidad de hacer justicia sobre crímenes de…p. 174
49Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 302, 4794 citas
[64]a los derechos humanos, pero a pesar de ello se optó por privilegiar las demandas penales por delitos comunes, y así mismo se dio prelación a un ente de justicia de otro país cuando obraba con ciertos resultados la justicia interna, como por ejem - plo los casos de las revelaciones en versiones libres ante la Fiscalía…p. 479
[65]a los derechos humanos, pero a pesar de ello se optó por privilegiar las demandas penales por delitos comunes, y así mismo se dio prelación a un ente de justicia de otro país cuando obraba con ciertos resultados la justicia interna, como por ejem - plo los casos de las revelaciones en versiones libres ante la Fiscalía…p. 479
[75]señalar que los grupos armados surgidos tras la desmovilización de las AUC, que denominó al igual que otras ONG y varios centros de análisis académicos como “neo-paramilitares”, estaban en diná - mica de crecimiento. Así, con base en la triangulación de varias fuentes reportó en 2008 presencia en 250 municipios…p. 302
[76]señalar que los grupos armados surgidos tras la desmovilización de las AUC, que denominó al igual que otras ONG y varios centros de análisis académicos como “neo-paramilitares”, estaban en diná - mica de crecimiento. Así, con base en la triangulación de varias fuentes reportó en 2008 presencia en 250 municipios…p. 302
50«¡Déjennos en paz!» La población civil, víctima del conflicto armado interno de ColombiaAmnistía Internacional · 2008 · p. 341 cita
[66]Justicia. De este modo, la dimensión real de las violaciones de derechos humanos cometidas a lo largo de los años por los paramilitares, así como el papel fundamental desempeñado por las fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y destacadas personalidades de la política y del mundo empresarial en estos delitos,…p. 34
51Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 1592 citas
[67]replied that “paramilitarism in Colombia has been extinguished and its leaders are in jail. What is seen today is the appearance of bandas criminales emergentes based on drug trade.” Vice President Francisco Santos added that the report of the human rights group was not based on data and was biased. 47 The important…p. 159
[68]replied that “paramilitarism in Colombia has been extinguished and its leaders are in jail. What is seen today is the appearance of bandas criminales emergentes based on drug trade.” Vice President Francisco Santos added that the report of the human rights group was not based on data and was biased. 47 The important…p. 159
52Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte · 2009 · p. 4741 cita
[69]Esta clasificación se debe a quien, entonces, ejercía las labores de coordinador del área de ddr de la cnrr, el profesor Mauricio Romero, hoy catedrático de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Neoparamilitarismo en Colombia 473 ducto del Bloque Héroes de…p. 474
53Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 1521 cita
[70]2008 2009 2010 2011 2012 20082009201020112012 Chocó 30 9 7 16 19 28 43 47 70 63 93 Cesar 25 15 14 21 23 23 60 56 76 92 92 Córdoba 28 15 21 23 24 25 54 75 82 85 89 Valle 42 16 20 20 26 32 38 48 50 61 76 Sucre 26 9 7 16 17 19 34 27 61 65 73 Meta 29 12 13 16 20 19 41 45 55 68 65 Bolívar 45 11 7 23 34 24 24 16 51 75 53…p. 152
54Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de ChocóÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Priscila Zúñiga Jiménez, Margarita Jaimes Velásquez, Lukas Rodríguez Lizcano, Gisela Andrea Aguirre García, Camilo Villamizar Hernández · 2014 · p. 451 cita
[71]las vertientes de los ríos Sinú y San Jorge, son utilizados para esquivar la infraestructura vial. Son reconocidas las planta - ciones de uso ilegal de coca en Valencia, Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador. Córdoba y Urabá fueron el epicentro del des - pliegue nacional de las AUC y ahora punto de convergencia…p. 45
55Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC. Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento (coordinador), Alberto Santos Peñuela, Lukas Rodríguez Lizcano, Luisa Fernanda Hernández Mercado, Juanita Esguerra Rezk · p. 351 cita
[72]ci - vil, en especial contra líderes sociales y comunitarios. En todo caso, Las Águilas Negras y Los Rastrojos están tras el control de rutas de narcotráfico y la explotación de petróleo y uranio que hay en esta región (El Tiempo, noviembre 6 de 2011). Los GAI cobran por la protección de la maquinaria, los lugares de…p. 35
56Carne es guerra. Veganismo y conflicto armado en ColombiaColectiva Dostristestigres, La Calderita Vegana · 2021 · p. 311 cita
[73]hasta entonces empiezan a coordinarse alrededor del Clan Castaño en el sur de Córdoba, norte de Urabá y nordeste antioqueño, con intención de expandir el fenómeno a nivel nacional. Así, pasar del control mi - litar al control político, social y económico, intentan - do configurarse como un tercer actor 55 armado del…p. 31
57Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 1341 cita
[74]of those who participated in the demobilization ceremonies were in reality not paramilitary combatants but hired sicarios who pretended to be AUC fighters; 3) the quantity of weapons turned over was much less than what the paramilitary were known to possess; 4) the subsequent activities of those who laid down their…p. 134
58El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 379, 3822 citas
[77]territorial se defina, primordialmente, por los intereses de actores ilegales, que han logrado esta- blecer acuerdos con actores que se sitúan políticamente en la legalidad y eco- nómicamente entre la formalidad y la informalidad, como pasaremos a ver. El análisis del proceso de reconfiguración del conflicto armado,…p. 379
[78]Defensoría del Pueblo “Las Águilas Negras en su incursión al Bajo Cauca también fueron conocidos por la población como “Los Urabeños”. Estaba integrado por sujetos que tenían un mayor nivel de vinculación a lo que algunos medios y académicos han denominado La Casa Castaño y el proyecto paramilitar que se incubó desde…p. 382