Antonio de Narváez y la Torre

La semblanza: un criollo entre la Corona y la costa

Narváez y la Torre —a veces transcrito, con la inconsistencia típica de las fuentes coloniales, como Narváez y Latorre— pertenece a esa generación de funcionarios criollos de fines del siglo XVIII que sirvieron a la Corona desde cargos regionales mientras redactaban informes, memoriales y diagnósticos económicos que anticipaban una agenda distinta a la de la metrópoli. Tres registros lo definen y rara vez se comunican: gobernador colonial en el Caribe neogranadino; autor de escritos económicos ilustrados —publicados en Bogotá en 1965, en segunda edición, junto a José Ignacio de Pombo, bajo el título Escritos de dos economistas coloniales—; y delegado del Reino de Nueva Granada ante España en la crisis de 1809.

No son etapas sucesivas de una biografía que hoy podamos reconstruir con detalle: son tres puertas de entrada a una figura de la que el archivo entrega mucho menos de lo que se quisiera sobre su vida privada, su formación y su cronología precisa de cargos. Lo que sí entrega, con nitidez suficiente, es una trayectoria pública e intelectual: la de un funcionario criollo que intentó articular, desde Santa Marta y luego desde escritorios más ambiciosos, un programa económico para una región marginal del imperio, y que quedó atrapado entre las contradicciones del propio reformismo borbónico.

Su nombre reaparece en varios pasajes asociado siempre a los mismos ejes: el proyecto de plantación, la escasez de respaldo metropolitano, la comparación implícita con Cuba y las limitaciones de la élite blanca del Caribe neogranadino. Aparece citado desde ángulos que no dialogan entre sí: la historia social lo trae para explicar la ausencia de una ideología racial articulada; las compilaciones de pensamiento económico colonial lo emparejan con Pombo; los manuales de historia política registran su misión diplomática de 1809. La ficha que sigue intenta poner esos ángulos en conversación sin forzar una síntesis que el archivo no autoriza.

Los orígenes de una figura funcionaria: el escenario borbónico

El contexto en que Narváez se hizo funcionario es más nítido que su propia biografía. Desde el reinado de Carlos III (1759-1788), la Corona española impulsó una política de liberalización del comercio con las colonias americanas que culminó, entre otras medidas, en el Reglamento de Comercio Libre de 1778. El propósito declarado era atenuar las prácticas restrictivas y monopolísticas del sistema de flotas y ampliar la circulación mercantil entre puertos peninsulares y americanos. Una literatura económica metropolitana —Gerónimo de Uztáriz, José del Campillo, Bernardo Ward— venía respaldando esa dirección desde comienzos del siglo XVIII, apoyada en la idea de que la prosperidad imperial pasaba por dinamizar la producción americana y no solo por extraer metales.

La otra cara del reformismo borbónico fue fiscal. En la Nueva Granada, la carga tributaria pasó de alrededor del 2,9 % del producto antes de las reformas a cerca del 10 % hacia el final del período colonial. Los estancos de tabaco y aguardiente llegaron a representar el 32 % de los ingresos de la Corona en el virreinato durante la última década colonial; el impuesto a la minería, en cambio, se redujo del quinto al 3 % con el propósito declarado de fomentar la extracción. La contradicción es evidente: mientras se aliviaba a la minería, se exprimía al campesinado del tabaco al punto de precipitar en 1781 el movimiento comunero, que estuvo cerca de tomarse Santafé. La respuesta oficial —capitulaciones firmadas y luego incumplidas, cabecillas ejecutados, presencia militar reforzada— dejó en el virreinato una memoria de agravio que aún resonaba cuando Narváez comenzó a redactar sus informes económicos desde Santa Marta.

Sobre este suelo agrietado se construye la trayectoria de Narváez. Los virreyes de Nueva Granada llevaban desde la década de 1760 mirando hacia las provincias costeras con una mezcla de esperanza y frustración. En 1772, el virrey Pedro Mesía de la Zerda y su asesor Francisco Antonio Moreno y Escandón señalaron por escrito que aquellas provincias podían exportar cueros, ganado, mulas, palos de tinte, algodón, añil y cacao. Era un catálogo de posibilidades, no un balance de logros. La distancia entre lo posible y lo realizado se explica por un hecho terco: los barcos españoles rara vez tocaban los puertos de Santa Marta y Riohacha, y sus habitantes no podían exportar legalmente a España ni importar bienes por vía legal. El comercio con británicos, holandeses y franceses —ilícito según el derecho, indispensable según la vida— llenaba ese vacío. Los cueros salían por caletas, el palo de tinte se cargaba en balandras extranjeras, el algodón se intercambiaba por manufacturas que ningún registro aduanero peninsular consignaba.

Narváez llega a la gobernación de Santa Marta cuando este diagnóstico se ha vuelto lugar común entre los funcionarios ilustrados. Su aporte no fue haberlo formulado: fue haber propuesto una salida específica, radical, difícil de digerir.

La trayectoria: gobernador de una periferia difícil

Santa Marta hacia el último tercio del siglo XVIII era una provincia costera con función predominantemente comercial, con una pequeña comunidad blanca de españoles y criollos y una población mayoritariamente compuesta por castas: mestizos de origen africano, negros libres, esclavos y otros grupos. Riohacha, más al norte, presentaba una composición aún más marcada: aproximadamente dos de cada tres residentes eran libres de color y uno de cada cuatro esclavo, con los blancos como pequeño porcentaje del total. El suelo arenoso de Riohacha era inadecuado para la agricultura y su población dependía de los indios Wayúu o de la ciudad de Valledupar para el abastecimiento alimentario. Los esclavos trabajaban en servicio doméstico y transporte; los libres de color, como marineros, bogas, pescadores, arrieros, artesanos, buhoneros y vendedores de mercado, y con frecuencia participaban del comercio ilegal que sostenía la economía regional.

Hacia el interior y en los intersticios de esas provincias vivían hasta 60.000 arrochelados: descendientes de esclavos fugitivos e indígenas no conquistados, distribuidos en rochelas —asentamientos ilegales en bosques, cerros, ciénagas y chozas aisladas— fuera del alcance efectivo del Estado y de la Iglesia. Estas cifras dibujan un mapa social en el que la pequeña élite blanca urbana tenía un poder muy limitado y en el que ninguna transformación económica de fondo podía imaginarse sin alterar profundamente la composición demográfica y las relaciones de trabajo. Gobernar Santa Marta no era administrar un cuerpo social compacto: era negociar con una constelación de autonomías, tolerar ilegalidades funcionales y sostener una autoridad que se detenía en los bordes de la ciudad amurallada.

Aquí entra la propuesta de Narváez. El gobernador criollo de Santa Marta llegó a plantear un programa de promoción de plantaciones tropicales sostenido por importaciones masivas de africanos esclavizados —un modelo, en esencia, cubano o antillano trasplantado al Caribe neogranadino—. Habría sido la respuesta más ambiciosa al problema estructural que los virreyes venían nombrando desde 1760: convertir a Santa Marta en una economía productora, no meramente comercializadora, capaz de exportar algo distinto del oro que fluía desde el interior.

El proyecto no recibió el apoyo de Madrid. La articulación completa de la propuesta no ha llegado hasta nosotros en detalle por la mano del propio Narváez; sobreviven sus contornos y no su desarrollo íntegro. Pero el hecho documentado es doble: la propuesta existió y la Corona no la respaldó. De haberlo hecho, las divisiones raciales en el Caribe neogranadino podrían haberse agudizado al estilo cubano. Su no consolidación tiene, entre sus causas, la desatención metropolitana a este gobernador criollo.

Junto a ese proyecto mayor, Narváez actuó en el terreno más pragmático de las políticas efectivamente aplicadas. El arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora había promovido en las provincias de Santa Marta y Riohacha el corte y exportación del palo de tinte —madera de bajo requerimiento de inversión, embarcada desde Santa Marta con destino directo a los Estados Unidos, cuyo producto sirvió para financiar la campaña militar y la colonización del Darién—. El monopolio estatal ofrecía buenos salarios a los cortadores, pagados por intermediarios y comerciantes. La política, exitosa en su tramo inicial, fue suprimida por España poco después de su establecimiento. Este pequeño arco —una industria promovida por un virrey, sostenida por trabajo asalariado modesto, integrada al mercado atlántico por vías directas y desmantelada por Madrid— resume mejor que cualquier abstracción el tipo de contradicciones dentro de las que Narváez debía gobernar: cuando algo funcionaba, la metrópoli podía retirarle el respaldo con la misma facilidad con que se lo había otorgado.

El economista: papel, tinta y estadística

La otra cara de la trayectoria de Narváez es la de escritor económico. La compilación Escritos de dos economistas coloniales: don Antonio de Narváez y la Torre y don José I. de Pombo, publicada en Bogotá en segunda edición en 1965, es hoy la vía por la que su pensamiento sobrevive como pieza consultable. La decisión editorial de agruparlo con Pombo lo inscribe en una corriente ilustrada neogranadina interesada en el fomento agrícola, el comercio exterior, la producción tropical y la política fiscal, y lo separa, al mismo tiempo, del registro burocrático puro en el que cabría confinarlo si solo se leyeran sus oficios de gobernador.

Los textos de Narváez son, en el fondo, informes de gobierno con vocación programática: describen los recursos disponibles en Santa Marta y Riohacha, calibran las trabas comerciales, proyectan escenarios de fomento y proponen mecanismos concretos —importación de brazos, apertura de puertos, incentivos fiscales— que los transformarían de mera contabilidad de miserias en plan de acción. La escritura no es la de un tratadista abstracto que traduce a Uztáriz o a Ward al escenario americano; es la de un funcionario que conoce el terreno, sabe cuánto tarda una recua en llegar a Valledupar y qué barco holandés recala en qué caleta, y desde ese saber pragmático propone.

Pombo, comerciante cartagenero con vínculos familiares criollos, había redactado en 1804 un documento en que denunciaba las distorsiones económicas del sistema de comercio español bajo presiones de guerra internacional y solicitaba reformas para ampliar las oportunidades económicas de comerciantes y productores. Seis años más tarde, en un informe fechado el 11 de octubre de 1810 —cuando ya se derrumbaba el régimen español en Cartagena—, Pombo adoptó posiciones proteccionistas. El giro es significativo: el mismo autor que pedía apertura frente al monopolio peninsular reclamaba protección frente al mercado atlántico abierto. La coyuntura había cambiado el signo de la reforma sin cambiar el nombre del reformador.

Las diferencias finas entre las propuestas de Narváez y las de Pombo se dejan intuir más que reconstruir plenamente: ambos han sido asociados como exponentes del pensamiento económico colonial neogranadino, uno hablando desde el gobierno de una provincia marginal, el otro desde el comercio de Cartagena. Sus proyectos convergen en la percepción de que la Nueva Granada necesitaba diversificar exportaciones y romper la dependencia del oro. Divergen en las herramientas —Narváez apostando por la plantación esclavista, Pombo por la reforma comercial y luego por la protección— y en el sujeto social del que esperan la iniciativa: el gobernador criollo articulado con Madrid en un caso, el comerciante urbano con voz institucional en el otro. Uno mira hacia el sur de las Antillas para encontrar modelo; el otro, hacia el propio consulado y los circuitos mercantiles establecidos.

Los datos que enmarcan estos escritos son duros y explican su tono. Entre 1784 y 1793, las exportaciones neogranadinas de frutos —agrícolas y forestales— fueron marginales frente a las de oro y plata: cerca de 694.000 pesos frente a más de diez millones en metales en el primer quinquenio, y algo más de un millón frente a nueve millones en el segundo. Contra semejante desproporción, la política de Comercio Libre de 1778 no consiguió diversificar las exportaciones del virreinato, y cualquier proyecto agroexportador tropezaba no solo con el problema portuario sino con el abismo entre las expectativas ilustradas y los volúmenes efectivamente movilizados por la costa. Escribir de economía, para Narváez o para Pombo, era escribir contra esas cifras: contra un país cuya balanza comercial se sostenía en un solo metal amarillo y cuyos cultivos posibles seguían siendo, década tras década, promesas sin realización.

El delegado: la misión de 1809

En 1809, con la monarquía española convulsionada por la invasión napoleónica y las Juntas peninsulares reclamando lealtades americanas, Antonio de Narváez y la Torre fue enviado como delegado del Reino de Nueva Granada ante España. La misión, calificada por sus propios contemporáneos como delicada, situó al ex gobernador criollo en el papel de portavoz colectivo del reino ante una metrópoli en crisis.

Los cabildos de Santafé, Popayán, Socorro, Tunja y Loja, entre otros, le hicieron llegar memoriales e instrucciones. Uno de esos documentos —fechado el 1 de septiembre de 1809 en Santafé, redactado por Ignacio de Herrera y Vergara— circuló bajo un título que la historiografía anglófona ha registrado como Reflections of an impartial American for the delegate from this Kingdom of New Granada so that he may have them in mind during his delicate mission. Es un texto pensado para asesorar, matizar o encuadrar la actuación del delegado, y su sola existencia indica que Narváez viajaba como figura de suficiente peso como para merecer instrucciones formales de los principales cabildos del virreinato.

Poco más puede afirmarse sobre los resultados de esta misión con evidencia directa. Lo que importa aquí es que la designación misma —un funcionario criollo del Caribe, autor de escritos económicos, ex gobernador de una provincia periférica— condensa el tipo de figura política que la crisis de 1808-1810 puso momentáneamente en el centro. Narváez cruzaba el Atlántico en 1809 con el capital simbólico de haber pensado el problema económico de la Nueva Granada en su conjunto, no solo el de la costa que había gobernado.

Su red: geografías, personas, ideas

La red intelectual y política que rodea a Narváez ayuda a situar su singularidad y sus límites.

Del lado de las ideas, se inscribe en una constelación ilustrada tardocolonial que también incluye a José Ignacio de Pombo, a Pedro Fermín de Vargas —autor de Pensamientos políticos y memoria sobre la población del Nuevo Reino de Granada, obra dedicada al examen de agricultura, comercio, minas y población del virreinato—, a Eloy de Valenzuela y a los redactores del Semanario del Nuevo Reino de Granada (1808-1811), publicación que sirvió de escenario a la maduración de una ideología criolla. Este círculo compartía diagnósticos —la necesidad de diversificar la producción, la insuficiencia del régimen comercial vigente, la conveniencia del conocimiento científico aplicado—, pero se dividía en las recetas: unos partidarios de la apertura, otros del proteccionismo, algunos —Narváez entre ellos— de una modernización agroexportadora basada en el trabajo esclavo importado, otros de la combinación de agricultura, minería y manufacturas defendida por Valenzuela.

Del lado de las geografías, la red se organiza en torno a cuatro núcleos. Santa Marta, la gobernación desde la que Narváez habla y sobre la que primero piensa. Riohacha, provincia satelital, extremo demográfico del Caribe neogranadino. Cartagena de Indias, plaza comercial mayor, sede de Pombo y de una élite mercantil cuyos intereses no siempre coincidían con los de Santa Marta —los propios comerciantes cartageneros eran reacios a transportar bienes legales hacia Riohacha y Santa Marta, contribuyendo a la marginalización comercial de estas últimas—. Y Madrid, referente último cuya decisión de no apoyar el proyecto de plantación selló el destino distinto de la costa colombiana.

Del lado de las personas, además de Pombo, aparecen los virreyes que dibujaron el diagnóstico previo —Mesía de la Zerda, Caballero y Góngora, con Moreno y Escandón como asesor técnico— y los cabildantes que lo instruyeron en 1809, con Ignacio de Herrera y Vergara como figura destacada.

Esta red se caracteriza por una fragmentación notable. Las rivalidades interurbanas —Santa Marta contra Cartagena, tensiones con Valledupar, Ocaña, Mompox— y los intereses económicos contrapuestos entre plazas fronterizas y comerciales impedían que la pequeña élite blanca urbana operara como bloque. Esa fragmentación es parte del problema estructural que enfrentaba cualquier proyecto de transformación regional, incluido el de Narváez.

Modernización, esclavitud, raza: la tensión no resuelta

El corazón analítico de la trayectoria de Narváez —y la razón por la que su fracaso importa— está en la tensión entre modernización económica y jerarquía racial que su proyecto puso sobre la mesa.

La lógica de la propuesta agroexportadora era coherente con el programa ilustrado: aprovechar recursos, integrar la costa al comercio atlántico, aumentar los ingresos coloniales, romper la dependencia del oro. La lógica del medio elegido —importaciones masivas de africanos esclavizados para poblar plantaciones tropicales— chocaba con las condiciones específicas de la Nueva Granada.

El sistema de plantación al estilo norteamericano y antillano tuvo, en la Nueva Granada, poco arraigo; hubo algunas excepciones alrededor de Cartagena, pero la regla fue distinta. Al Nuevo Reino le correspondió cerca del 22 % de la porción española americana de la trata —alrededor de 350.000 esclavos en todo el período, con un promedio cercano a los 800 esclavos anuales entre 1550 y 1792—. Aun así, la importación de esclavos no alteró de fondo el régimen señorial dominante: hubo señorialidad junto con esclavitud, no un modo de producción esclavista integral. En condiciones hispanoamericanas, el esclavismo mostraba una ineficiencia crónica: la oferta de esclavos era rígida frente a variaciones de la demanda —difícil de reducir cuando caía la actividad, difícil de expandir cuando crecía—, y las unidades esclavistas se veían impelidas a producir parte considerable de sus propios consumos en rozas de subsistencia, a diferencia del modelo antillano, más integrado a mercados de insumos.

Sobre este suelo, un proyecto de plantación al estilo cubano exigía dos condiciones que la Nueva Granada no reunía. Primero, una infraestructura comercial que permitiera vender legalmente y a gran escala en el mercado atlántico: precisamente lo que Santa Marta y Riohacha no tenían por su exclusión de facto del sistema de flotas. Segundo, una clase exportadora blanca cohesionada, capaz de imponer su visión socioeconómica a la metrópoli —como sí ocurrió en Cuba y en otras islas del Caribe—.

La pequeña élite blanca urbana de Cartagena y Santa Marta mostró incapacidad o falta de voluntad para articular una ideología racial como mecanismo sistemático de opresión de esclavos y libres de ascendencia africana. En una región donde los libres de color eran mayoría demográfica en varios puntos, donde arrochelados y comunidades autónomas ocupaban vastos territorios, donde la Iglesia y el Estado tenían presencia débil, la construcción de una jerarquía racial rígida al estilo antillano requería un esfuerzo político e ideológico que esa élite fragmentada por rivalidades interurbanas no estuvo dispuesta o no fue capaz de emprender.

Es ahí donde el proyecto de Narváez adquiere su valor analítico completo. Su propuesta habría sido, en el fondo, una tentativa de forzar esa articulación desde arriba: un intento de convertir a Santa Marta en un espacio de plantación esclavista con respaldo metropolitano, alterando radicalmente el equilibrio demográfico y las relaciones sociales de la región. La negativa de Madrid a apoyarla no fue únicamente una omisión burocrática; fue también un factor decisivo para que las divisiones raciales no se agudizaran al estilo cubano.

Atribuir el resultado únicamente a la desatención metropolitana sería, sin embargo, incompleto. La élite criolla local carecía, ella misma, de la cohesión y la disposición para sostener el modelo. Y la mayoría demográfica libre de color, los arrochelados con sus territorios propios, los esclavos con rozas de subsistencia y márgenes de autonomía relativa, componían un tejido social en el que imponer plantaciones al estilo antillano habría sido, incluso con apoyo de Madrid, costosísimo. La trayectoria racial distinta del Caribe neogranadino se explica por la convergencia de esas tres fuerzas —desatención metropolitana, fragmentación de élite, densidad social de los de abajo—, no por una sola de ellas.

Su huella: un fracaso fecundo

De Narváez sobrevive, ante todo, un fracaso fecundo. El proyecto de plantación no se ejecutó; las provincias que gobernó siguieron ancladas al contrabando, al palo de tinte de vida breve, a las exportaciones marginales frente al oro. La política de Comercio Libre no diversificó significativamente el paisaje exportador neogranadino. Las reformas borbónicas, en su balance completo, dejaron una carga fiscal más pesada, un movimiento comunero desmantelado con represión, un impulso comercial modesto y —esto es lo que Narváez encarna— proyectos ambiciosos que no encontraron el respaldo institucional para volverse realidad.

Y sin embargo, precisamente ese fracaso ha dado a Narváez una centralidad historiográfica creciente. La compilación de 1965 lo recuperó como economista colonial junto a Pombo. Trabajos posteriores lo han reinstalado como caso privilegiado para pensar la trayectoria racial del Caribe colombiano en clave comparativa, y la historia política más convencional lo registra en el capítulo de la actuación colonial tardía y de la crisis de 1808-1810.

Su expediente permite formular una pregunta que la historia política tradicional del período elude: qué habría ocurrido si el reformismo borbónico hubiera aplicado en el Caribe neogranadino la lógica plena de la plantación esclavista antillana. La respuesta contrafáctica —una Colombia caribeña más parecida a Cuba— sirve para iluminar, por contraste, la trayectoria efectivamente seguida. Narváez no es héroe de una modernización truncada ni villano de un proyecto racista fallido: es un funcionario ilustrado cuyo escritorio produjo un plan coherente con su tiempo y ajeno a las contradicciones que lo hacían inviable. Su propuesta interesa hoy menos por sí misma que por lo que su naufragio revela sobre el conjunto.

Ahí queda cifrada la figura. Un nombre que oscila entre Narváez y la Torre y Narváez y Latorre según la mano que lo transcribe; una vida privada de la que apenas asoman contornos; una trayectoria pública que sostiene, sin dificultad, la ficha analítica de un funcionario criollo tardocolonial. Su valor está en el punto exacto donde el fracaso de un proyecto explica, retrospectivamente, la forma que tomó una historia mayor: la del Caribe colombiano y su modo particular de resolver —o de no resolver a la manera de los otros— la tensión entre economía tropical, esclavitud y jerarquía racial.