Milicias de pardos y morenos de Cartagena como escuela política afrocaribeña

Milicias de pardos y morenos de Cartagena, 1770-1810

En la Cartagena de Indias del último tercio del siglo XVIII, la Corona española armó, uniformó y disciplinó a varios miles de hombres libres de ascendencia africana bajo la figura de las milicias disciplinadas de pardos y morenos. Concebidas como un dispositivo barato de defensa imperial —una respuesta pragmática al problema de guarnecer la plaza fuerte más expuesta del Caribe neogranadino con una población blanca escasa y reacia al servicio—, estas unidades acabaron funcionando, entre la visita del mariscal Alejandro O'Reilly hacia 1770 y el estallido junista de 1810-1811, como la principal escuela política afrocaribeña de la Nueva Granada. En sus cuarteles y sus arrabales se forjó un liderazgo pardo con fuero, salario, orgullo corporativo y vocabulario político propio; el mismo que, al abrirse la crisis imperial, movilizó a Getsemaní armado de machetes, sostuvo a la Junta Suprema frente al Regimiento Fijo y arrancó al orden republicano, en la Constitución de 1812, una igualdad racial sin precedentes en Hispanoamérica. La paradoja atraviesa todo el arco: una institución diseñada para racializar y controlar terminó suministrando a los libres de color las herramientas —jurídicas, materiales, simbólicas— para negociar su lugar como sujetos políticos.

El mundo del que brotan las milicias: Cartagena, arrabal y hinterland

Hacia 1770, Cartagena de Indias era, junto con La Habana y los puertos venezolanos, una de las plazas militarmente más densas del imperio español, pero también una ciudad demográficamente afrocaribeña. En el censo general del Nuevo Reino de Granada de 1778, los mestizos de toda clase representaban el 46% de la población, los blancos el 26%, los indios el 20% y los esclavos el 8%; la aritmética virreinal se agudizaba en la costa, donde los libres de todos los colores superaban, hacia fines de siglo, a blancos, esclavos e indios juntos. De Cartagena a Santa Marta se extendía una sociedad de castas con función comercial, cuya trama viva la formaban mestizos de origen africano, negros libres y pardos empleados en los oficios del puerto y del mar.

Bajo esa demografía urbana palpitaba otra realidad más incontrolable. Hasta la década de 1770, unos 60.000 habitantes calificados de arrochelados vivían en asentamientos ilegales —las rochelas— dispersos por bosques, colinas, ciénagas y riberas de ríos, fuera del alcance de la Iglesia y del Estado colonial: descendientes de esclavos fugitivos, indígenas no reducidos y pobres libres mezclados sin cura ni juez. Las autoridades lanzaron campañas para forzarlos a concentrarse al son de campana en comunidades formales. José Fernando de Mier, hacendado y comandante de las milicias urbanas de Santa Marta, levantó entre 1744 y 1770 unos 22 pueblos en el Bajo Magdalena para contenerlos; en la provincia de Cartagena, Antonio de la Torre y Miranda hizo lo propio entre 1774 y 1778.

La militarización de la costa se pensaba sobre este fondo doble: una ciudad amurallada con mayoría de castas y un traspaís de población libre difícil de gobernar. Frente a las amenazas continuas de potencias europeas, la piratería y el contrabando, la Corona no podía sostener la defensa de Cartagena con blancos peninsulares y criollos: eran demasiado pocos, y muchos se escurrían legalmente del servicio inscribiéndose en la matrícula de mar —que en cierto momento contaba con más de tres mil hombres en Cartagena y sus alrededores— o alegando exenciones. Cualquier reorganización efectiva de la milicia exigía incorporar a los pardos. Ahí, y no en ninguna doctrina de emancipación, comienza el arco.

La reforma borbónica y la fábrica de milicianos pardos

Las reformas militares borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII, aceleradas tras el desastre de la Guerra de los Siete Años, buscaron sustituir las viejas milicias urbanas de convocatoria irregular por milicias disciplinadas: cuerpos permanentes, con planas mayores profesionales, entrenamiento periódico, uniforme y armamento estandarizados, y un régimen de privilegios corporativos que fomentara el orgullo del servicio. La pieza clave de ese régimen fue el fuero militar, prerrogativa jurídica que sustraía al miliciano de la jurisdicción ordinaria en causas civiles y criminales y lo colocaba bajo tribunales castrenses. En el mundo colonial, el fuero no era un tecnicismo: era la puerta legal por la que un pardo salía de la matriz de la desigualdad ordinaria para entrar en un régimen jurídico diferenciado, compartido con oficiales blancos.

Sobre este esquema, la guarnición de Cartagena quedó articulada, hacia fines del siglo XVIII, en varias piezas complementarias: un regimiento de infantería de blancos —el llamado Regimiento Fijo—, un batallón de infantería de pardos, y dos compañías de artillería, una de pardos y otra de morenos. La distinción terminológica no era ociosa: pardo designaba genéricamente a los libres de ascendencia africana con mezcla, y moreno a los de fenotipo más marcadamente africano; ambos vocablos operaban dentro del léxico burocrático de las castas y estructuraban la propia arquitectura interna del ejército. Cartagena era, además, la única ciudad de la región que guarnecía un ejército regular sustancial para reforzar su milicia; el peso institucional de lo militar en la vida urbana era, en consecuencia, desproporcionado.

La Corona tropezaba constantemente con el problema del regimiento blanco: no había suficientes hombres dispuestos. Las compañías de pardos y morenos, en cambio, se nutrían de una cantera abundante. Cada plaza en el batallón traía consigo, junto al fuero, un salario, una insignia, un lugar reconocido en los desfiles y en los actos públicos, y una relación directa —jerárquica, pero directa— con oficiales españoles y con el gobernador. Para un artesano libre de Getsemaní o de Santo Toribio, el ingreso a la milicia disciplinada era una forma concreta de existir ante el Estado colonial que sus abuelos esclavos no habían tenido.

La militarización costera contrastaba de manera aguda con el interior neogranadino, que carecía prácticamente de milicias disciplinadas. Popayán y Santa Fe de Bogotá no producían soldados afrodescendientes con fuero porque no producían soldados, y punto: sus élites resolvían la seguridad con recursos distintos y guardaban una relación tensa, cuando no abiertamente conflictiva, con la escasa presencia militar. En Cartagena y en los puertos venezolanos existía, en cambio, una armonía relativa entre el ejército y el cuerpo civil. Antes de 1800, los oficiales criollos superaban a los peninsulares en los rangos medios y bajos; los oficiales peninsulares desplegaban estrategias sistemáticas de alianza matrimonial con familias locales; los soldados eran admitidos en la vida patricia —tertulias, bailes, recepciones— y se integraban por matrimonio a los vecindarios. Esa cultura militar costera, hecha de trato cotidiano entre uniformes y notables, era el ambiente en el que las milicias de pardos aprendían a moverse.

Fuero, honor y las tensiones del uniforme pardo

Extender el fuero militar a los pardos significaba, en la práctica, autorizar a hombres formalmente ubicados en el escalón bajo de la jerarquía racial a portar en público los signos externos del honor: uniforme, sable, bastón, tratamiento debido al grado. El sistema colonial, mientras tanto, seguía exigiendo documentos de nacimiento legítimo y de pureza de sangre para acceder a la universidad y a los cargos públicos honoríficos, bloqueando formalmente el ascenso de mestizos y mulatos. La contradicción vivía en la calle.

El caso caraqueño de Sebastián de Miranda —padre del futuro precursor Francisco de Miranda— iluminó la lógica de estos choques en toda la América española. Comerciante canario elevado al mando de un nuevo batallón, Miranda fue objeto de una campaña de la oligarquía criolla que lo tachaba de mulato y le prohibió, desde el cabildo de Caracas, portar el uniforme y el bastón de su unidad, con amenaza de dos meses de cárcel si insistía. El gobernador y la Corona respaldaron su nombramiento contra el cabildo. La escena expone tres cosas útiles para leer Cartagena: que en las últimas décadas del siglo XVIII las tensiones sociales sobre el estatus racial se agudizaron al ritmo del crecimiento demográfico de mestizos y mulatos con aspiraciones; que los pleitos por honor —el tratamiento de don, el uso del uniforme, la asistencia a ceremonias— eran un frente jurídico activo, no un ornamento; y que los representantes directos de la Corona podían mostrarse más tolerantes que las oligarquías locales cuando se trataba de defender la eficacia militar frente al prurito de castas.

Lo que en Caracas se litigaba como escándalo, en Cartagena se metabolizaba como negociación cotidiana. La ciudad no tenía margen demográfico para prescindir de los pardos en la milicia, y la incorporación se resolvió estructuralmente a su favor; pero la tensión no desapareció, sino que descendió al plano del trato diario, del pleito puntual, del ascenso individual. Ahí es donde emerge la figura de Pedro Romero, el fundidor de Getsemaní. Pardo legalmente, Romero operaba su propia fundición a la entrada del arrabal, empleaba a su hermano, a sus hijos y a numerosos trabajadores, y sostenía su fortuna en contratos con el ejército español —piezas de artillería, herrajes, reparaciones—. Suficientemente rico e influyente, casó a varios de sus hijos con blancos acomodados y peticionó al rey para que uno de ellos pudiera estudiar filosofía y teología excusando su condición de mulato. Romero no impugnaba el sistema de castas: usaba las palancas que la propia Corona le tendía —contrato militar, servicio a la defensa, riqueza acumulada, escritos al soberano— para negociar excepciones individuales. Y sin embargo, esa práctica repetida por decenas de familias pardas fue formando, capa tras capa, una masa crítica de libres de color con recursos, redes, alfabetización jurídica y sentido de sí mismos como corporación.

Getsemaní: geografía material de la milicia parda

Las milicias de pardos y morenos de Cartagena tenían un territorio: el arrabal de Getsemaní, situado extramuros, funcionaba como el asentamiento tolerado de los descendientes libres de esclavos dedicados a los oficios artesanales y domésticos que sostenían materialmente a la plaza. Su estatus especial dentro del orden urbano se había consolidado precisamente por los servicios de milicia que sus habitantes prestaban a la Corona en tiempos de peligro. El vínculo era estructural: el barrio armaba a la ciudad, y la ciudad reconocía al barrio.

Los padrones de las últimas décadas coloniales dibujan la textura de esa vida. Los censos de artesanos de 1780 registran una amplia gama de oficios manuales y náuticos, y el registro gremial neogranadino añade fundidores, herreros, carpinteros y sastres. En el barrio contiguo de Nuestra Señora de la Merced, el padrón de 1777 documenta una sola casa con 41 personas conviviendo, entre blancos, mulatos, pardos y esclavos: la mezcla racial no era un discurso, era la vida doméstica. La parroquia de Getsemaní llevaba libros de bautismos separados —uno para pardos y morenos, otro para blancos—, y ese doble asiento parroquial coexistía con una convivencia urbana intensa: el barrio segregaba en el papel y mezclaba en la calle.

Sobre esa geografía se desplegó una densa red de milicianos, artesanos y comerciantes pardos. Algunos, como Romero, acumularon casas de dos pisos, esclavos propios y prestigio suficiente para dictar bodas y estudios eclesiásticos a sus hijos. Otros —la mayoría— servían en las compañías de pardos y morenos, aprendían el manejo de la artillería, cobraban su asignación y se reconocían mutuamente por el uniforme. Cuando los cronistas patrióticos hablen, años más tarde, del pueblo de Getsemaní como agente político, estarán nombrando a esta población concreta: fundidores, calafateros, artilleros pardos, lanceros, con oficios, con fuero y con vecindario.

El vocabulario de la igualdad llega al Caribe: conspiraciones y facciones (1795-1810)

Ese vecindario armado y disciplinado había acumulado durante cuarenta años una capacidad institucional sin lenguaje propio para nombrarse en términos políticos. El lenguaje llegó de fuera, por vía marítima, en la última década del siglo. La revolución francesa, la haitiana y la circulación de textos, rumores y agentes por el Caribe introdujeron un vocabulario que resignificó lo que ya existía en los cuarteles del arrabal. En 1797, las Ordenanzas de la Conspiración de Gual y España, tramada en la provincia de Venezuela, proclamaron la igualdad natural entre blancos, indios, pardos y morenos, y afirmaron que las únicas distinciones reales entre los hombres serían el mérito y la virtud. Esa frase, formulada por conspiradores criollos y pardos en La Guaira, condensó un léxico que en la década siguiente circularía por Cartagena, Mompox y Santa Marta. La región de Cartagena y el valle del río Magdalena hasta Honda —donde la población de ascendencia africana era mayoría demográfica— se convirtió en el escenario privilegiado de esa política afrocaribeña, permeable como pocas a las noticias, los impresos y las expectativas que atravesaban el mar.

A la altura de 1808-1810, cuando la crisis de la monarquía tras la invasión napoleónica desencadenó el proceso juntista americano, las élites criollas cartageneras estaban fracturadas. Los toledistas, encabezados por José María García de Toledo —cuarenta años, cargos prestigiosos, familia adinerada y prominente—, representaban una posición aristocrática, empeñada en mantener la política dentro de canales institucionales ordenados y recelosa de que las multitudes se convirtieran en actores legítimos. Los piñeristas, liderados por Gabriel Gutiérrez de Piñeres, de una generación posterior y familia igualmente rica, encarnaban la posición demagógica, dispuesta a movilizar sectores populares y a predicar, según sus adversarios, la igualdad a negros y mulatos, con vocación de eliminar en la práctica las jerarquías sociales. José Manuel Restrepo, García de Toledo y otros criollos coincidieron después en pintar a Piñeres como un peligroso demagogo por esa razón exacta.

Esa fractura intraélite fue tan importante como la propia acumulación de fuerzas pardas. Sin ella, la capacidad política forjada en los cuarteles habría seguido siendo latente. Con ella, los pardos se volvieron pieza indispensable de un juego que las dos facciones criollas necesitaban ganar. La lucidez del cálculo aparece incluso en el bando realista: años más tarde, ya en pleno enfrentamiento, el comandante militar español Vicente Talledo consideraría que recuperar el apoyo del líder pardo Muñoz era vital para la causa del rey, dada su influencia sobre mulatos y zambos. Los pardos eran, para todos los actores, un centro de gravedad.

14 de junio de 1810: Getsemaní armado

El primer estallido ocurrió el 14 de junio de 1810. Ese día, hombres de los barrios de Getsemaní, Santo Toribio y Santa Catalina, armados con machetes y respaldados por una gran muchedumbre, se movilizaron en torno al cabildo de Cartagena mientras éste deliberaba sobre la situación del gobernador Francisco de Montes. La presión del pueblo armado —parte del cuerpo civil patricio y parte, decisiva, de vecindarios pardos— contribuyó a que el cabildo lo depusiera.

Los cerebros de la conspiración eran criollos: José María García de Toledo y Miguel Díaz Granados. Pero la fuerza en la plaza era otra. Pedro Romero, convencido del plan de García de Toledo, movilizó al barrio de Getsemaní en su apoyo y organizó la unidad que quedaría con nombre propio en el vocabulario cartagenero: los Lanceros Patriotas de Getsemaní. La imagen es clave. El fundidor pardo con contratos militares, el mismo que había peticionado al rey por su hijo, era ahora la bisagra entre un plan criollo y una fuerza barrial armada. Los Lanceros no eran una masa espontánea: eran vecinos con oficios reconocidos, entrenamiento previo en las compañías de pardos y morenos, y una lógica corporativa de reconocimiento mutuo que la milicia borbónica había estado incubando durante cuarenta años.

Seis meses después, las instrucciones electorales de diciembre de 1810 para la Suprema Junta de la provincia de Cartagena convocaron a elecciones incluyendo a feligreses de todas las razas, otorgando derechos de ciudadanía a personas de ascendencia africana sin esperar la legislación de las Cortes de Cádiz. Fue una decisión que, tomada desde arriba por una élite criolla en fase juntista, respondía a la realidad de abajo: una ciudad donde los pardos armados acababan de mostrar que podían decidir el curso de una jornada política.

4 de febrero de 1811 y 11 de noviembre: la Junta se sostiene sobre los pardos

El pulso decisivo llegó en dos momentos de 1811. El 4 de febrero, compañías del Regimiento Fijo —la infantería regular blanca de la guarnición— se alzaron contra la Junta. La reacción fue instantánea. Las milicias patrióticas convocadas para sostenerla se componían de cinco compañías de voluntarios blancos y cinco compañías de pardos, apoyadas por habitantes armados con machetes, lanzas, trabucos y escopetas. Mitad blancos, mitad pardos, más el pueblo de la calle: esa fuerza mixta se movilizó y contuvo la rebelión del Regimiento Fijo. Sin el batallón de pardos, sin las compañías de artillería de pardos y morenos, sin la disponibilidad instantánea de vecinos armados de Getsemaní y de los otros arrabales, la Junta se habría caído esa tarde.

El 11 de noviembre siguiente, la lógica popular se hizo declaración institucional. Los comisionados del pueblo —el doctor Ignacio Muñoz y el presbítero Omañas— subieron desde la plaza al salón de sesiones para presentar exigencias: independencia absoluta, división de poderes, supresión de la Inquisición y entrega de los cargos militares y comerciales a los americanos. Esa jornada consumó la ruptura con España. Cartagena declaraba su independencia absoluta bajo la presión organizada del pueblo armado, entre cuyas filas la fuerza parda era decisiva.

Ciudadanía racial: la Constitución de 1812 y sus alcances

El 14 de junio de 1812 —dos años exactos después de la deposición del gobernador Montes—, la Constitución Política del Estado de Cartagena de Indias consagró en su título 1, artículo 8, un principio nuevo: nadie podría ser castigado ni premiado en consideración a su clase o condición, y ningún hombre tendría título para obtener ventajas o privilegios salvo por sus virtudes, talentos y servicios al público. La frase venía de lejos —de las Ordenanzas de Gual y España, del vocabulario ilustrado atlántico— pero aterrizaba en Cartagena sobre un sustrato material concreto: un barrio de pardos armados que había puesto y depuesto gobernadores, sostenido juntas y forzado independencias.

Entre 1811 y 1816, seis de las nueve provincias-estados de la Nueva Granada constituyeron cuerpos electorales integrados por hombres de todos los colores con independencia económica, un rasgo que las distinguió de México, Perú, Bolivia, Argentina y Chile durante sus primeros años republicanos. Cartagena fue el laboratorio central de esa apertura. Los principios se prolongarían después en la Constitución de la República de Colombia del 30 de agosto de 1821, siempre con las restricciones habituales de edad, condición de varón y libertad —es decir, sin abolir la esclavitud como institución—.

Ese último punto marca el contorno de lo alcanzado. El Estado de Cartagena no promulgó una ley de vientre libre, a diferencia de Antioquia, Chile y el Río de la Plata, ni replicó la abolición total decretada por Hidalgo y Morelos en México. La escuela política afrocaribeña de las milicias produjo, sobre todo, igualdad legal para los hombres libres de ascendencia africana; en materia de abolición de la esclavitud, su desempeño fue mucho más pobre. La distinción es histórica, no censura moral: los pardos y morenos de los cuarteles eran, precisamente, libres, y su lucha por la ciudadanía se libró en el plano en que ellos mismos habían acumulado poder.

Causas y contornos: por qué Cartagena y no otro lugar

La pregunta de fondo —por qué Cartagena y no Santa Fe o Popayán— tiene respuesta estructural antes que biográfica. La militarización diferencial del Caribe neogranadino, impuesta por la geopolítica imperial contra las amenazas europeas, la piratería y el contrabando, obligó a la Corona a armar a los pardos por necesidad demográfica. Ese hecho, y no la voluntad de ningún actor, creó las condiciones para que el peso demográfico afrocaribeño se tradujera en capacidad política. En el interior granadino, sin milicias disciplinadas, no había institución equivalente que produjera un liderazgo pardo con fuero, salario y disciplina; en Popayán y Santa Fe, las tensiones entre ejército y sociedad civil eran, además, claras, y la vida cotidiana no estaba impregnada por la cultura militar que en Cartagena y Venezuela hacía de los soldados figuras integradas al patriciado urbano.

A esa causa estructural se sumó una coyuntural: la fractura entre toledistas y piñeristas. Sin ella, la capacidad organizada de los pardos habría seguido sirviendo al orden colonial, como lo hizo durante décadas. Con ella, cada facción criolla necesitó movilizar sectores populares para imponerse a la rival, y esa necesidad fue el paso por el cual los pardos entraron al centro del juego político. El plan de García de Toledo en junio de 1810 se apoyó en Pedro Romero; los piñeristas construyeron su base en la retórica de igualdad racial. La ciudadanía igualitaria de 1810-1812 fue, en buena medida, el precio que las facciones criollas pagaron por la lealtad de la calle armada.

Hay una tercera dimensión, más honda: cómo los pardos capitalizaban estatus dentro del propio sistema colonial. Pedro Romero no es una excepción, es un tipo. Detrás suyo hay artesanos pardos con casas de dos pisos y esclavos propios, contratistas del ejército, oficiales de compañías que sabían leer y firmar, familias mezcladas por matrimonio con blancos acomodados, hijos peticionando permiso real para estudiar filosofía. Esa negociación cotidiana de posiciones no impugnaba el sistema; lo iba erosionando desde dentro. Cuando la crisis imperial abrió una grieta, ese estrato ya existía y estaba listo para operar como cuadro dirigente.

Consecuencias de corto plazo: la primera república cartagenera

En el corto plazo, las milicias pardas se tradujeron en la sostenibilidad militar del proyecto juntista y en la fisonomía racial de la primera república cartagenera. La represión toledista contra el movimiento de Mompós, dirigida por Antonio José de Ayos, obligó a huir a Vicente Celedonio de Piñeres y otros dirigentes momposinos, sembrando entre ellos un rencor duradero hacia el grupo toledista. Los conflictos entre facciones criollas prosiguieron durante toda la primera república, con los pardos como fuerza decisiva pero disputada. Aun en 1819, ya en la fase final de la guerra, las autoridades españolas descubrieron en Mompox una conspiración patriota que involucraba a miembros de la élite criolla y artesanos zambos: la alianza entre criollos y milicianos de color, forjada en los cuarteles borbónicos, sobrevivió al Régimen del Terror y sostuvo la reconquista patriota.

Ese hilo se extendió a la Convención Constituyente de 1832 que erigió el Estado de la Nueva Granada. Mauricio José Romero, hijo pardo de Pedro Romero, fue vicepresidente de la Convención y segundo firmante de su Constitución, tras el obispo de Santa Marta José María Estévez. Un hijo pardo del fundidor de Getsemaní firmando la Constitución de la República en el segundo lugar: la biografía sella el arco.

Legados en tensión

En el largo plazo, la escuela política de las milicias tuvo dos legados en tensión. El primero, positivo: sentó las bases jurídicas de una ciudadanía racialmente igualitaria en la Nueva Granada caribeña, sin equivalente contemporáneo en la mayoría de los países hispanoamericanos, y produjo una tradición local de negociación política entre élites criollas y liderazgos afrodescendientes que reaparecerá en las guerras patriotas y en la temprana república. El segundo, más ambiguo: la narrativa patriótica criolla posterior despolitizó sistemáticamente la participación de los pardos en la independencia, reescribiendo sus acciones como ataques al orden y a la ley, presentando su patriotismo como pretexto que ocultaba intenciones sediciosas y deslegitimando a los piñeristas con la etiqueta de demagogos, mientras su noción de soberanía popular extralegal era construida, en la historia oficial, como caos y anarquía. José Manuel Restrepo, en su historia canónica, fijó buena parte de esa lectura.

La consecuencia es que la memoria republicana borró parcialmente el papel de las milicias pardas como escuela política, y trasladó al plano del pueblo genérico —o del episodio pintoresco de los machetes de Getsemaní— lo que había sido cuarenta años de institucionalización afrocaribeña de la vida militar y civil. Recuperar ese hilo devuelve espesor a un proceso que sin él es incomprensible: la temprana ciudadanía racial de la Nueva Granada caribeña no fue una concesión ilustrada de las élites, sino el resultado de una negociación asimétrica entre criollos fracturados y un liderazgo pardo con recursos propios acumulados en los cuarteles borbónicos. Los pardos cartageneros no fueron masa pasiva ni destinatarios agradecidos: fueron un sujeto político con institución propia —la milicia borbónica—, territorio propio —Getsemaní—, liderazgos reconocidos —Pedro Romero, y tras él otros como José Padilla en los años que siguieron— y vocabulario propio, tomado del léxico revolucionario atlántico y traducido a las necesidades de un barrio que sabía armarse.

El arco advierte, sin embargo, contra la lectura triunfalista. La escuela política de las milicias produjo ciudadanía legal, no abolición; produjo liderazgos individuales integrables al orden republicano —los Romero firmando constituciones— más que un proyecto autónomo de emancipación colectiva. Una institución diseñada para racializar y controlar terminó suministrando herramientas de subjetivación política a quienes debía someter, y con ellas los pardos de Cartagena entraron por la puerta del uniforme al siglo XIX colombiano.