Feminismo y sufragismo en Colombia (1930–1946)

Feminismo y sufragismo en Colombia (1930–1946)

Entre diciembre de 1930, cuando Ofelia Uribe de Acosta presentó ante el Congreso el proyecto sobre el Régimen de Capitulaciones Matrimoniales, y agosto de 1946, cuando la República Liberal cedió el poder a Mariano Ospina Pérez sin haber concedido el voto a las mujeres, se libró en Colombia el ciclo más largo y sostenido del feminismo sufragista. Fue una batalla de dieciséis años que arrancó a la legislación una serie de derechos civiles fragmentarios —capacidad patrimonial, acceso a la universidad, ejercicio de cargos públicos por nombramiento— mientras chocaba una y otra vez contra el muro de la ciudadanía política. El reformismo lopista, que se presentó a sí mismo como una revolución de las estructuras heredadas del régimen colonial, incorporó a las mujeres como sujetos sociales y jurídicos, pero no las reconoció como sujetos políticos: cuando en 1936 restableció el sufragio universal, lo hizo con un adjetivo silencioso y decisivo, el sufragio universal masculino. El voto femenino tendría que esperar al acto legislativo 3 de 1954, ya bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. En el intervalo, mujeres como Uribe de Acosta, Georgina Fletcher, María Cano, Rosa María Moreno de Ángel o Lucila Rubio de Laverde sostuvieron con la radio, la prensa y las giras una demanda que ningún partido colombiano quiso hacer suya sin cálculo.

El mundo del que brotó la demanda

Antes de 1932, la mujer casada colombiana vivía una virtual minoría de edad civil. El Código Civil heredado del siglo XIX le prohibía disponer de sus bienes inmuebles, limitaba su ejercicio profesional y la subordinaba en la administración patrimonial a la voluntad del marido. Esa condición no era una anomalía aislada sino el pilar jurídico de un orden doméstico: la mujer aportaba dote y trabajo, pero no firmaba; heredaba, pero no administraba; podía enviudar sin haber tomado nunca una decisión económica en su nombre.

Sobre esa arquitectura legal descansaba un edificio ideológico igualmente robusto, que la publicística conservadora y buena parte de la liberal llamaban el "eterno femenino". La mujer era, en esa gramática, "reina del hogar": destino doméstico, custodia de la fe, garante de la estabilidad familiar. El modelo no era una descripción sino un dispositivo. Servía para justificar la exclusión política y para sostener el ejercicio masculino del poder sin que hiciera falta enunciarlo. Cuando en las primeras décadas del siglo XX la economía se hizo más compleja y un número creciente de mujeres empezó a emplearse en el comercio y la industria, a estudiar oficios técnicos, a leer revistas propias, ese modelo empezó a crujir, pero no a romperse.

La educación femenina disponible reflejaba con exactitud el pacto. Las élites del cambio de siglo no mostraron interés por reformar en profundidad el sistema educativo heredado, y la formación de mujeres siguió dominada por contenidos considerados menores o marginales: la costura y la docencia, principalmente. Ese fue el suelo del que en los años veinte empezaron a levantarse voces disidentes. María Cano recorriendo pueblos como propagandista del socialismo, Georgina Fletcher —española residente en Bogotá— llevando expedientes ante los ministerios, Ofelia Uribe de Acosta redactando desde Boyacá los primeros textos que hablaban de ciudadanía en femenino. No eran una organización, todavía; eran una constelación de trayectorias que en 1930 encontraría por primera vez un escenario común.

1930: el año en que el feminismo colombiano se hace público

El ascenso de Enrique Olaya Herrera a la presidencia en agosto de 1930 puso fin a más de cuatro décadas de hegemonía conservadora. La República Liberal se abría con un discurso de modernización, y las feministas leyeron esa transición como una ventana. Georgina Fletcher se presentó directamente ante Olaya Herrera para solicitar que el gobierno impulsara una transformación de la legislación que regulaba el derecho de la mujer a administrar sus bienes. La gestión no fue simbólica: buscaba un cambio concreto en el Código Civil.

En diciembre de ese mismo año se realizó en el Teatro Colón de Bogotá el IV Congreso Internacional Femenino. Ofelia Uribe de Acosta, entonces una joven boyacense formada en la Escuela Normal de Institutoras de Tunja, presentó allí la propuesta de ley sobre el Régimen de Capitulaciones Matrimoniales. El nombre técnico ocultaba una demanda radical: que la mujer casada pudiera administrar sus propios bienes en lugar de que lo hiciera su marido. No era un gesto retórico. Era un proyecto articulado, con figura jurídica precisa, presentado como mecanismo constitucional. Que una mujer de veintiséis años, formada en provincia, redactara y defendiera una propuesta legislativa ante el Congreso indica hasta qué punto la agenda feminista había madurado antes de encontrar acogida oficial.

El clima cultural acompañaba. Fue en torno a 1930 cuando más revistas para mujeres circularon en Colombia: La familia cristiana, Antioquia por María, Letras y encajes, Hogar, Hojita de Guadalupe, Cyrano. La lista mezcla piedad, moda y disidencia. Cyrano, fundada por María Cano, fue quizá la más importante de todas: una publicación pensada desde una mujer que ya había sido propagandista socialista, oradora de plaza pública y figura pública nacional antes de que el Partido Comunista, en el que militaba, la relegara a labores de apoyo desde su casa en Medellín. El feminismo colombiano nacía así en el cruce entre las vanguardias artísticas, el periodismo, el activismo obrero y una nueva capacidad de las mujeres para nombrarse a sí mismas en letra impresa.

La reforma civil de 1932 y sus fronteras

La presión rindió un primer fruto. La reforma del Código Civil aprobada en 1932 eliminó la virtual minoría de edad que pesaba sobre la mujer casada respecto a la disposición de sus bienes inmuebles y las limitaciones que le impedían el ejercicio profesional. La conquista era real: por primera vez en la historia republicana, la mujer casada colombiana podía firmar, vender, comprar y trabajar sin la tutela jurídica del marido. Era el punto de apoyo que Uribe de Acosta y Fletcher habían buscado desde comienzos de la década.

Pero la reforma se detuvo donde empezaba el núcleo del orden patriarcal. Mantuvo intacto el principio de que los derechos sobre los hijos no emancipados pertenecían al padre legítimo, sin consideración por el bienestar de los hijos ni por la voz de la madre. La mujer podía administrar su patrimonio; no podía decidir sobre su descendencia. Y en la esfera moral, sexual y familiar los estatutos jurídicos siguieron discriminándola. La emancipación civil fue así, desde el principio, una emancipación tasada: se concedía en el terreno económico, donde una mujer con capacidad de firmar podía ser útil a la economía de mercado; se retenía en el terreno de la familia, donde la autoridad masculina se consideraba constitutiva del orden social. El desfase se prolongaría durante generaciones. Habría que esperar hasta una ley de 1982 para que se otorgara igualdad de derechos —incluidos los hereditarios— a todos los hijos: legítimos, extramatrimoniales y adoptivos.

La Revolución en Marcha y su ángulo ciego

Alfonso López Pumarejo asumió la presidencia en 1934 con la promesa de renovar las estructuras de un Estado con rezagos colonialistas, excluyente y violento. La "Revolución en Marcha" fue el nombre de un programa reformista que se propuso ampliar la base social del régimen atrayendo a sectores externos al bipartidismo tradicional, aunque en ese mismo movimiento operó también una lógica de cooptación: la incorporación de jóvenes intelectuales de izquierda a la burocracia estatal y el pacto con el Partido Comunista en clave de frente popular derivaron durante unos años en la domesticación del movimiento inconforme.

La reforma constitucional de 1936, redactada principalmente por Darío Echandía e inspirada en parte en la Constitución de la Segunda República Española, consagró la función social de la propiedad, el derecho de huelga (excepto en servicios públicos), la protección estatal al trabajo y una mayor intervención del Estado en la economía. Fue el andamiaje jurídico del intervencionismo social colombiano del siglo XX. Y en materia electoral, dio un paso decisivo: el acto legislativo 1 de 1936 abolió las últimas limitaciones económicas que pesaban sobre el derecho al sufragio desde el siglo XIX, restableciendo el sufragio universal masculino y devolviendo el voto a pobres y analfabetos varones.

Aquí se abre la fractura. En el mismo texto que universalizaba el voto de los hombres, la Constitución de 1936 reservaba explícitamente el sufragio a los varones y autorizaba a las mujeres únicamente para ejercer cargos públicos por nombramiento. La asimetría no fue un descuido. Fue una decisión política. El liberalismo lopista consideró que la extensión de la ciudadanía electoral a los varones pobres era una prioridad democrática; consideró que la extensión de esa misma ciudadanía a las mujeres —de cualquier clase— no lo era. Las mujeres podían ser jueces, funcionarias, empleadas de la administración por designación del Ejecutivo, pero no podían elegir ni ser elegidas. Se les reconocía la competencia técnica y se les negaba la soberanía política.

El desfase entre la letra y la práctica agravó el gesto. Aunque la reforma autorizó a las mujeres a ejercer cargos públicos, la primera juez colombiana fue nombrada apenas en 1943, siete años después. Y las carreras de gobernadora, alcaldesa, ministra o embajadora tardarían aún mucho más en abrirse. El derecho existía en el papel; su ejercicio se administraba con cuentagotas.

El Código Penal de 1936, o la desigualdad calibrada

En 1936 fue aprobado también un nuevo Código Penal, puesto en vigencia en 1938. El texto formalmente equiparaba al hombre y a la mujer en cuanto a la responsabilidad ante los delitos. Pero las penas concretas no eran iguales. En el adulterio, en particular, la situación de la mujer se mantuvo diferenciada y más gravosa. La lógica era la vieja: la infidelidad femenina se pensaba como amenaza al orden familiar y a la certeza de la filiación paterna; la masculina, como debilidad tolerable. Igualdad formal, desigualdad sustantiva. La Revolución en Marcha modernizó el aparato penal sin desmontar sus jerarquías de género.

Ofelia Uribe, la radio y la Hora Feminista

Mientras el Estado avanzaba con esas reformas parciales, Ofelia Uribe de Acosta abría un frente que ningún feminismo colombiano anterior había explorado con esa sistematicidad: los medios de masas. Desde Tunja transmitió La Hora Feminista, un programa radial destinado a discutir la ciudadanía de la mujer, sus derechos civiles, la crítica al modelo doméstico. La radio era en los años treinta el único medio capaz de saltar por encima del analfabetismo femenino y llegar a mujeres en pueblos, veredas, cocinas. Su elección no fue casual.

La respuesta fue inmediata y reveladora. Se creó, en contrapartida, un programa llamado La Hora Azul, concebido explícitamente para contrarrestar los efectos de la emisión feminista. La contraprogramación no vino solo desde los púlpitos y los editoriales: vino desde otras mujeres. La difusión sufragista agudizó una división entre las propias colombianas, entre las que veían en la ciudadanía política una emancipación y las que la veían como una desviación de la vocación doméstica. La estrategia mediática funcionaba a doble filo: cada emisión ganaba oyentes y ganaba también enemigas.

El repertorio de acción sufragista se amplió con la prensa. El periódico Verdad fue una de las plataformas donde mujeres vinculadas a la causa política plantearon la urgencia de que la mujer penetrara en la vida nacional como representante del hogar —un argumento estratégicamente ambiguo, que aceptaba el lenguaje del "eterno femenino" para forzar su apertura política—. En sus páginas se escribió que las banderas partidistas se habían "empapado en lágrimas y sangre" y que era necesario "algo nuevo" que depurara la vida pública. Ese "algo nuevo" era, sin decirlo con esas palabras, el voto femenino. A ello se sumaron giras por el país para sensibilizar sobre los derechos políticos de la mujer, un formato que combinaba conferencia, teatro y acto político.

Todo el repertorio despertó suspicacias, resistencias y rechazo entre quienes ya se oponían al voto femenino. La visibilidad no compraba adhesión; la endurecía.

Los frentes del rechazo

La oposición al sufragismo no fue una postura de un partido: fue un consenso transversal. En el liberalismo, el dirigente Armando Solano articuló uno de los argumentos más citados y más grotescos del período. Sostuvo que la mujer colombiana era "esencialmente casera y doméstica" y que los "latinos" no tolerarían a la "mujer politiquera, oradora, periodista o redentora del pueblo". Ridiculizó la posibilidad de una parlamentaria haciendo mofa de la lactancia durante las sesiones del Congreso. El argumento operaba en dos planos: uno esencialista, que atribuía a la mujer una vocación doméstica ontológica, y otro culturalista, que identificaba la identidad latina como incompatible con la participación política femenina. Ambos servían al mismo propósito: presentar la exclusión como natural.

En el liberalismo intelectual, Germán Arciniegas —figura de indiscutible orientación reformista— intentó bloquear el ingreso de mujeres a la Universidad Nacional. Su argumento fue el de siempre: ciertas ocupaciones y profesiones correspondían exclusivamente a los hombres. La contradicción es didáctica: el mismo liberalismo que abría los códigos civiles cerraba las aulas universitarias.

En el conservatismo y en la jerarquía eclesiástica la resistencia fue previsible y sistemática: el sufragio femenino se veía como una amenaza al orden familiar cristiano y a la autoridad paterna sobre la esposa y los hijos.

En los círculos obreros y comunistas, donde cabía esperar mayor apertura, los problemas de género quedaron relegados a un segundo plano frente a la construcción de organizaciones de clase y las alianzas antifascistas del frente popular. El caso paradigmático fue el de María Cano. Después de haber sido la voz socialista más audible de Colombia en los años veinte, fue marginada del Partido Comunista y confinada a labores de apoyo desde su casa en Medellín. Solo algunos núcleos anarquistas mantuvieron una atención sostenida a la cuestión femenina. La izquierda partidista colombiana repitió, con lenguaje distinto, el gesto liberal: subordinó la emancipación de la mujer a otras prioridades presentadas como más urgentes.

Y en las propias mujeres, como se vio con La Hora Azul, la resistencia fue interna. El modelo de la "reina del hogar" tenía adhesión femenina real, no solo imposición masculina. Buena parte de las colombianas —educadas en el catolicismo, formadas en las escuelas de costura y economía doméstica, socializadas en el ideal de la maternidad como destino— veía en el sufragismo una amenaza a su lugar en el mundo. La batalla no era entre hombres y mujeres; era, además, dentro de las mujeres mismas.

Universidades, oficinas y la pequeña brecha

Con todo, en los intersticios de las reformas, algo se movía. El período liberal abrió a las mujeres el ingreso a la universidad. La oferta inicial las canalizaba hacia carreras consideradas femeninas —Doméstica, Arte y Decorado— o auxiliares —Enfermería, Laboratorio Clínico—, replicando en el aula la división de oficios que ya operaba en el mercado. Pero la presión de las estudiantes forzó una reorientación. Para 1950 la mayoría cursaba carreras profesionales como Medicina, Derecho, Arquitectura u Odontología. El cambio no fue concedido: fue conquistado en la matrícula, curso a curso, contra las objeciones de figuras como Arciniegas.

Los límites, sin embargo, eran persistentes. Trece años después de que las mujeres fueran admitidas en la Escuela de Minas de Medellín, solo cuatro habían obtenido su título hacia 1954. La combinación de barreras culturales, sociales y familiares hacía que el acceso formal no se tradujera en titulaciones. Y en la educación secundaria, tras la pausa en las reformas después de 1936, el avance se desaceleró e incluso retrocedió. El ministro de educación de Eduardo Santos, Jorge Eliécer Gaitán primero y luego Guillermo Nannetti, implementó un programa especial de bachillerato femenino centrado en costura, economía doméstica, decoración de interiores y formación moral. La República Liberal, en su segunda administración, devolvió a las mujeres jóvenes a la aguja y al recetario.

En paralelo, la economía absorbía mujeres que la política no reconocía. El desarrollo de sectores comerciales e industriales más complejos empleó a un número creciente de trabajadoras con estudios técnicos: mecanógrafas, telefonistas, dependientas, obreras textiles, enfermeras. El universo social femenino se ampliaba más allá del hogar sin que el edificio jurídico-político registrara el cambio.

La segunda mitad del ciclo: aplazamiento y desgaste

Los gobiernos de Eduardo Santos (1938–1942) y el segundo López Pumarejo (1942–1945) no ampliaron los derechos políticos de las mujeres. La agenda reformista se agotó antes de tocar el sufragio femenino. En 1946, con la elección de Mariano Ospina Pérez y el retorno conservador, el ciclo liberal se cerró sin que la mitad de la población colombiana hubiera obtenido el derecho a votar.

La causa, sin embargo, no se apagó. Rosa María Moreno de Ángel, Lucila Rubio de Laverde, Bertha Hernández de Ospina, Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia de Hubach mantuvieron organizaciones, publicaciones y redes que sobrevivieron al cambio de régimen. La demanda sufragista se transformó, en la segunda mitad de los años cuarenta y en los cincuenta, en un movimiento con capacidad de interlocución partidista propia. Las conservadoras encontraron en su electorado potencial un argumento para presionar dentro de su partido; las liberales, otro; y algunas voces dentro del bipartidismo —esta vez con acento pragmático— empezaron a considerar que el voto femenino, orientado por la Iglesia y la familia, podía servir como dique frente a las aspiraciones electorales del comunismo. La instrumentalización llegaba tarde, pero llegaba. Las propias sufragistas denunciaron ese cálculo, conscientes de que ser reconocidas como ciudadanas por conveniencia partidista no era el modo en que habían imaginado su ingreso a la vida pública.

El horizonte de 1954

Cuando finalmente se concedió el voto, no fue una república liberal quien lo concedió. Fue la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, a través de una Asamblea Nacional Constituyente no electa, la que aprobó el acto legislativo 3 de 1954, extendiendo la plenitud de los derechos ciudadanos a la mujer colombiana. En esa Asamblea, Esmeralda Arboleda por el Partido Liberal y Josefina Valencia de Hubach por el Partido Conservador fueron nombradas para evaluar y presentar el proyecto sobre la ciudadanía de las mujeres. Durante la dictadura, además, se fortaleció la organización femenina y tomó fuerza definitiva la campaña.

La paradoja es difícil de eludir. Dos décadas de movilización sufragista bajo regímenes constitucionales no habían logrado lo que un régimen de facto concedió en pocos meses. La lectura sobria del episodio no es que Rojas Pinilla fuera un feminista tardío: es que la dictadura instrumentalizó la demanda para ampliar su base social y para tejer legitimidad frente a los partidos tradicionales, y que la instrumentalización política del voto femenino —como dique anticomunista, como recurso de legitimación, como concesión administrada— resultó finalmente más eficaz que el argumento de la igualdad. La participación política femenina que se organizaba en torno al periódico Verdad y a las nuevas redes sufragistas quedaría, además, truncada por la espiral de violencia del propio gobierno de Rojas. Y aun después de 1954, no todas las mujeres pudieron ejercer efectivamente el derecho recién adquirido: sesgos de clase y raza, mecanismos vecinos a los que habían restringido el voto masculino hasta 1936, siguieron operando en la práctica electoral.

Por qué este ciclo sigue importando

Contado en trazo grueso, el ciclo 1930–1946 puede leerse como una derrota: dieciséis años de movilización para no conquistar el objetivo central. Contado con la textura que merece, es otra cosa. Es el período en que las mujeres colombianas dejaron de ser objeto de la ley para volverse sujetos jurídicos en sentido pleno, incluso si ese pleno estaba amputado en su dimensión política. Es el período en que el feminismo aprendió a usar la radio, la prensa, las giras, el proyecto de ley, la organización pública. Es el período en que una mujer como Ofelia Uribe de Acosta —maestra normalista de Miraflores, redactora de propuestas legislativas a los veintiséis años, locutora de La Hora Feminista desde Tunja— dejó constancia de que la ciudadanía no se pedía como favor sino que se argumentaba como derecho.

También es el período que revela con claridad los límites del reformismo lopista. La Revolución en Marcha modernizó el Estado colombiano en muchos frentes, pero trazó una frontera nítida en la ciudadanía política de las mujeres. El acto legislativo de 1936 que devolvió el voto a pobres y analfabetos —una conquista democrática innegable— fue simultáneamente el acto que reservó ese voto a los varones. Esa simultaneidad no puede leerse como omisión: fue una decisión sobre qué tipo de igualdad estaba el liberalismo dispuesto a admitir. La igualdad económica y jurídica de las mujeres cabía en el proyecto; la igualdad política, no.

La responsabilidad, con todo, excede al lopismo. Ninguna fracción del espectro político colombiano del período —ni el conservatismo, ni la Iglesia, ni el comunismo obrero, ni el liberalismo intelectual— asumió el sufragismo como bandera propia. El feminismo colombiano de 1930 a 1946 fue, ante todo, una lucha de agencia autónoma femenina contra un consenso patriarcal transversal. Que ese consenso solo se rompiera bajo una dictadura, y por razones parcialmente instrumentales, no le resta valor a la lucha previa: se lo devuelve. Sin las dos décadas de radio, prensa, giras, capitulaciones matrimoniales, congresos internacionales, revistas y proyectos rechazados, el acto legislativo de 1954 no habría tenido texto que copiar ni mujeres formadas para ocupar los escaños. La historia del voto femenino en Colombia empieza en el Teatro Colón de Bogotá en diciembre de 1930, no en la Asamblea Constituyente de 1954. Lo demás es el largo camino de cobrar lo prometido.