Miguel Abadía Méndez

El jurista de Coello

Nació en Coello, entonces jurisdicción del Tolima Grande, en 1867: apenas un año antes de que Colombia iniciara el ciclo radical liberal que la Regeneración vendría a clausurar. Su formación fue la de un letrado provincial encaminado desde muy joven a Bogotá, donde hizo carrera universitaria y encontró, casi sin interrupciones, un aula que no abandonaría nunca. Fue catedrático toda su vida adulta —de derecho, de historia patria, de constitucional— y mantuvo sus cursos incluso durante el ejercicio de la Presidencia, un detalle que dice más sobre él que muchas actas ministeriales: se veía a sí mismo, ante todo, como profesor.

Ese perfil intelectual lo emparienta con la generación de Miguel Antonio Caro y José Manuel Marroquín, la de los gramáticos y jurisconsultos que hicieron de la Constitución de 1886 y del Concordato de 1887 el andamio de un Estado confesional, centralista y presidencialista. Abadía Méndez fue el heredero natural de esa tradición: no un fundador como Rafael Núñez o Caro, sino su intérprete tardío, el hombre que llegó a la primera magistratura cuando ya el edificio crujía por dentro.

Del gabinete permanente a la Presidencia

Antes de 1926, Abadía Méndez llevaba más de un cuarto de siglo instalado en el aparato del Estado. Había ocupado carteras bajo administraciones sucesivas, en un país donde el conservatismo, tras la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá en 1903, había reorganizado su hegemonía en torno a Rafael Reyes (1904–1909), Marco Fidel Suárez, Pedro Nel Ospina y una nómina relativamente estable de notables. Ese ministro perpetuo —culto, discreto, sin fortuna propia ni base regional fuerte— era exactamente el perfil que convenía a un partido que había aprendido a resolver la sucesión presidencial fuera de las urnas.

Porque la candidatura de 1926 no se decidió en una convención ni en el voto: se decidió en el arzobispado. A comienzos de ese año, el arzobispo primado de Bogotá, Bernardo Herrera Restrepo, convocó a los dos aspirantes conservadores —el propio Abadía y el general Alfredo Vásquez Cobo— a una reunión en sus dependencias, o en el Seminario Conciliar según la versión que se prefiera. Herrera Restrepo, ya anciano, no los recibió en persona: delegó la notificación en su coadjutor, monseñor Ismael Perdomo, que les comunicó la decisión ya tomada por "autoridades superiores". El acuerdo era escueto y perfectamente hegemónico: Abadía gobernaría el cuatrienio 1926–1930; Vásquez Cobo lo sucedería en 1930.

Esa escena —dos militares y letrados citados a la curia para escuchar de labios de un coadjutor su turno presidencial— resume la máquina política de la Hegemonía. Desde 1886, el arzobispado de Bogotá se había convertido en el sitio donde se escogía al candidato conservador; y como la maquinaria electoral del partido, unida al aparato estatal y a la influencia de los párrocos, hacía imposible una victoria liberal, ese candidato equivalía en la práctica a presidente electo. En 1925, unas reuniones previas habían logrado además unificar al Partido Conservador en torno a las líneas nacionalistas —el viejo sueño de Marco Fidel Suárez de un partido sin facciones—, y esa cohesión artificial se prolongó lo suficiente para que Abadía llegara al poder sin contendor liberal en agosto de 1926.

La danza de los millones que él no bailó

Abadía heredó una economía en euforia. La administración de Pedro Nel Ospina (1922–1926) había abierto lo que la memoria colombiana bautizaría como "la danza de los millones": un flujo de recursos inéditos alimentado por los veinticinco millones de dólares que Estados Unidos empezó a pagar en 1922 como indemnización por Panamá, y por una cascada de créditos privados extranjeros que llegaban a departamentos y municipios con generosidad casi imprudente. Con ese dinero se construyeron ferrocarriles, carreteras, puentes, acueductos, plantas eléctricas, edificios públicos. Colombia parecía, por primera vez en su historia republicana, un país que se modernizaba de veras.

Abadía no era, por temperamento, un modernizador. A diferencia de Reyes o de Ospina, no comulgaba con la fe progresista en la obra pública como motor cívico; su conservadurismo, más filosófico que empresarial, le permitía calcular con recelo las consecuencias sociales de un plan que estaba desarraigando a miles de peones de sus veredas y presionando al alza los salarios urbanos. Esa cautela intelectual, sin embargo, no se tradujo en un timonazo: la inercia de la bonanza era mayor que las dudas del presidente, y las obras siguieron ejecutándose bajo su mandato mientras las tensiones estructurales que preveía se iban acumulando.

El costo se pagaría pronto y en varios frentes. Departamentos y municipios se habían endeudado agresivamente —la "prosperidad a debe"— para financiar servicios y construcciones; los fondos se manejaban con frecuencia sin planes previos, entre especulación inmobiliaria y episodios francamente ilícitos, como el contrato con la casa Berger para canalizar el río Magdalena, que dilapidó los recursos y dejó la obra en el limbo. La migración masiva del campo hacia las obras y las ciudades redujo la producción agrícola, empujó los precios de los alimentos y agudizó los conflictos laborales en los nuevos frentes de trabajo. Para contrarrestar el alza del costo de vida, el gobierno terminó rebajando o suprimiendo aranceles sobre bienes extranjeros, incluidos alimentos, lo que a su vez desalentó a la incipiente industria y agricultura nacionales. Cada solución generaba un problema nuevo.

En paralelo, la modernización avanzaba sin proyecto social. Se construían barrios residenciales de lujo mientras más del 75% de la población seguía siendo analfabeta y la mortalidad infantil, altísima. Quienes manejaron recursos públicos o invirtieron a tiempo en bienes raíces se enriquecieron de manera notable; la mayoría del país, ajena por completo a la danza, apenas veía pasar los millones.

1928: el año en que todo se rompió

El punto de inflexión fue 1928. A comienzos de ese año, los prestamistas estadounidenses cortaron el crédito internacional a Colombia. Adujeron despilfarro —había motivos— y, sobre todo, protestaron contra la legislación colombiana que intentaba controlar las explotaciones petroleras nacionales, un asunto que enfrentaba al gobierno con las compañías norteamericanas. El corte fue abrupto y golpeó donde más dolía: sin nuevos créditos externos, el gasto en obras públicas tuvo que reducirse, y miles de trabajadores fueron despedidos de un día para otro. En 1929, los precios del café —el otro pulmón económico— iniciaron su propio derrumbe: la libra, que a comienzos de 1928 rondaba los treinta centavos de dólar, cayó a veintitrés a comienzos de 1929 y, hacia finales de ese año, se hundió a diecisiete o dieciséis centavos.

El país entró en crisis con un presidente que era, ante todo, un jurista de gabinete. No tenía instrumentos fiscales para amortiguar el choque —el Banco de la República apenas llevaba unos años funcionando, tras la misión Kemmerer de 1923— ni la capacidad política para reorientar el gasto. La conflictividad laboral, que ya venía subiendo desde las huelgas petroleras de Barrancabermeja de 1924 y 1927 —esta última reprimida con enfrentamientos armados—, encontró en el desempleo y la carestía combustible nuevo.

Fue en ese clima donde el gobierno tomó las dos decisiones que marcarían su memoria: la Ley Heroica y la respuesta militar a la huelga bananera.

La Ley Heroica

Aprobada en octubre de 1928, la Ley Heroica constituyó el marco jurídico más represivo del período. Su eje central era prohibir la formación de organizaciones populares y sindicales de oposición, impedir la difusión de ideas socialistas y establecer mecanismos de condena rápida contra los implicados en los delitos que definía. Concentraba, además, en la autoridad estatal la potestad de decidir cuándo una expresión de inconformismo social era legal o ilegal: un poder discrecional que, en la práctica, criminalizaba el simple hecho de protestar.

El respaldo eclesiástico fue explícito. El arzobispo de Cartagena envió a los congresistas que la aprobaron un telegrama de felicitación en el que bendecía el triunfo del "partido del orden social". La legación diplomática estadounidense, por su parte, observó con lucidez incómoda que el gobierno colombiano estaba exagerando los disturbios sociales precisamente para obtener el apoyo parlamentario a esta legislación: un diagnóstico severo viniendo de quienes, en principio, no tenían por qué defender al movimiento obrero.

Lo notable de la Ley Heroica no es solo su contenido, sino lo que revela sobre la doctrina del Estado conservador ante los conflictos laborales. Para el régimen, todo conflicto que rebasara el estrecho marco económico —un pliego de peticiones, una asamblea, una huelga— dejaba de ser un asunto laboral y se convertía en un problema de orden público, cuya atención correspondía al Ministerio de Gobierno o a las Fuerzas Armadas, no a una autoridad mediadora entre patronos y obreros. La clase trabajadora quedaba así objetivamente excluida del juego democrático como clase; y esa exclusión sistemática, más que la coyuntura de 1928, es lo que explica que la Ley Heroica anticipara, en su lógica, formulaciones represivas que reaparecerían mucho después en el siglo XX.

La masacre de las bananeras

Dos meses más tarde, esa doctrina se puso a prueba en el Magdalena. La United Fruit Company operaba en la zona bananera como un verdadero enclave: controlaba el ferrocarril, el transporte marítimo, los comisariatos donde los trabajadores canjeaban vales —pues no se les pagaba en dinero— y empleaba, hacia 1928, a unos treinta mil obreros. El sistema de contratistas intermediarios permitía a la compañía evadir el seguro colectivo previsto por la legislación colombiana, y las condiciones de vivienda y atención médica eran precarias.

Cuando el líder sindical Raúl Mahecha, curtido en Barrancabermeja, logró organizar a más de treinta y dos mil asalariados bananeros —con la cercanía del Partido Socialista Revolucionario, que había estado detrás de varias huelgas de la década—, el pliego de peticiones que emergió era, visto en retrospectiva, moderado: abolición del sistema de contratistas, pago de salarios atrasados, aumento salarial, mejora en vivienda y servicios médicos, eliminación del pago en vales, cumplimiento de la ley colombiana sobre accidentes de trabajo. Nada de ello obtuvo respuesta negociadora.

El gobierno de Abadía envió al Ejército. El general Carlos Cortés Vargas asumió el mando militar de la zona y utilizó, para justificar una represión rápida, la amenaza —real o inflada— de una posible intervención de marines estadounidenses en defensa de la United Fruit. En la madrugada del 6 de diciembre de 1928, en la plaza de Ciénaga, Cortés Vargas ordenó disparar contra la multitud de huelguistas concentrados. El número de muertos ha sido objeto, desde entonces, de una disputa historiográfica y política que nunca cerrará: Cortés Vargas reconoció 47; un corresponsal de El Espectador calculó cerca de 100 muertos y 238 heridos hasta el 13 de diciembre; Raúl Mahecha habló de mil. La cifra exacta importa menos que la certeza de que se trató de una matanza deliberada de trabajadores desarmados.

Tras la masacre vino la persecución jurídica. Por decreto, Cortés Vargas declaró a los huelguistas "cuadrilla de malhechores" y los persiguió como delincuentes comunes; al menos 54 participantes fueron sometidos a consejos de guerra verbales, con condenas de prisión. El presidente Abadía Méndez respaldó al general y sostuvo la versión oficial. El costo político, sin embargo, no tardaría en cobrarse.

El joven abogado liberal Jorge Eliécer Gaitán viajó a la zona, recogió testimonios y llevó al Congreso, en 1929, un debate que se convertiría en uno de los momentos fundadores de su carrera política y en un golpe demoledor al prestigio del Partido Conservador. La masacre pasó a ser, para una parte creciente del país urbano, la prueba de que la Hegemonía había perdido la brújula moral que decía encarnar.

1930: la máquina se rompe

La derrota conservadora de 1930 no vino, sin embargo, solamente de la indignación por las bananeras ni de la crisis económica. Vino, sobre todo, de la incapacidad del régimen para reproducir su propio mecanismo de poder.

Herrera Restrepo, el viejo arzobispo capaz de imponer un candidato con una carta o una convocatoria, había muerto. Su sucesor, monseñor Ismael Perdomo, ascendido al primado, era de personalidad menos firme y de menor habilidad política. Cuando llegó el momento de designar al candidato conservador para 1930 —que según el pacto de 1926 debía ser Vásquez Cobo—, Perdomo no logró imponer una candidatura única. La jerarquía eclesiástica se partió a lo largo del país: el arzobispo de Medellín y el fogoso monseñor Miguel Ángel Builes apoyaron al poeta y político payanés Guillermo Valencia; los obispos de Ibagué y de Cali respaldaron a Vásquez Cobo, y este último llegó a ordenar a los párrocos de su diócesis trabajar por su candidatura.

El Partido Conservador se presentó así con dos candidatos, y ese fue el empujón final que le faltaba a los liberales, unificados en torno a Enrique Olaya Herrera, un veterano diplomático conocido por su contacto íntimo con banqueros neoyorquinos. La plataforma liberal proclamaba "puertas abiertas al capital extranjero" —respuesta directa al corte de crédito de 1928— y prometía la concentración nacional, es decir, un gobierno con participación de las élites conservadoras dispuestas a acompañar.

En las elecciones del 9 de febrero de 1930, Olaya Herrera obtuvo 369.762 votos; Valencia, 240.833; Vásquez Cobo, 213.469. Sumadas, las dos candidaturas conservadoras superaban a la liberal, pero divididas resultaron perdedoras. La Hegemonía iniciada en 1886 terminó, en rigor, por una fisura en el arzobispado.

La entrega del poder

El 12 de abril de 1930, dos meses después de las elecciones, Abadía Méndez incorporó a su gabinete a tres ministros liberales para facilitar la transición. El 7 de agosto entregó el poder a Enrique Olaya Herrera y se retiró de la política activa. En un continente latinoamericano donde la crisis de 1929 estaba engendrando dictaduras militares y golpes de Estado en Argentina, Brasil, Perú, ese gesto —el presidente conservador entregando el mando al liberal victorioso, respetando la voluntad de las urnas— fue percibido, con razón, como profundamente democrático.

La lectura menos épica es también cierta: el régimen carecía, a esas alturas, de la cohesión interna necesaria para intentar la vía autoritaria. Un partido dividido en dos candidaturas, una jerarquía eclesiástica fragmentada, un presidente cauteloso y un país exhausto no ofrecían las condiciones para un golpe. La virtud democrática de Abadía Méndez fue, en parte, virtud forzada por la debilidad estructural del conservatismo. Pero fue virtud, y conviene reconocerla: en 1930 pudo haber sangre, y no la hubo.

Olaya Herrera formó un gobierno de concentración nacional con ministros conservadores encabezados por Carlos E. Restrepo, un gesto de transacción entre élites que sectores duros del conservatismo tacharon de traición. Comenzaba la República Liberal, que se prolongaría hasta 1946 y transformaría, con las reformas de Alfonso López Pumarejo, el pacto social heredado de 1886.

El hombre detrás del cargo

Es difícil, revisando esta trayectoria, no percibir la desproporción entre el temperamento de Abadía Méndez y las tareas que le tocó enfrentar. Fue un jurista de gabinete lanzado a administrar la primera crisis económica global que Colombia vivía como país integrado a los flujos de capital internacional; un conservador de convicciones filosóficas —no de doctrina económica— al frente de una economía de endeudamiento que él no había diseñado; un catedrático de derecho a cargo de la respuesta estatal a una huelga industrial masiva.

Su presidencia también acumuló obras concretas que la historiografía suele consignar en registro menor: infraestructura portuaria en Bocachica y Buenaventura, avances en telefonía a larga distancia, en comunicaciones alámbricas e inalámbricas. Son logros reales que quedan opacados, con toda lógica, por la magnitud política de la masacre de las bananeras y la crisis final del régimen. Nadie recuerda a Abadía por Bocachica.

Su decisión de no abandonar nunca las cátedras universitarias, ni siquiera durante la Presidencia, dice mucho de él: se veía a sí mismo como un profesor de derecho al que las circunstancias habían llevado al Palacio de la Carrera. En otro país, en otra década, esa vocación intelectual habría sido un adorno; en la Colombia de 1926–1930, fue una limitación estructural.

La huella

Miguel Abadía Méndez murió en Bogotá en 1947, pocos meses antes del asesinato de Gaitán —el joven parlamentario que se había hecho un nombre denunciando las bananeras— y del estallido del 9 de abril de 1948, que abriría el ciclo de La Violencia. Alcanzó a ver el retorno del conservatismo al poder con Mariano Ospina Pérez en 1946, hijo de aquel Pedro Nel Ospina bajo cuya administración se había gestado la danza de los millones. Una simetría melancólica y muy colombiana.

Su lugar en la memoria nacional ha sido incómodo. La izquierda y el liberalismo lo asociaron durante décadas, con razones sobradas, a la masacre de Ciénaga y a la Ley Heroica; el conservatismo tampoco lo reivindicó con entusiasmo, porque su presidencia terminó con la pérdida del poder tras cuarenta y cuatro años de hegemonía. Quedó como el hombre que apagó las luces, un papel que rara vez genera devociones.

Pero verlo así es reducirlo a un desenlace. Abadía Méndez fue, más bien, el punto donde se hicieron visibles las fracturas acumuladas de un régimen que había sustituido la legitimidad electoral por la designación eclesiástica, la política laboral por el Ministerio de Guerra, la modernización con proyecto por la modernización a debe. Cuando el crédito se cortó, el café cayó, los obreros se organizaron y el arzobispado se dividió, no hubo instituciones capaces de absorber el choque. La Hegemonía no cayó por una razón: cayó porque ya no tenía mecanismos para no caer.

En esa caída, Abadía hizo dos cosas. Autorizó —o permitió, o no impidió— la respuesta militar que produjo la masacre de las bananeras, y ese es su débito moral central. Y entregó el poder pacíficamente al ganador liberal, en un país que en 1930 pudo haber elegido otra ruta. Ambas cosas son ciertas y ambas son parte del retrato. El último presidente de la Regeneración fue, a un tiempo, un represor de huelguistas y un demócrata forzado; un jurista cultísimo y un gobernante rebasado; el hijo predilecto del arzobispado y el hombre al que la fractura del arzobispado dejó sin base política.

De ese doblez está hecho su lugar en la historia de Colombia.