Francisco de Paula Santander

El hombre y su lugar en la historia

Santander no fue un caudillo ni un ideólogo puro: fue un administrador con formación jurídica que llegó al ejército por las circunstancias de 1810 y que, cuando la guerra terminó en Nueva Granada, comprendió antes que sus contemporáneos que la independencia sin instituciones era solo el preludio de otra tiranía. Su singularidad reside en haber traducido esa intuición en obra concreta: mientras Bolívar galopaba hacia Perú y Bolivia, él se sentó en Bogotá a redactar decretos, fundar colegios, ordenar el erario, escribir reglamentos. Fue, en sentido literal, quien montó la maquinaria del Estado.

Pero el retrato pierde profundidad si se lo deja en esa estampa civilista. Santander conspiró, o al menos supo callar cuando otros conspiraban; usó los tiempos legales del escrutinio electoral para conveniencia propia; gobernó, ya presidente, sin tender la mano a los antiguos bolivarianos, con un sectarismo que él mismo administraba a través de la prensa anónima. El legalismo santanderista y su reverso —la política como facción— no son dos Santander, sino uno solo. Entenderlo así es la única manera de que su figura deje de oscilar entre la hagiografía liberal y la contra-hagiografía bolivariana que aún hoy se disputan su memoria.

Cúcuta, San Bartolomé y el subteniente de 1810

Nació en la Villa del Rosario de Cúcuta el 2 de abril de 1792, hijo del gobernador de la provincia de San Faustino de los Ríos. Fue una infancia de frontera oriental —el eje que une los llanos venezolanos con el altiplano neogranadino— y una posición social que le abrió las puertas del Colegio Mayor de San Bartolomé en Santafé, donde estudió leyes. Esa formación jurídica no es un dato biográfico menor: es la clave de todo lo que vendrá. Santander pensó siempre como abogado, incluso cuando llevaba uniforme.

Los sucesos del 20 de julio de 1810 lo sacaron de las aulas. Ingresó al ejército patriota como subteniente y secretario del comandante general Antonio Baraya, y a la sombra de este oficial recorrió los primeros años caóticos de la Primera República. En 1813, junto a Baraya, desobedeció a Antonio Nariño; fue herido y detenido en combate. Ese primer choque —un joven oficial que se pone del lado de una jefatura militar contra el presidente-dictador de Cundinamarca— prefigura ya el patrón: Santander no era un rebelde por temperamento, sino alguien que, cuando debía elegir, se inclinaba por la jerarquía militar inmediata antes que por la autoridad ejecutiva concentrada.

En Angostura de la Grita combatió bajo las órdenes del coronel Manuel del Castillo, que se rebeló contra Bolívar y lo destituyó. Aquel episodio le costó a Santander un diálogo agrio con el Libertador —quizá el primer roce entre los dos hombres que veinte años después dividirían al país— sin que la trayectoria posterior de la relación se resintiera todavía. Bolívar lo ascendió a general de brigada en agosto de 1818 y a general de división un año más tarde. El futuro vicepresidente subía por la escalera militar de la mano del hombre con quien iba a romper.

Pisba, Boyacá y la vanguardia de la libertad

La reunión decisiva ocurrió en Tame, en 1819. Allí Bolívar y Santander acordaron cruzar los Andes por el páramo de Pisba, una ruta que los realistas consideraban impracticable. A finales de mayo, en el consejo de oficiales celebrado en la Aldea de Setenta a orillas del Apure, Santander había impuesto su criterio a favor de continuar la invasión, secundado por los comandantes venezolanos, en un debate donde no todos estaban convencidos de que valiera la pena seguir hacia el interior granadino.

La campaña arrancó el 15 de junio de 1819. Santander mandaba la vanguardia; José Antonio Anzoátegui, la retaguardia. Cruzaron el páramo con soldados nacidos en el calor de la llanura, muriéndose de frío en la altura andina, en lo que fue menos una marcha militar que una prueba física extrema. El 27 de junio se dieron los primeros combates en Paya, y las tropas realistas se replegaron hacia Sogamoso. Luego vendrían el Pantano de Vargas y, el 7 de agosto, la batalla de Boyacá, tras la cual el virrey Juan Sámano —figura profundamente impopular entre los granadinos— huyó de Bogotá.

Bolívar entró a la capital y organizó un gobierno patriota provisional. Al frente puso a Santander. Tenía veintisiete años, era general de división y acababa de recibir el mando político de un país recién liberado. La decisión no fue casual: entre sus generales, Santander era el único con formación jurídica y arraigo neogranadino suficientes para administrar Bogotá mientras la guerra continuaba en el norte. La lógica de la división del trabajo entre ambos —el Libertador en el campo, el vicepresidente en el escritorio— se selló en aquellas semanas.

La vicepresidencia y el arte de gobernar en ausencia

En diciembre de 1819, el Congreso venezolano reunido en Angostura, con la adición de algunos miembros neogranadinos y por iniciativa de Bolívar, proclamó la creación de la República de Gran Colombia. Sobre el papel comprendía todo el antiguo Virreinato de Nueva Granada; en la práctica, tardaría casi cuatro años en tener efectivamente todos esos territorios bajo su bandera. Santander quedó como vicepresidente encargado del ejecutivo desde Bogotá.

Entre 1819 y 1826, mientras Bolívar libraba las campañas de Carabobo, Pichincha, Junín y Ayacucho, Santander gobernó. Le enviaba soldados, provisiones, dinero. La correspondencia entre ambos fue cordial durante casi todo el período, pero con una irritación creciente del Libertador ante los argumentos legalistas con los que el vicepresidente demoraba a veces los envíos. Santander gobernaba con un círculo de jóvenes abogados como colaboradores y asesores, y Bolívar juzgaba —desde el frente— que el país necesitaba un ejecutivo más fuerte y una legislatura menos asertiva. La discrepancia no era todavía ruptura, pero contenía ya, en germen, todo lo que iba a venir.

La gestión de esos años sentó la base material del Estado. Contrató empréstitos en Londres, buscó el reconocimiento diplomático que el Foreign Office comenzó a insinuar en 1823, cuando nombró agentes confidenciales ante el gobierno de Colombia. Trajo modelos británicos: capitales, ingenieros, ideas educativas. Mandó enseñar a Bentham en las universidades. Su horizonte era Gran Bretaña como paradigma de modernidad republicana: capitales, revolución industrial, utilitarismo. En un país que apenas salía de la guerra, fue una apuesta cultural de largo aliento.

En vísperas de Carabobo, en 1821, Bolívar le había escrito a Santander una frase reveladora: en Colombia el pueblo está en el ejército. Para el Libertador, la soberanía popular residía en quienes habían combatido por la independencia. Para Santander, formado en el derecho, residía en las leyes escritas por los representantes de la nación. Esa distinción, aparentemente teórica, sería el eje del conflicto.

La ruptura: Páez, la constitución boliviana y Ocaña

Todo se descompuso en 1826. En abril, José Antonio Páez se rebeló en Venezuela contra la autoridad del gobierno central. Santander adoptó de inmediato la postura legalista: rechazó la autoridad ilegal de Páez, consideró enviar tropas para someterlo, invocó la Constitución y las leyes. Bolívar, que regresaba del Perú entre septiembre y noviembre de aquel año, prefirió una vía política. Perdonó a Páez, prometió convocar una convención constitucional y, en 1827, viajó a Venezuela para negociar su obediencia sin recurrir a la fuerza. La decisión de no condenar al insurrecto ofendió profundamente al vicepresidente.

Al mismo tiempo, Bolívar traía en la mano un proyecto: la constitución que había redactado para Bolivia, cuya característica central era un presidente vitalicio con derecho a designar a su sucesor. Tenía rasgos liberales, pero fue la figura del presidente vitalicio la que concentró toda la atención. Bolívar quería que esa constitución fuera adoptada en Colombia. Santander y quienes se declaraban sujetos a la Constitución de Cúcuta de 1821 vieron en la propuesta un retroceso hacia un régimen casi monárquico.

Al llegar a Bogotá en septiembre de 1826, Bolívar se irritó al ver letreros en defensa de la Constitución. En una carta a Páez de aquellos días escribió que los abogados han impuesto a los militares un piélago de normas prematuras. La frase, filosa, sintetiza todo su desacuerdo con el gobierno de Santander: para el Libertador, el país estaba siendo asfixiado por la juridicidad prematura de los civiles; para Santander, esa juridicidad era el único freno al despotismo militar. El propio Bolívar reconocería, casi sin quererlo, la posición de su segundo: pretendía sostener la constitución.

La ruptura personal se formalizó el 19 de marzo de 1827, cuando Bolívar rompió por carta la amistad con Santander y le pidió que se abstuviera de escribirle. Santander respondió el 29 de abril con una carta larga en la que decía mucho, con un pesar grande pero sin extrañeza: llevaba meses viendo venir la ruptura.

La Convención de Ocaña, en 1828, fue el desenlace institucional. Bolivarianos y santanderistas llegaron sin mayoría suficiente ninguno de los dos: los primeros querían un ejecutivo fuerte inspirado en la constitución boliviana; los segundos se declaraban sujetos a la Carta de 1821. La minoría bolivariana se retiró de la sala y la Convención terminó sin acuerdo. Ese fracaso abrió paso, en junio de 1828, a la dictadura de Bolívar.

Conviene mirar sin melodrama esta disputa. No fue el choque entre un demócrata y un tirano, sino el enfrentamiento entre dos respuestas racionales a la fragilidad institucional de un país recién nacido. Bolívar veía la fragmentación, las rebeliones regionales, el peso de las guerras aún inconclusas, y proponía concentrar el poder. Santander veía que sin ley escrita y sin límites al ejecutivo el país reproduciría en la República las prácticas del virreinato. Ninguno tenía toda la razón; ninguno la tenía tampoco cuando adjudicaba al otro solo malas intenciones.

La noche septembrina y el juicio

El 25 de septiembre de 1828, un grupo de conjurados entró al Palacio de San Carlos, en Bogotá, sede de la presidencia, con la intención de asesinar al Libertador. Manuela Sáenz los entretuvo el tiempo suficiente para que Bolívar escapara saltando por una ventana. La conspiración —civil y militar a la vez— reunía a abogados, periodistas, un catedrático de filosofía, estudiantes ultraliberales y oficiales. Santander no había participado directamente, pero estaba al corriente de los planes.

La represión estuvo a cargo del general Rafael Urdaneta, más bolivariano que el propio Bolívar, quien mandó arrestar a alrededor de sesenta personas. El general José Prudencio Padilla, que no había participado en el atentado, fue ejecutado; su ajusticiamiento estuvo motivado tácitamente por el prejuicio racial contra los pardos. Otros catorce conjurados murieron ante los pelotones: al menos quince fusilamientos directamente vinculados al proceso.

Santander fue condenado a muerte pese a que su intervención se había limitado al conocimiento previo. Ese hecho —el silencio culpable de un vicepresidente electo frente a un plan de magnicidio— fue considerado suficiente para la pena capital. Bolívar la conmutó por destierro. Aquí se abre la grieta del retrato civilista: el Hombre de las Leyes había sabido, y no había hablado. El legalismo tenía, cuando convenía, sus zonas de sombra.

Santander salió al exilio. Recorrió Hamburgo, París, Londres. Leyó, observó, cultivó relaciones. Estaba en Nueva York cuando le llegó la noticia de que la Nueva Granada, ya disuelta la Gran Colombia y muerto Bolívar en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830, lo había elegido presidente. Aceptó desde allí y emprendió el regreso.

El presidente de la Nueva Granada: leyes, escuelas, cuentas claras

La Constitución de la República de la Nueva Granada, expedida el 29 de febrero de 1832 tras un debate iniciado el 20 de octubre de 1831, estableció el marco en el que Santander gobernaría. Sustituyó los departamentos gran-colombianos por un régimen de provincias autónomas con cámaras propias, más ajustadas a la escala del nuevo país. El presidente electo asumió con un mandato claro: rehacer la República sobre bases civiles.

En cinco años, la administración santanderista dejó una obra concreta que aún es reconocible en el diseño institucional colombiano. Reorganizó la hacienda pública con una transparencia que sus adversarios no lograron ensuciar. Consolidó el ordenamiento provincial. Reactivó las universidades y los colegios, fundó nuevas instituciones —entre ellas el Colegio de la Merced para niñas en Bogotá y colegios en varias ciudades— y multiplicó la infraestructura educativa heredada del período colonial. Un comentarista de El Constitucional de Cundinamarca subrayaba, comparando cifras coloniales y republicanas, la magnitud de la expansión. El observador norteamericano John Stewart, que vivió en Bogotá en 1836, anotaba que la educación hacía lentos progresos pero, sobre todo, que había ganado independencia respecto al clero. En 1835, el Vaticano reconoció formalmente a la Nueva Granada.

En un mensaje al Congreso, Santander formuló su credo administrativo con la sequedad que lo caracterizaba: mantener inalterable el sistema político adoptado y perfeccionarlo con prudencia eran obligaciones fundamentales, y él se comprometía a sostener las leyes constitucionales. No era una declaración retórica: era el resumen de su método.

Y sin embargo. Su gobierno fue legalista pero sectario. Cuidó de no violar directamente los derechos políticos de sus opositores, pero no buscó conciliar a quienes habían apoyado la dictadura bolivariana. Su sectarismo se expresó sobre todo en palabras y en artículos de prensa cuasi-anónimos, más que en actos represivos. Los elementos más conciliadores del país —aquellos que preferían reincorporar a los antiguos bolivarianos antes que perpetuar la vieja disputa— empezaron a distanciarse de él. José Ignacio de Márquez, que lo sucedería en 1837, capitalizó ese descontento. La primera transición pacífica del país se produjo, así, sobre el terreno de una polarización que el propio Santander había alimentado.

Ese es el ángulo incómodo del Hombre de las Leyes: fundó el Estado de derecho colombiano y, a la vez, inauguró la costumbre de gobernar contra la mitad del país. Las dos cosas conviven en el mismo mandato, y la historiografía liberal ha tendido a subrayar la primera silenciando la segunda.

Elecciones, escrutinios y el uso político del reglamento

Un episodio menos citado ilumina la relación de Santander con las leyes que él mismo administraba. En las asambleas electorales de 1825, ningún candidato a vicepresidente alcanzó los dos tercios requeridos: la elección debía perfeccionarse en el Congreso. El mapa de la votación era diciente. Provincias como Mérida, Caracas, Coro, Riohacha, Maracaibo y Chocó no le dieron a Santander ningún voto; Guayana, Buenaventura, Veraguas y Pasto le entregaron el ciento por ciento de los suyos. Las redes locales de poder utilizaban las asambleas electorales de segundo nivel para colocar aliados en el Congreso y defender intereses socioeconómicos concretos, bajo apariencias de patriotismo republicano.

Frente a esa situación, Santander presentó observaciones ante el Senado para que el escrutinio de las elecciones de presidente y vicepresidente se realizara en el Congreso de 1827 y no en el de 1826. Su argumento público apelaba al interés nacional: conocer un año antes a los elegidos podría traer graves inconvenientes a la administración vigente, pues el ejecutivo existente tendería a halagar a sus sucesores y los ciudadanos acabarían adorando al sol que nace en desmedro de la autoridad presente. El razonamiento era jurídicamente elegante, y no del todo desinteresado: retrasar el escrutinio también le convenía personalmente. El Hombre de las Leyes sabía usar los tiempos del reglamento como cualquier político experimentado.

El episodio no lo desmiente como constitucionalista, pero matiza la imagen. Santander no era un liturgista neutro del derecho: era un actor político que había hecho de la ley su instrumento —y también, cuando hizo falta, su escudo—.

La red: aliados, rivales, sombras

La trayectoria de Santander no se entiende sin el elenco que lo rodea. Bolívar es, evidentemente, el interlocutor mayor: amigo, superior, socio de la campaña de 1819, luego rival ideológico y finalmente adversario. La relación entre ambos vertebra dos décadas de historia colombiana y explica más de la evolución política del país que cualquier análisis institucional aislado.

Antonio Nariño, con quien chocó en 1813 obedeciendo a Baraya, representa la generación anterior, la de los precursores; Santander se movió toda la vida en un pulso con esa herencia. José Antonio Páez fue el pretexto —o el motivo, según se mire— de la ruptura con Bolívar en 1826: la manera en que ambos líderes leyeron su rebelión definió sus posiciones inconciliables.

En la conspiración septembrina aparecen los nombres del liberalismo militante temprano: Vicente Azuero, abogado y publicista, ideólogo del santanderismo civil; Padilla, sacrificado por prejuicio racial más que por culpa; los jóvenes oficiales que veían en Bolívar la amenaza de un cesarismo criollo. Manuela Sáenz, del otro lado, salvó la vida del Libertador aquella noche y quedó para siempre asociada a su nombre.

En la generación siguiente, la que hereda el pulso Santander-Bolívar, se dibujan los nombres que dominarán el siglo XIX: José María Obando y José Hilario López, del bando santanderista, futuros presidentes; Pedro Alcántara Herrán, del bando conservador, casado con la hija de Tomás Cipriano de Mosquera. La política nacional se fue estructurando alrededor de la fisura que Santander y Bolívar abrieron entre 1826 y 1830, y aunque las correspondencias entre esos bandos originales y los partidos Liberal y Conservador posteriores no fueron lineales ni estables, la matriz del conflicto se remonta a esos años.

La vida privada: una relación larga, un matrimonio tardío

Detrás del hombre público hubo una biografía sentimental que la memoria oficial pasó por alto. Entre 1815 —cuando tenía veintitrés años— y poco antes de su matrimonio en 1836, Santander mantuvo una relación prolongada con una dama casada de alta alcurnia. Fue, quizá, quien más profundamente lo amó; él correspondió con muestras de afecto escasas, viendo el vínculo más como una forma de alegrar su existencia que como el centro de su vida emocional. Un dato pequeño que dice mucho: la reserva, la contención, la instrumentalización afectiva caracterizaban también su modo de habitar el poder.

Se casó en 1836, a los cuarenta y cuatro años, con Sixta Pontón. Tuvieron dos hijas. Sixta le sobreviviría y, en 1849, abriría en Bogotá el Colegio del Sagrado Corazón junto a una de ellas, prolongando en el terreno educativo el proyecto público de su marido.

Santander murió en Bogotá el 6 de mayo de 1840, a los cuarenta y ocho años, a causa de una vieja enfermedad renal que lo había atormentado durante años. Lo asistió en sus últimos momentos el arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera. En el testamento dejó una frase que se ha convertido en su epitafio moral: Ojalá hubiera querido a Dios tanto como quise a mi patria.

Huella: el mito y sus reversos

El apelativo Hombre de las Leyes no aparece con un acta de bautismo clara; se fue asentando en la memoria pública como síntesis de su obra, y hoy circula con la misma naturalidad en la historiografía oficial y en la crítica. Como toda etiqueta útil, oculta tanto como revela.

Para David Bushnell fue el estadista fundador de nación: organizador, administrador, arquitecto del erario, adalid de las leyes, impulsor de la educación pública. En el otro extremo, autores como Hernando Calvo Ospina lo han presentado como el primer gran ejemplo de traición política de la élite colombiana y como conspirador contra Bolívar. Ambos retratos existen en el material histórico, y ninguno agota la figura.

La educación fue, sin duda, una de sus obras mayores. Abrió colegios donde antes no los había, secularizó parcialmente la enseñanza, importó ideas benthamianas, y todo eso se hizo con dinero público administrado con transparencia poco común en la región. Al mismo tiempo, la memoria histórica ha subrayado su sectarismo: la forma de gobernar contra la mitad de sus compatriotas, la habilidad para usar la prensa anónima contra los adversarios, el silencio cómplice ante la conspiración de 1828, los cálculos con los tiempos del escrutinio electoral en 1826 y 1827. Todo eso también forma parte del legado.

Santander fue genuinamente el fundador del Estado de derecho colombiano y, a la vez, un político que usó las leyes como arma facciosa. Su legado no es el triunfo del civismo sobre el caudillismo: es la forma colombiana de ese conflicto, donde ambos impulsos habitan al mismo hombre. Colombia ha vivido desde entonces con esa herencia —la fe en la ley y la práctica del sectarismo bajo la ley—, y por eso la figura de Santander sigue siendo tan discutida: porque no es el punto de partida ejemplar de una tradición, sino su primer nudo.

El liberalismo colombiano lo adoptó como fundador y espejo. Se miró en él para reivindicar la primacía de la ley sobre el sable, del civil sobre el militar, de la educación laica sobre la tutela clerical. E hizo bien: esa parte del legado es real y merecía ser preservada. Pero al hacer del Hombre de las Leyes un santo laico, la memoria oficial se ahorró la pregunta más incómoda: qué hacer con el Santander que también supo callar, gobernar contra la mitad y estirar la letra del reglamento a conveniencia. Esa pregunta, doscientos años después, sigue abierta.