El sufragio femenino en Colombia (1954)

El sufragio femenino en Colombia (1930–1962): ¿por qué llegó tarde, por qué llegó así?

Si las democracias liberales amplían derechos y las dictaduras los restringen, ¿cómo explicar que la ciudadanía femenina plena llegara a Colombia el 25 de agosto de 1954, bajo un general que censuraba a El Tiempo, El Espectador y El Siglo, reprimía manifestaciones estudiantiles y proscribía al comunismo internacional, y no en 1936, cuando el liberalismo lopista modernizaba la Constitución en la llamada Revolución en Marcha? ¿Por qué las primeras senadoras aparecen apenas en 1958 y las primeras ministras de manera tímida? ¿Por qué el sufragio femenino colombiano, formalmente pleno desde 1954 e igual en el papel al de argentinas y ecuatorianas, tardó tanto en traducirse en representación efectiva? ¿Y qué habría que revisar —del bipartidismo como supuesto vehículo de derechos, del populismo latinoamericano como pura fachada, del feminismo colombiano como corriente única bloqueada por una Iglesia monolítica— para responder sin trampas?

El Acto Legislativo N° 3 fue expedido por la Asamblea Nacional Constituyente que había reelegido al general Gustavo Rojas Pinilla veintidós días antes. Las mujeres votaron por primera vez el 1° de diciembre de 1957, en el plebiscito convocado por la Junta Militar para refrendar el Frente Nacional. Entre esas dos fechas —una concesión desde arriba, un estreno pactado por las élites bipartidistas— cabe casi entera la anomalía colombiana: un derecho nacido dos décadas después de las peticiones formales, otorgado por un régimen sin elecciones populares en curso, y estrenado bajo un sistema que había cerrado el juego a cualquier fuerza nueva.

Sobre esa anomalía circulan varias lecturas que conviene poner en tensión antes de pesarlas. Una atribuye el retraso a una cultura política estructuralmente más patriarcal que la del Cono Sur o los Andes vecinos: la alianza Iglesia-Partido Conservador y el peso del catolicismo produjeron una sociedad donde las mujeres eran, en la vieja frase, el "eterno femenino" alejado de la vida pública. Ecuador reconoció el voto femenino en 1929, Uruguay en 1932, Argentina en 1947. Colombia en 1954. La distancia parece hablar por sí sola.

Otra interpretación sostiene que Rojas concedió el voto como gesto modernizador instrumental —una fachada— y que por eso el reconocimiento formal no transformó la élite. El régimen necesitaba legitimidad; las mujeres eran una base política sin cooptar; la reforma constitucional costaba poco y rendía mucho. Bajo esta clave, 1954 es una operación cosmética.

Una tercera lectura invierte el marco: el bipartidismo democrático fue más obstáculo que vehículo. Durante casi dos décadas —entre las peticiones sufragistas de los años treinta y el Acto Legislativo 3— liberales y conservadores tuvieron oportunidades legislativas y las desaprovecharon. La Reforma de 1936, la más ambiciosa del siglo, extendió el sufragio masculino sin tocar el femenino. El voto femenino solo se destrabó cuando un régimen ajeno al pacto partidista cortó el nudo. Complementaria, otra lectura atribuye el rezago posterior en representación al origen no movilizatorio del sufragio: como no fue arrancado por movilización de base, sino concedido por decreto de asamblea, no produjo el capital político organizado que en Argentina hizo del peronismo femenino un actor propio. Más provocadora, una quinta hipótesis sugiere que los regímenes populistas autoritarios latinoamericanos extendieron derechos de género más rápido que los liberales reformistas porque su lógica de construcción de base los obligaba a incorporar sectores que las élites bipartidistas preferían mantener afuera. Y transversal a todas, una última insiste en que el feminismo colombiano nació bifurcado en dos vertientes —liberal ilustrada y católica corporativa— y que esa fractura, más que un supuesto monolitismo conservador, condicionó toda la trayectoria.

Ninguna de las cinco primeras se sostiene sola. La bifurcación es la que permite entender las demás.

Cuando Rojas firmó el Acto Legislativo 3 en 1954, el sufragismo colombiano tenía ya una historia larga. Georgina Fletcher y Ofelia Uribe de Acosta venían impulsando desde los años veinte las voces de más mujeres a favor de sus derechos, y para los años treinta se habían organizado en redes que combinaban prensa, radio y giras. Uribe de Acosta transmitía desde Tunja un programa llamado La Hora Feminista, que provocó a su vez la creación de La Hora Azul como réplica opositora —una escaramuza que ilustra hasta qué punto la campaña sufragista había logrado disputar el espacio público. Alrededor circulaban Lucila Rubio de Laverde, María Eastman, María Currea de Aya: figuras que sostuvieron durante veinte años una demanda coherente y públicamente formulada.

En ese contexto se produce la primera oportunidad perdida. La reforma constitucional de 1936, impulsada por Alfonso López Pumarejo en el marco de la Revolución en Marcha, era el momento óptimo. El Acto Legislativo N° 1 abolió las últimas restricciones económicas al sufragio heredadas del siglo XIX —un paso decisivo hacia el sufragio universal masculino— y suprimió el artículo que declaraba a la religión católica como religión de la nación, instaurando libertad de conciencia y cultos, aunque con la cláusula de que esas libertades no podían ser contrarias a la moral católica ni a las leyes. La reforma tocó la propiedad, el trabajo, la relación Estado-Iglesia. Sobre las mujeres, autorizó apenas el ejercicio de cargos públicos por nombramiento. El voto quedó reservado a los varones.

La decisión fue deliberada. El liberalismo lopista modernizó la ciudadanía masculina y frenó ahí. No enfrentó a la Iglesia en el terreno donde esta era más beligerante —la moral doméstica, la vida familiar, el estatuto público de la mujer— porque la reforma ya libraba batallas suficientes en propiedad, educación y cultos. La cesión fue estratégica y tuvo un costo largo: la primera juez fue nombrada apenas en 1943, siete años después de la reforma, y no hubo mujer gobernadora antes de 1955. La ciudadanía a medias produjo, previsiblemente, incorporación a medias.

El bloqueo del otro lado del espectro fue más doctrinal. La Iglesia católica, alineada ideológicamente con el Partido Conservador desde el siglo XIX y a lo largo de más de la mitad del XX, defendía una visión de nación basada en la unanimidad moral católica. Todavía en 1955, la jerarquía consideraba que el liberalismo estaba condenado por defender la escuela laica, el matrimonio civil, el divorcio vincular, la libertad de cultos y la separación Iglesia-Estado. En la campaña presidencial conservadora de 1930, la aprobación del arzobispo de Bogotá había sido determinante. La articulación entre púlpito y urna era pública: en octubre de 1921, en Bogotá, una mesa electoral separada para el clero registró 165 votos conservadores y cero liberales.

Sobre las mujeres, esa alianza operaba en dos planos. En el ideológico, un articulista conservador publicó textos que atacaban el sufragio femenino calificando la campaña de izquierdista e inútil, apelando a argumentos pseudocientíficos sobre inferioridad y a la defensa de la familia como valor amenazado. En el plano de la vida cotidiana, la jerarquía llegaba a condenar mediante pastoral —monseñor Miguel Ángel Builes— el uso de pantalones femeninos, y las autoridades civiles detenían mujeres por "el delito de vestir pantalones". Laureano Gómez condicionaba cualquier reforma educativa a que se guiara por principios morales católicos. El conservatismo respaldaba activamente los privilegios legales y económicos de la Iglesia, incluido el control del currículo público, como uno de los pocos ejes doctrinales que lo distinguían del liberalismo.

En los círculos obreros y de izquierda, donde en teoría podía haber una tercera vía, la cuestión de género quedó relegada frente a la construcción de organizaciones de clase y las alianzas antifascistas. María Cano, la más visible tribuna femenina del período, terminó marginada del Partido Comunista y reducida a labores de apoyo desde el hogar. La izquierda organizada no ofreció refugio al sufragismo.

De ahí la primera constatación firme: entre 1930 y 1953, ningún actor institucional con capacidad de reforma —ni el liberalismo lopista, ni el conservatismo católico, ni la izquierda obrera— asumió la ciudadanía femenina como demanda propia. El sufragismo existió, se organizó, publicó, transmitió por radio, hizo giras. Pero no encontró vehículo partidista. Es en esa ausencia estructural, y no en una supuesta pasividad femenina, donde hay que ubicar el rezago colombiano.

Cuando Rojas Pinilla tomó el poder el 13 de junio de 1953, la campaña sufragista llevaba dos décadas madurando. El régimen la capitalizó rápido. La comisión de Estudios Constitucionales fue instalada el 10 de diciembre de 1953, y en la Asamblea Nacional Constituyente de 1954 se nombró a Esmeralda Arboleda, del Partido Liberal, y a Josefina Valencia de Hubach, del Partido Conservador, para evaluar y presentar el proyecto de Acto Legislativo sobre la Ciudadanía de las Mujeres. El 25 de agosto de 1954, el Acto Legislativo N° 3 extendió la plenitud de los derechos ciudadanos a la mujer.

Lo que rodeó ese acto lo explica. Tres semanas antes, el 30 de julio, mediante el Acto Legislativo N° 1, la misma ANAC había autorizado a Rojas a aumentar en cuarenta miembros su composición —treinta y ocho elegidos por él y dos por la Iglesia, que se abstuvo de nombrar sus delegados— con el objetivo declarado de permitirle conformar mayoría para su reelección. El 3 de agosto, la asamblea así ampliada reeligió a Rojas para el período 1954-1958. El 7 de septiembre, mediante el Acto Legislativo N° 6, la misma corporación prohibió las actividades políticas del comunismo internacional, norma que fue utilizada para perseguir dirigentes y simpatizantes. En junio, la represión de manifestaciones estudiantiles el 8 y el 9 había dejado muertos en Bogotá. La prensa —El Tiempo, El Espectador, El Siglo— estaba bajo censura.

El sufragio femenino se aprobó, entonces, dentro de una secuencia: asamblea ampliada por decreto, reelección presidencial, ciudadanía femenina, prohibición del comunismo. La misma corporación entregó derechos y cerró espacios en gestos contiguos. Y produjo una paradoja que define el caso colombiano: reconoció el voto femenino en agosto pero, al haber sustituido las asambleas y concejos de elección popular por consejos administrativos nombrados por el presidente, dejó a las mujeres sin urnas donde ejercerlo. El derecho existió tres años sin elección alguna.

La lectura del gesto como modernización instrumental es correcta pero incompleta. Rojas se inspiró explícitamente en Juan Domingo Perón: buscaba construir una coalición del pueblo, el gobierno y las fuerzas armadas más allá de las élites partidistas. Puso a su hija María Eugenia al frente de SENDAS —una agencia nacional de asistencia social comparable a la Fundación Eva Perón—, formó su propia federación laboral para competir con las que dirigían la Iglesia y el liberalismo, y empleó un vocabulario populista que entregaba mercados y derechos como cara visible del régimen. El sufragio femenino encajaba en esa arquitectura. Ampliaba el electorado potencial hacia un sector cuya lealtad ninguna maquinaria partidista había cultivado; ofrecía legitimidad internacional a un régimen bajo escrutinio; y no costaba nada, porque no había elecciones a la vista.

Pero atribuir el resultado solo a la maniobra oscurece el otro lado. La ANAC no inventó el sufragismo: lo recibió como demanda madura. Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia no fueron figurantes: eran representantes bipartidistas de una campaña que había fortalecido su organización durante la dictadura misma, aprovechando que el sistema partidista tradicional estaba en pausa. El régimen necesitó a las sufragistas para dar contenido a la reforma; ellas necesitaron al régimen para saltar el bloqueo que veinte años de bipartidismo les habían impuesto. Fue un cálculo cruzado, no una imposición unilateral.

Que Arboleda fuera liberal y Valencia conservadora no es un detalle protocolario. Es la marca genética del feminismo colombiano. Desde los años veinte, la campaña sufragista tuvo dos vertientes que compartían objetivo pero divergían en fundamento. Una era liberal ilustrada: Ofelia Uribe de Acosta, Georgina Fletcher, Lucila Rubio de Laverde, herederas del feminismo internacional que ligaba ciudadanía femenina con laicidad, educación pública y autonomía civil. La otra era católica corporativa: mujeres conservadoras que reivindicaban derechos políticos como extensión de la vocación familiar, argumentando que la mujer votante llevaba al Estado la voz del hogar cristiano. Josefina Valencia de Hubach representaba esa segunda vertiente; su presencia en la comisión de 1954 muestra que la vía católica al sufragio no era una contradicción sino una tradición propia.

La bifurcación tiene traducciones muy concretas en el debate. Dentro de la ANAC circularon propuestas para otorgar el voto solo a mujeres casadas por lo católico —limitado a concejos municipales, e incluso computando como doble el voto de las parejas casadas legítimamente. La idea de un sufragio femenino escalonado, moralmente calificado, tenía plausibilidad conservadora precisamente porque asumía a la mujer como sujeto político derivado de la familia, no como individuo autónomo. Que esa versión no prosperara —y que se aprobara en cambio la plenitud de derechos— no borra el hecho de que una parte sustancial del debate se libró dentro del universo católico, entre quienes querían ciudadanía femenina universal y quienes la querían filtrada por el sacramento.

Desde el periódico Verdad, algunas voces impulsoras del sufragio criticaban a los dos partidos tradicionales por haber convertido sus banderas en "estandartes de odio" y proclamaban la urgencia de que la mujer entrara en la vida nacional "como representante del hogar". Esa fórmula —hogar como credencial— pertenece a la vertiente corporativa y muestra que ni siquiera las sufragistas más críticas del bipartidismo se articulaban necesariamente sobre premisas liberales.

Esta bifurcación explica dos cosas simultáneas. Explica por qué el sufragismo colombiano tuvo densidad y persistencia: sumaba tradiciones, no dependía de una sola. Y explica por qué chocó tan duro con el bipartidismo: cada partido veía en la mujer votante a un sujeto distinto, y cualquier reforma exigía negociar qué mujer entraría al padrón. La rivalidad ideológica sobre el modelo de ciudadana deseable —laica autónoma frente a madre corporativa— paralizó la reforma más que un supuesto acuerdo tácito de exclusión masculina. Cuando Rojas cortó el nudo, lo cortó incluyendo a las dos vertientes en la comisión y aprobando la fórmula amplia. La bifurcación no desapareció: pasó a operar dentro del voto ya concedido.

La comparación con el Cono Sur suele hacerse en términos de retraso. Uruguay 1932, Argentina 1947, Chile plenamente en 1949. Colombia 1954, ejercicio en 1957. Pero la diferencia importante no es cuánto tardó Colombia sino qué tipo de sufragio produjo cada trayecto. En Argentina, Eva Perón desempeñó desde 1946 un papel central en la política laboral peronista y organizó el ala femenina del partido. El sufragio femenino de 1947 se acompañó de una estructura de encuadramiento —el Partido Peronista Femenino— que convirtió el voto en militancia organizada. Rojas quiso replicar el modelo estructural: SENDAS bajo María Eugenia Rojas, federación laboral propia, retórica de coalición pueblo-gobierno-fuerzas armadas. Pero le faltó tiempo y le faltó una Eva. El régimen cayó en 1957 sin haber alcanzado a construir la maquinaria política femenina que el peronismo consolidó. Las mujeres colombianas recibieron el derecho sin recibir la organización.

El paralelo peronista sugiere algo más profundo. Los regímenes populistas autoritarios de mediados del siglo XX en Sudamérica extendieron derechos políticos a las mujeres antes o con más ambición que las democracias liberales de la misma región, porque su lógica de legitimación exigía ampliar bases más allá de las élites tradicionales. No fue casualidad ni contradicción: fue la forma en que los sistemas partidistas cerrados —los "regímenes de notables"— se veían desbordados por outsiders que instrumentalizaban la incorporación de nuevos sectores para justificar su ruptura con las reglas. En ese sentido, Colombia no es una anomalía: es un caso tardío del mismo patrón.

Lo que sí es propio colombiano es la debilidad del vehículo populista. Rojas no logró consolidar su federación laboral frente a la Iglesia y el liberalismo. SENDAS existió pero no alcanzó el peso de la Fundación Eva Perón. Y sobre todo: cayó a los cuatro años, cuando el bipartidismo pactó su regreso mediante el Frente Nacional. En Argentina, el peronismo, aun proscrito, quedó como identidad política duradera; en Colombia, el rojismo dejó como principal legado electoral la ANAPO, en la que María Eugenia Rojas sería candidata varias veces con cierta popularidad. Pero fue una herencia menor comparada con la peronista.

Frente a los Andes, la comparación cambia. Ecuador reconoció el voto femenino en 1929, adelantándose incluso a España. Pero lo hizo con calificaciones —alfabetismo, propiedad— que reducían drásticamente el padrón real. El sufragio femenino andino temprano fue formalmente amplio y prácticamente restringido; el colombiano tardío fue formalmente universal y prácticamente inejercido durante tres años. Los mecanismos de exclusión operaron en distintos momentos: antes de la urna en un caso, después del reconocimiento en el otro.

El plebiscito del 1° de diciembre de 1957, convocado por decreto de estado de sitio de la Junta Militar —el 0247 de 1957—, refrendó el Frente Nacional. Fue el primer acto electoral con participación femenina en Colombia. Siete de sus catorce artículos trataban sobre la paridad bipartidista. La constitucionalidad del decreto fue demandada por Pedro Nel Rueda Uribe; la Corte Suprema se inhibió y el plebiscito quedó en pie.

Las mujeres estrenaron el voto para ratificar un pacto que cerraba el sistema. La Declaración de Benidorm de julio de 1956, firmada por Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, y el Pacto de Sitges de 1957 establecieron que —independientemente de los resultados electorales— el poder se compartiría en partes iguales entre liberales y conservadores, alternando la presidencia cada cuatro años durante cuatro períodos. Paridad estricta en el gabinete, las asambleas departamentales y los concejos. Alternación en el mando. El Frente Nacional restableció libertades públicas y sindicales, y bajo Lleras Camargo la función legislativa volvió al Congreso tras haber sido usurpada por el Ejecutivo desde 1949. Pero el sistema era, por diseño, cerrado a fuerzas externas.

En ese diseño, las mujeres entraron. En 1958 fueron elegidas las primeras senadoras. La revista Cromos dedicó ese año un reportaje a cuatro congresistas —Anacarsis Cardona, Margarita Córdoba de Solórzano, Esmeralda Arboleda de Uribe y Carmenza Rocha— bajo el marco "entre el Congreso y el hogar". Tres eran casadas; la excepción era Rocha. Cada casada abría su página con una imagen que sugería el rol doméstico. La condición para hacerlas visibles públicamente era mostrarlas conciliando: la ciudadana, sí, pero después de la esposa. Los gobiernos liberales del Frente Nacional designaron las primeras ministras, inicialmente de forma tímida y luego en mayor número.

La representación se quedó anémica por dos razones combinadas. Una es el diseño frentenacionalista: la paridad bipartidista rígida cerró el sistema a cualquier fuerza nueva —incluidas las mujeres como actor colectivo— con independencia de cómo hubiera llegado el voto femenino. Un sistema que reparte por mitades entre dos partidos deja poco margen a la emergencia de una tercera representación. Varias mujeres descontentas engrosaron las filas de la ANAPO, el MRL y el sindicalismo, ocupando lugares protagónicos en la disidencia; pero fueron, precisamente, la disidencia.

La otra es el origen no movilizatorio del sufragio. Como el voto no fue arrancado por movilización de base sino concedido en una asamblea subordinada a un régimen, no dejó tras de sí una organización política femenina propia, comparable al peronismo femenino argentino. El activismo de Ofelia Uribe de Acosta, Georgina Fletcher y sus contemporáneas tenía densidad discursiva pero no había construido una maquinaria electoral: no tenía por qué haberla construido, dado que hasta 1954 no había electores femeninos que movilizar. Y para 1957, cuando por fin hubo urnas, el sistema ya estaba capturado por el pacto bipartidista. El acceso femenino al campo político quedó, entonces, condicionado por la aprobación de la élite masculina que controlaba ese campo, favoreciendo a quienes cumplían los criterios establecidos por los varones en el poder. La ganancia del voto convivió con formas de subordinación como el voto dirigido por el hombre dentro del hogar. Participar en política no era lo mismo que participar de lo político.

Al pesar las lecturas, la que mejor se sostiene combina la tesis del bipartidismo como obstáculo con la del feminismo bifurcado. El sufragio femenino colombiano no llegó tarde por una supuesta subordinación cultural más profunda que la del Cono Sur —el activismo sufragista fue robusto, organizado y persistente desde los años veinte—, sino porque la fractura liberal-católica paralizó a los dos partidos con capacidad de reforma. El liberalismo lopista prefirió no gastar capital político con la Iglesia en 1936 y frenó en el sufragio masculino. El conservatismo defendió activamente un modelo de mujer que hacía incompatible la ciudadanía plena con la moral católica dominante. La izquierda relegó la cuestión. Cuando Rojas intervino, lo hizo aprovechando dos décadas de demanda madura y ofreciendo a un régimen sin base propia una vía de legitimación que las élites bipartidistas no habían querido tomar.

El sufragio fue, en efecto, una concesión desde arriba: nació de una asamblea reelectoral, dentro de un régimen que suprimía elecciones populares mientras reconocía el derecho a votar en ellas. Pero fue también la cristalización de un activismo bipartidista que encontró en la fractura del sistema partidista tradicional su única ventana. Ambas cosas son ciertas y ambas explican el rezago posterior: el origen no movilizatorio dejó a las nuevas ciudadanas sin organización política propia; el diseño frentenacionalista, con su paridad rígida entre liberales y conservadores, cerró el sistema a la emergencia de una representación femenina autónoma. La combinación produjo lo que las cifras muestran: primeras senadoras en 1958, ministras tímidamente en los años siguientes, participación anémica durante décadas.

La lectura peronista aporta la escala regional. Colombia no fue una excepción cultural sino un caso tardío y débil del mismo patrón: los regímenes populistas autoritarios latinoamericanos extendieron derechos de género antes o con más ambición que las democracias liberales, precisamente porque necesitaban desbordar élites cerradas. Lo específicamente colombiano fue la brevedad del vehículo —Rojas cayó a los cuatro años— y la fuerza del pacto bipartidista que lo sucedió, que reabsorbió el sistema sin dejar espacio para que la incorporación femenina construyera identidad política propia.

Queda entonces una pregunta más incómoda que cualquier balance: si el bipartidismo liberal-conservador no hubiera bloqueado el sufragio durante veinte años, ¿habría llegado antes por otra vía? Los contrafácticos no se pueden responder. Sí se puede afirmar, en cambio, algo seco: entre 1930 y 1953, la democracia colombiana existió; el voto femenino no. En 1954 hubo dictadura; y hubo voto. Ofelia Uribe de Acosta, Georgina Fletcher, Esmeralda Arboleda, Josefina Valencia de Hubach y las demás no ganaron su derecho contra un régimen autoritario: lo ganaron dentro de uno, después de haber golpeado durante veinte años las puertas cerradas de una democracia bipartidista que prefirió no abrirlas. Esa secuencia, incómoda como es, es el punto de partida obligado para cualquier historia honesta del sufragio femenino en Colombia.