José María García de Toledo

El patricio

García de Toledo pertenecía a una de las familias criollas más prestigiosas y acaudaladas de la provincia de Cartagena. En una sociedad colonial donde, tanto o más que la riqueza individual, el parentesco delimitaba el privilegio, ese origen bastaba para instalarlo en el círculo estrecho desde el que se administraba la ciudad amurallada. Los linajes cartageneros formaban una red densa de matrimonios, herencias y padrinazgos que transmitía cargos, prebendas y crédito social; García de Toledo se movió toda su vida dentro de ese tejido.

Al momento de los acontecimientos independentistas tenía cuarenta años, dato que importa porque lo separaba generacionalmente de sus rivales más agudos, los hermanos Piñeres, considerablemente más jóvenes. Era hombre educado, formado en las letras y familiarizado con las nuevas ideas políticas y filosóficas que circulaban por el Atlántico. El "Dr." con que se le nombra sistemáticamente en los documentos de la época es consistente con una formación universitaria formal —posiblemente en derecho, siguiendo el patrón habitual entre los hijos de las familias acomodadas del puerto, educados para la iglesia o la abogacía antes que para el comercio paterno.

Había ocupado posiciones de prestigio antes de 1810. Su ascenso encajaba en el mecanismo que gobernaba el acceso a los cargos en los cabildos hispanoamericanos: las redes familiares operaban como el vehículo principal para llegar a la burocracia local, y esa vía había estado abierta para hombres de su condición. Cuando llegó la hora de las juntas, García de Toledo no era un advenedizo político sino un notable con biografía institucional detrás.

Ese perfil —criollo rico, letrado, generacionalmente mayor, con capital burocrático acumulado— lo distinguía nítidamente del piñerismo pese a que compartiera con Gabriel Gutiérrez de Piñeres el mismo origen social. Ambos venían de familias criollas de igual estatus; la diferencia no era de clase sino de generación y de apuesta política. Los Piñeres, más jóvenes, quisieron ampliar la base del poder incorporando a los pardos. García de Toledo, desde una posición institucional consolidada, prefirió el orden jerárquico que ya le era favorable.

El jefe toledista

La independencia cartagenera se hizo desde el principio en dos partidos, y García de Toledo fue el jefe reconocido de uno de ellos. Los patriotas de la ciudad se dividieron entre los "piñeristas", a quienes sus adversarios llamaban "demagogos", y los "toledistas" o "aristócratas". Gabriel Gutiérrez de Piñeres lideraba a los primeros; García de Toledo, a los segundos. Bajo esas etiquetas se disputó, entre 1810 y 1815, el sentido político de la República.

La fractura no fue primariamente ideológica en el sentido doctrinario: unos y otros conocían a los pensadores modernos, unos y otros invocaban la soberanía popular, unos y otros habían leído a los enciclopedistas. La ruptura pasaba por otra frontera, más incómoda: la actitud hacia la participación política de las clases populares y, específicamente, de los pardos —negros y mulatos libres— que constituían la mayoría demográfica de Cartagena y Getsemaní.

La retórica piñerista enfatizaba la igualdad de todos los hombres y defendía abiertamente la participación política de los pardos. Sus contemporáneos, incluidos los testigos realistas, percibieron ese discurso como un "igualitarismo frenético" inspirado en la Revolución Francesa. Lo que García de Toledo y los suyos no perdonaron a Gabriel Piñeres —y así lo dejaron por escrito— fue precisamente su apoyo a la igualdad real de los afrocartageneros y su voluntad de eliminar las jerarquías sociales. Poderosos comerciantes, altos funcionarios y, más tarde, el historiador antioqueño José Manuel Restrepo coincidieron en calificarlo de "peligroso demagogo que predicaba la igualdad a negros y mulatos". Ese consenso élite, que atravesaba fronteras regionales y llegaba hasta la primera historiografía republicana, revela la magnitud del temor que la movilización parda inspiraba en los patricios del interior y del litoral.

García de Toledo articuló ese temor en clave política. No se trataba, para él, de negar la independencia ni de defender la corona: se trataba de hacer una república sin plebe armada, sin igualdad racial, sin desborde. La República que él imaginaba prolongaba la sociedad colonial descabezada: los mismos apellidos gobernando, los mismos pardos obedeciendo, pero ahora en nombre del pueblo cartagenero y no del rey. Ese proyecto no era una imposibilidad lógica —muchos criollos hispanoamericanos lo compartieron—, pero en Cartagena tropezaba con una demografía y una historia difíciles de contener: los pardos ya estaban armados, organizados en milicias, y sus líderes habían leído los mismos periódicos que los patricios.

De la Junta al Acta del 11 de noviembre

Cuando en 1810 se desencadenó la crisis de la monarquía española y las ciudades neogranadinas empezaron a formar juntas, Cartagena siguió el camino trazado por Caracas y Santa Fe. La Junta Suprema de la ciudad se constituyó sobre la base del cabildo —considerado el único cuerpo que representaba al pueblo— ampliado con seis diputados electos por los habitantes de la ciudad y cinco por los cabildos subalternos. En diciembre de ese año, para formar la Junta Provincial, se invitó a participar a todos los vecinos libres, incluyendo mestizos y castas, con la exclusión explícita de los esclavos y de quienes no supieran leer o escribir —salvo que estos últimos tuvieran casa poblada o fueran padres de familia con ingreso independiente y sin servidumbre asalariada. Fue una apertura considerable para los estándares de la época: seis de las nueve provincias-estados de la Nueva Granada, entre 1811 y 1816, terminarían constituyendo un cuerpo electoral integrado por hombres libres de todos los colores con independencia económica, en un contraste marcado con lo que ocurrió simultáneamente en México, Perú, Bolivia, Argentina o Chile.

Ese fue el terreno en el que García de Toledo se convirtió en figura central. Uno de los principales promotores del movimiento independentista, lideró desde las instituciones a la facción moderada. Su plataforma pública incluyó la prensa: participó junto con José Fernández Madrid en la publicación de El Argos Americano, periódico desde el cual se defendían las ideas federalistas y se atacaban las tesis centralistas que Antonio Nariño formulaba desde La Bagatela en Santa Fe. La federación —una república plural de provincias con amplia autonomía— fue el marco constitucional preferido por los toledistas, coherente con la vocación autonomista de un puerto que llevaba dos siglos gobernándose de facto por su propia élite comercial.

El pulso interno con los piñeristas se intensificó a lo largo de 1811 y estalló en noviembre. El 11 de ese mes, en una sesión tempestuosa del cabildo, la facción radical forzó el paso decisivo. Los piñeristas presionaron a los demás miembros de la Junta reforzados por la irrupción en la sala del doctor Ignacio Muñoz y el presbítero Omaña, quienes se presentaron como "comisionados del pueblo" y expusieron exigencias entre las que figuraban la inmediata declaración de independencia absoluta y la división del gobierno en tres poderes. En ese ambiente cargado, García de Toledo firmó el Acta que declaró a la provincia de Cartagena de Indias "Estado libre, soberano e independiente", absuelto de toda sumisión a la corona y gobierno de España, desconociendo a Fernando VII y a la Regencia.

Cartagena se convirtió así en la primera provincia granadina en declarar su independencia absoluta —un mes largo antes de que otras siguieran su ejemplo. El documento se conserva hoy en el Museo Nacional en Bogotá. Que la firma de García de Toledo estuviera arrancada bajo presión, o que reflejara una convicción anterior a la que solo faltaba tiempo, es una discusión que la propia lógica de los hechos matiza: para noviembre de 1811 el toledismo tenía todavía capacidad de resistir, y sin embargo el patricio firmó. La independencia absoluta no era la independencia que él prefería —él hubiera preferido una transición más ordenada, jerárquica y controlada por los suyos—, pero era la única que estaba sobre la mesa, y García de Toledo aceptó la partida.

Días después, en su Defensa de su conducta pública y privada contra las calumnias de los autores de la conmoción del 11 y 12 del presente mes, se dispuso a defender su papel frente a las acusaciones que ya empezaban a cruzarse entre las facciones. El texto es una pieza reveladora de su estrategia: reivindicar el orden institucional, denunciar la coacción popular, apropiarse del gesto independentista sin ceder a la interpretación piñerista.

Gobierno, guerra y represión: Mompox

Firmada la independencia, la Primera República de Cartagena entró en un período atravesado por dos frentes: la construcción constitucional del nuevo Estado y las guerras internas que la facción toledista consideró necesarias para consolidarlo. En ese trámite García de Toledo alcanzó el punto más alto de su influencia y, simultáneamente, cometió el error político que lo perseguiría hasta el patíbulo.

Mompox, la vieja villa fluvial del Magdalena, se había pronunciado por la independencia absoluta incluso antes que la propia Cartagena, y funcionaba como un foco político disidente dentro del territorio provincial. La ciudad tenía dinastías políticas propias, ambiciones autonomistas fuertes y vínculos estrechos con la facción piñerista: los hermanos Gutiérrez de Piñeres —Gabriel, Germán, Vicente Celedonio— tenían raíces momposinas y encontraban allí una base natural. Para el gobierno cartagenero bajo hegemonía toledista, la rebelión momposina no era solo un problema administrativo: era una cabeza de puente política del enemigo interno.

La respuesta fue militar. Se organizó una expedición contra Mompox al mando del doctor Antonio José de Ayos —figura estrechamente vinculada al toledismo—, con el propósito de sofocar la rebelión. Tras combates, Ayos tomó la villa e inició una fuerte represión contra los cabecillas del movimiento. Vicente Celedonio de Piñeres, hermano de Gabriel y de Germán, se contó entre los ciudadanos prestantes que debieron huir; otros momposinos fueron reducidos a prisión y trasladados a Cartagena. La sangre derramada, las severas medidas y las expulsiones sembraron en Mompox un hondo rencor hacia el grupo toledista y un deseo explícito de venganza.

La operación tuvo éxito táctico y desastre político. Sirvió para imponer momentáneamente la autoridad cartagenera sobre el Magdalena medio, pero convirtió a una parte significativa de la élite momposina en enemigos irreconciliables de García de Toledo. Más aún: incluso dentro de Cartagena, algunos vecinos blancos que no compartían las orientaciones toledistas consideraron la represión excesiva. El gobierno empezó a acumular la clase de resentimientos que las repúblicas frágiles no perdonan.

En enero de 1812, la correspondencia de García de Toledo con Manuel del Castillo y Rada —futuro compañero suyo en el patíbulo— muestra que su actividad política se extendía más allá del despacho de la Junta: coordinaba, tejía alianzas, buscaba respaldos en un tablero que se le estaba complicando. Del Castillo era militar de carrera, temperamento riguroso, hombre de orden como él; en la constelación toledista funcionaba como el brazo armado natural del proyecto patricio.

La cuestión racial: el nudo del problema

Todo lo que se ha dicho de García de Toledo desemboca en un asunto que él mismo dejó por escrito y que sus adversarios le reprocharon: su rechazo a la participación política igualitaria de negros y mulatos. Los escritos y alegatos que se conservan coinciden en un punto: García de Toledo compartía con el resto de la élite cartagenera el temor a un desorden social que, para él, tomaba la forma concreta del pardo armado y elector.

Ese temor no era irracional en el sentido de su cálculo interno. Cartagena era una ciudad mayoritariamente parda; sus milicias, su artesanado, su servicio doméstico, su fuerza portuaria eran de gente de color. Si el peso electoral y político de esa población se traducía en representación proporcional, la República dejaría de ser gobernada por los García de Toledo. La lógica era clara y el patricio la asumió: contener, no incluir.

Pero la historia lo desmintió incluso en el corto plazo. La independencia de Cartagena creó dinámicas que su facción no controló. El testigo realista Fernández de Santos, escribiendo tras la caída de la ciudad, señalaba que tras un año de independencia habría sido extremadamente difícil reconvertir a los cartageneros al bando realista porque estaban "encantados con promesas de felicidad y un igualitarismo frenético". La retórica que García de Toledo había querido neutralizar se había vuelto sentido común popular. Más tarde, cuando la República se reorganizó tras la Independencia definitiva, hombres como Mauricio José Romero —pardo, hijo de un mulato cubano avecindado en Cartagena— llegarían a ocupar posiciones de la mayor visibilidad institucional: Romero sería vicepresidente de la Convención Constituyente que erigió el Estado de la Nueva Granada en 1832. La transformación fue gradual, pero fue real, y siguió una dirección exactamente contraria a la que el toledismo había intentado imponer.

La posición racial de García de Toledo no fue solo moralmente insostenible desde la vara de hoy —cuestión anacrónica de juzgar en abstracto— sino políticamente perdedora en su propio siglo. Su proyecto pretendía cerrar puertas que ya estaban abiertas. Cuando llegó Morillo, encontró una Cartagena internamente rota por conflictos que en buena medida procedían de esa incapacidad toledista para procesar la movilización popular por vías distintas a la represión y la exclusión.

El sitio, la caída, el cadalso

En febrero de 1815, Fernando VII envió a la Nueva Granada al general Pablo Morillo al mando del ejército expedicionario más grande que España enviara jamás a América. La flota, retrasada desde diciembre del año anterior por una tormenta que dañó varios barcos, zarpó el 17 de febrero y llegó al Caribe en abril. El objetivo era la reconquista de Venezuela y la Nueva Granada. Cartagena, como llave estratégica del continente, sería la primera gran plaza a someter.

El asedio duró alrededor de ciento dos días. Cartagena resistió, pero resistió herida. Antes de la llegada de Morillo, la ciudad ya había sido sitiada dos veces desde adentro: primero por Manuel del Castillo y Rada, después por Simón Bolívar, en el contexto de los enfrentamientos entre centralistas y federalistas y de las disputas por el mando militar de la propia región. A esos sitios previos se sumaban los encarcelamientos y expulsiones fruto de las feroces luchas facciosas entre toledistas y piñeristas. Cuando llegó el sitio realista, la República estaba exhausta antes de empezar.

Los testimonios de la caída son terribles. Lino de Pombo, testigo presencial, describió al entrar las tropas españolas un panorama de cadáveres, ruina y miseria. Se calcula que Cartagena perdió al menos la tercera parte de su población durante el asedio, principalmente por hambre y epidemias. Los propios españoles sufrieron 3.125 muertos y otros 3.000 soldados enfermos. La ciudad cayó el 6 de diciembre de 1815.

Tomada la ciudad, empezó la maquinaria represiva. Morillo instaló en los territorios reconquistados —Cartagena primero, Santa Fe después— el Consejo de Purificación, la Junta de Secuestros y los consejos de guerra para procesar a los patriotas. La Junta de Secuestros confiscaba bienes y propiedades de los insurgentes; sus ingresos financiaban, en parte, el propio esfuerzo bélico realista. Era una economía de guerra que hacía de los patriotas capturados una fuente material —además de simbólica— para su verdugo.

El cabildo de Cartagena, preocupado por la suerte de los prisioneros, presentó una solicitud al capitán general del Nuevo Reino, Francisco de Montalvo. La gestión no impidió los juicios ni las ejecuciones. En febrero de 1816, un grupo de líderes patriotas cartageneros fue fusilado; la tradición historiográfica los identifica como los nueve mártires de Cartagena. Entre ellos, García de Toledo, Manuel del Castillo y Rada —su antiguo corresponsal—, Antonio José de Ayos —el ejecutor de la campaña de Mompox—, Martín Amador, Pantaleón Germán Ribón, José María Portocarrero, Santiago Stuart, Manuel Anguiano y Miguel Díaz Granados. Los toledistas y quienes se habían enfrentado a ellos por el flanco moderado del bando patriota fueron ejecutados juntos.

Aquel fusilamiento, sumado a los que Morillo ordenaría meses después en Santa Fe —Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, entre otros—, decapitó a la primera generación política de la Nueva Granada. Fue una operación deliberada de exterminio de la élite ilustrada insurgente. Y fue, también, un error estratégico monumental: las noticias de las ejecuciones, particularmente la de hombres como Caldas, se difundieron rápidamente a ambos lados del Atlántico y generaron apoyo monetario y logístico externo para la causa independentista. Las tácticas represivas de Morillo, lejos de pacificar, empujaron a parte de la población hacia las guerrillas y transformaron simpatías realistas previas en animadversión.

García de Toledo murió a los cuarenta y seis o cuarenta y siete años. La Cartagena que había querido gobernar como república patricia ya no existía; la que iba a existir después no sería la suya.

La red

Su biografía se ilumina cuando se la mira como el nudo de una red. En el bando toledista, sus aliados fueron los notables del comercio, la burocracia y la milicia formal: Manuel del Castillo y Rada, jefe militar de la facción moderada, con quien mantenía correspondencia estratégica; Antonio José de Ayos, ejecutor de la política represiva contra Mompox; José Fernández Madrid, con quien compartía El Argos Americano y la trinchera federalista contra Nariño. Antonio de Narváez y la Torre y José María del Castillo y Rada gravitaron en órbitas cercanas, en las tensiones entre las provincias y el proyecto centralista.

Sus antagonistas internos fueron Gabriel Gutiérrez de Piñeres y su hermano Germán, cabezas del piñerismo, con Vicente Celedonio orbitando la escena momposina. La diferencia entre unos y otros —conviene insistir— no era de origen social ni de cultura letrada: eran las mismas familias criollas, los mismos libros, las mismas escuelas. Era una diferencia generacional y táctica sobre qué hacer con el pardo.

Sus antagonistas externos formaron una escala ascendente: Antonio Villavicencio, comisionado regio cuyo paso por Cartagena en 1810 aceleró los acontecimientos; Antonio Nariño, contradictor centralista desde Santa Fe; Simón Bolívar, cuya presencia militar en la costa entre 1812 y 1815 introdujo la lógica venezolana en un conflicto cartagenero ya bastante enredado; Pablo Morillo, verdugo institucional. Los lugares de esa red también pueden nombrarse: el barrio de San Diego, donde vivía la élite; Turbaco, refugio y estación de caminos; Getsemaní, el arrabal pardo que sería el fantasma político del toledismo; la Plaza de la Inquisición, corazón institucional; Mompox, foco disidente y campo de batalla; Santa Fe de Bogotá, capital rival donde se dirimiría después la suerte de la Nueva Granada.

La huella

Del García de Toledo político sobrevivieron sus escritos —el Alegato recogido por Arrázola, la Defensa de 1811 en la compilación de Corrales, la correspondencia dispersa entre el Archivo General de Indias, el Archivo Histórico Nacional de Colombia y las publicaciones documentales del siglo XIX. Sobre esa base los historiadores modernos han reconstruido su pensamiento. El trabajo de Alfonso Múnera lo ha situado como pieza clave para leer el pensamiento político de la élite cartagenera y ha mostrado cómo compartía con otros dirigentes el rechazo a quienes predicaban la igualdad social de negros y mulatos. La biografía tradicional se apoya en Jiménez y sus Linajes cartageneros. La memoria patriótica lo instaló entre los nueve mártires y le dio la aureola que su vida política tal vez no habría podido sostener por sí sola.

Esa doble condición —protagonista real de la Independencia cartagenera y símbolo póstumo depurado por el sacrificio— explica la ambigüedad de su lugar en la historia colombiana. La tradición patriótica del siglo XIX y buena parte del XX lo celebró sin matices: fundador, mártir, prócer. La historiografía más reciente, atenta a la cuestión racial y a la dimensión popular de la Independencia, lo ha devuelto a su tamaño real: dirigente de una facción específica dentro del bando patriota, defensor consciente de un orden jerárquico que la propia dinámica revolucionaria terminó socavando, corresponsable de las divisiones internas que dejaron a Cartagena exhausta ante Morillo.

Ninguna de las dos imágenes es completa por separado. García de Toledo fue lo que sus documentos dicen que fue: un patricio ilustrado que quiso hacer una independencia sin sublevación social, que combatió a sus rivales criollos con la misma dureza con que combatía al piñerismo popular, que gobernó reprimiendo, que firmó un acta que en el fondo no le convenía y que murió por causa de esa misma acta. Su vida ilustra que la Independencia neogranadina no fue un bloque uniforme de patriotas contra realistas, sino un tejido de facciones que se disputaban qué debía ser la nación que estaban fundando. Y su muerte, cruel y desproporcionada como todas las de aquel febrero cartagenero de 1816, terminó igualándolo con adversarios propios en el mismo paredón: Ayos, del Castillo y los demás cayeron el mismo día que él, bajo las mismas balas, por decisión del mismo hombre.

Queda, doscientos años después, la figura del patricio que quiso conducir una revolución sin dejar que dejara de ser suya. No lo consiguió en vida; la conmemoración se lo devolvió, ya sin filo, en la muerte. Entender esa distancia —entre el político derrotado y el mártir consagrado— es una de las claves para entender cómo se cuenta la Independencia en Colombia, y qué se pierde cuando se cuenta sin sombras.