La fractura Bolívar-Santander y el origen del bipartidismo colombiano

La fractura Bolívar-Santander y el origen del bipartidismo colombiano

¿Cuándo, y sobre todo cómo, aprendió Colombia a dividirse en dos? La pregunta parece cronológica y en realidad no lo es: bajo la fecha se juega una idea entera del país. Entre 1826 y 1830, la Gran Colombia se rompió por dentro antes de romperse geográficamente. En cuatro años se sucedieron el proyecto de Constitución boliviana, la rebelión de José Antonio Páez en Venezuela, la primera elección disputada por facciones organizadas, el fracaso de la Convención de Ocaña, la dictadura de Bolívar, el atentado del 25 de septiembre de 1828, la rebelión de Obando y López en el sur, la muerte del Libertador y la disolución de la república. En ese torbellino se formaron dos sensibilidades estatales enfrentadas —una que confiaba en la autoridad ejecutiva concentrada como único cemento del orden, otra que se aferraba al texto constitucional como única fuente de legitimidad— y se consolidó una regla no escrita que definiría el siglo XIX colombiano: quien perdía dentro de las reglas se sentía autorizado a violarlas invocando el bien común.

¿Qué se discute cuando se discute el origen del bipartidismo? Tres cosas a la vez: una fecha —¿1826, 1828, 1849, 1880?—, una naturaleza —¿ideologías, sensibilidades, clientelas, redes de élite?— y una continuidad —¿los liberales del medio siglo son herederos directos de los santanderistas de 1826?, ¿los conservadores lo son de los bolivarianos?—. ¿Qué está en juego en cada respuesta? Nada menos que una historia distinta del país. Si los partidos nacieron en 1849 con nombres propios y programas escritos, el siglo XIX comienza con una promesa democrática moderna que la Guerra de los Mil Días traiciona. Si nacieron en 1826 con la pugna Bolívar-Santander, son la prolongación institucionalizada de una fractura personal y regional, y la violencia partidista es su marca de nacimiento. Si nacieron antes, en las disputas centralistas y federalistas de 1811-1815, la república entera arrastra el problema desde su fundación.

Lo que se juega no es un detalle cronológico. Es la pregunta de por qué la primera experiencia de competencia electoral moderna en Colombia —la que ordenó los comicios de 1825 y 1827 y la elección de diputados a Ocaña— no produjo consolidación democrática sino dictadura, atentado, guerras civiles y disolución del Estado.

Los términos del debate

Cinco tesis compiten en este terreno, y ninguna sale intacta del cotejo con la evidencia.

La primera lee la disputa Bolívar-Santander como la versión local de un dilema continental: cómo construir orden republicano sin ciudadanía consolidada ni tradición de gobierno civil. Bolívar habría representado un cesarismo ilustrado —autoridad ejecutiva fuerte, vitalicia, capaz de suplir por decisión lo que la sociedad no puede sostener por costumbre—; Santander, un constitucionalismo civilista que apostaba a la sujeción estricta al texto de Cúcuta como única vía para formar hábitos republicanos duraderos. La disputa, así, no es entre dos hombres sino entre dos filosofías de la fundación estatal.

La segunda sostiene que el bipartidismo colombiano no nació en 1849 con la campaña de López y la adopción formal de las etiquetas liberal y conservador, sino que quedó prefigurado veinte años antes en la ruptura entre el Libertador y el vicepresidente. Lo que se cristalizó en 1826-1828 no fueron ideologías cerradas —el liberalismo económico no estaba en juego, la cuestión religiosa apenas asomaba—, sino dos sensibilidades estatales: una que privilegiaba la autoridad concentrada como respuesta a la fragilidad de la república, otra que privilegiaba la ley escrita como único freno al despotismo.

La tercera, más fuerte y también más frágil, afirma que la división liberal-conservadora nació directamente de la fractura personal de 1828, del choque entre la dictadura bolivariana y el legalismo santanderista. Es la tesis de la línea recta: bolivarianismo igual a conservatismo, santanderismo igual a liberalismo, y todo lo demás es desarrollo.

La cuarta se desplaza al plano de la cultura política y sostiene que la Gran Colombia careció desde el principio de un dispositivo mental para reconocer al adversario político como legítimo. La primera competencia entre facciones organizadas, la de 1827, fue leída de inmediato como guerra civil latente. Ese fue el problema, y no la ausencia de programas.

La quinta traslada la pregunta a Cartagena y observa que ahí, una década antes, ya había ocurrido algo estructuralmente idéntico: la pugna entre piñeristas y toledistas prefiguró la lógica bipartidista al canalizar la movilización popular —la de los pardos y afrodescendientes libres— dentro de redes elitistas que neutralizaban su autonomía política. El bipartidismo, en esta lectura, sería desde el origen un dispositivo de captura del pueblo por dos facciones de la misma élite.

La rivalidad y su detonante: la Constitución boliviana

En 1826, Bolívar propuso adoptar en Colombia la Constitución que había redactado para Bolivia. Su rasgo central era un presidente vitalicio con facultad de designar a su vicepresidente-sucesor: eliminaba la elección para la sucesión ejecutiva. Cuando Páez, desde Venezuela, le propuso imitar a Napoleón y coronarse rey, el Libertador rechazó la sugerencia respondiendo que el título de Libertador era superior a cualquier corona. Pero el proyecto boliviano era leído por sus críticos como una monarquía republicana bajo otro nombre.

Santander se opuso desde el inicio y se declaró sujeto a la Constitución de Cúcuta de 1821, que había establecido el régimen centralista de la Gran Colombia y no había suscitado, cinco años antes, mayor oposición. La ruptura entre ambos líderes comenzó ahí, no antes. Hasta 1826, Santander había sido el ejecutor civil del proyecto bolivariano; a partir de 1826, se convirtió en el guardián del texto constitucional frente a su reforma vitalicia.

Los bolivarianos respondieron con lo que se convertiría en una técnica recurrente de deslegitimación: las actas populares, promovidas por autoridades militares o civiles en las provincias, que desconocían la Constitución de Cúcuta e invocaban directamente la voluntad del pueblo para saltarse el procedimiento constitucional de reforma —que exigía diez años de vigencia antes de cualquier modificación—. En paralelo, en Venezuela, Páez se negó a obedecer una citación a Bogotá, se pronunció en rebeldía y justificó su acto invocando la voluntad del pueblo venezolano frente a los neogranadinos. Bolívar viajó a Venezuela en 1827, optó por negociar en lugar de someterlo militarmente, y encontró poco apoyo real para su Constitución boliviana, aunque logró apaciguar la situación.

La primera lectura —la del dilema continental entre cesarismo ilustrado y constitucionalismo— encuentra aquí su mejor apoyo. El proyecto boliviano no era caprichoso ni corrupto: respondía a un diagnóstico razonado sobre la imposibilidad de sostener repúblicas viables en sociedades sin costumbre política. Y el rechazo santanderista tampoco era mezquino: respondía a un diagnóstico igualmente razonado sobre la imposibilidad de formar hábitos republicanos si el primer gobernante se autoexcluía del principio de alternancia. Que la misma Constitución boliviana fuera rechazada por Bolivia, abolida por Perú y desintegrara a la Gran Colombia entre 1825 y 1830 sugiere que el diagnóstico santanderista tenía más pulso con la realidad social del momento; pero ambos partían de una preocupación compartida por el orden.

1825-1827: la elección como campo de facciones

La primera politización moderna del voto en Colombia ocurrió antes del choque final. En las elecciones de vicepresidente de 1825, Santander no alcanzó los dos tercios de los electores necesarios para ser elegido directamente por las asambleas: obtuvo cero votos en Caracas, apenas cinco de treinta y cinco en Carabobo, y por unanimidad los diez de Guayana. El mapa reflejaba con nitidez la geografía de la Gran Colombia: el vicepresidente neogranadino no penetraba en Venezuela. La elección pasó al Congreso, siguiendo el procedimiento constitucional.

Dos años después, para elegir diputados a la Convención de Ocaña, la operación electoral funcionó ya con lógica plenamente facciosa. Los partidarios de Bolívar y los de Santander actuaron de forma organizada para impedir la elección de candidatos del bando contrario. Se usaron estrategias tácticas: Santander mismo, como elector del cantón de Bogotá, apoyó la candidatura de un contradictor suyo, el ministro Castillo, por cálculo de conjunto. En 1827 los términos liberal y servil ya circulaban para designar respectivamente a santanderistas y bolivarianos —etiquetas que encendían las pasiones y anticipaban una tradición de descalificación legislativa que duraría décadas.

Aquí la cuarta tesis —la de la ausencia de dispositivos culturales para procesar la competencia política— gana fuerza. La primera vez que en Colombia se organizó una competencia electoral entre facciones con nombre y programa, el resultado no fue la maduración de la deliberación pública sino la sospecha mutua, la lectura de la elección como maniobra y la percepción de que el otro bando no era un adversario legítimo sino un enemigo de la república. El vocabulario mismo —servil del lado santanderista, demagogo y anarquista del lado bolivariano— indica que cada facción se pensó como salud pública y al contrario como enfermedad.

Ocaña, 1828: el fracaso constituyente

La Convención de Ocaña se reunió entre abril y junio de 1828 con un mandato claro: revisar la Constitución de Cúcuta. Los bolivarianos llegaron con el proyecto de reforma en la dirección de mayor autoridad ejecutiva; los santanderistas, con la defensa del texto vigente. Cuando fue evidente que no habría mayoría bolivariana, el grupo de amigos más cercanos a Bolívar —José María del Castillo y Rada, Juan de Francisco Martín y otros— se retiró de forma coordinada de las sesiones. Su retirada disolvió la asamblea por falta de quorum. Los santanderistas que permanecieron se declararon sujetos a la Constitución de 1821.

El 27 de agosto de 1828, en Bogotá, Bolívar expidió el decreto orgánico que instauró formalmente su dictadura. La justificación jurídica fue explícita y reveladora: el fracaso de la Gran Convención había hecho que la Constitución perdiera su efecto, el poder soberano delegado en Ocaña regresaba al pueblo, y el pueblo lo delegaba ahora en Bolívar con facultades dictatoriales. El inicio efectivo de la dictadura puede fecharse desde junio de ese año; se intensifica tras septiembre y se extiende hasta enero de 1830. El decreto suprimió la vicepresidencia que ejercía Santander.

Cierta lectura marxista y constitucionalista ha entendido esta doctrina de la dictadura como deudora de tradiciones jacobinas y rousseaunianas, en las que la soberanía popular podría delegarse temporalmente en un dictador para salvar la república. El propio Bolívar, en vísperas de Carabobo en 1821, había escrito a Santander que en Colombia el pueblo está en el ejército, porque realmente está, y porque ha conquistado este pueblo de manos de los tiranos. Esa identificación —pueblo igual a ejército— es la clave de cómo pudo el dictador presentarse como delegatario del soberano: si los pronunciamientos militares expresan la voluntad popular, el decreto orgánico no es golpe sino restitución. Un pronunciamiento de 1828 lo formuló sin eufemismo: el pueblo que sufragó por los Representantes de Venezuela, año de 18, fue el ejército, y muchas veces la República era solamente nuestro campamento.

El 25 de septiembre y la legitimidad de la fuerza

El 25 y la madrugada del 26 de septiembre de 1828, un grupo de conjurados intentó asesinar a Bolívar en el palacio de San Carlos, en Bogotá. La composición del grupo importa más por lo que revela que por su recuento: junto a figuras del círculo santanderista, como Florentino González y Vargas Tejada, aparece un nombre que complica cualquier lectura lineal, el de Mariano Ospina Rodríguez, futuro fundador del Partido Conservador. Los conspiradores justificaron el atentado invocando el precedente romano contra Julio César: si Bolívar había anulado la Constitución y establecido la dictadura, era legítimo usar la fuerza contra él. La lógica era simétrica a la del decreto orgánico: donde el dictador invocaba la soberanía popular para saltar la ley, sus enemigos invocaban la tiranía para saltar el orden.

Bolívar sobrevivió. Urdaneta ordenó la detención de alrededor de sesenta personas, incluido Santander, y siguieron ejecuciones y destierros. Poco después, José María Obando y José Hilario López encabezaron una revuelta en el sureste, en comunicación con los santanderistas de Bogotá, contra la dictadura. La lista canónica de rebeliones nacionales del siglo XIX colombiano abre precisamente con esa entrada de 1828 —Obando y López contra Bolívar—, seguida por la de Córdova en 1829. El atentado septembrino no aparece como entrada separada en esa lista, quizá porque no fue rebelión abierta sino conspiración fallida; pero pertenece a la misma serie.

La Septembrina no inauguró la cultura de la violencia política. Ya en 1811 Antonio Nariño había dado el primer golpe de Estado de la historia republicana neogranadina, derribando con apoyo militar al gobierno de Jorge Tadeo Lozano e invocando el bien común. Entre 1811 y 1815, centralistas y federalistas se enfrentaron alegando cada uno representar al pueblo. En 1826 vinieron las actas populares bolivaristas. En 1828, la dictadura, el atentado y las rebeliones. En 1830, el golpe de Urdaneta contra el gobierno legítimo, el 5 de septiembre, tras la renuncia forzada de Mosquera y Caycedo. El propio Bolívar, aunque simpatizaba con Urdaneta, se negó a asumir el poder por vía militar declarando que no se legitima una tiranía. Murió en diciembre de ese año.

Cartagena: la matriz local

Antes de todo esto, entre 1811 y 1815, Cartagena había ensayado su propia versión del faccionalismo. Los dos bandos —piñeristas y toledistas, encabezados por Gabriel Gutiérrez de Piñeres y José María García de Toledo— no se distinguían por origen social: ambos provenían de familias criollas adineradas y de alto prestigio provincial. La diferencia estaba en otra parte, y era la más incómoda de la política caribeña: la actitud frente a la participación de los pardos y afrodescendientes libres, mayoría demográfica de la ciudad y de barrios como Getsemaní.

Los piñeristas movilizaban a los sectores populares y defendían una igualdad real entre negros, mulatos y blancos que eliminaría las jerarquías coloniales. Los toledistas los acusaban de demagogos y de querer instaurar una ciudadanía igualitaria en la práctica. Desde la dirección de las Provincias Unidas, José Manuel Restrepo coincidía con la élite toledista en calificar a Piñeres de peligroso demagogo que predicaba la igualdad a negros y mulatos. Cuando los toledistas controlaron Cartagena bajo el general Manuel del Castillo, entre febrero y abril de 1815, se negaron a suministrar hombres y armas a Bolívar, desmovilizaron el ejército de la Línea del Magdalena y ordenaron a pueblos de la región no obedecerle, en una decisión que fortaleció objetivamente a las fuerzas realistas. Los notables cartageneros peticionaron contra la orden del gobierno federal de apoyar al Libertador y lo calificaron de exterminador.

La quinta tesis encuentra aquí su terreno más fértil, y también su límite. Es cierto que ambas facciones cartageneras pertenecían a la élite criolla y que su disputa canalizó la movilización popular pardo-afrodescendiente sin abrir un espacio autónomo para esa población. Pero la línea de fractura que atravesó a Cartagena —inclusión popular frente a república oligárquica— no es la misma que atravesó a Bogotá en 1826-1828. Bolívar y Santander no discutían sobre pardos: discutían sobre presidencia vitalicia y Constitución de Cúcuta. La dimensión racial del conflicto cartagenero es más incómoda y más específica, y su neutralización en el relato posterior sobre orígenes del bipartidismo no es casual: el país oficial prefirió recordar la disputa entre dos generales que la disputa entre dos formas de imaginar el cuerpo político.

Entonces, ¿cuál de las cinco tesis se sostiene?

De las cinco en pugna, la que mejor sostiene el peso de la evidencia es una versión matizada de la segunda. En 1826-1830 se sedimentaron dos disposiciones estatales reconocibles —concentración ejecutiva vitalicia frente a legalismo constitucional civilista— que operaron como matrices de conflicto durante décadas, antes de que existieran partidos formales con nombre propio. Pero llamarlas ideologías sería anacrónico: no había programas económicos diferenciados, la cuestión religiosa apenas comenzaba a asomar, y el vocabulario de liberal y servil de 1827 designaba posiciones frente al poder ejecutivo más que doctrinas sociales. Eran, en sentido estricto, sensibilidades estatales: formas distintas de responder a la pregunta de cómo se sostiene el orden republicano.

La tercera tesis, la de la línea recta entre 1828 y 1849, es la que peor resiste. Mariano Ospina Rodríguez, futuro fundador del Partido Conservador, participó en la conspiración septembrina contra Bolívar junto a santanderistas: si la genealogía fuera lineal, Ospina debería haber terminado del lado liberal. Fue una Constituyente de estirpe conservadora, la de 1858, la que introdujo por primera vez el federalismo formal en Colombia, invirtiendo la ecuación centralismo-conservador que la tesis lineal supone. Los epítetos de facción mutaron sin cesar —liberales, progresistas, radicales, gólgotas, draconianos de un lado; serviles, ministeriales, beatos, godos, conservadores del otro—, lo que sugiere que las identidades políticas fueron más fluidas y contingentes que cualquier prefiguración estructural permite admitir. José Ignacio de Márquez llegó a la presidencia en 1837 con apoyo santanderista y terminó pactando con los bolivarianos: sus partidarios, los ministeriales, incluían moderados de ambas procedencias, y no se convirtieron en conservadores con ese nombre hasta cerca de 1849. La asociación mecánica entre bolivarianismo-conservatismo y santanderismo-liberalismo oscurece más que aclara.

La primera tesis —el dilema continental entre cesarismo ilustrado y constitucionalismo— es exacta pero incompleta: describe bien la dimensión filosófica del choque, pero no explica por qué en Colombia esa disputa produjo violencia mientras que en otros contextos produjo negociación. Ahí entra la cuarta tesis, la más decisiva. La cultura política grancolombiana no dispuso de un mecanismo compartido para reconocer al adversario como legítimo. Todos los actores —Nariño en 1811, los centralistas y federalistas hasta 1815, los bolivaristas de las actas populares de 1826, Páez en su rebelión de ese mismo año, Bolívar con el decreto orgánico de 1828, los conjurados de septiembre, Obando y López en el sur, Urdaneta en 1830— consideraron legítimo violar las reglas fundamentales cuando estimaban que la salud de la patria lo exigía. Ningún bando aceptó perder dentro de las reglas. Esa es la variable independiente; las sensibilidades ideológicas son la variable dependiente.

La quinta tesis, la cartagenera, señala una dimensión real y crucial —la neutralización de la autonomía política pardo-afrodescendiente por redes elitistas—, pero no puede extenderse sin más al conjunto del bipartidismo colombiano. Es un caso local con especificidad propia, no un modelo general.

Lo que sí se transmitió con nitidez de 1826-1830 a las décadas siguientes no fue tanto un contenido programático como una gramática del conflicto: la convicción de que cada bando representaba el bien común, la sospecha de que el adversario representaba su corrupción, y la disposición a saltar de la política a la guerra cuando la elección no favorecía al propio. Esa gramática atravesó la Guerra de los Supremos de 1840-1842, la Regeneración, la Guerra de los Mil Días y la Violencia del medio siglo XX. El bipartidismo formal apareció con nombres propios hacia 1849, y las organizaciones partidistas permanentes de alcance nacional no se consolidaron sino hacia 1880; pero su forma de operar —dos identidades hereditarias enfrentadas sin puente institucional entre ellas— ya estaba prefigurada en la ruptura de 1826.

¿Por qué la primera politización moderna del voto produjo dictadura y no democracia? Por la convergencia que este recorrido ha ido dibujando: dos sensibilidades estatales incompatibles sin árbitro reconocido, en un país donde el ejército era considerado el pueblo y donde la soberanía popular podía invocarse igualmente para instaurar una dictadura o para asesinar a un dictador. La elección de 1827 no podía consolidar nada porque ninguno de los bandos aceptaba la posibilidad de perderla. Fue leída, con razón, como guerra civil latente. Y como guerra civil se resolvió.

De ahí sale la respuesta a la pregunta inicial: 1826-1830 fue el momento en que Colombia aprendió a hacer política dividiéndose en dos bandos irreconciliables, y aprendió al mismo tiempo que la derrota electoral no obligaba a nadie a rendirse. Los partidos con nombre propio llegaron veinte años después. La costumbre llegó primero.