Georgina Fletcher

Una extranjera en el vestíbulo del poder

Fletcher no encaja en el molde clásico de la líder feminista colombiana de su generación. No fue tribuna de plaza como María Cano, ni animadora de la radio provinciana como Ofelia Uribe, ni fundadora de revista como las editoras de Letras y encajes o de Cyrano. Su figura pública se sostiene en un gesto de mediación: cruzar la puerta del Palacio de la Carrera con un memorial en la mano y salir con la promesa —o al menos con la escucha— del presidente recién posesionado. Ese gesto, aparentemente menor frente a la algarabía de las giras obreras o los congresos internacionales, define la naturaleza de su intervención. Fletcher trabajó donde otras no podían: en el estrecho pasillo que conecta el activismo civil con el ejecutivo, protegida de la sospecha nacionalista y del anatema clerical por una condición que era, a la vez, limitación y ventaja: la de no pertenecer del todo al campo político colombiano.

Su relevancia se juega en un doble plano. Primero, en el resultado material: la reforma al Código Civil aprobada en 1932 —la Ley 28 de ese año— eliminó la virtual minoría de edad que pesaba sobre la mujer casada en la disposición de sus bienes inmuebles y las restricciones que limitaban su ejercicio profesional. Fue el primer resquicio legal serio en una arquitectura patriarcal blindada por la Constitución de 1886, el Concordato de 1887 y una jurisprudencia que ataba a la esposa a la administración marital. Segundo, en el plano simbólico: la campaña que desembocó en esa reforma introdujo en el debate público colombiano un vocabulario nuevo —capacidad civil, ciudadanía económica de las mujeres— que preparó, aunque con dos décadas de retraso, el terreno del sufragio femenino de 1954.

Entre la agitación cultural del feminismo de entreguerras y la maquinaria legislativa que empezaba a rendirle terreno, Fletcher ocupa una posición intermedia mal cartografiada. Ni militante de masas ni funcionaria, se movió en la franja donde el activismo se convierte en decreto y donde una gestión bien calculada podía ahorrar años de campaña pública. Esa franja tiene pocos actores documentados en la Colombia de 1930, y Fletcher es uno de los mejor perfilados. La reconstrucción de su itinerario obliga, por lo mismo, a leer un archivo hecho de expedientes ministeriales, actas legislativas y correspondencia diplomática más que de manifiestos o discursos de tribuna: su huella está en los márgenes de los papeles oficiales, no en los titulares.

Orígenes y llegada a Colombia

Nacida hacia finales del siglo XIX en un entorno hispano-peruano, con formación probablemente autodidacta y un apellido británico que sugiere ascendencia migrante europea, Fletcher pertenece a esa capa de mujeres letradas del feminismo latinoamericano de entreguerras cuyas biografías rara vez fueron reconstruidas con el detalle que se dedicó a sus contemporáneos varones. Se la identifica unas veces como española residente en Bogotá; otras, se la vincula al circuito peruano. Ambas trayectorias son compatibles: la circulación transnacional de las feministas latinoamericanas de esos años pasaba con frecuencia por Lima, Buenos Aires, Madrid y Ciudad de México antes de asentarse en una capital.

Hacia finales de los años veinte, Fletcher residía en Bogotá y participaba de la red de mujeres que en esa década comenzó a cuestionar públicamente el estatuto civil femenino. La ciudad no llegaba entonces a los 250.000 habitantes y su vida pública estaba dominada por una élite letrada donde una recién llegada con oficio y contactos internacionales podía abrirse camino con rapidez. Fletcher lo hizo. Para 1930 su nombre ya circulaba junto al de Ofelia Uribe de Acosta como impulsora de causas liberales en torno a los derechos de las mujeres, y su gestión ante Olaya Herrera indica que, en algún momento previo, había construido las relaciones necesarias para acceder al máximo nivel del poder ejecutivo. Cómo tejió esa red —a través de veladas literarias, de correspondencia con feministas del Cono Sur, de contactos consulares— es una pregunta que el archivo bogotano deja abierta.

La opacidad biográfica que la envuelve —y que se profundiza en el silencio posterior a 1932— es coherente con el patrón de invisibilización que ha marcado a las mujeres activas en la primera mitad del siglo XX. Como ocurrió con las numerosas artistas plásticas de la segunda mitad del XIX y primeras décadas del XX, borradas por la crítica hegemónica masculina, Fletcher fue integrándose a un archivo delgado del que hoy se rescatan trazos. Su figura tiene contornos móviles, definida menos por lo que se sabe de ella que por los efectos que produjo en los expedientes que atravesó: un memorial ante el presidente, una convergencia con Uribe de Acosta, una reforma en el Código Civil.

Ese perfil migrante y letrado ilumina también el tipo de red en el que Fletcher se movía. El feminismo latinoamericano de entreguerras funcionaba como una constelación de escritoras, maestras, médicas y traductoras que se leían entre sí a través de revistas, se recibían en giras de conferencias y se citaban en congresos. Bogotá, capital tardía y provinciana en comparación con Buenos Aires o Lima, se incorporó a esa constelación en los años veinte gracias precisamente a figuras como Fletcher, que traían consigo referencias, contactos y un léxico ya probado en otras latitudes. Su presencia en la ciudad ayudó a acercar a la capital debates que allí apenas empezaban a formularse: la capacidad civil, la coeducación, la ciudadanía política de las mujeres, la crítica del régimen conyugal católico.

Olaya Herrera y la ventana liberal de 1930

Fletcher llegó al despacho presidencial en el momento oportuno. El 7 de agosto de 1930, Enrique Olaya Herrera asumió la presidencia poniendo fin a cuarenta y cuatro años de hegemonía conservadora. Su elección abrió una ventana de oportunidad para causas que llevaban décadas contenidas por el bloque Iglesia-Partido Conservador: la educación laica, la modernización del régimen civil, la reglamentación laboral, la revisión del vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica.

La Constitución de 1886 y el Concordato de 1887 habían establecido un marco que hacía de Colombia una excepción latinoamericana. El catolicismo se declaraba religión oficial. El control eclesiástico sobre la educación pública en todos sus niveles quedaba consagrado en el artículo 41 de la Carta y en el artículo 12 del Concordato. La injerencia clerical se extendía al estado civil. El divorcio estaba abolido, el matrimonio civil sometido a restricciones severas para los bautizados católicos, la mujer casada reducida jurídicamente a la condición de menor. Ese andamiaje había resistido con éxito los embates del liberalismo radical del siglo XIX y llegaba a 1930 casi intacto.

La llegada de Olaya no derribó ese andamiaje, pero desplazó el punto de gravedad. Los gobiernos liberales que se sucedieron entre 1930 y 1946 comenzaron a recuperar prerrogativas del Estado en materia educativa y, más tarde, con la reforma constitucional de 1936 impulsada por Alfonso López Pumarejo bajo el lema de la Revolución en Marcha, consagraron la función social de la propiedad, el derecho de huelga en actividades no esenciales, la protección estatal al trabajo y una intervención más decidida en la economía. Esa reforma —producto de una estrategia de López por atraer al liberalismo sectores externos al bipartidismo tradicional, incorporando parcialmente sus demandas para desactivar el disenso— configuró el marco en que las reformas civiles a favor de las mujeres se hicieron pensables.

Fletcher supo leer la coyuntura. Entre agosto y diciembre de 1930, apenas semanas después de la posesión, se presentó ante Olaya con una solicitud concreta: transformar la legislación relativa al derecho de la mujer para administrar sus bienes. La petición iba al corazón del régimen de sujeción civil consagrado en el Código Civil vigente, según el cual los bienes de la mujer casada eran administrados por su marido. No era una petición marginal ni retórica: apuntaba a la base económica de la desigualdad conyugal. Y la presentaba en el momento exacto en que el presidente necesitaba señales de modernización sin costo político elevado.

La sincronía es reveladora. Olaya asumía la Casa de Nariño con un gabinete de concentración, con la necesidad de mostrar reformismo y con la prudencia de no confrontar de frente a la Iglesia. Una reforma que ampliara la capacidad civil y profesional de las mujeres sin tocar el matrimonio ni el divorcio se ajustaba con exactitud a ese margen estrecho. Fletcher se presentó, al parecer, con esa lectura ya hecha: la suya fue una intervención calibrada, no una petición maximalista. Ese cálculo —pedir lo obtenible en lugar de lo justo— es el rasgo que separa su gestión de las agitaciones simultáneas del feminismo obrerista y explica, en buena medida, por qué la reforma prosperó donde otras iniciativas más ambiciosas quedaron atascadas durante décadas.

La gestión y el vínculo con Ofelia Uribe de Acosta

La gestión de Fletcher y la ley presentada por Ofelia Uribe de Acosta en diciembre de 1930 —el proyecto denominado Régimen de Capitulaciones Matrimoniales— confluyeron sobre el mismo objeto y en la misma temporalidad. Uribe, mujer boyacense con proyección nacional, aportó la formalización legislativa y la persistencia militante; Fletcher aportó la interlocución ejecutiva y la conexión con el circuito internacional que legitimaba el proyecto ante una élite todavía sensible al argumento del prestigio exterior.

Esa distribución de tareas —una feminista local frente al Congreso, una extranjera frente al Palacio— no fue casual. Uribe de Acosta pagaría, unos años después, el costo de su exposición pública: cuando llevó su programa a la radio con La Hora Feminista, transmitida desde Tunja, se le respondió con la creación de La Hora Azul, dedicada expresamente a contrarrestar el feminismo, y con divisiones dentro del propio campo femenino. Las líderes que recurrieron a la radio, la prensa y las giras despertaron suspicacias, resistencias y rechazo abierto. Fletcher, en cambio, operó en el registro discreto de la gestión, y su condición de extranjera la protegía del anatema de las tribunas conservadoras que veían en el feminismo una importación foránea. Paradoja: precisamente por ser foránea, podía moverse con menos costo en un terreno en que las locales quedaban expuestas.

Conviene calibrar la asimetría. Uribe trabajaba con la visibilidad de quien busca formar opinión y convencer a un electorado masculino que era también su enemigo natural. Fletcher trabajaba con la invisibilidad de quien negocia detrás de una puerta cerrada. Ambas tácticas eran necesarias, y ninguna de las dos habría bastado por sí sola: sin la presión pública de Uribe, la gestión de Fletcher habría quedado en promesa cortés; sin la mediación de Fletcher, la iniciativa legislativa de Uribe habría carecido de un interlocutor ejecutivo dispuesto a jugarse capital político. La complementariedad no elimina la tensión: Uribe conservó el nombre, Fletcher lo perdió.

El resultado del proceso combinado fue la reforma al Código Civil de 1932. La ley eliminó la virtual minoría de edad de la mujer casada en la disposición de sus bienes inmuebles y las restricciones que limitaban su ejercicio profesional. Pero conservó intacto el principio de la patria potestad exclusiva del padre legítimo sobre los hijos no emancipados, sin consideración del bienestar de estos. Fue una reforma en la esfera patrimonial y profesional, no en la esfera familiar íntima. Los estatutos jurídicos siguieron discriminando a la mujer en materia moral, sexual y familiar.

La convergencia Fletcher-Uribe define un modelo de acción que se repetiría, con variantes, en las siguientes campañas del feminismo colombiano: presión pública combinada con gestión reservada, agitación local respaldada por vínculos internacionales, proyecto de ley formal apoyado por cabildeo directo ante el ejecutivo. Ese modelo, ensayado en 1930-1932, sería el que las sufragistas de los años cincuenta —Esmeralda Arboleda, Josefina Valencia, Bertha Hernández de Ospina— retomarían para llevar el voto femenino a la Constituyente de Rojas Pinilla.

El Congreso Internacional Femenino y el circuito transnacional

El mismo mes en que Uribe de Acosta presentó el proyecto de Capitulaciones Matrimoniales —diciembre de 1930—, el Teatro Colón de Bogotá acogió el IV Congreso Internacional Femenino. La coincidencia temporal sitúa la campaña por la capacidad civil en el marco de un feminismo transnacional que hacía de las capitales latinoamericanas escalas de una circulación de ideas, publicaciones y liderazgos. El Congreso reunió a delegadas de varios países en el escenario más solemne de la capital colombiana, y el hecho de que se realizara en el Colón —espacio reservado a la alta cultura oficial— revela hasta qué punto el feminismo de esos años buscó legitimarse por la vía de la respetabilidad ilustrada.

Fletcher, por su perfil y su momento, es figura natural de ese circuito. El clima cultural que rodeó al evento —con la proliferación de revistas dirigidas a mujeres como La familia cristiana, Antioquia por María, Letras y encajes, Hogar, Hojita de Guadalupe y la más significativa, Cyrano, fundada por María Cano— configuró el ecosistema en el que las reformas civiles se hicieron pensables. Ese feminismo se articuló al calor de las vanguardias artísticas y de una nueva imagen de la mujer difundida por la literatura, el cine y la publicidad, y explica por qué el feminismo colombiano de entreguerras fue, ante todo, un fenómeno de élites letradas urbanas. La reforma de 1932, leída desde este ecosistema, aparece menos como un acto legislativo aislado que como el sedimento jurídico de una década de disputas culturales sobre el lugar de la mujer en la ciudad moderna.

Un campo dividido: obreristas, liberales, aliados intelectuales

El feminismo colombiano de los años veinte y treinta no fue un frente unificado. Fletcher y Uribe representaron una vertiente civil-liberal centrada en la reforma legal, mientras la tradición socialista y obrerista encarnada por María Cano seguía una lógica distinta. Las seis giras de Cano por el país agitando ideas socialistas, sus estancias en la cárcel y su colaboración en La Humanidad, dirigido por Ignacio Torres Giraldo, la habían definido como voz pública del socialismo colombiano en los años veinte. En los años treinta —justo cuando Fletcher y Uribe cosechaban la reforma civil— Cano fue marginada del Partido Comunista y confinada a labores de apoyo desde su hogar en Medellín. La coincidencia temporal ilumina una asimetría estructural: el feminismo liberal avanzaba con las reformas civiles del olayismo y del lopismo mientras el feminismo socialista se veía relegado por sus propios partidos, que privilegiaban la construcción de organizaciones de clase y las alianzas antifascistas sobre los problemas de género. Dos feminismos coexistieron en el país sin lograr articularse: uno ganaba terreno jurídico, el otro perdía terreno organizativo.

En el campo intelectual masculino, la causa encontró aliados escasos pero significativos. Baldomero Sanín Cano expresó en una Conversación en la Universidad de 1927 una posición laica, democrática y feminista, atribuyendo a la civilización judeocristiana la idea de que la mujer es el crimen y el pecado, base ideológica de su inferioridad civil y política. Esa formulación ilustra hasta qué punto el debate feminista de esos años se articuló también como debate anticlerical, y por qué la Iglesia percibió el conjunto de reformas liberales —matrimonio civil, divorcio vincular, libertad de cultos, laicidad, capacidad civil de la mujer— como partes de un mismo asalto a su hegemonía.

La Iglesia como muro

Ningún análisis de la actuación de Fletcher puede prescindir del papel de la Iglesia Católica. La institución que Rafael Núñez consagró como columna del orden constitucional en 1886 y que el Concordato de 1887 dotó de prerrogativas sobre educación, estado civil, cementerios y exenciones fiscales, era el principal obstáculo estructural a cualquier reforma del estatuto femenino. Un bloque de dispositivos —abolición del divorcio, restricción del matrimonio civil para los bautizados católicos, control episcopal sobre los textos escolares consagrado en los artículos 12 y 13 del Concordato, doctrina de la sumisión conyugal— había resistido con éxito los embates del liberalismo radical del siglo XIX y sostenía todavía, en 1930, la arquitectura jurídica del sometimiento femenino.

El liberalismo colombiano fue condenado eclesiásticamente por defender, entre otros principios, el matrimonio civil, el divorcio vincular, la libertad de cultos, la laicidad del Estado y la separación entre Iglesia y Estado; esa condena se mantuvo al menos hasta 1955. La reforma de 1932 fue posible precisamente porque no confrontó el núcleo duro del régimen matrimonial católico: no tocó el divorcio, no tocó el matrimonio civil, no tocó la patria potestad. Se limitó a la capacidad patrimonial y profesional de la mujer casada, terreno en el que la doctrina eclesiástica era menos rígida y donde el argumento modernizador —una economía nacional que necesitaba integrar a las mujeres a la vida profesional— podía prevalecer.

La estrategia de Fletcher y Uribe consistió en escoger el flanco menos protegido. Fue operación de tacto político tanto como de convicción: pedir lo posible sin desatar la guerra santa. Ese pragmatismo explica el logro y también los límites. Colombia obtuvo en 1932 una reforma civil parcial que las mujeres colombianas debieron esperar veintidós años más para ver complementada con el sufragio, cuarenta y siete más para tener divorcio vincular efectivo, y más de un siglo —hasta la Constitución de 1991— para desmontar las bases del régimen concordatario.

La huella de la reforma civil se prolongó, con matices, en el Código Penal aprobado en 1936 y puesto en vigencia en 1938, que equiparó formalmente al hombre y a la mujer en cuanto a la responsabilidad penal pero mantuvo diferencias sustantivas en las penas: el adulterio femenino continuó sancionándose con mayor severidad que el masculino, y el concubinato castigaba de forma más drástica a la mujer. Esa asimetría revela la naturaleza del acuerdo político de la Primera República Liberal: la mujer podía administrar sus bienes, acceder a la universidad, ejercer profesiones, ser sujeto responsable ante la ley penal; pero no podía divorciarse, no podía ejercer sobre sus hijos legítimos una patria potestad autónoma, y no podía votar. La ciudadanía femenina fue segmentada: se reconoció la dimensión económica y profesional, se retuvo la política y la familiar. Fletcher trabajó en el segmento que era posible ganar en su momento; el resto quedaría para las generaciones siguientes.

El silencio y los ecos: de 1932 a 1954

Tras la reforma de 1932, el rastro público de Fletcher se adelgaza hasta desvanecerse. No dirigió partido, no fundó periódico duradero, no dejó una obra escrita voluminosa que sostuviera su nombre en el canon. Ofelia Uribe de Acosta continuó su militancia radiofónica y editorial durante las décadas siguientes y llegó a ser referencia obligada de la campaña sufragista de los cincuenta. María Cano fue rescatada por la izquierda como emblema del socialismo temprano. Fletcher quedó en un lugar intermedio: mencionada como coautora del impulso reformista de 1930-1932, pero sin la biografía consolidada, sin el archivo personal, sin la continuidad militante que la habrían fijado en la memoria pública.

La invisibilización tiene explicaciones estructurales. El feminismo colombiano de la segunda mitad del siglo XX, cuando construyó su propio panteón, privilegió a las agentes locales con trayectoria documentada y a las mártires simbólicas —desde Policarpa Salavarrieta, emblema de miles de mujeres anónimas y olvidadas, hasta las sufragistas de los cincuenta. Fletcher, extranjera y sin militancia prolongada, quedó fuera del canon nacional. Su condición de intermediaria, útil en 1930, se volvió inconveniente para una historiografía que buscaba raíces vernáculas del feminismo.

La campaña sufragista que culminó en el reconocimiento del voto femenino durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla —entre 1953 y 1957— retomó, sin nombrarla siempre, la agenda que Fletcher y Uribe habían abierto veinte años antes. En 1954, la Asamblea Nacional Constituyente designó a Esmeralda Arboleda, del Partido Liberal, y a Josefina Valencia, del Partido Conservador, para evaluar y presentar el proyecto de Acto Legislativo sobre la Ciudadanía de las Mujeres. El voto femenino fue aprobado, y sectores políticos lo respaldaron en parte porque veían en él un contrapeso al avance electoral del comunismo tras la Segunda Guerra Mundial. La instrumentalización política acompañó al logro, como había acompañado a la reforma civil de 1932: cada uno de los avances del feminismo colombiano del siglo XX se apoyó, en algún grado, en cálculos partidistas que las feministas debieron aprovechar sin quedar reducidas a ellos.

Un legado en tensión

De Georgina Fletcher queda, en primer lugar, la Ley 28 de 1932 —o su núcleo sustantivo, la reforma al Código Civil que ese año liquidó la minoría civil de la mujer casada en materia patrimonial y profesional. Ese avance, aparentemente técnico, fue el primer resquicio jurídico serio contra el orden concordatario y sostuvo, durante las dos décadas siguientes, la incorporación efectiva de mujeres a la universidad, al ejercicio profesional y a la vida económica autónoma. La generación que en los cincuenta luchó por el voto y en los sesenta y setenta por los derechos reproductivos y el divorcio operó sobre el terreno que la reforma de 1932 había roturado.

Queda, en segundo lugar, un problema historiográfico abierto: el de la relación entre agentes locales y transnacionales en la construcción de los feminismos latinoamericanos de entreguerras. Fletcher ilustra una figura cuya eficacia dependió precisamente de su exterioridad relativa al campo político nacional, y cuya invisibilización posterior refleja los límites de una historiografía escrita en clave nacional. La discusión reciente sobre estas genealogías —incluida la caracterización del feminismo como fenómeno inapropiado en el contexto latinoamericano y su relación con marcos occidentales— apenas empieza a reconstruir biografías como la suya.

Queda, por último, la constatación material: el nombre de Fletcher está borrado de las tribunas, pero la disposición legal que hizo posible que una mujer colombiana firmara una escritura de compraventa sin autorización marital lleva su marca. Esa marca no está en el mármol ni en la placa conmemorativa; está en los expedientes notariales, en las matrículas universitarias, en las nóminas profesionales de la década siguiente. Es un legado escrito en letra pequeña, y por eso mismo difícil de desmontar.