Riohacha

Una ciudad sobre suelo arenoso

Riohacha se levanta sobre un suelo arenoso que nunca fue apto para la agricultura. Una ciudad que no puede alimentarse a sí misma depende de dos cosas: de sus proveedores externos, los wayuu o Valledupar tierra adentro, y del mar que la conecta con el mundo. De ahí que Riohacha haya sido, desde muy temprano, un puerto antes que una ciudad y un mercado antes que una capital. Su población criolla se organizó en torno al intercambio, no a la producción; sus élites fueron mercantiles antes que agrarias; su plebe fue marinera, artesanal y móvil, no campesina.

La ciudad ocupa un lugar peculiar en la geografía política colombiana. Está en el litoral Caribe, pero fuera de la península de La Guajira propiamente dicha. Es cabecera departamental, pero se encuentra a decenas de kilómetros del territorio wayuu que estructura la vida social del departamento. Esa distancia entre la sede administrativa y el país real que debe administrar es, quizá, el rasgo más persistente de su historia: Riohacha manda en el papel sobre un territorio que no controla en los hechos. La desproporción entre autoridad nominal y presencia efectiva ha modelado tanto la vida institucional en La Guajira como el desarrollo autónomo de las redes indígenas, comerciales y criminales que ocupan el vacío.

Del Cabo de la Vela al Río de la Hacha

El origen de Riohacha está en un desplazamiento. En 1508, la Corona española había asignado a Alonso de Ojeda y sus asociados una franja territorial que iba desde el golfo de Urabá hasta el Cabo de la Vela, en la punta noroccidental de la península. En ese cabo se estableció una población española dedicada, entre otras cosas, a la explotación de los ostrales de perlas. Cuando la pesca perlera se desplazó hacia el sur, los vecinos consideraron preferible el nuevo emplazamiento junto al río, y hacia los primeros meses de 1545 se produjo el traslado al Río de la Hacha, sobre cuya desembocadura se erigió la ciudad que llevaría ese nombre.

El asunto de la jurisdicción quedó turbio desde el comienzo. Durante el período que siguió al traslado, Riohacha estuvo en principio sujeta a la gobernación de Venezuela; el gobernador Jerónimo Dortal, vinculado a esa jurisdicción, visitó la población en 1549. Pero las autoridades de Santa Marta intentaron en varias ocasiones someterla a su dominio, sin resultado favorable. Esa disputa temprana no fue una anécdota administrativa: prefiguró la ambigüedad geopolítica que definiría a la ciudad durante siglos. Riohacha nació mirando en dos direcciones, hacia el occidente neogranadino y hacia el oriente venezolano, y esa doble pertenencia se decantó en costumbres, en rutas comerciales y en lazos familiares que ninguna raya en el mapa lograría luego separar.

La ciudad colonial fue, en términos hispánicos, modesta. Ni Cartagena ni Santa Marta la equipararon en volumen mercantil o densidad institucional. Las naves españolas casi nunca atracaban en su puerto, y los comerciantes cartageneros se mostraban reacios a transportar bienes legales hasta allí. En el vacío dejado por el comercio oficial se instaló otro: el contrabando con las potencias europeas —holandesas, inglesas, francesas— establecidas en las islas del Caribe. Ese comercio ilegal fue menos voluminoso que el de la provincia de Cartagena, pero definió a Riohacha con más nitidez, porque aquí no había un aparato imperial que lo compitiera. El contrabando no era una desviación en Riohacha; era la norma.

Una ciudad de castas atlánticas

La composición social de la Riohacha colonial tardía difícilmente encaja en la imagen de una ciudad hispánica. Los blancos, marineros, comerciantes, contrabandistas, funcionarios, algunos militares y un puñado de sacerdotes, mayoritariamente hombres, eran una minoría muy reducida. La ciudad la habitaban, en su mayor parte, negros, mulatos y zambos, libres y esclavizados, que superaban ampliamente en número a los peninsulares y sus descendientes criollos.

A finales del período colonial, aproximadamente dos de cada tres habitantes eran personas libres de color, y uno de cada cuatro era esclavo. La Riohacha del siglo XVIII fue, ante todo, una ciudad afrodescendiente. Los esclavos se ocupaban sobre todo del servicio doméstico y del transporte. La población libre de color trabajaba como marineros, bogas, pescadores, arrieros, artesanos, buhoneros y vendedores de mercado. Esa lista de oficios dibuja una economía urbana entera: la ciudad se movía sobre las espaldas de trabajadores libres afrodescendientes, y buena parte de ese trabajo estaba vinculado, directa o indirectamente, al comercio ilegal.

El dato altera la lectura habitual del contrabando riohachero. No se trataba de una operación de élites blancas mercantiles a espaldas de la Corona: era una economía popular. Bogas y marineros que llevaban y traían mercancías; artesanos que fabricaban lo que se intercambiaría; vendedoras ambulantes que colocaban en las plazas lo que llegaba desde el mar. El contrabando fue, para las castas libres de Riohacha, un modo de subsistencia y también una forma de autonomía respecto a los circuitos oficiales que las habían marginado. La negritud estructural de la ciudad antecede al contrabando criollo y lo sostiene desde abajo.

Ese sustrato afrodescendiente conecta a Riohacha con la Costa Atlántica en su conjunto, donde las haciendas ganaderas se apoyaron en una alta presencia de esclavos que decayó desde mediados del siglo XIX, dando lugar a numerosos núcleos poblados de mulatos y negros. La ciudad no fue una excepción caribeña sino una expresión particular del patrón regional, con la diferencia de que allí la casta libre no se refugió en el hato o el palenque, sino en el mar.

Los wayuu como sociedad estructurante

Ninguna descripción honesta de Riohacha puede tratar al pueblo wayuu como telón. Los wayuu constituyen aproximadamente la mitad de la población del departamento de La Guajira y son, hoy, la comunidad indígena más grande de Colombia y Venezuela. Su cultura pastoril, seminómada y descrita como anárquica se configuró a lo largo de los siglos por el clima árido de la península, sobre la que los vientos alisios pasan sin condensarse en lluvia, y por su posición estratégica frente al Caribe. Han conservado su lengua propia pese a siglos de interacción con la cultura occidental, y ejercen un protagonismo sociocultural que trasciende con mucho su peso demográfico.

Para el pueblo wayuu, el territorio no es un recurso ni un escenario: es la condición de existencia cultural. Un miembro del clan Epiayú lo formuló con precisión doméstica: sin territorio no hay posibilidad de desarrollar la vida cultural, ni de criar ganado, ni de enterrar a los muertos. El vínculo se organiza en torno al lugar del ombligo (las raíces familiares y clánicas), al cementerio familiar y a prácticas cotidianas como el pastoreo. Perder el territorio es perder la posibilidad de ser wayuu; por eso los conflictos que despojan de tierra no son, en su gramática cultural, conflictos ordinarios, sino amenazas ontológicas.

La justicia wayuu opera con lógicas propias. La figura del pütchipü'üi, el palabrero, resuelve conflictos como mediador neutral, alguien que arregla las cosas con la palabra sin parcializarse; una comparación aproximada, en términos occidentales, sería la de un abogado y juez a la vez, aunque la analogía es imperfecta. El Estado colombiano reconoce y apoya el uso de este sistema propio, en lugar de imponer sin más el sistema judicial nacional. Esa forma de justicia, junto con la organización clánica y el manejo del territorio, hace que buena parte de la vida guajira ocurra en registros que no aparecen en los códigos jurídicos criollos.

Riohacha depende de este mundo. En términos alimentarios, la ciudad colonial dependía de los wayuu, o de Valledupar, para abastecerse, y esa dependencia no se limitó al período colonial. En términos comerciales, los criollos de Riohacha operaron durante siglos como intermediarios entre los wayuu y los mercados del Atlántico Norte: intercambiaban productos locales obtenidos de los indígenas para exportarlos vía las islas holandesas, e importaban bienes para trocar con sus proveedores wayuu y vender en el mercado urbano. En términos culturales, la sociedad criolla guajira ha sido fuertemente moldeada por pautas de control social y usos cotidianos wayuu, hasta el punto de que resulta difícil separar, en el registro popular, qué es criollo y qué es indígena.

La Guajira ha funcionado como zona de refugio para los wayuu. Múltiples factores a lo largo de los últimos cinco siglos permitieron que se mantuvieran no solo como pueblo sino como eje sociocultural regional. Ese protagonismo no es residual; es constitutivo. Riohacha no organiza el espacio guajiro: se acomoda a él.

La ciudad en el siglo XIX

La independencia y la formación republicana no alteraron sustancialmente la estructura profunda de la ciudad. Riohacha siguió siendo un puerto pequeño, mercantil, dependiente del contrabando y demográficamente diverso. La geografía humana se enriqueció con la llegada de nuevos actores. A mediados del siglo XIX residían en la ciudad los hermanos Bernier, mulatos de Jacmel, en Haití, desterrados tras una sublevación contra el emperador Faustino Soulouque, que se identificaban como franceses al modo de otros haitianos de la época. Su presencia recuerda que Riohacha, aun siendo modesta, seguía siendo un nodo del Caribe negro: un lugar donde iban a parar exilios políticos, oficios marítimos y biografías que no cabían en el mapa nacional.

El siglo XIX republicano también trajo la ampliación de la presencia estatal, con vacilaciones. Desde 1888, misiones religiosas capuchinas españolas se establecieron en La Guajira, encargadas de la evangelización y la educación indígena, y su llegada fue celebrada por los sectores criollos como un hito en la "conquista" de la región. La palabra es reveladora: después de tres siglos y medio de vida colonial y republicana, la Alta Guajira wayuu seguía siendo, para el Estado, un territorio por conquistar. Las capuchinas se instalaron en el vacío que ni la Corona ni la República habían logrado llenar, y sostuvieron una presencia institucional donde el poder civil no llegaba.

Riohacha fue, en ese siglo, uno más de los muchos puertos menores del Caribe colombiano, sin la relevancia de Cartagena ni la conectividad de Barranquilla, pero con una densidad simbólica particular. Allí había nacido, en 1778, el marino José Prudencio Padilla, artífice de la victoria naval del Lago de Maracaibo en 1823, que consolidó la independencia de la Gran Colombia. La ciudad de Padilla, afrodescendiente, marinero, pardo movilizado, condensa el perfil de la Riohacha profunda: una ciudad donde las hazañas de la República las hicieron gentes que la propia República luego trató con desconfianza.

El Caribe como marco natural

Para entender Riohacha hay que dejar de mirarla desde Bogotá y empezar a mirarla desde el mar. La Guajira comparte, por su ubicación y clima, un carácter insular análogo al de Curazao, Aruba y la península de Paraguaná en Venezuela. Es una zona seca, ventosa, orientada al norte, con más afinidad ecológica y comercial con las Antillas Neerlandesas que con la Colombia andina.

Esa insularidad funcional tuvo consecuencias comerciales precisas. El llamado "Camino de Jerusalén", una red de senderos de origen colonial, articulaba La Guajira con Venezuela y con el interior andino, y por él circularon mercancías durante siglos. Los criollos de Riohacha exportaban hacia el Atlántico Norte pasando por las islas holandesas, y desde allí traían las mercancías que se distribuían en el mercado local o se enviaban tierra adentro. En el siglo XX, ese circuito se sofisticó: en Maicao operaban comunidades de "turcos", inmigrantes de Oriente Medio, y "cachacos", colombianos del interior andino, que importaban mercancías para enviarlas a Venezuela y al centro colombiano por las viejas rutas.

Riohacha era, en esa geometría, uno de los puntos de entrada y salida, aunque no el único ni siempre el principal. Maicao, más pegado a la frontera, y los puertos naturales de la Alta Guajira, como Bahía Portete o Puerto López, cumplieron papeles distintos según las épocas y los productos. La ciudad ha sido cabeza formal de un archipiélago de puntos comerciales cuya lógica no obedece a jerarquías administrativas sino a las oportunidades del intercambio marítimo. Su Caribe no es el de Cartagena, con murallas y flotas; es un Caribe de goletas, de contrabandistas, de wayuu con canoas, de comerciantes que hablan tres idiomas y tienen parientes en Curazao.

La bonanza marimbera

En la década de 1970, esa vieja economía informal atlántica encontró un producto nuevo y una demanda nueva. La marihuana cultivada en La Guajira, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en las estribaciones de la Serranía del Perijá, alcanzó los mercados de Estados Unidos, en particular la costa este, en un ciclo que las gentes de la región llamarían la "bonanza marimbera". Para 1974, aproximadamente el 80% de los finqueros de La Guajira sembraban marihuana: no una actividad marginal ni criminal en el sentido restringido, sino la economía dominante de una región entera.

La bonanza articuló todo lo que Riohacha y La Guajira ya eran: puertos poco vigilados, redes comerciales con Estados Unidos y el Caribe, población acostumbrada al contrabando como forma de vida, wayuu que conocían el terreno mejor que cualquier autoridad, criollos con capacidad de intermediación. La marimba no inventó una economía informal en La Guajira; la infló hasta el paroxismo. Un testimonio wayuu recogido posteriormente lo formuló con precisión etnográfica: el ciclo del narcotráfico en la región empezó con la marimba y terminó con la coca, y en ambos casos fueron los arijuna, los no indígenas, quienes introdujeron el negocio en el territorio.

La reacción externa no se hizo esperar. Desde diciembre de 1975, la DEA llevó a cabo la Operation Stopgap, con vuelos sobre la costa guajira para detectar embarcaciones sospechosas y avisar a la Guardia Costera estadounidense; hacia 1978, sus cálculos internos afirmaban haber reducido en un tercio el flujo de marihuana colombiana. Pero la crisis definitiva de la bonanza no vino de la interdicción sino del mercado: a comienzos de los años ochenta, el precio de la marihuana colombiana cayó porque aparecieron en Estados Unidos variedades más potentes y baratas, cultivadas en el propio país o en México, y llegaron nuevos competidores mundiales. La caída de la demanda desató una reconversión hacia el cultivo de coca en varias zonas del país favorables para él, mientras La Guajira quedaba con la resaca: dinero acumulado, redes armadas, política capturada.

La marimba había tejido redes densas con la política regional, y algunas figuras condensan ese tejido: Samuel Santander Lopesierra, apodado "El Hombre Marlboro", congresista que sería extraditado a Estados Unidos; el exdiputado del Cesar Jorge Gnecco Cerchar, asesinado en 2001 en un contexto de vínculos con el paramilitarismo. Los asesinatos y confrontaciones violentas en La Guajira ya venían siendo altos desde la década de 1960, asociados al contrabando, al narcotráfico y a los ajustes de cuentas entre jefes y familias vinculados al crimen organizado. Riohacha, como capital, fue escenario y no simple espectadora: allí se hicieron trabajos de campo sobre el fenómeno, con entrevistas realizadas en 2005 a actores identificados por nombre, prueba de que la ciudad había vivido la bonanza desde adentro.

Paramilitares, desplazamiento y territorio wayuu

La violencia posterior fue más dura, más política y más territorial. En la década de los noventa y comienzos de los dos mil, grupos paramilitares de derecha se insertaron en La Guajira mediante mecanismos que combinaban la fuerza y el parentesco: forjaron alianzas estratégicas con familias wayuu a través de matrimonios, un modo de inserción territorial que aprovechaba la lógica clánica indígena para acceder al terreno, a las rutas y al conocimiento local. Documentos institucionales colombianos del período 2010-2012, de la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social de Riohacha y el PNUD, documentaron la presencia de grupos armados no estatales en la región, e incluso categorizaron a ciertos clanes wayuu como tales, en un contexto de conflicto armado que hacía evidentes las limitaciones de la presencia estatal en la franja fronteriza.

Los wayuu vivieron ese conflicto como agresión externa. Un testimonio del pueblo lo sintetiza: la guerra entre guerrilla y paramilitares no era una guerra suya; era un problema arijuna trasladado a su territorio, con códigos que no eran los propios. Familias enteras se desplazaron forzadamente hacia Venezuela, especialmente a Maracaibo, amparándose en la doble nacionalidad que, como pueblo indígena transfronterizo, les correspondía. Ese refugio no fue pleno: los desplazados no comparten las mismas condiciones económicas, sociales y culturales que los wayuu con residencia permanente en Venezuela desde hace generaciones, y las nuevas generaciones se expusieron a cambios culturales visibles, como el abandono del uso cotidiano de la manta tradicional, mientras los adultos intentaban sostener el tejido artesanal y el cultivo.

En los talleres de memoria posteriores, los sobrevivientes formularon la pérdida en su gramática propia. La tierra "quedó sola y triste sin mi canto", dijo un miembro de una comunidad: una manera de decir que sin la gente el territorio pierde su voz, y sin el territorio la gente pierde su canto. La imposibilidad de enterrar a los muertos en el cementerio familiar, consecuencia directa del desplazamiento, es para el pueblo wayuu una fractura cultural profunda, quizá la más grave que puede sufrirse.

Riohacha, como capital, quedó atrapada en esta violencia sin poder resolverla. Fue lugar de refugio para desplazados internos, sede de organismos institucionales que documentaban lo que ocurría en la Alta Guajira, punto donde llegaban las víctimas y desde donde partían los operativos estatales cuando llegaban. Pero la ciudad estaba, otra vez, fuera del teatro principal, administrando desde su distancia geográfica un territorio que se le escapaba.

Un error geopolítico acumulado

La distancia entre Riohacha y su departamento no es una casualidad topográfica: viene de una decisión. En algún momento del siglo XX, la capital de La Guajira fue trasladada aproximadamente noventa kilómetros al occidente, desde Uribia hasta Riohacha, en lo que se ha considerado uno de los más graves errores en materia de geografía política del país. Uribia ya era, en sí misma, un error de ubicación, por estar fuera de la península guajira propiamente dicha; el traslado a Riohacha agravó el problema al alejar aún más el centro administrativo de los límites internacionales orientales, que son donde se concentra la vida guajira: el territorio wayuu, la frontera con Venezuela, las rutas comerciales, los conflictos por tierras y matrimonios.

Voces de la época previeron con exactitud las consecuencias: los asuntos indígenas —territorios, matrimonios, siembras, depredaciones— tendrían que ventilarse lejos, con enormes dificultades para wayuu que carecen de transporte y medios para desplazarse. La lejanía de Riohacha respecto a la Alta Guajira convirtió el acceso a la justicia y a los trámites administrativos en un problema logístico insalvable para buena parte del departamento. Desde Bogotá, la situación se veía con crudeza: en 1962, el jefe de la División de Territorios Nacionales, Luis López Guevara, reportaba que su oficina contaba con solo seis empleados para atender la revisión diaria de decretos, resoluciones e intervenciones entre autoridades y entidades privadas en todos los territorios nacionales del país, y solicitaba un presupuesto mínimo y mayor autonomía. Detrás del lenguaje administrativo se leía otra cosa: el Estado colombiano no tenía cómo estar presente en sus propios márgenes.

El saldo pesa aún hoy: el debilitamiento del medio colombiano frente al venezolano en La Guajira. Cuando el Estado no llega, el territorio se organiza por otras vías, el clan, el contrabando, la parroquia, el paramilitar, el intermediario comercial, y esas otras vías se consolidan como poderes propios. El contrabando fue posible porque el Estado nunca controló el territorio; el Estado nunca controló el territorio porque los wayuu lo habitaban en sus propios términos y porque la capital estaba mal ubicada; y ambas dinámicas se reforzaron durante siglos.

Frontera porosa, presente incierto

La frontera colombo-venezolana, de 2.219 kilómetros, tiene en La Guajira uno de sus tramos más porosos. En puntos como Santa Cruz no se ha encontrado ninguna autoridad colombiana. Los cruces fronterizos de Maicao y Paraguachón se convirtieron, con el tiempo, en puntos importantes de las rutas del narcotráfico, y son puntos de salida de cargamentos procedentes del Catatumbo, entre otras zonas. Por trochas y pasos irregulares circulan personas, café, azúcar, ganado, gasolina y todo lo que la asimetría económica y monetaria entre los dos países hace rentable mover. Funcionarios locales conocen los flujos; las autoridades regionales los reportan; el Estado central los administra con intermitencia.

La crisis venezolana de la última década intensificó todos estos rasgos. El movimiento de personas por pasos irregulares deterioró la red vial fronteriza, incluidas las trochas de Paraguachón, y funcionarios de Valledupar reportaron un incremento en el contrabando de gasolina en ese contexto. En el paso de La Raya, durante la cuarentena por COVID-19, personas en tránsito debían pagar en gasolina o dinero para cruzar en camiones 350 en condiciones de extrema precariedad. En Maicao, los niños indígenas se desplazan a la escuela en chirrincheros, camiones 350 o mototaxis, y sus padres denuncian la inseguridad de los pasos, tanto por la carretera como por las trochas.

A todo esto se ha sumado la minería del carbón. El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de Colombia y América Latina, y la décima del mundo, ha intervenido técnica y ambientalmente el territorio wayuu, afectando al río Ranchería y sus afluentes, despojando y transformando las relaciones culturales y cotidianas del pueblo wayuu con el agua. La defensa de los derechos territoriales del agua se ha convertido, en las últimas décadas, en uno de los ejes de la movilización wayuu, que articula el territorio con dimensiones culturales y espirituales que la lógica minera no reconoce.

La ciudad de hoy

Riohacha es hoy una ciudad de más de doscientos mil habitantes, capital de un departamento que combina extrema riqueza subterránea con altísimos índices de pobreza, mortalidad infantil, escasez de agua potable y presencia limitada del Estado. Los barrios se extienden tierra adentro desde el malecón, con viviendas que van del cemento pintado al techo de zinc, y con un ritmo urbano en el que se cruzan el mototaxi, la mochila wayuu, la moneda venezolana y el acento andino del funcionario recién llegado. El viento entra por las calles cargado de sal y de arena; los atardeceres sobre el mar convocan a locales y viajeros a un mismo paseo frente al muelle antiguo, donde alguna vez atracaron las goletas del contrabando y hoy se venden artesanías, pescado y tinto.

Su composición humana es un mapa vivo del Caribe seco: criollos guajiros, afrodescendientes de raíz colonial, wayuu que bajan de las rancherías a vender tejidos o a hacer diligencias, comerciantes árabes con negocios entre Maicao y la ciudad, migrantes venezolanos que reconstruyen oficios y familias, funcionarios cachacos en tránsito. Los mercados —de pescado, de artesanía, de contrabando visible— conviven con las oficinas departamentales, los bancos y una universidad pública que ha ido creciendo en las últimas décadas. La ciudad respira turismo desde los años en que el balneario descubrió el potencial del viento y del sol; pero sigue siendo, sobre todo, un lugar de paso: hacia el Cabo de la Vela, hacia Manaure y sus salinas, hacia Uribia, hacia la frontera.

En medio de todo, sigue siendo un puerto, sigue siendo cabeza administrativa de una península que no la reconoce como centro, sigue siendo nodo de circuitos legales e ilegales que la exceden. Su coherencia histórica no está en el Estado ni en el mercado formal, sino en la articulación entre la economía informal atlántica y la presencia estructurante wayuu, dos fuerzas que se necesitan y se transforman mutuamente.

Lo que queda

Riohacha ha sido nombrada de muchas maneras en los cinco siglos de su existencia: puerto perlero, guarida de contrabandistas, cabecera republicana, capital marimbera, ciudad-víctima del conflicto, puerta de la migración venezolana. Ninguna de esas etiquetas la agota, pero todas apuntan al mismo hecho: la ciudad ha sido, sistemáticamente, más pequeña que las fuerzas que la atraviesan.

Por eso resiste, por igual, las lecturas heroicas y las condenatorias. La ciudad heroica de la independencia no le hace justicia, aunque de allí saliera Padilla; tampoco la ciudad decadente del narcotráfico, aunque la marimba y la coca la hayan atravesado. Reducirla a víctima del abandono estatal ignora que su vida siempre ha ocurrido en registros que el Estado no capta; llamarla sin más capital wayuu olvida que los wayuu la anteceden y la exceden.

Lo que queda, para quien la mira sin ilusiones, es una ciudad caribeña específica: seca, mercantil, mestiza, ambivalente, sostenida por su relación con un pueblo indígena que sigue siendo mitad del departamento y por una economía informal que ha durado más que cualquier gobierno. Un lugar donde se entiende, mejor que en muchos otros, que la historia colombiana no se explica solo desde el Estado central y sus instituciones, sino desde los márgenes donde el Estado nunca terminó de llegar y donde la gente aprendió, hace siglos, a organizarse sin él.