El Consulado de Comercio de Cartagena y el pensamiento económico ilustrado (1795–1808)

El Consulado de Comercio de Cartagena

En junio de 1795 la Corona española autorizó la creación del Consulado de Comercio de Cartagena de Indias, una corporación mercantil con jurisdicción sobre el comercio del puerto y tribunal propio de justicia. En apariencia era una concesión técnica más dentro del reformismo borbónico: un instrumento para ordenar pleitos entre comerciantes, promover el tráfico y recaudar. En los hechos, la institución concentró en un solo cuerpo a la élite mercantil criolla de la ciudad más importante del Caribe neogranadino y le dio, por primera vez, un lugar desde el cual escribir. Entre 1795 y 1808 —los trece años que van de su fundación a la crisis de la monarquía— el Consulado produjo, patrocinó o articuló un conjunto de informes, memorias y proyectos que constituyen la cara económica de la Ilustración criolla en la Nueva Granada: un diagnóstico sistemático del atraso colonial —vías inexistentes, monocultivo aurífero, contrabando estructural, aranceles asfixiantes, ignorancia técnica— que, redactado en clave leal, iba a proporcionar a la generación de 1810 el vocabulario material con que legitimar la ruptura.

El mundo del que brota la institución

El Consulado no nació en el vacío. Llegó tarde a un ciclo largo de transformación del comercio atlántico. Desde el último cuarto del siglo XVIII, y muy especialmente bajo Carlos III (1759–1788), la política borbónica había atenuado los rasgos más restrictivos del monopolio gaditano: rebaja general de aranceles en 1776, Reglamento de Comercio Libre en 1778, apertura escalonada de puertos habilitados a ambos lados del Atlántico. Ese conjunto de medidas cuadruplicó el comercio entre España y América durante la década 1778–1788, un cambio de escala real. En Cartagena, el crecimiento se hizo visible con algún rezago, y hacia 1784–1785 los volúmenes traficados alcanzan por fin cifras significativas.

La transformación tenía, sin embargo, una cara oscura para las élites locales. La misma política borbónica que liberalizó el tráfico con la metrópoli restringió el comercio intercolonial y el contrabando, actividades en las que se habían enriquecido durante generaciones importantes grupos criollos de comerciantes. Buena parte del comercio efectivamente practicado en las costas caribeñas de la Nueva Granada era ilegal: las provincias de Santa Marta y Riohacha no podían exportar por vía legal sus cueros, ganado, mulas, palos de tinte, algodón, añil y cacao porque los barcos españoles rara vez tocaban sus puertos, y sus habitantes comerciaban abiertamente con británicos, holandeses y franceses. En 1789, cuando el virrey Gil llegó a Santa Fe, expiró un permiso que su antecesor —el Arzobispo Virrey Antonio Caballero y Góngora— había concedido para el comercio directo de Cartagena con puertos extranjeros; el efecto perverso fue que la Corte permitió simultáneamente el envío de harinas desde Cádiz, con lo cual las harinas inglesas de Norteamérica seguían llegando al Caribe, reexportadas desde el Puerto de Santa María, y los fletes los ganaban los americanos hasta Cádiz, no las embarcaciones españolas.

Esa contradicción —una Corona que ampliaba el tráfico legal en un frente y lo cerraba en otro, sin tocar la raíz del contrabando— es el problema práctico que iba a heredar el Consulado. El tamaño del asunto se aprecia en las cifras del período. En el primer quinquenio de comercio registrado, 1784–1788, la Nueva Granada exportó 10.123.015 pesos en oro y plata frente a apenas 694.095 pesos en frutos, con importaciones de 11.292.779 pesos; en el quinquenio siguiente, 1789–1793, las exportaciones metálicas cayeron a 9.086.019 pesos mientras los frutos subían tímidamente a 1.149.463 y las importaciones bajaban a 8.263.747. Tres rasgos definían la economía externa del virreinato en la víspera del Consulado: dependencia casi absoluta del oro, timidez estructural de las exportaciones agrícolas y una balanza comercial estimada, hacia el final del siglo, en torno a los -0,7 millones de pesos —cifra probablemente subestimada por no incluir el contrabando, situado formalmente en 0,36 millones pero que verosímilmente rondaba 1,2 millones adicionales.

En ese paisaje se movía una élite mercantil que había acumulado capital en los intersticios del sistema y que, al obtener en 1795 una corporación propia, iba a tener por fin un púlpito.

La élite que ocupó el edificio

El Consulado fue, antes que un cuerpo de ideas, un cuerpo de personas. Sus cargos —prior, cónsules, jueces del tribunal de justicia— conferían no solo estatus sino privilegios económicos y fiscales concretos, y por eso funcionaron desde el primer día como pieza codiciada del poder local. La figura emblemática es Juan de Francisco y Martín, que perteneció a las directivas desde la fundación en junio de 1795 y ocupó varios de los principales cargos, entre ellos el de prior y el de juez del tribunal. Su trayectoria ilustra un rasgo estructural del poder criollo tardocolonial: la acumulación simultánea de posiciones en instituciones distintas. Juan de Francisco fue también comisario de barrio, alcalde ordinario y regidor del ayuntamiento de Cartagena. Cuando en 1801 financió con sus propios recursos unas festividades religiosas de gran boato, exhibía menos un gesto de piedad privada que la lógica visible del patriciado mercantil: convertir capital comercial en capital simbólico y político dentro de la ciudad.

Ese cruce entre Consulado, cabildo y sociabilidad urbana explica por qué la corporación acabó siendo algo más que un tribunal mercantil. Sus miembros eran los mismos hombres que decidían las obras públicas, encabezaban las cofradías, financiaban las fiestas del patrón y controlaban el crédito. Y eran, en su mayoría, criollos: comerciantes residentes en América que, en el orden legal, quedaban limitados a distribuir dentro de la colonia lo que traían las flotas peninsulares —canalizadas por los españoles miembros de la Universidad de Cargadores a Indias—, sin acceso pleno al tráfico transatlántico. El Consulado no cambiaba esa jerarquía formal, pero les daba una plataforma técnica para discutirla.

Junto a Juan de Francisco emerge José Ignacio de Pombo, comerciante cartagenero unido por matrimonio a la familia Amador —una de las estirpes criollas más notables del virreinato— y conectado por parentesco con buena parte de la élite ilustrada neogranadina. Pombo no fue un teórico de gabinete: era hombre de tráfico, con intereses directos en el comercio exterior del puerto, y sus escritos surgen del cotejo diario entre expediente y balance. A comienzos de la década de 1800 apareció como el crítico más consistente del régimen mercantil español dentro de la corporación. Su documento de 1804 —el texto que define su primera etapa pública— denuncia la desmoralización institucional y las distorsiones económicas provocadas por la incapacidad del sistema de comercio español para sostenerse bajo las presiones de la guerra internacional; en él se aborda de frente el crecimiento del contrabando, no como delito aislado sino como consecuencia previsible de un marco legal insostenible.

Pombo no estaba solo. La órbita del Consulado se cruzaba con la de Antonio de Narváez y la Torre, con la de Pedro Fermín de Vargas, con la Expedición Botánica de José Celestino Mutis, con las tertulias de Santa Fe donde escribía Jorge Tadeo Lozano —autor por esos años de un estudio sobre el modo de fomentar el comercio activo del Reino sin perjuicio del de España—, y con la memoria más antigua de las reflexiones de Francisco Silvestre sobre el virreinato. En ese entramado, el Consulado fue el nudo donde el diagnóstico técnico se volvía documento oficial.

Un diagnóstico del atraso

El pensamiento económico que se articuló alrededor del Consulado en esos trece años tiene una coherencia interna reconocible, aun sin un programa único. Su punto de partida es un diagnóstico: la Nueva Granada es un país rico que exporta pobreza. Las cifras del comercio exterior lo mostraban con brutalidad. En dos quinquenios consecutivos, entre 1784 y 1793, más del 90% del valor exportado seguía siendo oro y plata. Los frutos —cacao, algodón, cueros, palos de tinte, quina, añil— que en otras latitudes americanas sostenían economías dinámicas apenas figuraban en los registros cartageneros. El territorio disponía de suelos, mano de obra y salidas al mar: no llegaba a los mercados.

Los reformistas del Consulado identificaron tres bloqueos. Uno era la infraestructura. La Nueva Granada tenía geografía, no caminos. Cartagena, puerto principal del virreinato, estaba comunicada con el interior por el río Magdalena, y el río estaba comunicado con la bahía por vías precarias, sometidas a estiajes, bajos y sedimentación. El problema era antiguo: hacia 1650, el gobernador de Cartagena había emprendido un proyecto de excavación de canales para comunicar lagunas navegables y transportar carga desde el Magdalena a la ciudad por una ruta acuática más económica, en sustitución de la costosa vía marítima o terrestre entonces vigente. Siglo y medio después el problema seguía abierto. La eficacia práctica del Consulado sobre este asunto fue limitada, pero el diagnóstico quedó fijado: sin obra pública que redujera el flete entre el interior productor y el puerto exportador, ninguna liberalización arancelaria tendría efecto real. La persistencia del asunto se mide en que, en 1865, ingenieros al servicio del gobierno norteamericano calcularían todavía el costo de adaptar el caño de San Antonio para buques de seis a siete pies de calado —565.000 pesos— y el de mejorar el caño de Cuatro Bocas —240.000 pesos—: la infraestructura que el Consulado exigió a finales del siglo XVIII seguía sin ejecutarse ochenta años después.

El segundo bloqueo era el monocultivo aurífero. La dependencia del oro no era virtud sino problema. Un país que exportaba metálico y no bienes agrícolas o manufacturados quedaba a merced de dos ciclos que no controlaba: el de sus propias minas —cuya producción empezaba a mostrar signos de estancamiento entre 1784 y 1793— y el de los precios de las manufacturas europeas que necesitaba importar. La posición de exportador de oro explicaba, de hecho, la aparente paradoja de una balanza comercial registrada como negativa mientras los flujos fiscales netos hacia España seguían siendo cuantiosos. El programa del Consulado apuntaba a la diversificación: fomentar el algodón, el cacao, el añil, la quina; abrir mercados para los productos costeros; crear condiciones para que los frutos crecieran del 6% al 20% o al 30% del valor exportado. Eloy de Valenzuela, cercano a esa órbita intelectual, defendía con claridad la combinación de agricultura, minería y manufacturas, y había hecho observaciones agudas sobre la elasticidad de los precios agrícolas y sobre el desequilibrio entre el mercado y el almacén. La Sociedad Patriótica de Comercio establecida en Mompox desde 1784, orientada específicamente al cultivo y beneficio del algodón, era una expresión concreta de esa línea; su existencia previa al Consulado muestra que el diagnóstico venía madurando desde antes en el hinterland cartagenero.

El tercer bloqueo era el marco legal. Aquí el pensamiento del Consulado se vuelve más incómodo con la Corona sin dejar de invocarla. El sistema seguía prohibiendo a los comerciantes americanos participar en pie de igualdad en el tráfico transatlántico. Las provincias costeras estaban condenadas al contrabando por la ausencia de barcos españoles en sus puertos. Los permisos de comercio directo con puertos extranjeros se concedían y se revocaban al vaivén de las coyunturas peninsulares, como había ocurrido en Cartagena con el permiso del Arzobispo Virrey. Y las guerras europeas —Francia, Inglaterra, la fragilidad del imperio bajo Carlos IV— interrumpían periódicamente las flotas y dejaban a la Nueva Granada aislada de la metrópoli que en teoría le proveía todo.

El texto de Pombo de 1804 articula ese diagnóstico con más fuerza que ningún otro. Escrito en un contexto de guerra internacional, señala la incapacidad del sistema mercantil español para operar bajo presión y describe el contrabando ya no como excepción moral sino como funcionamiento normal del sistema real, distinto del sistema legal. El paso conceptual es decisivo: si el contrabando es la economía efectiva, la reforma legal no es una concesión graciosa sino un reconocimiento tardío de lo que ya ocurre. Detrás late una lógica proteccionista —Pombo no es un liberal doctrinario a la manera de los intelectuales que abogaban por una libertad económica sin cortapisas—: se trata de proteger la producción local, ampliar los márgenes del comerciante americano y crear condiciones para que la Nueva Granada deje de ser un satélite pasivo del ciclo gaditano.

La red intelectual del reformismo

El Consulado no operaba como una isla. Estaba enchufado a una red más amplia de sociabilidad ilustrada que las reformas borbónicas mismas habían contribuido a crear, en una paradoja que definiría al último medio siglo colonial: la Corona formó intelectualmente a las élites criollas mediante expediciones científicas, tertulias y sociedades económicas, y en ese proceso las expuso a herramientas conceptuales —de Jovellanos a Feijóo, de la fisiocracia francesa a la economía política escocesa— que podían volverse, y se volvieron, contra el propio orden colonial.

La influencia de la España ilustrada fue decisiva en esa formación. Feijóo, en particular, es la referencia recurrente en las autobiografías intelectuales de la generación neogranadina: José Manuel Restrepo lo cita en la suya como formación temprana, y su huella se rastrea en el modo en que hombres como Mutis, Caldas o Nariño concibieron el vínculo entre saber útil y reforma del gobierno. El Semanario del Nuevo Reino de Granada, publicado entre 1808 y 1811, funcionó como el gran escenario de expresión y consolidación de esa ideología criolla, gestada desde finales del siglo XVIII al calor de las reformas borbónicas.

Las sociedades económicas fueron el otro pilar. Además de la de Mompox de 1784, se intentó establecer una Sociedad Patriótica de Comercio en Bogotá hacia 1800 —similar a las que habían desempeñado funciones no menores en España y algunas colonias— sin mayores consecuencias; y en Cartagena hubo esfuerzos análogos, uno en 1787 y otro en 1811. El patrón es visible: en al menos cuatro ciudades del virreinato hubo, entre la década de 1780 y la de 1810, iniciativas de asociación económica orientadas al fomento agrícola, la mejora técnica y la ampliación del comercio. El Consulado de Cartagena fue la única de esas iniciativas que obtuvo institucionalidad plena, con reconocimiento regio, tribunal propio y continuidad administrativa; por eso concentró, durante trece años, la parte más elaborada del debate.

El Consulado no inventó el diagnóstico ni fue el único canal de su circulación. Desde la década de 1760, virreyes ilustrados y algunos funcionarios habían identificado la escasez de barcos españoles y la falta de puertos habilitados como el mecanismo que empujaba a los habitantes costeros al comercio con potencias extranjeras. Se habían formulado propuestas de exportación de productos agrícolas y forestales; se habían concedido permisos puntuales de comercio directo, luego revocados. Lo que hizo el Consulado —y ese es su aporte específico— fue proporcionar el marco institucional que dio a ese conjunto disperso de críticas continuidad, autoridad técnica y audiencia política. Concentró en un mismo cuerpo a comerciantes con acceso privilegiado a datos de balanza comercial, proyectos de infraestructura y redes intelectuales, y convirtió las críticas dispersas en informes con peso.

Los proyectos concretos

La actividad del Consulado dejó rastros materiales. Se discutieron —con desigual fortuna— proyectos de mejora del canal del Dique y de los caños que comunican el sistema lagunar con la bahía de Cartagena, retomando la vieja intuición del siglo XVII sobre la vía acuática entre el Magdalena y el puerto. Se estudiaron los cultivos de exportación viables en las provincias del Sinú y Urabá, en Santa Marta, en Antioquia. Se examinaron los flujos entre Cartagena y los puertos del Caribe, incluidos Portobelo y La Habana. Se plantearon —una y otra vez— peticiones para que la Corona autorizara el comercio directo con puertos extranjeros neutrales.

La mayor parte de estas propuestas no llegó a ejecución. La contradicción borbónica que operaba en el fondo lo impedía: la misma Corona que había creado el Consulado necesitaba mantener el marco monopolista que el Consulado quería reformar. El resultado fue un reformismo defensivo, que negociaba márgenes en lugar de fundar un sistema nuevo, y que a menudo se agotaba en el trámite. Pero el gesto de plantearlo —escribir los informes, calcular los costos, comparar con otras plazas americanas y europeas— fue lo que dejó, al final del período, un corpus documental disponible para otro uso.

De la crítica leal al vocabulario de la ruptura

Nada de esto había sido pensado como preparación de una independencia. Los hombres del Consulado —Pombo el primero— escribían dentro del marco de la lealtad monárquica, apelando a la razón de Estado hispánica y a la mejora del imperio. Su horizonte, hasta bien entrado el nuevo siglo, era el de una reforma dentro del sistema.

La ocupación napoleónica de la Península Ibérica en 1808 y el encarcelamiento de Fernando VII y Carlos IV en Francia rompieron ese horizonte. En los territorios españoles —peninsulares y americanos— la crisis abrió el argumento de que, ausente el rey legítimo, la soberanía revertía al pueblo, con el consiguiente derecho a dictar sus propias leyes y elegir sus propios líderes. La primera eclosión del proceso —1810— tomó por sorpresa a muchos y no a todos.

Los criollos vinculados al comercio y al Consulado ya habían formulado, antes de la crisis, un lenguaje de decepción con el sistema. Pombo lo había dicho en 1804: la desmoralización institucional, las distorsiones económicas, la incapacidad del régimen para funcionar. Cuando en 1808 se abrió la vacancia del poder, ese acervo estaba listo para reconvertirse. La denuncia técnica del contrabando podía leerse ahora como denuncia política del monopolio; la exigencia de infraestructura, como afirmación del interés propio del Reino; la crítica al aparato mercantil, como legitimación de un gobierno propio capaz de administrarlo mejor.

En el Cartagena de esos meses, la disputa política tomó como blanco simbólico al propio Consulado. Entre las demandas explícitas presentadas por los comisionados del pueblo ante el cabildo figuraba la entrega de los cargos consulares a los americanos, junto con la declaración de independencia absoluta, la división del gobierno en tres poderes y la supresión del Tribunal de la Inquisición. Que la corporación mercantil apareciera nombrada en la misma lista que la Inquisición dice algo importante: en la percepción popular, el Consulado seguía siendo bastión del poder peninsular, y su apropiación por los criollos fue vista como parte de la ruptura política, no como su antecedente natural. La institución que había alojado el reformismo de Pombo era, para la calle, aún un cuerpo por conquistar.

La prueba más directa del deslizamiento del vocabulario está en la propia trayectoria de Pombo. Su Informe fechado el 11 de octubre de 1810 fue redactado cuando Cartagena ya se regía sin sujeción a España, aunque no había declarado formalmente su independencia. El marco conceptual del documento es el mismo que había construido dentro del Consulado desde 1804: proteccionismo, fomento agrícola, diversificación, denuncia de las trabas heredadas. Cambia el sujeto político, no el argumento económico. El pensamiento que se había elaborado como reforma leal se convierte, sin modificación sustancial, en el programa material del nuevo gobierno.

El eco largo

El Consulado de Cartagena, como cuerpo, no sobrevivió a las guerras de independencia con continuidad institucional. Cuando fue restablecido en 1830, bajo la administración de Francisco de Paula Santander, lo hizo en un país distinto: Manuel Marcelino Núñez fue elegido prior hasta 1832, ocupando un cargo antes reservado a la élite mercantil peninsular y criolla del final de la Colonia. El símbolo se mantenía; el contexto —una república en construcción, sin flotas, sin monopolios, con el contrabando ya libre y sin marco imperial— era otro.

La ironía de más largo aliento la escribe la economía. Entre 1802 y 1850 las exportaciones per cápita de la Nueva Granada —convertida en Nueva Granada republicana, en Confederación, en Estados Unidos de Colombia— cayeron un 42%. Solo hacia 1850 el país recuperó el volumen bruto de exportaciones que había alcanzado al final del período colonial. El diagnóstico de Pombo y del Consulado se cumplió al revés de como sus autores lo habían pensado: los bloqueos que denunciaron —vías inexistentes, monocultivo, marco legal inadecuado, ausencia de fomento— no se resolvieron con la independencia sino que sobrevivieron a ella, y en algunos casos se agravaron por la desarticulación del comercio imperial. El contrabando siguió desangrando las aduanas cartageneras incluso durante la reconquista española de 1815–1819, cuando el virrey Sámano y el gobernador Gabriel de Torres no lograron controlarlo pese al aparato militar disponible.

Por qué esta institución sigue importando

Mirado con distancia, el Consulado de Cartagena entre 1795 y 1808 muestra con nitidez cómo las instituciones producen efectos no planeados. La Corona lo creó para ordenar el comercio y recaudar. La élite mercantil criolla lo usó para escribir. Los escritos plantearon una reforma leal. La reforma leal, al llegar la crisis de 1808, quedó disponible como argumento de ruptura. Ninguno de los actores —ni la Corona, ni Juan de Francisco, ni Pombo en 1804— había diseñado esa cadena. Pero la cadena existió, y explica en parte por qué la independencia hispanoamericana, siendo un acontecimiento político desencadenado desde afuera por la ocupación napoleónica, encontró en la América española un discurso económico ya formulado, con nombres, cifras y propuestas.

El Consulado importa, entonces, no porque haya inventado ese discurso —lo venía elaborando desde antes una red más amplia de virreyes ilustrados, expedicionarios, tertulianos y sociedades económicas—, sino porque le dio, durante trece años, el único lugar institucional con reconocimiento regio en la Nueva Granada donde el diagnóstico del atraso pudo formularse con autoridad técnica y continuidad administrativa. Cuando el marco colonial se disolvió en 1810, ese diagnóstico no tuvo que ser inventado desde cero: estaba escrito. Y estaba escrito, en buena medida, por hombres que habían aprendido a hacerlo dentro de la institución que la propia Corona les había concedido.

Es la paradoja central de la Ilustración criolla en clave económica. La misma reforma borbónica que buscaba fortalecer el control imperial sobre las colonias formó a las élites locales para diagnosticar los límites de ese control. El Consulado de Cartagena es el escenario más nítido de esa paradoja en la Nueva Granada: un edificio construido por la Corona para su propio provecho terminó siendo el archivo donde una generación aprendió a nombrar la insuficiencia del imperio.