Esmeralda Arboleda Cadavid

La semblanza

Arboleda perteneció a la primera camada de colombianas que pudo estudiar en la universidad en pie formal de igualdad con los hombres, gracias a las reformas del primer liberalismo. Se hizo abogada cuando la profesión era aún un territorio casi exclusivamente masculino, y a los treinta y tres años se sentó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1954 con el encargo, junto con la conservadora Josefina Valencia, de estudiar y presentar el proyecto que otorgaba a las mujeres colombianas la ciudadanía plena. No fue una activista de la calle sino una jurista dentro del aparato, capaz de negociar con las dos colectividades tradicionales el texto por el cual, tras casi tres décadas de campañas sufragistas, media Colombia dejó de ser políticamente menor de edad.

Su carrera después de 1954 confirmó que aquel encargo no había sido un accidente. Fue congresista en el primer gobierno del Frente Nacional, ministra, embajadora en Viena y en Washington, dirigente del Partido Liberal, articulista, autora. Y sin embargo, la memoria pública del bipartidismo la empujó al margen: el relato masculino del Frente Nacional —Lleras Camargo, Lleras Restrepo, Alfonso López Michelsen, Turbay Ayala— absorbió el mérito de la modernización institucional y devolvió a las pioneras al rincón simbólico del hogar, cuando no directamente al olvido. Recuperarla equivale a reponer una pieza sin la cual el edificio institucional colombiano contemporáneo no se entiende.

Los orígenes: Popayán, la universidad, el liberalismo reformista

Nació en Popayán en 1921, en la ciudad-emblema de la élite letrada del Cauca, capital tradicional del conservatismo aristocrático pero también semillero de reformistas liberales. Su apellido, Arboleda, la inscribía por herencia en una de esas familias donde la política, el derecho y la escritura se transmitían como oficio de casa. Creció, sin embargo, en un país que apenas comenzaba a admitir que las mujeres pudieran estudiar más allá de la instrucción primaria y las artes consideradas femeninas.

La reforma constitucional de 1936 —piedra angular de la República Liberal— fue el marco jurídico decisivo de su generación. Modificó la vieja definición de ciudadanía heredada de 1886, que exigía a los varones mayores de veintiún años tener profesión, arte u oficio, y autorizó por primera vez a las mujeres colombianas a ejercer cargos públicos por nombramiento. No les concedió el voto: ese derecho quedó reservado a los varones. Pero abrió una puerta que la generación de Arboleda empujaría hasta el fondo. La primera juez colombiana no llegó, con todo, hasta 1943, siete años después de la habilitación legal: signo elocuente de la distancia entre la letra reformista y la práctica social.

Las mismas reformas del período liberal habilitaron a las mujeres el ingreso a la universidad y eliminaron algunas cláusulas discriminatorias en las relaciones conyugales, aunque los estatutos jurídicos siguieron discriminándolas en lo moral, sexual y familiar. En los primeros años tras la apertura académica, las universidades intentaron canalizar a las mujeres hacia carreras auxiliares —Laboratorio Clínico, Enfermería, Dibujo Arquitectónico, Música, Arte—, pero la presión de las propias estudiantes revirtió esa tendencia. Para 1950, la mayoría de las universitarias colombianas ya cursaba Medicina, Derecho, Arquitectura, Odontología o Filosofía. Arboleda fue una de ellas, y eligió el derecho: la disciplina que le permitiría después escribir, con lenguaje de código y de constitución, la propia condición de ciudadana.

Se formó en el punto exacto donde el liberalismo reformista había roto un cerrojo pero no todos: podía titularse, podía ejercer, podía incluso ser nombrada juez, pero no podía votar por el presidente ni por los concejales de su ciudad. Esa asimetría fundacional entre capacidad civil y capacidad política sería el frente de lucha de su juventud.

La trayectoria: de la campaña sufragista a la curul

El sufragismo colombiano y su largo aliento

La organización de mujeres por el voto en Colombia tomó impulso desde los años veinte del siglo XX, con figuras como Georgina Fletcher y Ofelia Uribe de Acosta. Fueron tres décadas de campañas, memoriales, congresos internacionales, artículos, alianzas frágiles con políticos liberales y conservadores dispuestos a acompañar. La reforma del 36 había concedido lo menos —el nombramiento— pero negado lo más —el voto—, y durante los años cuarenta la cuestión se estancó, primero por las prioridades del gobierno de Alfonso López Pumarejo y de sus sucesores, y luego por el estallido de la Violencia tras 1948.

Fue durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957, cuando la campaña sufragista finalmente cristalizó. El derecho al voto de las mujeres colombianas no lo otorgó un gobierno democrático sino uno militar, y no lo aprobó un congreso elegido sino una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el régimen. Esa ANAC había legitimado el título presidencial de Rojas Pinilla mediante el Acto Legislativo N.° 1 de 1953. La ampliación del sufragio, entonces, no fue solo la coronación de una lucha de las mujeres: fue también, y simultáneamente, una operación política del régimen para ensanchar su base de legitimidad frente al desgaste del bipartidismo tradicional.

En ese cruce entró Arboleda.

Un antecedente incómodo: el proyecto corporativista de febrero de 1953

Antes de la fórmula liberal que finalmente prosperó, hubo un intento previo que conviene recordar porque explica lo que Arboleda tuvo que combatir dentro del propio régimen. En febrero de 1953 se presentó un proyecto de corte corporativista que, en su versión inicial, contemplaba que solo las mujeres casadas por el rito católico pudieran elegir y ser elegidas para los concejos municipales. En su versión definitiva —más generosa en apariencia, más elocuente en su lógica— extendía esa facultad a las mujeres pero establecía que el voto depositado por hombres y mujeres casados legítimamente se computara como doble.

La ciudadanía femenina, en ese diseño, no era un derecho de la persona sino un accesorio del matrimonio católico y una prolongación del voto del marido. Ese era el techo mental con el que Arboleda y Josefina Valencia se encontraron cuando les tocó redactar la fórmula alternativa. Que la Constituyente de 1954 haya finalmente reconocido el sufragio en términos de ciudadanía plena, y no como duplicado conyugal ni como privilegio de matrimonio católico, es en buena medida obra de esa comisión.

La Comisión de Estudios Constitucionales y el acto legislativo de 1954

La Comisión de Estudios Constitucionales nombrada por la Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 10 de diciembre de 1953 con el encargo de preparar un proyecto de reformas. Fue en ese cuerpo donde se cocinó la nueva redacción del régimen de ciudadanía. Al año siguiente, ya en el pleno de la ANAC de 1954, Esmeralda Arboleda, en representación del Partido Liberal, y Josefina Valencia de Hubach, en representación del conservatismo, fueron nombradas para evaluar y presentar el proyecto de Acto Legislativo sobre la Ciudadanía de las Mujeres.

El diseño era deliberadamente bipartidista. En un país donde la Violencia había convertido la filiación política en marcador de vida o muerte, encargar el sufragio femenino a una liberal y una conservadora al mismo tiempo era la única forma de blindarlo frente a la sospecha de que se trataba de una maniobra faccional del régimen. Arboleda aportó la formación jurídica y el vínculo con el liberalismo reformista de López Michelsen y los Lleras; Valencia, la pertenencia a una familia conservadora del Cauca y la interlocución con la jerarquía eclesiástica, que hasta 1955 apoyó al gobierno.

El acto legislativo fue aprobado en 1954. El ejercicio efectivo del voto tuvo que esperar, sin embargo, a la caída del régimen: fue en el plebiscito de 1957 —el que ratificó el pacto entre liberales y conservadores para instaurar el Frente Nacional— cuando las mujeres colombianas depositaron por primera vez su voto en las urnas. Entre la promulgación del derecho y su ejercicio pasaron tres años en los cuales cayó la dictadura, se firmaron los pactos de Benidorm (1956) y Sitges (1957), y se rediseñó el régimen político nacional. El sufragio femenino, concebido bajo Rojas, se estrenó votando su relevo.

La primera curul

Con la instalación del Frente Nacional en 1958, Arboleda ingresó al Congreso de la República como una de las primeras congresistas colombianas, junto con Bertha Hernández de Ospina, Margarita Córdoba de Solórzano y Carmenza Rocha. Cuatro mujeres, en un cuerpo de centenares de hombres, encarnaban de pronto la promesa constitucional recién estrenada.

La cobertura mediática de ese ingreso es reveladora. Un reportaje de 1958 titulado entre el Congreso y el hogar retrató a las pioneras con un ángulo inequívoco: quería demostrar que las nuevas congresistas eran capaces de desempeñarse en el rol público sin descuidar el privado. Todas las entrevistadas, salvo Carmenza Rocha, eran mujeres casadas, y las imágenes de apertura las vinculaban a su rol doméstico. De Margarita Córdoba se subrayó explícitamente que mantenía "un hogar en buenas condiciones físicas y morales"; a las demás se las mostró cocinando para sus esposos, cuidando a los hijos, sosteniendo la casa mientras legislaban.

En el mismo gesto en que se celebraba la incorporación de las mujeres al poder, se las devolvía simbólicamente a la cocina. La curul se admitía a condición de que el mandil no se quitara. Arboleda, casada, entró en el marco de esa representación —que no eligió— aun cuando su trabajo legislativo real desmentía diariamente el encuadre.

Los cargos: ministra, embajadora, diplomática

Durante los años del Frente Nacional, Arboleda ocupó cargos ejecutivos y diplomáticos que la ubicaron en el círculo de confianza del liberalismo reformista de los Lleras y de la generación siguiente. Fue ministra —la primera colombiana en ejercer una cartera— y embajadora en Viena y en Washington, dos destinos que la sacaron de la política doméstica en los años en que el bipartidismo del Frente Nacional consumía el debate público en repartos milimétricos de puestos.

Su desempeño diplomático la ligó al circuito de la nueva Colombia en la política internacional: los años sesenta de la Alianza para el Progreso, la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo, las tentativas de modernización estatal. Viena y Washington eran, además, las capitales donde se cocinaban las agendas internacionales sobre derechos de la mujer que después bajaban a los sistemas nacionales, y no es casual que en las décadas siguientes Colombia se ubicara a la vanguardia latinoamericana en la formulación de políticas públicas dirigidas específicamente a las mujeres, incluida la participación política femenina como objetivo explícito.

Su red: el liberalismo, el conservatismo posible y las otras mujeres

El Partido Liberal como casa

Arboleda militó en el Partido Liberal, la colectividad que había hecho posible desde 1936 la mayor parte de las conquistas civiles de las mujeres colombianas. Su interlocución natural fue con Alberto Lleras Camargo —primer presidente del Frente Nacional entre 1958 y 1962—, Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Michelsen y, en la generación siguiente, Julio César Turbay Ayala. Fue con esa dirigencia con la que compartió proyecto: modernización institucional, reforma agraria contenida, intervención estatal en la economía, ampliación gradual de derechos sociales.

Que buena parte del liberalismo hubiera mantenido durante la primera etapa de la dictadura una actitud de apoyo o al menos de no oposición abierta al régimen de Rojas facilitó, aunque de manera silenciosa, que una liberal como Arboleda estuviera en condiciones de ser nombrada ponente en la Constituyente de 1954. La distancia entre el partido y el gobierno militar se rompió a mediados de 1955, cuando la Iglesia y el liberalismo retiraron el respaldo; pero para entonces el acto legislativo de la ciudadanía femenina ya estaba en curso, y el trabajo de Arboleda había sido reconocido a ambos lados del espectro.

Josefina Valencia de Hubach: la contraparte necesaria

La figura con la que Arboleda comparte, en pie de igualdad, la autoría intelectual del sufragio femenino colombiano es Josefina Valencia de Hubach, conservadora caucana como ella. La coincidencia geográfica y la diferencia partidista hicieron de esa dupla la fórmula política ideal: dos payanesas, una liberal y una conservadora, presentando conjuntamente el proyecto ante una constituyente presidida por un militar. La ciudadanía de las mujeres no pudo abrirse paso por vía de una sola tradición política; se abrió en el punto exacto de encuentro entre las dos colectividades que se habían masacrado durante la Violencia.

Las sufragistas anteriores

Arboleda heredó una tradición. Georgina Fletcher y, sobre todo, Ofelia Uribe de Acosta habían levantado desde los años veinte y treinta la bandera del voto femenino en un país que aún discutía si las mujeres podían testificar en juicios civiles sin la venia del marido. Uribe de Acosta —periodista, escritora, feminista de combate— representó el flanco de calle, el memorial y la agitación pública; Arboleda representó, veinte años después, el flanco jurídico e institucional que convirtió el reclamo en artículo constitucional. La distancia entre ambas figuras marca los dos frentes complementarios del sufragismo colombiano.

Bertha Hernández de Ospina y las alianzas ambiguas del Congreso

Con Bertha Hernández de Ospina —esposa del expresidente conservador Mariano Ospina Pérez—, Arboleda compartió curul en la primera legislatura del Frente Nacional. Su relación ilustra el modo en que el nuevo escenario del bipartidismo pactado empujaba a las mujeres a alianzas transversales que sus partidos no siempre celebraban. La solidaridad práctica en el Congreso convivía con la lealtad partidista férrea que el sistema de alternación exigía.

Producción intelectual y pensamiento político

Arboleda no fue solo legisladora: fue también escritora. A lo largo de su vida publicó artículos, ensayos y textos de análisis político en los que combinó su formación jurídica con la conciencia de género que la campaña sufragista le había forjado. Su producción quedó luego integrada en la gran obra colectiva Las mujeres en la historia de Colombia, en tres tomos, publicada en agosto de 1995 bajo la dirección académica de Magdala Velásquez Toro, con el apoyo de la Consejería Presidencial para la Política Social y Editorial Norma. Aquel proyecto editorial es hoy la piedra angular de la historiografía colombiana sobre las mujeres, y fija con precisión el lugar que ella ocupó en el proceso.

Su pensamiento se movió dentro de las coordenadas del liberalismo reformista. Creía en el Estado como vehículo de igualación de oportunidades, en el derecho como herramienta de emancipación, en la educación como palanca decisiva. El diagnóstico que compartía con Ofelia Uribe de Acosta era claro: el modelo cultural colombiano había confinado a las mujeres al espacio privado —el "eterno femenino", las "reinas del hogar"— como instrumento para mantener la estabilidad familiar y alejarlas de la vida pública, permitiendo así que los hombres monopolizaran el ejercicio del poder.

La consecuencia práctica que Arboleda extraía de ese diagnóstico distinguía su posición. Si el confinamiento se sostenía sobre la exclusión jurídica del voto, del cargo, de la firma, era desde el derecho —modificando códigos, redactando actos legislativos, ocupando ministerios y embajadas— desde donde había que desmontarlo. A diferencia de la agitadora, apostó por transformar el modelo desde adentro de las instituciones, con el argumento de que la ciudadanía plena no era una concesión sino una restitución: las mujeres colombianas ya eran adultas civiles, ya ejercían profesiones, ya administraban patrimonios; negarles el voto era una anomalía jurídica antes que un defecto cultural.

En su lectura, el sufragio no bastaba por sí solo. Debía articularse con reformas paralelas en la educación superior femenina, en el régimen económico del matrimonio, en el acceso a la carrera judicial y diplomática, en la representación efectiva de las mujeres dentro de los partidos. Sin esa cadena, el voto se quedaría en gesto simbólico. Buena parte de su trabajo como congresista, ministra y embajadora consistió en insistir sobre ese engranaje: derechos civiles, derechos políticos y derechos económicos como piezas de una misma máquina institucional.

Su feminismo fue liberal en el sentido preciso del término: no impugnaba el orden social ni el matrimonio ni la familia, sino que reclamaba para las mujeres el pleno acceso a los derechos y espacios de decisión de los que estaban excluidas. Esa posición la distinguió, décadas después, de los feminismos radicales y revolucionarios que en Colombia crecieron al calor de las movilizaciones de izquierda. También la expuso a la crítica de esas corrientes, que le reprocharían haber trabajado desde arriba y desde adentro, en alianza con los partidos tradicionales, sin cuestionar la estructura patriarcal de la familia ni la división sexual del trabajo. Arboleda respondía, en la práctica más que en la polémica, con la evidencia de que el derecho conquistado en el papel había habilitado la aparición pública de una figura como la suya: sin acto legislativo de 1954, no había curul en 1958, y sin curul, no había desde dónde discutir siquiera aquellas otras estructuras.

Su huella: entre la conquista real y la paradoja de origen

Ese engranaje que Arboleda defendió en el papel y en la tribuna tuvo, con los años, consecuencias que rebasaron su propia biografía.

Lo que quedó

El voto femenino aprobado en 1954 y ejercido desde 1957 no era reversible. La ampliación posterior de la participación política —lenta, insuficiente, pero real— apoyó cada uno de sus pasos siguientes en aquel acto legislativo. La Constitución de 1991, en sus artículos 40 y 43, ordenó a las autoridades garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública, y consagró la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres como mandato constitucional. La Red Nacional de Mujeres, nacida del proceso constituyente de 1990-1991, articuló las organizaciones femeninas en la arena pública contemporánea.

Nada de eso hubiera sido posible sin la puerta que Arboleda y Valencia abrieron en 1954. Toda la arquitectura de derechos de la mujer colombiana en la segunda mitad del siglo XX descansa, en última instancia, sobre aquella ponencia bipartidista redactada bajo un gobierno militar.

La paradoja fundacional

Y esa conquista arrastra un vicio de origen. La Asamblea Nacional Constituyente de 1954 no era un cuerpo democrático, y la concesión del sufragio femenino tuvo, además de sus méritos propios, la función política de ampliar la base social del régimen. El proyecto corporativista previo, de febrero de 1953, había mostrado que el poder militar estaba dispuesto a incorporar a las mujeres al escenario electoral —incluso duplicando su voto en el marco del matrimonio católico— si eso servía a su consolidación.

Que Arboleda y Valencia hayan logrado convertir ese impulso instrumental en un reconocimiento de ciudadanía plena, sin las condiciones confesionales ni los cómputos dobles del anteproyecto, es la medida exacta de su habilidad. Pero la conquista se hizo en un espacio institucional ambiguo, y esa ambigüedad marcó su ejercicio posterior: el voto femenino se estrenó en 1957 sirviendo al plebiscito que enterraba a la dictadura y consagraba el Frente Nacional, es decir, la fórmula bipartidista que durante dieciséis años se repartió el poder por mitades entre liberales y conservadores. La mujer entró en la democracia colombiana justo cuando la democracia colombiana entraba en su fase más restrictiva.

Esa contradicción de origen se prolongó en la trayectoria personal de Arboleda. Ejerció altos cargos precisamente en los años en que el Frente Nacional cerraba a doble llave el sistema político para cualquier tercera fuerza; su modernización institucional avanzó, en materia de derechos de la mujer, sobre un piso democrático estrechado para el conjunto. La ampliación de la ciudadanía femenina y la contracción del pluralismo partidista fueron, en Colombia, procesos simultáneos y trenzados.

La invisibilización posterior

El relato dominante del Frente Nacional —los Lleras, López, Turbay— absorbió el mérito de la modernización institucional y devolvió a las pioneras al margen. La operación no fue solo política: fue cultural. Aquel reportaje de 1958, con sus imágenes de las congresistas cocinando y cuidando el hogar, es el documento más elocuente del proceso. Se les concedía el Congreso siempre que aceptaran seguir siendo, ante la mirada pública, ante todo esposas y madres. Esa domesticación simbólica corrió en paralelo al pacto político que las marginó de las direcciones partidistas y las relegó a cuotas discretas.

Arboleda transitó por los cargos altos que su formación y su talento le abrían —ministra, embajadora, senadora—, pero el relato colectivo del país no la instaló, como sí instaló a sus contemporáneos varones, en el panteón nacional. Cuando murió en 1997, buena parte de la Colombia joven no sabía que aquella figura discreta era la firma jurídica al pie de su derecho a votar.

Coda: el arco de una vida

La reforma constitucional de 1936 había permitido nombrar mujeres para cargos públicos, pero antes de 1955 no hubo ninguna mujer gobernadora en Colombia, y la primera jueza esperó hasta 1943. El avance jurídico formal precedió sistemáticamente al cambio real en décadas. Arboleda no fue la ruptura, entonces, sino el punto de acumulación visible de un proceso estructural lento: la presión educativa y organizativa de las mujeres desde los años veinte fue la causa profunda, y la ANAC de 1954 apenas el momento de cristalización institucional. Su figura resume ese arco: nacida el mismo año en que el sufragismo empezaba a organizarse en Colombia, redactó a los treinta y tres años la ley que coronaba tres décadas de trabajo ajeno y propio, y vivió lo suficiente para ver a la Constitución de 1991 recoger, en artículos expresos, el principio de igualdad efectiva que ella había defendido toda su vida.

La rápida urbanización colombiana hacia 1960, con su desplazamiento masivo del campo a las ciudades, amplió la autonomía real de las mujeres —control sobre sus destinos, desafío a convenciones heredadas— y creó la base social para que el voto conquistado en el papel se convirtiera, con las décadas, en peso electoral efectivo. Arboleda fue de las primeras en ver esa transformación desde adentro del sistema y en trabajar para que el marco jurídico la acompañara.

Su legado no es simple. Es el de una jurista que consiguió, dentro de una dictadura y en alianza con una conservadora, arrancar para las mujeres colombianas la condición de ciudadanas; que administró parte de la política exterior de una república en plena modernización; que escribió, formó, articuló. La contradicción central de su biografía —haber conquistado un derecho democrático bajo un gobierno que no lo era, y haberlo visto estrenarse al servicio de una democracia restringida— no se resuelve retóricamente: se lleva a cuestas. Colombia, cuando por fin quiera contarse en serio su siglo XX, tendrá que hacerle sitio.