Laboratorios regionales tempranos de violencia bipartidista en Boyacá (1930–1934)

El laboratorio boyacense de la violencia bipartidista (1930-1934)

Entre febrero y diciembre de 1930, el mapa político de Boyacá se invirtió en menos de doce meses: de 105 municipios que habían votado abrumadoramente por candidatos conservadores en las presidenciales del 9 de febrero, se pasó a 88 alcaldías de 101 controladas por el liberalismo. Esa mutación fulgurante —lograda no en las urnas sino por vía burocrática, tras el nombramiento de un gobernador liberal en Tunja— desencadenó en los altiplanos y las provincias del norte del departamento el primer ciclo sistemático de violencia bipartidista del siglo XX colombiano. Antes de que se fechara el inicio de la Violencia el 7 de agosto de 1946 o el 9 de abril de 1948, Boyacá y los municipios vecinos de los Santanderes ensayaron entre 1930 y 1934 las prácticas que quince años después se nacionalizarían: la purga burocrática total, la policía municipal como brazo armado de partido, el púlpito como tribuna sectaria y una memoria de agravio cultivada para la revancha. La transición liberal fue, en estas comarcas, también una escuela de sectarismo.

Una hegemonía que se desploma y un aparato que se hereda

La Hegemonía Conservadora, instalada desde 1886 al amparo de la Constitución de Rafael Núñez, se sostuvo durante cuarenta y cuatro años sobre un engranaje que hacía de cada elección presidencial un trámite. En época de comicios, el arzobispado de Bogotá se convertía en el escenario donde se seleccionaba al candidato conservador; el designado por el obispo primado podía darse por presidente electo, y la votación era la ratificación pública de una decisión eclesiástica. Ese mecanismo descansaba a su vez sobre un centralismo extremo: el presidente nombraba gobernadores, los gobernadores nombraban alcaldes, los alcaldes designaban a la totalidad de los empleados operativos —policía municipal, magisterio, recaudadores, jueces menores—. Un cambio de partido en Bogotá implicaba, por tanto, un barrido general de la burocracia hasta el último corregimiento.

En las presidenciales del 9 de febrero de 1930, ese aparato falló en su primera pieza. El obispo primado no logró imponer un candidato único y el Partido Conservador se dividió entre Guillermo Valencia y Alfredo Vásquez Cobo. Enrique Olaya Herrera, candidato liberal y ministro plenipotenciario en Washington, se impuso con 369.762 votos, frente a los 240.833 de Valencia y los 213.417 de Vásquez Cobo. La suma conservadora superaba al ganador, pero la aritmética partidista era irrelevante frente a la mayoría relativa. A esa fractura se sumó el crac de 1929, que golpeó a Colombia con la crudeza de una economía dependiente del café y del crédito externo: la desocupación arrastró a 150.000 obreros y el empleo industrial cayó de 65.100 puestos en 1925 a apenas 42.402 seis años después, una contracción de más de un tercio en el corazón productivo del país. En las haciendas cafeteras se despidió a jornaleros en masa; en el campo proliferaron los asaltos y los robos de ganado; en las ciudades marcharon los desocupados y los inquilinos. La miseria material acompañó el vuelco electoral.

El 7 de agosto de 1930, el conservador Miguel Abadía Méndez entregó el poder respetando la voluntad popular. Olaya Herrera inauguró la República Liberal con un gobierno de Concentración Nacional: gabinete paritario, con cuatro liberales y cuatro conservadores en los ministerios de Gobierno, Guerra y Hacienda, y con el republicano Carlos E. Restrepo —fundador de la tendencia que pretendía situarse por encima del sectarismo— en la cartera de Gobierno. Colombia se convertía así en el único país de América Latina donde, en plena crisis mundial, el partido perdedor cedía pacíficamente el poder al opositor. El gesto en Bogotá, sin embargo, encubrió en las provincias una violencia que la fórmula paritaria no logró contener.

Boyacá en el momento del vuelco: geografía de una fortaleza conservadora

Al llegar Olaya al poder, Boyacá era uno de los departamentos menos industrializados del país y, simultáneamente, uno de los baluartes más sólidos del conservatismo. El partido controlaba el 60% del voto y el 70% de los municipios. Su hegemonía se sustentaba en tres capas superpuestas. Primero, una estructura agraria dual —latifundio en las tierras bajas y en la sabana de Tunja, minifundio denso en el Valle de Tenza, en Guayatá, en Jenesano y en las laderas altas— que reproducía relaciones de dependencia y clientelismo. Segundo, la herencia colonial de las poblaciones indígenas sometidas a encomienda, resguardo y mita, que tras las reformas liberales de mediados del siglo XIX habían engrosado las filas conservadoras como forma de defensa comunitaria frente al liberalismo desamortizador. Y tercero, un clero rural con influjo social y político especialmente intenso, que sacralizaba el orden establecido y la autoridad cívico-religiosa.

Ese conservatismo boyacense no era, pues, una preferencia electoral sino un modo de vida. En las elecciones para asambleas departamentales del período febrero 1929-febrero 1931, los conservadores obtuvieron 60.859 votos frente a 42.512 liberales; la mayoría se sostenía aunque el partido gobernara desde la oposición nacional. En las presidenciales de febrero de 1930, 105 municipios del departamento habían votado masivamente por candidatos conservadores. La pregunta política era entonces cómo articular la nueva presidencia liberal con una realidad territorial que le era estructuralmente hostil.

La respuesta llegó por la vía burocrática. Antes de terminar 1930, el gobierno nacional nombró un gobernador liberal en Tunja. Los conservadores boyacenses interpretaron el nombramiento como una agresión: era el desconocimiento explícito de una mayoría electoral de larga data. Pero la maniobra era coherente con la lógica centralista heredada. Un gobernador liberal implicaba, por la cadena de nombramientos, alcaldes liberales; y alcaldes liberales, policía municipal y magisterio liberales. En diciembre de 1930, 88 de 101 alcaldías boyacenses habían pasado a manos del liberalismo. El desfase entre voto y poder local se convirtió en el detonante inmediato del conflicto.

Diciembre de 1930 a 1934: la mecánica del laboratorio

La sustitución de alcaldías no fue un procedimiento administrativo sereno. En cada municipio boyacense, el nuevo alcalde liberal debía asumir el cargo en un ayuntamiento donde el concejo municipal —elegido bajo las reglas anteriores— seguía siendo conservador. Los enfrentamientos entre concejos conservadores y alcaldías liberales se hicieron manifiestos casi de inmediato: actos de desobediencia, sabotaje de acuerdos municipales, negativas a aprobar presupuestos, denuncias cruzadas. El municipio dejó de funcionar como unidad administrativa y se convirtió en teatro de una guerra fría partidista donde cada trámite era una escaramuza.

El alcalde liberal disponía de una herramienta decisiva: la policía municipal. Reclutada localmente, sin formación profesional, dependiente del alcalde y remunerada precariamente, dejó de ser una fuerza de orden público para transformarse en una guardia armada al servicio del partido de gobierno. En Boyacá y en los municipios santandereanos de la Cordillera Oriental —Guaca, Piedecuesta, Capitanejo— y en los boyacenses de Saboya, Soatá y Socha, esa policía municipal comenzó a ejecutar allanamientos nocturnos, expulsiones, hostigamientos y asesinatos selectivos contra vecinos conservadores. El campesino boyacense Heraclio Cañón dejó un testimonio nítido: en 1930, policías al mando de un tal Siervo Castro llegaron de noche a su casa, mataron a su padre y quemaron la vivienda; él logró ocultarse en una quebrada cercana desde donde pudo identificar a los asesinos. Su relato condensa la fisonomía del laboratorio: violencia doméstica, nocturna, ejercida por agentes del Estado local recién sustituidos, con la vivienda campesina como objetivo.

Entre el 29 y el 30 de diciembre de 1930, apenas cuatro meses después de la posesión de Olaya, se produjo en Capitanejo la masacre de quince conservadores a manos de liberales enardecidos. El episodio se convirtió en punto de referencia obligado del período; algunas versiones lo describen como enfrentamiento armado, otras como masacre unilateral. Sea como fuere, marcó el primer caso de violencia colectiva con víctimas contables en el ciclo. Con las elecciones de congresistas y concejales de 1931, los choques armados se multiplicaron: hubo muertos y desplazamientos de militantes de ambos partidos en numerosos municipios, con el incendio de Montería como episodio particularmente grave fuera de Boyacá. Saboya, Guaca, Piedecuesta y Capitanejo adquirieron tal notoriedad por la violencia partidista de esos primeros años treinta que un dirigente liberal llegó a proponer, en una hipérbole reveladora del clima, que "la única manera de acabar definitivamente con el problema en los Santanderes sería alinear a todos los conservadores contra una pared y dispararles por la espalda".

La violencia no fluyó en una sola dirección. Los conservadores boyacenses, expulsados de las alcaldías, encontraron dos vías de respuesta. La primera fue política: la abstención electoral sistemática, practicada como estrategia de supervivencia y como denuncia de que las elecciones bajo control liberal carecían de garantías. La abstención se sostuvo en sucesivas elecciones presidenciales y legislativas durante toda la década, y explica en parte el desplome del voto conservador en Boyacá —del 60% en 1930 al 25% en 1942— que sus dirigentes atribuyeron a coacción liberal más que a conversión genuina. La segunda vía fue la resistencia armada dispersa: emboscadas, represalias, defensas veredales organizadas alrededor de figuras locales. Los conservadores de Saboya, Soatá, Socha y sus homólogos santandereanos guardaron amargo recuerdo de la persecución liberal de esos años y declararon abiertamente su intención de vengarla. Ese archivo emocional maduraría durante quince años.

Después de 1933 los incidentes de mayor escala se hicieron menos frecuentes. El 24 de septiembre de ese año, Carlos E. Restrepo fue reemplazado en el Ministerio de Gobierno por el militar conservador Agustín Morales Olaya, y el gobierno intentó estabilizar la situación en las provincias mediante la designación de secretarios de gobierno conservadores junto a los gobernadores liberales. Restrepo se había esforzado durante tres años en tender puentes entre los nuevos gobernadores y los directorios conservadores departamentales, con escaso éxito. La violencia disminuyó en intensidad pero no en presencia: la paz no regresó a las zonas afectadas, y el resentimiento se sedimentó en las veredas.

El púlpito como segunda estructura: sectarismo desde arriba

La rotación burocrática y la policía municipal habrían generado por sí solas conflicto administrativo y quizás episodios de violencia dispersa. Lo que las convirtió en un ciclo con capacidad de reproducción fue su articulación con una segunda estructura: el clero rural conservador. Desde mucho antes de 1930, la jerarquía eclesiástica colombiana había definido la participación política del clero no solo como permitida sino como obligación estricta. El argumento, repetido en pastorales y sermones, sostenía que la política era el arte de gobernar para mantener la seguridad pública frente a los enemigos del orden, el Estado y la Iglesia, enemigos que se identificaban explícitamente con los liberales.

En Boyacá, Cundinamarca, Nariño y algunas zonas del Tolima y Huila, ese influjo clerical era particularmente denso. El párroco rural no solo administraba sacramentos: mediaba conflictos, autorizaba matrimonios, avalaba herencias, orientaba el voto y sacralizaba la autoridad cívica. La derrota electoral de febrero de 1930 fue vivida por el clero boyacense como una afrenta providencial, y la subsecuente expulsión conservadora de las alcaldías como confirmación de que el liberalismo venía a desmontar el orden católico. El sectarismo de los años treinta fue alimentado, en consecuencia, por las arengas del dirigente conservador Laureano Gómez desde la prensa capitalina y por los sacerdotes y obispos que convirtieron los púlpitos en tribunas contra el liberalismo y —más tarde— contra el comunismo. Cada domingo, en las iglesias de los pueblos boyacenses, la homilía era una lección política.

Esa estructura eclesial dotó al conservatismo boyacense de dos recursos que la burocracia liberal no podía neutralizar. Primero, una legitimidad simbólica que trascendía el resultado electoral: aunque hubieran perdido las alcaldías, seguían siendo el partido del orden, de la familia, de la fe. Segundo, una red de comunicación capilar que llegaba a cada vereda cada semana, capaz de sostener una narrativa coherente de persecución y de mantener viva la memoria de cada agravio. Cuando en 1943 el obispo Miguel Ángel Builes documentó en una carta pastoral fechada el 11 de febrero que los Santanderes y Boyacá habían sido las regiones donde la violencia se ensañó con mayor furia —señalando que numerosas víctimas cayeron por las armas de quienes debían guardar el orden y que nadie respondió por ello—, consignaba una memoria que el clero rural llevaba trece años cultivando.

La identidad "gobernista" y la sospecha del voto coaccionado

Circulaba en el país una explicación cómoda del comportamiento electoral boyacense: los boyacenses eran, por naturaleza, "gobernistas", es decir, propensos a votar por el partido que detentara el poder en Bogotá. La historia reciente parecía confirmarlo. El voto conservador, que había sido del 60% en 1930, cayó al 25% en 1942, doce años de gobierno liberal después. La curva descendente sugería una alineación oportunista con el poder nacional, como si el boyacense obedeciera al partido de turno más que a una convicción.

Esa lectura encubre lo que ocurrió realmente en el terreno. El desplazamiento electoral no fue una conversión ideológica de la mayoría boyacense sino la resultante de tres factores concurrentes. La abstención conservadora sistemática vació las urnas de una parte considerable del electorado tradicional. El control liberal de la policía municipal y del aparato administrativo local dificultó materialmente el ejercicio del voto conservador: cierres de mesas, hostigamientos a testigos electorales, retención de cédulas. Y el acceso a favores burocráticos —cupos escolares, becas, trámites de tierras, permisos comerciales— quedó reservado a copartidarios liberales y a sus clientelas, presionando a familias campesinas a alinearse pragmáticamente con quien podía otorgar o negar el beneficio cotidiano.

El "gobernismo" boyacense era menos un rasgo cultural que una descripción externa de los efectos del control burocrático total. La tesis de la naturaleza gobernista tenía además una función política: legitimaba la caída del voto conservador como fenómeno natural, no como resultado de coacción, y contribuía a impulsar el derramamiento de sangre al dar a los conservadores locales una razón adicional para desconfiar de cada elección y responder por fuera de ella, con la escopeta o el machete. La categoría misma alimentaba el ciclo que pretendía describir.

Concentración Nacional: la fórmula bogotana y su fracaso provincial

Olaya Herrera había diseñado la Concentración Nacional precisamente para evitar lo que estaba ocurriendo en Boyacá. El gabinete paritario, con conservadores en Gobierno, Guerra y Hacienda, era la promesa de que la transición no sería una purga sino un ajuste. Carlos E. Restrepo encarnaba esa apuesta: republicano, capaz de conversar con ambos partidos, se dedicó durante tres años a mediar entre los gobernadores liberales y los directorios conservadores departamentales. En el nivel del gabinete, la fórmula funcionó: los conservadores conservaron cuotas de poder nacional y el Senado siguió teniendo mayoría conservadora durante buena parte del período.

Pero la fórmula no descendió a las provincias. La cadena centralista gobernador-alcalde-policía-burocracia operó con lógica de purga total en Boyacá, en Santander y en otros departamentos donde el conservatismo había sido hegemónico. Los conservadores que colaboraron desde Bogotá fueron rápidamente tachados de traidores por sus copartidarios provinciales, especialmente después de 1931, cuando los efectos de la rotación burocrática se hicieron irreversibles. Dentro del propio Partido Conservador, sectores importantes interpretaron el gabinete paritario como una trampa: una fachada de cooperación en la capital mientras el liberalismo consolidaba el control territorial en las regiones. La lectura no era del todo injusta.

Olaya se ocupó prioritariamente de los problemas políticos y económicos del país —renegociación de la deuda externa, política petrolera, respuesta a la crisis, guerra con el Perú en 1932-1933— y relegó a segundo plano las transformaciones sociales, educativas y agrarias que habrían requerido un compromiso más profundo con las bases territoriales del conservatismo. Las experiencias adelantadas en Boyacá para mejorar la escuela rural adquirieron relevancia nacional al inicio del gobierno, pero el sistema educativo siguió prácticamente en manos de las instituciones religiosas, con altos niveles de analfabetismo y escasa cobertura rural. La reforma laica, tributaria, agraria y social que el conservatismo temía —y contra la cual justificaba su abstención y su resistencia— fue anunciada más que ejecutada bajo Olaya; llegaría con Alfonso López Pumarejo y la Revolución en Marcha a partir de 1934. Pero la anticipación bastó para sostener la lógica defensiva conservadora en las provincias.

Casanare como espejo del abandono

Si Boyacá altiplano fue el laboratorio de la purga, Casanare fue el laboratorio del vacío. La misma cadena centralista que producía violencia por sobredosis de intervención en los municipios de la sabana producía indolencia allí donde el Estado no tenía nada que disputar. Después de 1930, Casanare continuó como provincia del departamento de Boyacá, y el nuevo gobierno liberal instalado en Tunja no estuvo más preparado que su predecesor conservador para dotarla de un gobierno efectivo. La policía municipal se convirtió en fuerza partidista donde había municipios que capturar; los púlpitos rugieron donde había parroquias densas; los concejos conservadores obstruyeron a los alcaldes liberales donde había alcaldías por disputar. En Casanare no había suficiente Estado para partidizarlo. La misma cadena burocrática que en Saboya, Soatá o Socha producía allanamientos nocturnos, en San Luis de Palenque o en Orocué producía únicamente ausencia. Años después, el diputado conservador Plazas Olarte denunciaría que el gobierno departamental había abandonado a Casanare, que bandas de cuatreros amenazaban con acabar con la industria ganadera y que la falta de orden público tendría "graves e incalculables repercusiones". El diagnóstico se cumpliría cuando las elecciones de 1946 devolvieran el control nacional a los conservadores y los eventos en los municipios altos de Boyacá desataran sobre Casanare una violencia que sí sería, esta vez, canónicamente reconocida. El llano recibió tarde y de golpe lo que la sabana había recibido temprano y por goteo.

El aprendizaje bilateral: qué se ensayó y qué se sembró

Sería una simplificación pensar el ciclo boyacense de 1930-1934 como un laboratorio unidireccional donde el liberalismo diseñó los repertorios de violencia que luego se aplicarían nacionalmente. Lo que ocurrió fue más complejo y más denso: un aprendizaje bilateral, estructuralmente condicionado por la arquitectura centralista del Estado colombiano.

Del lado liberal, se ensayó la conversión de la rotación burocrática en purga política y de la policía municipal en fuerza partidista. Se aprendió que el control del aparato local podía neutralizar mayorías electorales adversas y que el bloqueo del acceso a favores burocráticos —cupos, becas, permisos, trámites— constituía un instrumento cotidiano de presión política más eficaz, en muchos casos, que el enfrentamiento abierto. Se descubrió también que la coacción funcionaba mejor cuando se ejercía por vías administrativas revestidas de legalidad que cuando dependía de la violencia física explícita.

Del lado conservador, se aprendió a resistir sin ganar: a sostener una narrativa de persecución que legitimara la abstención electoral como estrategia de supervivencia; a articular el púlpito, la prensa capitalina y la vereda como una red ideológica capilar; a cultivar la memoria del agravio como reserva política para el largo plazo. Los conservadores de Saboya, Soatá, Socha, Guaca, Piedecuesta y Capitanejo no respondieron con violencia inmediata de escala masiva —salvo episodios puntuales—: respondieron con resentimiento cuidadosamente conservado. Ese archivo emocional resultaría, en el mediano plazo, el recurso más peligroso.

La articulación entre ambos aprendizajes fue lo que convirtió el período en semilla de la violencia posterior. La estructura centralista, tal como estaba diseñada desde 1886, garantizaba que cualquier rotación en la Presidencia produciría, mecánicamente, purgas territoriales totales. La retórica clerical conservadora, tal como se había forjado durante la Hegemonía, garantizaba que esas purgas serían leídas como persecuciones religiosas y políticas de escala civilizatoria. Y la crisis económica de 1929 —con su desempleo masivo, los despidos en las haciendas cafeteras, los robos de ganado en el campo— aseguraba que la disputa por los recursos administrativos locales se volviera existencial para familias campesinas en situación precaria. Los tres elementos convergieron en Boyacá antes que en ningún otro lugar.

De Boyacá a los chulavitas: una línea soterrada

La fecha canónica del inicio de la Violencia es el 7 de agosto de 1946, con la posesión de Mariano Ospina Pérez, o el 9 de abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Bajo esa periodización, el período 1930-1934 aparece como una serie de "brotes" o "incidentes" preliminares, cuantitativamente menores frente a los cientos de miles de muertos posteriores. La cifra es incontestable: la violencia canónica fue de otra escala. Pero esa periodización encubre una continuidad estructural. Algo quedó sembrado en el año 30; ignorarlo sería una miopía.

Un detalle onomástico refuerza la continuidad. El apodo chulavita, con que los liberales designaron a las fuerzas de policía conservadoras responsables de la primera ola de la Violencia posterior a 1946, proviene de una vereda del municipio boyacense de Boavita, en el norte del departamento, cuya adhesión incondicional al Partido Conservador databa de 1837. La policía chulavita fue reclutada en parte precisamente en esa zona norteña de Boyacá donde el conservatismo sectario era hegemónico y donde, entre 1930 y 1934, se había vivido con particular intensidad la expulsión conservadora de las alcaldías. Los reclutas chulavitas de 1946-1948 eran hijos o vecinos de los expulsados de 1930-1934. La revancha tenía una geografía y una biografía precisas.

Entre 1930 y 1946, el Estado colombiano se degradó por dentro. Se agravaron los antagonismos partidistas, los conflictos por la propiedad de la tierra, las disputas por colonización; y la capacidad coactiva local se fue desprendiendo, poco a poco, del control central hasta convertirse en arma partidista rutinaria. Correr el punto de origen desde los años cuarenta hacia los treinta obliga a leer la República Liberal no solo como un momento de modernización institucional —que también lo fue, con impacto duradero sobre la naturaleza del Estado colombiano— sino como el escenario donde ese desprendimiento se produjo.

Lo que queda en pie

Reconocer el ciclo boyacense de 1930-1934 como laboratorio temprano de la violencia bipartidista redefine la relación entre transición pacífica y violencia estructural. Colombia se enorgullece —con razón— de haber sido el único país latinoamericano donde, en medio de la crisis de 1929-1930, el partido perdedor cedió pacíficamente el poder. Esa transición pacífica en el nivel presidencial coexistió, sin embargo, con una violencia intensa en el nivel municipal, invisibilizada por la fórmula de Concentración Nacional. El gesto democrático de Bogotá y el ciclo violento de Boyacá son dos caras de la misma transición, no dos hechos sucesivos.

Lo que produjo el laboratorio boyacense no fue una radicalización doctrinal previa de liberales y conservadores —Olaya era un moderado, Restrepo un republicano— sino la mecánica del centralismo. Un aparato estatal diseñado en 1886 para asegurar la homogeneidad burocrática garantizaba que cualquier alternancia en el poder generaría, por su propio funcionamiento, purgas territoriales totales. El punto de inflexión no está en la doctrina de los partidos sino en el diseño de la cadena que va del Palacio de San Carlos al último corregimiento.

Hay una imagen que resume el ciclo mejor que cualquier balance: la del niño Heraclio Cañón escondido en una quebrada, en algún lugar del norte boyacense, viendo arder la casa de su padre y memorizando las caras de los policías que acababan de matarlo. Esa quebrada fue el primer archivo de la Violencia colombiana. Dieciséis años después, muchachos criados en veredas como la suya —hijos o vecinos de los expulsados de Saboya, Soatá, Socha, Capitanejo— bajarían de las mismas laderas con uniforme de policía chulavita a cobrar una cuenta que llevaba demasiado tiempo abierta. Los quince muertos de Capitanejo del 29 y 30 de diciembre de 1930 no fueron precursores de la Violencia: fueron su primer capítulo. Y el segundo se escribió con la misma tinta, sobre los mismos pueblos, solo que en dirección contraria.