Las reformas santanderistas y el benthamismo (1825–1828)

Las reformas santanderistas y el benthamismo (1825-1828)

Entre 1825 y 1828, el gobierno de la Gran Colombia intentó algo que hasta entonces ninguna república hispanoamericana había ensayado con esa deliberación: quitarle a la Iglesia el monopolio sobre lo que se enseñaba en las aulas y sobre las categorías con que se pensaba el orden político. La vicepresidencia de Francisco de Paula Santander, con Simón Bolívar ausente en las campañas del sur, produjo un bloque de decretos, planes de estudio y textos oficiales que introdujeron el utilitarismo de Jeremy Bentham en la formación jurídica y ampliaron la red universitaria bajo control estatal. La reversión llegó rápido: el 12 de marzo de 1828, un decreto de Bolívar prohibió los Tratados de Legislación de Bentham en toda universidad colombiana; en agosto, tras el fracaso de la Convención de Ocaña, el Libertador anuló la Constitución y asumió la dictadura. La derrota fue táctica, no doctrinaria: la matriz que Santander había codificado —Estado docente, secularización tutelada, legalismo positivo— reaparecería en 1849 y en 1863, sostenida por los mismos letrados que sobrevivieron al 25 de septiembre.

El terreno: un Estado débil frente a una Iglesia que sí gobernaba

La Constitución de Cúcuta de 1821 había fundado la Gran Colombia como una república centralista que unía Venezuela, Nueva Granada y Quito, y había consagrado el catolicismo como religión de la República, prohibiendo el culto público de cualquier otra. El Estado nacía confesional por texto y por necesidad: la Iglesia era, con enorme diferencia, la institución más extendida, mejor organizada y con mayor legitimidad social del territorio. Sus obispos y curas gozaban de una autoridad casi universalmente aceptada; los nuevos gobernantes republicanos, en cambio, apenas empezaban a existir para poblaciones que los percibían distantes, sospechosos o directamente ilegítimos.

Esta asimetría condicionó todo. Los letrados que rodeaban a Santander —abogados jóvenes formados en el derecho indiano y en los rudimentos de la Ilustración— entendieron que sin desmontar el dominio ideológico de la Iglesia no habría república viable, pero también que un choque frontal era impensable. La estrategia fue lateral: intervenir el terreno donde el clero formaba a las élites, es decir, las universidades y los colegios, y colocar allí textos que introdujeran categorías laicas de razonamiento jurídico y político. El sufragio, por lo demás, restringía la ciudadanía activa a varones casados o mayores de 21 años que supieran leer y escribir y acreditaran propiedad raíz de cien pesos o rentas equivalentes: en las aulas de esa minoría letrada se decidía la reproducción del poder.

Santander llegaba a ese diseño desde una biografía coherente. Había abandonado sus estudios de derecho en 1810 para incorporarse a las fuerzas patriotas, pero la formación jurídica le dejó una marca que lo definió como gobernante: el reflejo de oponer procedimiento y ley a las urgencias del poder militar. Fue esa disposición, más que ninguna divergencia programática temprana, la que fue erosionando su relación con Bolívar mientras el uno organizaba la administración y el otro guerreaba en los Andes.

La vicepresidencia como taller: organización civil, 1821-1825

Entre 1821 y 1826, mientras Bolívar dirigía las campañas militares que llevarían la independencia hasta el Alto Perú, Santander ejerció como vicepresidente encargado del gobierno de la Gran Colombia. En ese período construyó, pieza a pieza, una administración civil donde antes había cabildos coloniales, juntas patrióticas y ocupaciones militares superpuestas. Impulsó la hacienda pública, las relaciones internacionales, los primeros pasos de una política económica librecambista y, sobre todo, la educación, que hizo eje de su gestión.

Se rodeó de un círculo de abogados jóvenes: Vicente Azuero, Francisco Soto, Estanislao Vergara en distintos momentos, y una nueva generación de letrados santafereños que ocupaban las secretarías, las gobernaciones y los tribunales. Bolívar, cuando volviera a mirar hacia Bogotá, encontraría este dato irritante: un gobierno civil de leguleyos, no de coroneles. La crítica que dirigiría al régimen santanderista —que el país necesitaba un ejecutivo más fuerte y una legislatura menos asertiva— tenía tanto de diagnóstico político como de reacción visceral contra el tipo humano que Santander había puesto a gobernar.

La primera elección presidencial y vicepresidencial bajo la Constitución de Cúcuta ya había expuesto una fisura. En 1825, ningún candidato alcanzó los dos tercios de los votos de los electores concurrentes a las asambleas, exigencia constitucional para la victoria en primera instancia. La elección pasó al Congreso, que designó vicepresidente a Santander. El detalle no era menor: en asambleas electorales de Mérida y Caracas, Santander había obtenido cero por ciento de los votos. El apoyo congresional que lo elevó al cargo provenía, en buena parte, de representantes de provincias donde los electores no lo habían respaldado. Era una legitimidad de segundo grado que, en un régimen todavía por consolidar, dejaría heridas.

Un episodio menos famoso pero revelador ocurrió cuando Santander presentó ante el Senado observaciones al decreto que fijaba el periodo del escrutinio de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, pidiendo que se hiciera en el Congreso de 1827 y no en el de 1826. El argumento público fue institucional: evitar que el ejecutivo saliente perdiera autoridad frente al electo. Había, además, una lectura de conveniencia personal en el aplazamiento. La maniobra sirve para dibujar al Santander real, no al del bronce: un legalista que sabía usar el procedimiento, incluidos sus tiempos, en beneficio de su posición.

El Plan de Estudios de 1826: Estado docente por decreto

La pieza mayor del proyecto reformista fue el Plan General de Estudios sancionado en 1826. La comisión que lo elaboró la presidió José Manuel Restrepo, secretario del Interior y ya entonces historiador oficial de la revolución. El Plan reorganizó la enseñanza superior en cinco facultades: jurisprudencia, teología, medicina, filosofía y ciencias naturales, y literatura y bellas artes. Exigió, además, que cada una de las tres universidades del país mantuviera un observatorio astronómico, un museo de historia natural, un jardín botánico, instrumentos de física y un laboratorio de química. La ambición era declarada: montar en la Bogotá recién republicana el equipamiento de una universidad europea de la época.

Aquí conviene decir algo que la memoria liberal posterior tendió a suavizar: el Plan de 1826 no era, en su arquitectura, la culminación del liberalismo educativo. Al contrario, revirtió la política más flexible que el Congreso de Cúcuta había adoptado en 1821 sobre estudios profesionales y restauró un sistema de control centralizado cuya matriz era, en más de un sentido, la del reformismo borbónico tardío. Lo que hicieron los santanderistas fue quedarse con la maquinaria centralizadora del Antiguo Régimen y cambiarle el contenido doctrinario. El Estado docente colombiano nacía, así, con una contradicción de origen: laicizaba los textos sin liberalizar la estructura.

El 14 de abril de 1827, Santander decretó la fundación de la Universidad de Popayán —la futura Universidad del Cauca— e intentó, sin éxito, otra en Tunja que nunca entró en funciones. Popayán, ciudad de arraigo eclesiástico y de familias que suministrarían al bolivarianismo y al conservatismo buena parte de sus cuadros, recibió por decreto santanderista la institución que a mediano plazo formaría a algunos de los adversarios doctrinarios del propio santanderismo. Es el tipo de ironía que la historia produce sin proponérselo.

Bentham en el aula: la operación silenciosa

Dentro del Plan, la decisión más cargada fue adoptar los Tratados de Legislación Civil y Penal de Jeremy Bentham como texto obligatorio en los cursos de legislación de las facultades de jurisprudencia. El gesto tenía varias capas. Bentham era un filósofo utilitarista inglés, vivo aún, protestante, que proponía juzgar las leyes por su utilidad social medible y no por su conformidad con el derecho natural, la tradición o la revelación. Sustituirlo por el derecho canónico y el romano en la formación de los futuros abogados —los futuros jueces, congresistas, ministros— significaba cambiar la gramática con que la élite letrada pensaría el Estado.

La operación no fue solamente doctrinaria. Colombia se insertaba, tras la independencia, en la órbita comercial y cultural británica; Gran Bretaña era la potencia protectora, el modelo institucional admirado, la fuente de empréstitos y de reconocimiento diplomático. Adoptar a Bentham tenía algo de gesto de alineamiento con esa influencia. Y había, también, algo más humilde: importar textos ya escritos, sistematizados y disponibles resolvía un problema práctico en un país sin manuales propios de derecho positivo republicano.

La reacción del clero fue inmediata y feroz. El presbítero Francisco Margallo, párroco de la iglesia de La Tercera en Bogotá, encabezó desde el púlpito y desde las páginas de El Gallo de San Pedro una campaña dominical contra Bentham y contra su principal defensor local, Vicente Azuero. Los sermones eran hechos públicos; los artículos, panfletos que circulaban por la ciudad. Margallo no argumentaba en abstracto: acusaba a Bentham de irreligioso, señalaba a Azuero como agente del error y llamaba a los fieles a impedir que sus hijos se contaminaran en las aulas del Estado.

Azuero y los defensores del utilitarismo respondieron en la prensa. Sostenían que la doctrina benthamista no era contraria a la moral ni al cristianismo, y sugerían —con cierta razón polémica— que buena parte de la oposición se explicaba porque Bentham era protestante, no porque sus tesis fueran incompatibles con la fe. El debate no se quedó en las plumas. El gobierno santanderista, considerando excesiva la campaña de Margallo, pidió la intervención del arzobispo de Bogotá, Fernando Caicedo y Flórez. El arzobispo sancionó al párroco con días de reclusión en el convento de San Diego. Un cura enviado al claustro por orden episcopal a instancias del gobierno civil: en ese pequeño acto administrativo se cifra el modelo de secularización tutelada que Santander practicaba. No se separaba a la Iglesia del Estado; se usaba al Estado, y al patronato, para disciplinar a la Iglesia desde dentro.

La fractura Bolívar-Santander: 1826 y el año que lo cambió todo

Mientras esto ocurría en las aulas y los púlpitos de Bogotá, la política grancolombiana se agrietaba por sus costuras territoriales. En 1826, el general José Antonio Páez, jefe militar de Venezuela, encabezó una rebelión que desconoció la autoridad del gobierno de Bogotá. Santander, fiel a su reflejo legalista, quiso mandar tropas y someterlo. Bolívar, que llegaba del Perú, hizo lo contrario: viajó a Venezuela en 1827, negoció con Páez, no condenó su conducta y le devolvió el mando. Para Santander, aquello fue una traición al orden constitucional. Para Bolívar, un acto de realismo político.

En paralelo, Bolívar había empezado a promover, desde 1826, la adopción en la Gran Colombia de la Constitución boliviana que él mismo había redactado para el Alto Perú. Su núcleo era un presidente vitalicio con facultad de designar sucesor: un régimen presidencialista de contornos casi monárquicos. La prensa bogotana lo llamó desde ese año el Código Bolivariano y comparó abiertamente las ambiciones del Libertador con las de Napoleón y con las de Agustín de Iturbide, el efímero emperador mexicano. Los santanderistas se declararon sujetos a la Constitución de Cúcuta de 1821. La línea estaba trazada.

Ese mismo año, los bolivaristas empezaron a organizar en varias provincias las llamadas actas populares: pronunciamientos redactados por autoridades civiles o militares que pedían el desconocimiento de la Constitución de Cúcuta y la adopción del proyecto boliviano. Era una mecánica de presión que buscaba fabricar una legitimidad de calle para imponer arriba lo que arriba no lograba aprobarse.

Bolívar rompió formalmente su amistad con Santander en carta del 19 de marzo de 1827. Le pedía que se abstuviera de escribirle y le retiraba su amistad. Santander respondió el 29 de abril. La correspondencia entre los dos hombres que habían fundado juntos la república se cerraba con esa cortesía glacial. A partir de ahí, los aparatos del Estado —el ejército, la administración, la prensa— dejaron de coexistir y empezaron a maniobrar el uno contra el otro.

El decreto del 12 de marzo y el brindis del arzobispo

En este contexto polarizado se produjeron dos gestos de Bolívar que, leídos juntos, iluminan la estrategia del bolivarianismo hacia la Iglesia. El primero fue del 23 de enero de 1828: Bolívar invitó a cenar en Bogotá al arzobispo Caicedo y Flórez y a los nuevos obispos que el papa León XII había confirmado para diócesis colombianas, y brindó por el bien de la Iglesia. El gesto, en un país donde el sector santanderista acababa de forzar la reclusión de un párroco, era transparente: Bolívar se ofrecía como el aliado natural del clero contra los abogados utilitaristas.

El segundo, siete semanas después, fue el decreto del 12 de marzo de 1828: los Tratados de Legislación de Jeremy Bentham no podrían enseñarse en ninguna universidad de Colombia. El texto justificaba la medida señalando que obras como las de Bentham contenían principios hostiles a la religión, la moral y el orden público, y ordenaba reemplazar esos cursos por el estudio del latín, del derecho romano y canónico, y de la religión católica. La reversión era completa: se volvía, literalmente, al plan de formación jurídica del Antiguo Régimen.

Sería un error leer este decreto como una convicción teológica de Bolívar. El Libertador no era un hombre piadoso ni le interesaban las polémicas doctrinarias. La prohibición fue una jugada política: deslegitimar al sector santanderista quitándole el texto emblemático, ganarse el respaldo del clero en la puja institucional que se aproximaba y aislar a los abogados jóvenes del Estado docente que Santander había construido. El benthamismo, en la lógica del enfrentamiento, era un frente instrumental. Su prohibición envió una señal más amplia sobre quién controlaría, en la nueva fase, la formación de las élites.

Ocaña y la dictadura: la derrota táctica

La Convención de Ocaña se reunió en 1828 para reformar la Constitución de Cúcuta. Fracasó. Los delegados bolivarianos, incapaces de imponer el proyecto de presidencialismo vitalicio, se retiraron. Los santanderistas se declararon sujetos a la Constitución de 1821. Sin quórum, la Convención se disolvió sin acuerdo. Bolívar, investido de plenos poderes por sus partidarios, emitió el Decreto Orgánico del 27 de agosto de 1828: anuló la Constitución de Cúcuta y estableció la dictadura.

Fue el momento en que los adversarios de Bolívar cruzaron la línea. Alrededor de Santander se agrupaban Vicente Azuero, Luis Vargas Tejada, Florentino González, Mariano Ospina Rodríguez y otros letrados jóvenes que habían sido los cuadros del reformismo. Ese mismo año se produjeron rebeliones militares: los generales José María Obando y José Hilario López se levantaron contra la dictadura. En el sur y en el centro, la resistencia se organizó por caminos que ya no cabían dentro del constitucionalismo.

La noche del 25 de septiembre de 1828 —la conocida conspiración septembrina— un grupo de conjurados entró en el palacio de San Carlos con la intención de asesinar a Bolívar. El Libertador se salvó descolgándose por una ventana; Manuela Sáenz distrajo a los conspiradores. En la madrugada del 26 empezaron las detenciones. El general Rafael Urdaneta, encargado de la represión, mandó apresar a cerca de sesenta personas, entre ellas al propio Santander. Las cifras de ejecutados y desterrados varían según las versiones: unas hablan de diecisiete fusilados, diecinueve enviados al presidio de Chagres y nueve al de Cartagena; otras, de catorce ahorcados o fusilados y diecisiete desterrados. Vargas Tejada logró huir y murió meses después, ahogado en un río de los Llanos, tratando de esconderse. José Sardá se fugó el 11 de octubre y permaneció oculto casi un año; cuando fue localizado —traicionado por un amigo— los militares que lo aprehendieron llevaban orden de Santander de capturarlo vivo o muerto, y por su cuenta decidieron matarlo en su escondite para evitar una nueva conspiración.

Santander fue juzgado, condenado y desterrado. Salió al exilio hacia Europa y luego a los Estados Unidos. Estaba en Nueva York cuando, disuelta la Gran Colombia y muerto Bolívar, la Nueva Granada lo eligió presidente. Desde allí envió su aceptación al cargo.

Lo que quedó: la matriz latente

La derrota táctica del proyecto santanderista fue inequívoca. El decreto del 12 de marzo de 1828 sacó a Bentham de las aulas. La dictadura de agosto anuló la Constitución de 1821. La represión septembrina descabezó al círculo de letrados que había hecho la reforma. Y, sin embargo, la matriz no se extinguió; entró en una latencia productiva.

Durante su paso por Londres en julio de 1830, camino del exilio, Santander cenó con Jeremy Bentham, entonces de 82 años, en la casa del filósofo. El encuentro, casi novelesco, tiene un valor simbólico difícil de exagerar: el vicepresidente derrotado por haber introducido a Bentham en las aulas colombianas se sentaba, en persona, a cenar con el autor prohibido. Fue una despedida y una ratificación.

Cuando Santander volvió a gobernar como presidente de la Nueva Granada entre 1832 y 1837, el debate benthamista se reactivó con intensidad. La prohibición bolivariana fue relativamente breve; la formación jurídica volvió a incorporar el utilitarismo, aunque el conflicto con el sector clerical y con los antiguos bolivarianos —convertidos, muchos de ellos, en el núcleo de lo que sería el conservatismo— no se cerró jamás. En 1842, José Eusebio Caro, que en 1848 sería uno de los fundadores ideológicos del Partido Conservador, participó activamente en la ofensiva antiutilitarista. La disputa ya no era solo entre partidarios y detractores de un texto: era el eje de una división partidaria en formación.

En 1850, veintidós años después del decreto bolivariano, el Congreso neogranadino volvió a debatir la adopción de Bentham en las universidades. Ezequiel Rojas, cuya formación doctrinaria central era el benthamismo, fue el principal defensor del utilitarismo entre sus contemporáneos y una de las cabezas del liberalismo que ese mismo año fundaba el Partido Liberal Colombiano. Tres años antes, en 1847, había ocurrido otro hecho decisivo: Florentino González, antiguo santanderista, conspirador septembrino desterrado y sobreviviente de la generación de 1828, impulsaba como ministro de Hacienda del gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera la reforma arancelaria de liberalismo económico, una propuesta que en la década de 1820 había sido casi exclusiva del círculo teórico santanderista.

La continuidad, entonces, no fue el despliegue automático de una doctrina latente. Fue mediada por biografías concretas: una red de letrados formada en la matriz reformista de 1825-1828 que sobrevivió al exilio, a la represión septembrina y a dos décadas de gobiernos conservadores, y que reapareció, ya en posiciones de mando, para convertir en agenda legislativa lo que había sido programa derrotado. Sin Florentino González en Hacienda, sin Ezequiel Rojas en el Congreso, la matriz santanderista habría sido apenas un capítulo interesante en la historia de las ideas.

Por qué sigue pesando

Las reformas de 1825-1828 fijaron los términos de una disputa que estructuraría el siglo XIX colombiano y que —con otras palabras— sigue viva. La pregunta que Santander formuló en la práctica administrativa —¿puede el Estado republicano formar a sus ciudadanos con categorías laicas o debe delegar esa formación en la Iglesia?— reapareció en cada reforma educativa de la centuria: en las de mediados de siglo, en las del radicalismo olimpista de la Constitución de 1863, en la reacción regeneradora de 1886 con su Concordato de 1887, y en las polémicas del siglo XX sobre el laicismo escolar. Cada generación heredó el conflicto sin resolverlo, porque el desequilibrio de origen —un Estado débil frente a una Iglesia con dominio social casi universal— no se resolvió por decreto.

Conviene decir, para cerrar sin bronce, que la coherencia doctrinaria del liberalismo santanderista fue en buena parte producto de la polarización que generó, no de un programa previamente articulado. El Plan de Estudios de 1826 revirtió la política más liberal de 1821. Las reformas continuaron en lo estructural el reformismo ilustrado borbónico y de las Cortes de Cádiz más que inaugurar un liberalismo autóctono. La adopción de Bentham respondió tanto a la influencia inglesa postindependencia y a la escasez de manuales como a una estrategia secularizadora deliberada. Lo que dio unidad retrospectiva al proyecto fue la reacción bolivariana y clerical que lo persiguió, y la construcción posterior, en las polémicas partidarias de mediados de siglo, de una genealogía que necesitaba a Santander como fundador.

Esa genealogía, aunque tardía, no es falsa. Fue en aquellos tres años —entre el Plan de Estudios de 1826, la fundación de la Universidad de Popayán en abril de 1827 y la prohibición de Bentham en marzo de 1828— cuando el Estado colombiano intentó por primera vez, con instrumentos institucionales concretos, disputarle a la Iglesia el terreno de la formación intelectual de sus élites. La derrota fue rápida y sangrienta; la huella, tenaz. La república que hoy se lee en el país tiene, en esos decretos, uno de sus documentos fundacionales, aunque su lector original haya sido enviado al exilio en un barco.