Vicente Azuero

La semblanza: quién fue Azuero y por qué pesa

Azuero fue el prototipo del criollo letrado del oriente neogranadino que hizo del derecho su vehículo de ascenso y de la imprenta su tribuna de combate. Entre 1821 y 1831 acumuló, casi sin pausa, las tres funciones que en la Gran Colombia eran una sola vocación: la de legislador —senador y actor central de los debates del Congreso—, la de publicista —fundador y redactor de El Conductor, colaborador de la Gaceta de Colombia, autor de opúsculos combatientes— y la de polemista doctrinario, sobre todo en la batalla por la enseñanza de Jeremy Bentham en las universidades de la república.

Su peso no reside en un cargo cumbre ni en una victoria militar. Reside en haber sido, junto a Santander, la cabeza visible del bloque civilista que se opuso al proyecto vitalicio de Bolívar; en haber ordenado por escrito, con lenguaje jurídico y utilitarista, la defensa de la Constitución de 1821 frente al proyecto boliviano de 1826; y en haber convertido la disputa entre bolivarianos y santanderistas en una controversia de ideas —sobre la soberanía, la representación, la iglesia, la moral pública— y no solo en una pugna de facciones. Cuando en la Convención de Ocaña de 1828 los bolivarianos se retiraron del recinto y los santanderistas se declararon sujetos a la Constitución de 1821, la frontera política que se dibujaba tenía el lenguaje que Azuero venía trabajando desde años atrás en las páginas de la Gaceta y en su periódico propio.

Los orígenes: el criollo letrado del Socorro

Vicente Azuero nació en 1787 en la Provincia del Socorro, en el territorio que la república bautizaría después con el nombre de Santander. Su formación siguió el itinerario que los criollos de las élites de provincia habían identificado desde el siglo XVIII como el único camino seguro hacia los cargos de gobierno y el prestigio social asociado a ellos: el estudio del derecho en Santa Fe, en el San Bartolomé o en el Colegio del Rosario. En esa Santa Fe universitaria de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX se cruzaban las carreras tradicionales —derecho, medicina, teología— con el eco de la filosofía moderna que José Félix Restrepo, desde su cátedra bartolomea de fines de la década de 1770 y luego desde Popayán, había introducido con vocación científica.

Ese contexto importa para entender a Azuero. La élite letrada criolla a la que perteneció era una capa social densa, ambiciosa, con más abogados de los que la administración virreinal podía absorber. Muchos aspiraban a cargos gubernamentales que raramente conseguían, y esa tensión entre la élite letrada americana y el orden colonial forma parte del suelo desde el que emergieron los cuadros civiles de la Independencia. Cuando en la década de 1810 la crisis peninsular abrió el ciclo revolucionario, hombres como Azuero llegaron ya formados jurídicamente, con la convicción de que el derecho no era ornamento sino sustancia misma del gobierno republicano. Esa convicción sería la marca de agua de todo su desempeño posterior.

El apellido Azuero aparece en la Independencia por otra vía: el presbítero Juan Nepomuceno Azuero Plata —pariente cercano— fue firmante del Acta de Independencia, miembro del Congreso en la década de 1820, y una de las figuras eclesiásticas más singulares del período: masón y, más tarde, promotor en la Cámara de Representantes de un movimiento que llegó a hablar de un cisma total de la iglesia granadina para separarla de Roma. La familia Azuero, así, se instala desde temprano en el ala más avanzada del republicanismo neogranadino, aquella que no vio contradicción entre orden civil y crítica al poder eclesiástico romano.

La trayectoria: del Congreso de Cúcuta a la ruptura con Bolívar

1821-1825: la Constitución centralista y la doctrina de la representación

La Constitución de Cúcuta de 1821 fue el marco dentro del cual Azuero se hizo político nacional. Ese congreso aprobó el sistema centralista para integrar a Venezuela, Nueva Granada y Quito en una república unitaria, y consagró principios jurídicos —legalidad, presunción de inocencia, prohibición de detención sin proceso previo, prohibición de testificar contra uno mismo o sus parientes— que Azuero defendería después con la vehemencia del hombre que había participado en formularlos. En los debates sobre la organización política de la Gran Colombia figuró entre los centralistas destacados, junto a Francisco Soto, Pedro Gual y Fernando Peñalver.

En 1823 fue senador en el Senado grancolombiano. Ese año, junto con Diego Fernando Gómez, inició un proceso político contra Antonio Nariño, quien se presentó al Senado el 14 de mayo de 1823 para pronunciar su célebre discurso de defensa y fue absuelto por unanimidad. El episodio, más allá del desenlace, revela ya el temperamento azueriano: la política como litigio, el adversario como imputado, el Senado como tribunal moral de la república. Esa manera de operar —convertir el desacuerdo en causa— acompañará a Azuero toda la vida.

En agosto de 1825, en la Gaceta de Colombia, publicó los planteamientos que sostienen su doctrina más característica sobre la representación. Contra quienes proponían ampliar las facultades de las asambleas secundarias —las asambleas electorales de los cantones— para deliberar sobre asuntos constitucionales, Azuero argumentó que dichas asambleas debían limitarse a la función de elegir. Su razón era de una franqueza que hoy resulta incómoda: el bajo nivel de ilustración de sus miembros en muchos cantones les impedía deliberar con solvencia sobre cuestiones constitucionales complejas. La deliberación de fondo correspondía a instancias más calificadas. Y añadía, apoyándose en Mirabeau, que las municipalidades podían servir de "crisol" para experimentar las cualidades de futuros miembros del Congreso: la carrera política debía ascender gradualmente desde los cargos inferiores a los superiores, filtrando en cada peldaño a los hombres aptos.

Esa doctrina —tan racional en su lógica interna como restrictiva en sus consecuencias— es la clave de bóveda del liberalismo azueriano. Reconocía en el pueblo la fuente de legitimidad pero reservaba a una élite letrada la capacidad efectiva de deliberar sobre las cuestiones fundamentales. No era una contradicción del sistema: era el sistema. Un liberalismo pedagógico y tutelar que veía al ciudadano como material a formar y no como sujeto plenamente competente desde el primer día.

1826-1827: la ruptura y la fundación de El Conductor

La calma constitucional se rompió en 1826. Bolívar promovió desde ese año la Constitución boliviana, que establecía un presidente vitalicio con poderes casi monárquicos, y ese proyecto detonó la ruptura con Santander y la formación de bandos políticos definidos. La rebelión de Páez en Venezuela ese mismo año agravó la crisis: Bolívar regresó a Colombia a finales de 1826 y resolvió temporalmente el conflicto venezolano mediante un acuerdo con Páez que sus opositores civiles leyeron como capitulación ante el caudillismo militar. En carta del 19 de marzo de 1827, Bolívar rompió formalmente su amistad con Santander y le pidió que dejara de escribirle. La escena política grancolombiana quedó fracturada.

En ese contexto Azuero fundó y dirigió El Conductor, tribuna desde la cual expresó sin ambages su posición: la Nueva Granada debía organizarse de manera autónoma y aceptar la separación de Venezuela. En carta a Rufino Cuervo del 19 de julio de 1827, Azuero anunció que publicaría en su periódico esa posición favorable a la separación. Los planteamientos doctrinarios sobre la representación que había ensayado en la Gaceta de Colombia dos años antes se prolongaban ahora en un proyecto político concreto: si la Gran Colombia era ingobernable como república única, la Nueva Granada debía darse instituciones propias, civiles y legales, sin arrastrar la ficción bolivariana de una unidad continental sostenida por el poder personal del Libertador.

El Conductor fue, en esa coyuntura, uno de los primeros ejemplos maduros de prensa panfletaria republicana en Bogotá: un periódico con línea editorial, con adversarios claros, con doctrina explícita. Azuero perfeccionaba allí un estilo —jurídico en el andamiaje, apasionado en la superficie, moralmente inflexible— que se convertiría en el modelo del publicismo liberal neogranadino de las décadas siguientes.

1828: Ocaña, la Ley Orgánica y la Noche Septembrina

La Convención de Ocaña se reunió entre abril y junio de 1828 con el mandato de reformar la Constitución de 1821. Fracasó. Los bolivarianos, al ver que no podían imponer la reforma en el sentido autoritario que proponían, se retiraron del recinto. Los santanderistas —el bloque civilista que Azuero representaba intelectualmente— se declararon sujetos a la Constitución de 1821. La Convención se disolvió sin lograr nada. En Ocaña quedaron delineados, por primera vez con claridad, los dos partidos políticos de la Gran Colombia: bolivarianos y santanderistas. Luis Vargas Tejada había formado parte del grupo de diputados santanderinos desplazado a la Convención.

Tras el fracaso, Bolívar asumió poderes dictatoriales. El 27 de agosto de 1828 se anunció la Ley orgánica, que sirvió de fundamento constitucional a la dictadura: declaró caducada la constitución y delegó en Bolívar facultades extraordinarias de gobierno. Ese acto —un autogolpe en toda regla— cristalizó la lectura que el bloque civilista venía haciendo del bolivarismo: Bolívar no era ya el Libertador de la república sino su enterrador. Alrededor de Santander, y con Azuero, Vargas Tejada, Florentino González y Mariano Ospina Rodríguez, se organizaron reuniones vinculadas a la conspiración conocida como la Noche Septembrina.

La noche del 25 de septiembre de 1828, un grupo de oficiales del ejército, profesores y estudiantes reunidos en la llamada Sociedad Filológica intentó asesinar a Bolívar en el Palacio de San Carlos. El líder de la operación fue Pedro Carujo, oficial venezolano de veintiséis años con aspiraciones literarias, auxiliado por Ramón Guerra, jefe del estado mayor en Bogotá, y por Luis Vargas Tejada como coordinador civil. Manuela Sáenz encubrió la fuga de Bolívar por una ventana. Santander había sido consultado por los conspiradores: expresó su acuerdo sobre la criminalidad de Bolívar pero declinó participar en la violencia y desaprobó el plan, sin descartar una colaboración futura en un movimiento pacífico.

En la madrugada del 26 de septiembre, el general Urdaneta ordenó la detención de alrededor de sesenta personas. Santander fue arrestado; su papel exacto en la conspiración no quedó nunca aclarado: se comprobó que estaba al corriente de los planes, pero no que fuera el instigador. Vargas Tejada huyó. El bloque civilista quedó descabezado.

De Azuero, en este episodio, lo que queda establecido es su presencia en el círculo íntimo de reuniones previas alrededor de Santander, junto a Vargas Tejada, González y Ospina Rodríguez. Sea cual fuere el detalle de su implicación operativa, la dictadura de Bolívar cerró para él la posibilidad de una actividad pública libre. Los años que siguieron a septiembre de 1828 fueron para el bloque civilista años de silencio forzado, exilio o clandestinidad.

1830-1832: el fin de la Gran Colombia y la nueva república

La Gran Colombia se deshizo rápidamente. Hacia enero de 1830, los venezolanos habían votado a favor de la separación de Cundinamarca y los ecuatorianos estaban igualmente inclinados a separarse. Bolívar renunció a la presidencia y murió en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830. Entre el 20 de octubre de 1831 y el 29 de febrero de 1832 se discutió y aprobó en Bogotá la nueva Constitución de la República de la Nueva Granada.

Azuero volvió al primer plano. En 1832 los constituyentes neogranadinos, en su mayoría liberales, establecieron un sufragio que incluía a todos los ciudadanos con subsistencia asegurada y no sujetos a servidumbre doméstica o jornalería, ampliando la participación electoral aunque manteniendo exclusiones significativas. Azuero celebró esa fórmula con un entusiasmo casi solemne: la presentó como el mejor fruto que el pueblo de la Nueva Granada estaba recogiendo tras veintiséis años de esfuerzos por su independencia y sus instituciones liberales. La cuenta era deliberada: 1832 aparecía como el punto de llegada de un ciclo abierto en la primera década del siglo, la coronación institucional del proyecto civilista.

La Constitución de 1832 instituyó el régimen provincial autónomo, dividiendo el territorio en provincias con cámaras dotadas de atribuciones propias en sus artículos 156 y 160 y siguientes. Ese arreglo —centralismo político combinado con autonomía provincial administrativa— era exactamente el equilibrio que el bloque civilista había defendido desde 1821. En agosto de 1832, Azuero publicó en la imprenta de Nicomedes Lora el texto Al público y a mis detractores, opúsculo posteriormente incluido en la compilación documental de Guillermo Hernández de Alba y Fabio Lozano y Lozano publicada por la Academia Colombiana de Historia en 1944. El título revela el temperamento: incluso en el momento de la victoria, Azuero escribía en modo de defensa contra sus enemigos.

Los años treinta lo consolidaron como una de las cabezas visibles del grupo liberal civilista neogranadino, en contraposición al bando ministerial. La denominación "liberal" ya circulaba con reconocibilidad; los partidos aún no eran organizaciones formalizadas, pero actuaban como grupos coherentes en las elecciones. La escena política de la nueva república estaba organizada alrededor de dos identidades: liberales, con Santander y Azuero como figuras rectoras, y ministeriales, partidarios del gobierno, con divisiones internas entre las que se contaban los llamados moderados civilistas.

Vicente Azuero murió en 1844, doce años después de aquella Constitución que había celebrado como la consumación de su lucha. Alcanzó a ver cómo su liberalismo se consolidaba pero no llegó a la reorganización partidaria de mediados de siglo, aquella que fijaría los nombres de Liberal y Conservador y que reelaboraría, muchas veces al costo de simplificarla, la herencia santanderista.

La red: Santander, Bentham, Margallo y el clero polémico

Santander: colaboración sin dependencia

La imagen de Azuero como intelectual orgánico del santanderismo es correcta si se entiende bien: no fue el redactor pasivo de las ideas del general, sino su interlocutor doctrinario. Santander imprimió al grupo una identidad política y aportó el peso institucional del vicepresidente y luego del presidente de la Nueva Granada; Azuero aportó la doctrina escrita, la polémica pública, la formalización jurídica. Los dos se leían mutuamente. Cuando en la carta a Rufino Cuervo de julio de 1827 Azuero anticipaba su posición sobre la separación de Venezuela, no estaba consultando a Santander: estaba fijando por escrito una línea que el propio Santander compartía y que la coyuntura hacía inevitable.

La colaboración estrecha en los años de la vicepresidencia santanderista, con la organización del sistema educativo republicano desde 1820 —los decretos sobre escuelas de primeras letras del 6 de octubre de 1820, la reorganización universitaria con la ayuda de José Manuel Restrepo—, situó a Azuero en el corazón del programa civilista: educación, legalidad, imprenta, benthamismo. Cuatro palabras que definen el proyecto tanto como cualquier declaración programática.

Bentham y Margallo: la guerra cultural del utilitarismo

La adopción de los libros de Jeremy Bentham para la enseñanza universitaria fue, en la Nueva Granada de los años veinte, más que una cuestión pedagógica: fue la primera gran guerra cultural de la república. Azuero se convirtió en su más beligerante defensor. Sostuvo públicamente que la doctrina de Bentham no era contraria a la moral ni atacaba las instituciones sociales. Sus adversarios más ruidosos vinieron del clero.

El presbítero Francisco Margallo, párroco de La Tercera, fue el rival principal. Adelantó una violenta campaña contra el benthamismo y contra Azuero personalmente en sermones dominicales y en artículos publicados en El Gallo de San Pedro. El benthamismo, según Margallo y sus aliados, contenía principios contrarios a la religión, la moral y la paz de los pueblos, y estaba destinado a corromper las costumbres y las bases religiosas de la sociedad. Púlpitos, libelos y periódicos convergieron en la ofensiva. El gobierno de Santander llegó a considerar excesiva la campaña de Margallo y solicitó la intervención del arzobispo Caicedo y Flórez, quien sancionó al párroco con días de reclusión en el convento de San Diego.

La disputa era una guerra por el alma pedagógica de la república. Bolívar terció a favor de los tradicionalistas: en 1828, ya en clave dictatorial, decretó la prohibición de los libros de Bentham en la enseñanza pública. Fue un acto de estrategia cultural: cerrar la puerta al utilitarismo era también cerrarla al proyecto santanderista de un Estado laico, moderno y racionalizador. En 1850, veintidós años después de aquella prohibición, Ezequiel Rojas —principal difusor del benthamismo en Colombia— volvería a presentar en el Congreso una propuesta relacionada con la adopción de los libros de Bentham para la enseñanza universitaria. En 1842, la controversia se había reactivado con José Eusebio Caro como figura central de la oposición conservadora al benthamismo. La disputa se convirtió en un pleito permanente entre los defensores de la modernidad y los de la tradición, con los liberales del lado de Bentham y los conservadores como sus principales opositores.

Azuero fue, en toda esa larga contienda, el fundador del bando benthamista neogranadino. La forma que le dio al debate —jurídica, laica, pedagógica, con la imprenta como campo de batalla— fijó los términos que otras generaciones heredarían.

La masonería y el clero heterodoxo

El presbítero Juan Nepomuceno Azuero Plata perteneció a una logia masónica durante la Independencia y la Gran Colombia. Su caso no es aislado: la masonería fue, en el período, un vehículo de sociabilidad política entre militares, comerciantes, artesanos y también sectores del clero. Una parte de la iglesia católica la combatió virulentamente —fray Antonio María Gutiérrez, dominico secularizado, inició hacia 1824 la discusión pública sobre la masonería en la prensa neogranadina desde El Patriota, y Margallo respondió con hojas antimasónicas—, pero dentro del mismo clero hubo numerosos miembros afiliados a las logias.

Vicente Azuero se movió en ese ecosistema de sociabilidades letradas, aunque no hay elementos para atribuirle una militancia masónica personal. Sí puede afirmarse que su universo intelectual —Bentham, Mirabeau, el derecho ilustrado, la crítica al poder eclesiástico romano— era el mismo universo en el que las logias operaban como espacios de discusión.

La huella: el liberalismo tutelar y la matriz del bipartidismo

La huella de Azuero se dejó sentir en tres planos. En el plano doctrinario, su definición de la representación —el pueblo como fuente de legitimidad, la élite letrada como instancia de deliberación— fijó la forma que tomaría el liberalismo neogranadino en su versión civilista: un liberalismo pedagógico, no plebeyo. La Constitución de 1832 incorporó ese equilibrio con su fórmula del sufragio limitado por la subsistencia asegurada y la no sujeción a la servidumbre doméstica: los ciudadanos plenos eran los adultos independientes, letrados o al menos económicamente autónomos. El resto era objeto de gobierno, no sujeto de decisión.

En el plano cultural, Azuero inventó junto con Santander la prensa republicana beligerante. El Conductor fue tribuna doctrinaria, no boletín oficial; sus polémicas con Margallo se libraron en los términos de una guerra cultural pública. Ese modelo —periódico como órgano de partido, doctrina como arma, adversario como imputado moral— definió el estilo del publicismo colombiano por décadas.

En el plano partidario, la pugna entre bolivarianos y santanderistas cristalizó en Ocaña como el primer momento de bandos políticos diferenciados. La continuidad entre aquel bloque santanderista-azuerista y el Partido Liberal consolidado a mediados del siglo XIX es real pero discontinua, mediada por reelaboraciones posteriores que la hagiografía liberal ha tendido a suavizar. Los propios académicos colombianos han debatido durante generaciones si los partidos comenzaron en 1828, en la década de 1830, o solo hacia mediados de siglo. Los nombres —Liberal, Conservador— no se usaron regularmente hasta esa altura y las organizaciones permanentes aparecieron aún después. Pero las corrientes políticas embrionarias son visibles desde antes, y la más nítida de ellas es la que Santander y Azuero encarnaron.

Conviene resistir la asociación automática. Que el santanderismo derivó en el Partido Liberal y el bolivarismo en el Conservador es una síntesis manejable pero engañosa. La Constituyente conservadora de 1858 promovió el federalismo; Florentino González, formado en el círculo santanderista, terminó en posiciones difíciles de encasillar. La traducción de las tendencias de los años veinte a las identidades partidarias posteriores no es mecánica.

Y sobre todo conviene no leer a Azuero como un demócrata contemporáneo. Su república era una república de ciudadanos ilustrados y económicamente independientes que decidirían sobre los asuntos de fondo, mientras a las asambleas cantonales se les asignaba la función acotada de elegir. Ese liberalismo tutelar fue emancipador frente al proyecto autocrático de Bolívar —la Constitución boliviana con presidente vitalicio, la Ley orgánica del 27 de agosto de 1828, la clausura de la vida civil— y fue restrictivo frente a la demanda popular de participación. Las dos cosas juntas, no una sin la otra.

Azuero encarna el momento fundacional en que una élite letrada neogranadina —criolla, jurídica, benthamista, laica— se pensó a sí misma como la clase natural del gobierno republicano y construyó, para justificarlo, una doctrina coherente de la representación, la educación y la ley. Que su proyecto fuera al mismo tiempo modernizador y elitista no es un defecto que reprocharle desde el presente: es la forma histórica que tomó el liberalismo en la Nueva Granada de la primera hora. Entender esa forma —con sus virtudes y sus límites— es entender el suelo sobre el que se levantó el bipartidismo colombiano. Y ese suelo, en buena medida, lo pisó primero Vicente Azuero, pluma en mano, en las páginas de El Conductor y en los debates del Senado grancolombiano entre 1821 y 1830.