Guerra civil

La guerra civil en Colombia

La guerra civil no fue en Colombia un accidente ni una excepción: fue una institución. Entre 1811 y 1902 el país registró ocho guerras civiles generales, entre once y catorce guerras civiles locales, incontables levantamientos menores, dos guerras internacionales con el Ecuador y tres golpes de Estado. En ese siglo largo, la política se inventó desde la guerra: las identidades partidistas, la construcción del territorio nacional, las constituciones sucesivas y hasta los rituales de socialización política se formaron en el campo de batalla más que en las urnas. Bajo la Regeneración y la Hegemonía Conservadora —el ciclo que se extiende de 1886 a 1930— la guerra civil alcanzó su forma más acabada como mecanismo de reproducción del orden: primero como recurso al que empujó al liberalismo excluido, luego como amenaza cuya clausura permitió consolidar tres décadas de estabilidad conservadora. Cuando la República decidió, tras 1902, que ya no habría más guerras sino apenas "violencia", no cerró el problema: lo desplazó hacia formas larvadas que reaparecerían, con las mismas banderas partidistas, el 9 de abril de 1948.

Qué era una guerra civil colombiana

Antes de la Regeneración, la guerra civil ya se había vuelto en Colombia una gramática política reconocible. Los ejes cambiaban —centralistas contra federalistas, conservadores contra liberales, clericales contra anticlericales—, pero la matriz permanecía: conflictos intraélite en los que facciones de la misma clase dominante disputaban la organización del Estado republicano sin poner nunca en cuestión las relaciones de clase existentes. Con la notable excepción de la revuelta artesanal de 1854, las guerras del siglo XIX fueron formas privilegiadas de reproducción de las élites, de sus partidos, de sus anacronismos religiosos y de las jerarquías sociales.

Esa naturaleza intraclase explica una paradoja: los conflictos casi interminables nunca alcanzaron el aniquilamiento del vencido. La alta participación directa de la oligarquía en las contiendas convertía los triunfos militares, casi de inmediato, en victorias políticas efímeras. Se combatía duro, pero dentro del marco de procedimientos constitucionales; se mataba con saña en el campo de batalla, pero los vencedores terminaban abrazándose con los derrotados. Comparado con el México de Santa Anna o la Argentina de Rosas, el conflicto político colombiano fue menos brutal y más ritualizado: más una liturgia de reparto que una guerra de exterminio.

Ese carácter de liturgia produjo, muy temprano, un impulso singular: reglamentar jurídica y éticamente la guerra. El 26 de noviembre de 1820, Simón Bolívar y Pablo Morillo firmaron el Tratado de Regularización de la Guerra, considerado el primero de su género en la historia. Contemplaba el cese de hostilidades, el canje obligatorio de prisioneros y protecciones para los habitantes de los pueblos. Durante la guerra de 1860-1861 entre los rebeldes liberales de Tomás Cipriano de Mosquera y el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez se suscribieron otros acuerdos en la misma línea: el Pacto de Chinchiná, la Esponsión de Manizales y, presumiblemente, el Armisticio de Chaguaní. El carácter potencialmente destructivo de las guerras suscitó, paradójicamente, la preocupación por darles cauce jurídico: donde no había paz posible, al menos habría reglas.

Sobre la población civil, en cambio, no había reglas. Los hogares colombianos se estremecían con el aviso de una leva tanto como con la noticia de una epidemia de fiebre amarilla, viruela o tifo negro. El reclutamiento forzoso no respetaba edad ni condición: niños de doce a catorce años marchaban entre las tropas arrastrando fusiles que superaban su estatura o corrían entre las líneas de combate llevando órdenes y cartuchos. Enfermos, incapacitados, viciosos y dementes llegaban a las trincheras porque quienes reclutaban no hacían preguntas. Cuando la leva ocurría en despoblado, la gente simplemente desaparecía, y sus familias quedaban condenadas a rezar novenarios y a buscarlos entre los muertos. Del lado gubernamental los uniformes eran heterogéneos; del lado revolucionario, la vestimenta era campesina. Predominaban la pasión, el sectarismo y el arrojo sobre la habilidad táctica.

El camino a 1886: crisis del federalismo y ascenso de Núñez

La Constitución federalista de 1863, expresión del liberalismo radical triunfante, había establecido un país descentralizado, anticlerical y de libertades amplias. Su equilibrio era frágil. En 1876, los conservadores se alzaron contra el gobierno del liberal Aquileo Parra para frenar su proyecto de educación laica: la guerra civil de ese año expuso las grietas del régimen federal y la incapacidad del radicalismo para gestionar el pluralismo religioso del país. A ese conflicto se sumaron las fracturas internas del propio liberalismo, entre radicales e independientes, que allanaron el camino al ascenso de Rafael Núñez.

Núñez, liberal independiente, construyó una coalición insólita al aliarse con los conservadores contra sus antiguos correligionarios radicales. De esa coalición nació la Regeneración: un régimen autoritario, confesional y centralista cuyos pilares institucionales serían la Constitución de 1886 y el Concordato con la Santa Sede, firmado en 1887. La Constitución fue en gran medida obra de Miguel Antonio Caro, el principal pensador conservador de la época y firme defensor de la Iglesia católica, quien elaboró una carta destinada a rehacer al país sobre premisas opuestas a las de 1863.

El nuevo texto estableció un sistema centralista y confesional que restringió severamente las libertades de expresión, imprenta, pensamiento y movimiento, aunque mantuvo la libertad de prensa "en tiempo de paz" y reconoció a los no católicos el derecho a no ser molestados por sus creencias. Introdujo, además, disposiciones que definirían la vida política del siglo siguiente. El artículo 28 permitía retener personas por orden del gobierno; el artículo 121 regulaba el estado de sitio; una tercera cláusula habilitaba la aplicación de justicia militar a civiles. Ese diseño perpetuó el autoritarismo ejecutivo y la debilidad del legislativo. En el "tiempo de paz" cabía todo lo que el gobierno declarara paz; en el estado de sitio, prácticamente todo.

La Constitución regiría durante más de un siglo, hasta 1991, con sucesivas reformas. Reflejaba la influencia de la Iglesia católica y la convicción de las élites dirigentes de que el orden requería reforzar el poder central. No trajo, sin embargo, la paz que prometía. Al contrario: al excluir sistemáticamente al liberalismo radical del acceso al poder nacional y al hostigar a la oposición mediante el estado de sitio y el cierre de sus periódicos, dejó abierta una sola vía a los excluidos. Esa vía era la de siempre.

Los preludios armados: 1895 y las causas profundas

En 1895 los liberales se levantaron por primera vez contra el régimen regeneracionista. La rebelión fue rápidamente sofocada, pero dejó una lección para ambos bandos: la exclusión no se resolvería sola. El gobierno de Miguel Antonio Caro, que había asumido el peso doctrinal e institucional del régimen tras la retirada política de Núñez, insistió en la línea dura. Su gestión combinó la clausura política con un manejo deficiente de las finanzas públicas: hubo peculados frecuentes, incapacidad para pagar la propia nómina y quiebra generalizada de negocios.

A la crisis política se sumó, hacia fines de la década de 1890, una crisis económica de gran calado. La baja en las cotizaciones internacionales del café —el producto sobre el cual las élites cafeteras habían apostado el destino económico del país— generó una situación difícil que el gobierno agravó al imponer un impuesto a la exportación, despertando la activa oposición del gremio. Al mismo tiempo, el Banco Nacional, creado en 1880 bajo iniciativa de Núñez con la función nominal de agente fiscal, se había convertido en un mecanismo para financiar el creciente déficit del Estado mediante la emisión desaforada de papel moneda. Ya en 1894 era evidente, por el deterioro de la tasa de cambio y la inflación creciente, que el Banco había sobrepasado sistemáticamente sus planes públicos de emisión. La inflación galopante encareció las importaciones, estimuló la especulación y complicó el mal estado económico del país.

Esa combinación de crisis cafetera, emisión desbordada, corrupción administrativa y desgobierno fue el trasfondo material sobre el cual la exclusión política liberal se hizo insoportable. No fue una causa única lo que desencadenó la guerra, sino una convergencia de fracasos. El régimen regeneracionista no supo gestionar ni la economía ni el pluralismo político que su propia Constitución había clausurado.

La Guerra de los Mil Días

El 18 de octubre de 1899, el ala belicista o radical del Partido Liberal se levantó en armas contra el gobierno conservador de Manuel Antonio Sanclemente y su vicepresidente José Manuel Marroquín. Empezaba así la Guerra de los Mil Días, el conflicto que definiría el destino del régimen y, con él, del siglo XX colombiano.

El departamento de Santander fue el escenario inicial, en parte por ser un fortín tradicional del liberalismo radical. Allí, el 15 y 16 de diciembre de 1899, los liberales obtuvieron en Peralonso una victoria táctica que llenó de esperanza a la revolución. El general Gabriel Vargas Santos fue designado director supremo de las fuerzas revolucionarias, y bajo su autoridad nominal operaron los dos jefes militares que la guerra convertiría en figuras míticas del liberalismo colombiano: Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera. Frente a ellos, el ejército gubernamental fue conducido por generales como Próspero Pinzón, Ramón González Valencia y Pedro Nel Ospina.

La ilusión liberal duró seis meses. Entre el 11 y el 26 de mayo de 1900, en las mesetas de Palonegro cerca de Bucaramanga, se libró la batalla más larga y mortífera de toda la guerra: dieciséis días de combate que dejaron aproximadamente cinco mil muertos liberales, tres mil conservadores y cerca de siete mil heridos. Palonegro fue una derrota decisiva e irreversible para la revolución. A partir de allí, la guerra dejó de ser un choque de ejércitos y se fragmentó en guerrillas regionales autónomas: la dirección centralizada se hizo imposible por falta de comunicaciones, rivalidades entre jefes y la geografía misma. Uribe Uribe terminó operando en la Costa Atlántica; en el Tolima, la lucha guerrillera fue liderada por Tulio Varón; en otras regiones surgieron fuerzas de pequeña escala que evitaban el combate frontal y aprovechaban el conocimiento del terreno.

La guerra tuvo dimensión internacional. Venezuela, Ecuador y Nicaragua prestaron apoyo a los revolucionarios liberales; el presidente venezolano Cipriano Castro envió unos doscientos combatientes al mando del general Rufo Nieves al departamento del Magdalena. Del lado gubernamental, la financiación combinó emisión de papel moneda, empréstitos externos, impuestos y contribuciones forzosas impuestas a los enemigos. Los liberales recurrieron a contribuciones obligadas, requisiciones, saqueos, aportes de gobiernos simpatizantes y emisiones especiales de reducida circulación. La emisión desaforada del gobierno produjo una inflación que no empezaría a ser controlada sino a partir de 1907 y que golpeó a todas las capas de la población.

Mientras la guerra se hundía en la lógica guerrillera, el régimen se resquebrajaba por dentro. En julio de 1900, los conservadores históricos depusieron al presidente Sanclemente en favor del vicepresidente Marroquín, quien ejercería el poder hasta el término del conflicto y continuaría en el gobierno hasta las siguientes elecciones. El acto reveló que ni siquiera el conservatismo mantenía cohesión frente a la magnitud del desastre.

El fin llegó por dos vías paralelas. Rafael Uribe Uribe firmó la paz en la hacienda Neerlandia, en la Costa Atlántica. Poco después, Benjamín Herrera suscribió su rendición a bordo del acorazado estadounidense Wisconsin, fondeado frente a la costa panameña. La presencia del buque no era casualidad: en el istmo se jugaba ya otra partida.

La pérdida de Panamá

El 3 de noviembre de 1903, apenas un año después del cese de hostilidades, Panamá se separó de Colombia. El contexto había sido preparado por la guerra y sus secuelas: un país exhausto, un ejército desmoralizado, una élite fragmentada. Sobre ese cuerpo debilitado convergieron dos fuerzas. Por dentro, el rechazo del Congreso colombiano al tratado Herrán-Hay, que habría entregado a Estados Unidos los derechos sobre la construcción del canal interoceánico en condiciones consideradas lesivas. Por fuera, el apoyo activo de Estados Unidos a la independencia panameña, buscando asegurar el control estratégico de la vía. Barcos de guerra estadounidenses impidieron el avance de las tropas colombianas al istmo, y Washington reconoció a la nueva república con notable rapidez.

La pérdida de Panamá fue el saldo geopolítico más visible de la Regeneración y de la guerra que su exclusión había alimentado. Un régimen que había gastado su capital político en clausurar al liberalismo, sus recursos económicos en financiar la guerra y su prestigio internacional en un manejo diplomático torpe, no estaba en condiciones de defender el istmo cuando los intereses del imperio emergente decidieron actuar.

Los veintisiete años sin pólvora

Tras 1903, algo cambió en la lógica política colombiana. La derrota liberal había sido tan completa —el Partido Liberal debilitado como nunca antes— y la pérdida de Panamá tan traumática, que la oligarquía llegó finalmente a un consenso sobre el modelo de desarrollo económico y las formas de organización estatal. Ese consenso, empujado por la necesidad de emprender un camino de crecimiento, inauguró lo que se conoce como la Hegemonía Conservadora: veintisiete años de gobierno ininterrumpido del Partido Conservador, entre 1903 y 1930.

El primer tramo fue autoritario. El general Rafael Reyes, presidente entre 1904 y 1909 en lo que se llamó el Quinquenio, gobernó con mano dura pero incluyó ministros liberales en su gabinete, buscando una base bipartidista para sus reformas. Impulsó una modernización a marchas forzadas —fomento a la industria, ampliación del ferrocarril, reorganización fiscal— y, sobre todo, ensayó una fórmula política novedosa: gobernar por encima de los partidos, con hombres de ambos, en nombre de la reconstrucción nacional. La cerrada oposición conservadora terminó por derribarlo, pero su experimento dejó en la mesa una intuición que sus sucesores no olvidaron: la estabilidad exigía dar cabida al adversario antes que aplastarlo.

A partir de 1910, con la reforma constitucional de ese año, se inauguró una era de estabilidad política relativa. La reforma introdujo elección directa del presidente, redujo su mandato a cuatro años, prohibió su reelección inmediata y garantizó la representación de las minorías, en un intento consciente de desactivar los resortes que habían empujado al liberalismo a las armas en 1895 y 1899. Presidentes como Carlos E. Restrepo —que llegó al poder al frente de la Unión Republicana, coalición bipartidista de circunstancia—, José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Pedro Nel Ospina y Miguel Abadía Méndez encarnaron variantes de una misma fórmula: hegemonía conservadora sin persecución sistemática al liberalismo. Se mantuvo el orden público, se respetaron en términos generales las libertades civiles de las clases altas y el Partido Conservador entregó pacíficamente el poder al liberalismo en 1930.

La estabilidad descansó, sobre todo, en un cambio de doctrina: la rebelión armada fue criminalizada. Quienes tomaran las armas contra el Estado dejarían de ser beligerantes con dignidad política para pasar al ámbito de la ilegalidad común, junto con los criminales. Sobre ese pilar se apoyaron los otros ingredientes. Los nuevos diseños institucionales atrajeron al Partido Liberal hacia la legalidad constitucional, aunque con matices: líderes escaldados por la catástrofe de los Mil Días —Uribe Uribe entre ellos, hasta su asesinato en 1914— habían pronunciado su particular "adiós a las armas", si bien el liberalismo mantuvo una puerta discretamente abierta a la opción armada como última instancia, cada vez más remota y teórica. La rebelión no se olvidó: se archivó. Los cuarenta y tres años siguientes, entre 1903 y 1946, constituyeron la fase más pacífica de la historia colombiana.

El período coincidió, además, con transformaciones materiales profundas que la memoria política suele pasar por alto. La indemnización de veinticinco millones de dólares que Estados Unidos pagó por Panamá en virtud del tratado Urrutia-Thomson, ratificado en 1922, irrigó las arcas públicas en un momento decisivo. El café consolidó su primacía como producto de exportación, la economía cafetera del occidente antioqueño y del Viejo Caldas creó una burguesía nueva, se tendieron carreteras y ferrocarriles, y hacia el final de la década de los veinte el país conoció una expansión crediticia que la historiografía llamaría "la danza de los millones". La paz política fue también la condición y el fruto de esa modernización desigual.

En los años veinte, el Partido Liberal —liderado ahora por el mismo Benjamín Herrera que había firmado en el Wisconsin— impulsó una maniobra política de largo aliento: cooptar al naciente movimiento socialista y devolver a los artesanos y sectores populares a la órbita liberal. La operación tuvo éxito. Cuando en 1930, aprovechando la división conservadora entre los partidarios de Alfredo Vásquez Cobo y de Guillermo Valencia, Enrique Olaya Herrera ganó la presidencia, el país había cambiado de signo político sin disparar un tiro.

La memoria dividida

Ese tránsito pacífico ocultaba, sin embargo, un desacuerdo profundo sobre qué había significado la guerra que lo había hecho posible. La Guerra de los Mil Días fue apropiada de forma opuesta por cada partido, y esa apropiación disímil moldeó la política colombiana durante décadas. Para los conservadores, la contienda era la última convulsión antes de la obra civilizadora y pacificadora que el régimen había desplegado entre 1903 y 1930. Habían salvado al país del caos liberal, restaurado el orden y entregado el poder pacíficamente en el momento oportuno, invocando el espíritu mismo de la Constitución de 1886.

Para los liberales, la guerra era otra cosa: la oportunidad perdida de los sectores populares contra una oligarquía corrupta e incompetente. Esa mitología —el pueblo liberal traicionado por sus propios jefes, aplastado por la maquinaria conservadora, condenado a treinta años de exclusión— sirvió admirablemente para cortejar a las masas y cooptar a los socialistas en los años veinte. Las batallas se convirtieron en polos de lealtades opuestas: Peralonso y Palonegro no fueron solo topónimos, sino contraseñas de identidad que ahondaron el antagonismo y la sospecha entre los partidos, en lugar de reconciliarlos.

La memoria dividida operó, además, en registros distintos según el estamento. En las élites letradas, el debate se dio por las vías reconocibles del ensayo político, la biografía justificatoria y la historia partidista escrita por veteranos y descendientes de veteranos. En la cultura popular, en cambio, los Mil Días quedaron fijados en coplas, corridos y relatos orales que circularon por las veredas cafeteras, los pueblos santandereanos y las sabanas costeñas durante generaciones. Ese sedimento oral, más difícil de rastrear pero más tenaz que cualquier tratado, fue el que preservó las identidades partidistas populares en su forma más pura: el conservador y el liberal como categorías heredadas, casi étnicas, transmitidas con la misma naturalidad que el apellido y la parroquia.

Fue también la última guerra colombiana en que ambos bandos se reconocieron mutuamente como beligerantes con igual estatus político y dignidad, en la que los vencedores fueron capaces de abrazarse con los derrotados. Después de Neerlandia y el Wisconsin, ese reconocimiento se acabó.

La guerra desplazada

La Regeneración había convertido la guerra civil en el único mecanismo de acceso político disponible para el liberalismo excluido; el orden regeneracionista funcionó, en la práctica, sobre el supuesto de que la oposición podía ser derrotada militarmente cada vez que se levantara. Cuando en 1902 esa apuesta se completó de manera aplastante y en 1903 se pagó su precio geopolítico con la pérdida de Panamá, la élite conservadora entendió que el mecanismo se había agotado. Pero no resolvió el problema de fondo: redefinió sus términos.

Por un lado, integró parcialmente al liberalismo a la legalidad constitucional, dándole espacios de oposición y, eventualmente, la presidencia. Por otro, criminalizó cualquier rebelión que no viniera de las cúpulas partidistas reconocidas. El resultado fue una paz oligárquica: los dos partidos aceptaban compartir el sistema, pero ninguna insurgencia popular podría ya reclamar el estatus político que Uribe Uribe y Herrera habían disfrutado en Neerlandia y el Wisconsin.

Ese arreglo duró lo que dura una tregua sostenida sobre agravios pendientes. La orientación bipartidista, apoyada en clientelas populares movilizadas más por lealtad heredada que por deliberación programática, había ampliado desde los inicios de la República la distancia entre el país político y el país nacional, haciendo pagar al campesinado inerme los costos de las contiendas civiles. Las identidades partidistas populares, formadas durante todo el siglo XIX en el clima de las guerras sucesivas, no se disolvieron con la firma de la paz. Quedaron latentes, transmitidas de padres a hijos, entretejidas con las estructuras rurales de propiedad, patronazgo y lealtad.

Cuando el 9 de abril de 1948 fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, esas identidades explotaron. La llamada Gran Violencia, cuya primera fase entre 1947 y 1953 estuvo marcada por la hegemonía política del conservatismo, replicó el patrón antiguo bajo formas nuevas: los colombianos volvieron a luchar bajo las banderas del Partido Liberal y del Conservador, formados un siglo atrás, pero esta vez el enfrentamiento no fue reconocido como guerra. Se lo llamó "Violencia" —con o sin mayúscula— y el nombre no era inocente: eludía reconocer a los contendores como actores políticos legítimos con igualdad de derechos, tal como se los había reconocido en 1902. La doctrina de criminalización de la rebelión, inaugurada tras los Mil Días, mostró en ese momento su función más profunda.

La historia oficial interpretó La Violencia como producto de pasiones desbordadas y odios heredados, eludiendo su análisis en el marco de las costumbres políticas desde los orígenes de la República. Esa lectura simplista e interesada permitió que el conflicto —hasta doscientos mil muertos, tan destructivo como la Revolución Mexicana en el hemisferio— se resolviera, como se habían resuelto todas las guerras del siglo XIX: mediante un acuerdo entre los líderes de los dos partidos para compartir el poder político. El Frente Nacional heredó, por esa vía, el reparto sin reforma social. Las clases dominantes colombianas nunca fueron derrotadas políticamente: del fin de los Mil Días y la pérdida de Panamá al 9 de abril, se limitaron a actualizar el modelo republicano heredado, logrando reformarlo en la década de 1930.

Un ciclo que no termina de cerrarse

En Colombia, a diferencia de los vecinos andinos donde el referente dominante es la institucionalidad, la guerra civil no fue un asunto concluido en el siglo XIX sino un hecho central del siglo XX, prolongado hasta entrado el siglo XXI. En el medio siglo que va de 1886 a 1930 se decidieron las claves institucionales, ideológicas y culturales que darían forma a todo lo que vino después, y conviene distinguir con precisión qué quedó en pie tras ese ciclo.

En el plano institucional, la Regeneración construyó un aparato jurídico —estado de sitio, retención administrativa, justicia militar para civiles, centralismo férreo— que no fue desmontado con la salida del conservatismo en 1930, sino heredado por los gobiernos liberales posteriores y, más tarde, por todos los que consideraron amenazado el orden. El Concordato de 1887 convirtió a la Iglesia católica en socia estable del Estado, y esa alianza sobrevivió a la Constitución de 1886 hasta bien entrado el siglo XX. Los instrumentos que Caro pensó para clausurar el liberalismo radical terminaron sirviendo a gobiernos de todos los signos para clausurar cualquier disidencia incómoda.

Como estabilización institucional, el ciclo funcionó: el régimen conservador colombiano fue atípicamente perdurable en el contexto latinoamericano, una de las hegemonías partidistas más largas de la región. Como pacificación fracasó a medias: la paz de 1902-1946 fue real, pero se sostuvo sobre la criminalización de toda rebelión popular y sobre la latencia irresuelta de las identidades partidistas heredadas. Como proyecto nacional pagó un precio irreversible: Panamá.

La guerra civil, en el fondo, cumplió durante todo el ciclo una función conservadora más que transformadora. Ninguna de las guerras del siglo XIX produjo reformas económicas o sociales explícitas; los conflictos bipartidistas se cerraban típicamente con acuerdos entre líderes para repartirse el poder. La Regeneración añadió un giro decisivo: convirtió esa dinámica en régimen, la codificó en una Constitución, la respaldó con un Concordato y la equipó con un arsenal jurídico que sobreviviría a la Constitución que le dio origen.

Que la violencia colombiana siga siendo interpretada, en amplios sectores de la memoria colectiva, como una violencia de raíz liberal-conservadora es el mejor testimonio de la persistencia del ciclo. Esa raíz se fue complejizando con el tiempo hasta incorporar guerrillas, paramilitares y narcotráfico, pero el suelo del que emerge lo pusieron las guerras del siglo XIX y, sobre todo, la última que aún tuvo derecho al nombre: los Mil Días.

Después vino otra cosa. También fue guerra. El poder se negó a llamarla así.