Masculinismo estructural en la historiografía de la República Liberal

¿Por qué la historiografía de la República Liberal fue estructuralmente masculinista?

En la historia social y agraria colombiana del período 1910-1957 hay una anomalía que se ha vuelto invisible por costumbre: las mujeres que aparecen en el archivo —María Cano recorriendo el país entre 1925 y 1929, Juana Julia Guzmán organizando el campesinado del Sinú, las cuatro combatientes de "Los Treinta" en el sur del Tolima— fueron sistemáticamente convertidas en excepciones biográficas o notas al pie por una historiografía cuyas categorías analíticas se construyeron sobre el molde del varón adulto letrado: el arrendatario legalista, el militante obrero, el sujeto modernizado por la aldea. La pregunta es si esas ausencias reflejan un desfase real entre agencia social y reconocimiento jurídico —mujeres que actuaban mientras las leyes tardaban— o si son producto de un sesgo constitutivo de las categorías con que la propia República Liberal se pensó a sí misma. Todo apunta a lo segundo, con un matiz: el derecho no solo llegó tarde, también produjo sujetos donde antes había agencia sin nombre.

La pregunta y por qué importa

Preguntarse por el masculinismo estructural de la historiografía liberal colombiana no es un ejercicio de reparación simbólica. Se juega la validez de las categorías con que se ha narrado el período que va de la consolidación de la pequeña propiedad cafetera —cuando en 1923 las fincas con cafetales adultos de menos de doce hectáreas ya controlaban el 56,4% de la producción nacional— hasta la Violencia bipartidista y sus estelas guerrilleras. Si la "economía campesina" se piensa sin el trabajo de mujeres y niños que la hicieron viable, si el "conflicto agrario" se narra como negociación entre hacendados varones y arrendatarios varones, si la "ciudadanía letrada" que la Cultura Aldeana pretendió formar se contabiliza sin desagregar por sexo a sus lectores, lo que se está contando no es la sociedad colombiana del período sino su representación oficial, la que sus propios arquitectos —López de Mesa, Arciniegas, Zalamea— quisieron dejar como legado.

Es el período en que Colombia se dota de un lenguaje moderno para hablar de la nación, la raza, el pueblo y la ciudadanía. Ese lenguaje —biologicista en López de Mesa, culturalista en Zalamea, popular en Arciniegas— fue formulado por una élite intelectual masculina que combinó llamados a la emancipación educativa de las mujeres con prescripciones de subordinación conyugal presentadas como verdades científicas. Entender el sesgo no es solo corregir el pasado: es reconocer que las categorías analíticas heredadas siguen operando cuando se estudian períodos posteriores con esos mismos moldes.

Los términos del debate

Cuatro tesis se disputan la explicación. La primera dice que el marxismo clásico, herramienta interpretativa dominante en la historia agraria colombiana desde los años sesenta, ocultó la centralidad del trabajo femenino e infantil en la viabilidad de la pequeña finca cafetera. La categoría de "productor directo" o "campesino parcelario" se pensó como sujeto individual, generalmente varón, cuando la unidad económica real era el hogar, con una división del trabajo por sexo y edad que hacía posible que fincas de menos de doce hectáreas resultaran competitivas frente a las grandes haciendas. Esa invisibilización no fue neutra: legitimó una historia agraria centrada en relaciones de producción entre patrones y peones, dejando fuera la reproducción social —cocina, cuidado, beneficio del grano, cría de animales, huerta— sin la cual esas relaciones no habrían existido.

La segunda tesis va más lejos: la historia agraria es estructuralmente masculinista y requiere una refundación metodológica que recupere a las campesinas como sujetos plenos del conflicto rural. Los abusos sexuales rutinarios en las haciendas, presentes en la memoria oral pero raramente en los expedientes, no fueron incidentales al régimen de trabajo dependiente; formaron parte del repertorio de coacción con que el hacendado ejercía dominio sobre familias enteras. Cuando el arrendatario en Cundinamarca tenía prohibido sembrar café en su parcela y comercializar libremente su producto, cuando debía trabajo no remunerado en los campos del patrón y estaba sometido a policía rural y multas, la subordinación no era solo económica: era corporal, y su dimensión sexual recaía sobre mujeres cuyas voces no se registraron en los pleitos que sí quedaron archivados.

La tercera tesis apunta al proyecto modernizador mismo. El universalismo liberal de los años treinta, encarnado en la Campaña de Cultura Aldeana que López de Mesa dirigió desde el Ministerio de Educación durante el gobierno de López Pumarejo, con Zalamea como secretario general, fue de hecho un masculinismo letrado. Las bibliotecas aldeanas, testimonio más duradero de la campaña porque funcionaron en casi todo el país, tuvieron un público lector predominantemente masculino, con una brecha de género en el acceso a la letra impresa que anticipa las desigualdades educativas medidas décadas más tarde durante el Frente Nacional. La emancipación por la lectura, tal como la imaginaron los arquitectos del programa, tenía sujeto tácito: el varón aldeano al que había que arrancar del clericalismo conservador para incorporarlo a la nación moderna.

La cuarta tesis desplaza el problema hacia la política. La participación femenina en las luchas obreras y campesinas precedió con amplitud al reconocimiento jurídico del voto, lo que cuestiona el relato lineal según el cual la modernización legal fue el motor de la igualdad. Cuando María Cano publicó "¡Obreros en pie!" en La Humanidad el 22 de diciembre de 1925, llamando al proletariado a defender "el jirón rojo, emblema de nuestra lucha cruenta", faltaban veintinueve años para que la Asamblea Nacional Constituyente de 1954, bajo Rojas Pinilla, reconociera el derecho al voto femenino gracias en parte a la labor de Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia. Entre una fecha y otra hay tres décadas de acción política femenina —oradora, huelguística, organizativa, guerrillera— cuya invisibilización posterior no se explica por ausencia de fuentes sino por decisión historiográfica.

La evidencia

Las cuatro tesis se sostienen con desigual densidad, pero convergen en un punto: las categorías con que se narró el período fueron formuladas por hombres que, al mismo tiempo, prescribían la subordinación femenina en textos programáticos. Ese hecho cambia la manera de leer sus escritos historiográficos y sus políticas públicas.

En 1874, el 90% de los 114.000 sacos producidos venía de Santander; hacia 1900, las zonas tradicionales aún controlaban el 82% de la producción nacional; para 1932, el eje Antioquia-Caldas concentraba cerca del 47%. No fue solo un desplazamiento geográfico: fue una transformación del régimen social del café. En Santander había predominado la aparcería; en Cundinamarca, el arrendamiento en haciendas; en Antioquia, la figura del agregado. La colonización antioqueña sobre la Cordillera Central diseminó el cultivo entre pequeños y medianos propietarios, y los trabajadores de las haciendas de Fredonia funcionaron como difusores del conocimiento técnico hacia el sur y el occidente.

Lo que hizo posible que esas fincas pequeñas, dominantes ya en 1923, sostuvieran la mitad del producto nacional no fue la eficiencia individual del propietario varón: fue la unidad doméstica completa, con mujeres y niños incorporados al beneficio del grano, la recolección estacional y el trabajo cotidiano de la parcela de subsistencia. La lectura marxista clásica, atenta a las relaciones de producción entre clases, tendió a contar cabezas de familia y a asumir el resto del hogar como fuerza de trabajo no diferenciada. Se explicó entonces el ascenso del café antioqueño por la virtud del pequeño propietario colono, no por la economía familiar que lo sostenía.

En las haciendas cafeteras de la Cordillera Oriental el sesgo fue de otro orden. Los arrendatarios pagaban su acceso a la parcela con trabajo en los campos del hacendado, a veces sin salario, a veces al jornal de la región. Se les prohibía sembrar café por cuenta propia y se les cerraba el acceso a los mercados de los pueblos vecinos. Sumaban a eso obligaciones de trabajo subsidiario en caminos, policía rural y multas por infracciones que el hacendado mismo definía. Los acuerdos eran verbales antes de los años cuarenta —una opacidad archivística que suele lamentarse—, pero ese lamento es parcial: la opacidad no fue uniforme. Los pleitos por tierras y cosechas dejaron huella escrita cuando llegaron a los juzgados; las coacciones sexuales sobre mujeres de familias arrendatarias raramente lo hicieron. La ausencia de esos episodios en el registro judicial no prueba su inexistencia: prueba que el sistema legal no los reconocía como conflicto, y que ese criterio de relevancia pasó, sin discusión, a la escritura académica posterior.

Cuando en los años veinte la prédica socialista y populista penetró en las haciendas y la personalidad servil desapareció con el relevo generacional, el arrendatario comenzó a luchar primero por romper las restricciones institucionales y luego por convertirse en propietario. Los conflictos se concentraron en el Tequendama, Sumapaz y el sur del Tolima, con apoyo de ligas agrarias, del efímero Partido Agrario, de disidencias liberales y del Partido Socialista Revolucionario. El Estado respondió con la Ley 74 de 1926, que autorizaba comprar fincas de más de 500 hectáreas para parcelarlas en lotes no mayores a 50, y entre 1928 y 1936 repartió algunas haciendas cafeteras vendidas a sus aparceros. La Ley 200 de 1936, bajo López Pumarejo, consagró que la explotación económica por cinco años daba derecho a adquirir dominio y que la falta de destinación económica revertía el predio al Estado al cabo de diez años, en desarrollo del principio de función social de la propiedad.

Este relato, aprendido en los manuales, tiene un protagonista implícito: el arrendatario o colono varón que aprende del organizador socialista, se politiza, litiga y termina propietario. Las mujeres campesinas quedan como telón de fondo. Sin embargo, la evidencia del Sinú y de Antioquia obliga a corregir el cuadro. Juana Julia Guzmán, cuya entrevista de 1972 en Montería es fuente directa sobre los sucesos de organización obrero-campesina en la Costa, participó activamente en las luchas del Sinú junto a activistas como Ayres Nascimento, socialista portugués llegado a la región a mediados de la Primera Guerra Mundial. La militancia femenina en las organizaciones campesinas del Sinú de los años veinte se dio en un contexto en que las mujeres colombianas no contaban con derechos políticos plenos y, sin embargo, esa carencia jurídica no fue impedimento organizativo. Décadas pasaron antes de que el testimonio de Guzmán entrara al núcleo del relato; la columna vertebral siguió siendo la biografía de los dirigentes varones: Mahecha, Torres Giraldo.

María Cano ofrece el caso más elocuente de esta operación. En noviembre de 1923 comenzó a introducir temática social en sus publicaciones; en enero de 1924 protestó contra la educación militar y llamó explícitamente a las mujeres a movilizarse; en diciembre de 1925 publicó el manifiesto de "¡Obreros en pie!". Su participación en el ciclo huelguístico que precedió al Tercer Congreso Obrero de noviembre de 1926, donde la mayoría marxista votó por construir un partido independiente de la clase obrera —decisión que conduciría al Partido Socialista Revolucionario—, no fue accesoria. Ignacio Torres Giraldo, líder del PSR y compañero de trayectoria de Cano, escribió después una biografía suya y compuso Los inconformes, estudio pionero sobre las luchas sociales colombianas, durante el período en que residió con la familia de Cano en Medellín y Palmira. El dato es revelador: la escritura inaugural del movimiento obrero colombiano se hizo en la casa de la organizadora más importante del período, y aun así el género de escritura resultante fue biografía individual —una mujer excepcional— y no reconocimiento estructural de la agencia política femenina como componente ordinario del proceso.

El caso del Partido Socialista Revolucionario y de la Confederación Obrera Nacional, creada en el Segundo Congreso Obrero de julio de 1925, ilustra un rasgo adicional. La CON tuvo un tinte anarco-sindicalista y se afilió a la Internacional Sindical Roja. El PSR, concebido por Torres Giraldo como partido amplio de masas y no como minoría de cuadros leninista, simpatizó con la Internacional Comunista sin adherir totalmente a sus tesis. En este universo político, donde el modelo organizativo se debatía entre anarcosindicalismo, socialismo amplio y leninismo, el lugar de las mujeres en los cuadros y en la militancia de base fue relativamente más visible que en el liberalismo modernizador que gobernaría desde 1930. Viotá se convirtió en los años treinta en el primer municipio de mayoría comunista del país, y esa continuidad organizativa —del PSR de los veinte al Partido Comunista de los treinta— acompañó las luchas del Tequendama y Sumapaz durante décadas.

La República Liberal, en cambio, ofreció un cuadro más ambiguo. El acceso femenino a la universidad se abrió gradualmente en los años treinta; la reforma constitucional de 1936 autorizó a las mujeres a ejercer cargos públicos por nombramiento, reservando el voto a los varones; el Código Penal de 1936 equiparó formalmente la responsabilidad penal, pero los estatutos jurídicos siguieron discriminando en materia moral, sexual y familiar. La primera jueza fue nombrada apenas en 1943. Estas reformas no fueron irrelevantes: alteraron materialmente las posibilidades. Para 1950, la mayoría de las mujeres universitarias ya cursaba Medicina, Derecho, Arquitectura, Odontología o Filosofía, superando la fase inicial de carreras "femeninas" o auxiliares. Para 1980, el ingreso femenino igualaba al masculino, aunque persistieran sesgos en la elección de carrera. Sin las reformas de 1936, esta trayectoria no habría ocurrido.

Y sin embargo, la Cultura Aldeana, el proyecto más ambicioso del liberalismo para transformar la nación, fue diseñada bajo premisas que subordinaban a las mujeres precisamente cuando pretendían emanciparlas. López de Mesa, ministro que puso en marcha el programa, prescribió la fidelidad conyugal como imperativo científico mediante metáforas biologicistas y darwinistas sociales: el alma femenina, comparada con el óvulo que, tras recibir el espermatozoide, se cierra a todo nuevo estímulo. Respaldó también, junto con Marco Fidel Suárez, la tesis de que la sangre colombiana debía ser regenerada mediante inmigración del norte, en el marco del debate sobre degeneración racial abierto por Miguel Jiménez López en el Tercer Congreso Nacional de Médicos de 1918 y desplegado en el Teatro Municipal de Bogotá entre mayo y octubre de 1920. Su libro De cómo se ha formado la nación colombiana, publicado en 1934, fue el primer estudio integral moderno de la nacionalidad, combinando historia, sociología, economía y psicología social. Este mismo autor dirigió la campaña que llevó bibliotecas a casi todo el país. La operación es notable: el arquitecto intelectual del universalismo educativo liberal era también el formulador más sistemático del biologicismo que fijaba a la mujer en el hogar.

Zalamea, secretario general del Ministerio de Educación y director de la Comisión de Cultura Aldeana, criticó la dependencia cultural respecto a modelos europeos y norteamericanos, denunciando que su generación debía "mendigar en casa ajena las sobras de conocimiento y de cultura". Su crítica antiimperialista, sin embargo, convivió con actitudes elitistas: expresó orgullo por no tener ascendencia indígena, latina, hebrea ni española. Fernando González, contemporáneo y voz influyente fuera del liberalismo oficial, expresó en Los negroides un desprecio explícito hacia "la bachillera", la mujer alfabetizada e intelectualizada, contrastado con la idealización de la mujer adolescente, virginal e ingenua. Arciniegas, por su parte, promovió una visión de la historia nacional que enfatizaba lo popular pero terminó imponiendo el triunfo de la anécdota sobre el rigor, amoldándose a las pretensiones políticas de los gobiernos liberales.

El resultado colectivo es un campo intelectual donde la emancipación educativa de las mujeres se predicó a la vez que se les asignaba, por vía biologicista o moral-religiosa, un lugar subordinado en la nación que se estaba construyendo. Las bibliotecas aldeanas llegaron a casi todos los rincones del país, pero el sujeto lector imaginado como destinatario privilegiado fue el varón aldeano, y la resistencia clerical-conservadora —que llevó a la quema de libros y a su abandono en bodegas hasta el deterioro— se organizó en torno a la defensa de un orden doméstico donde la mujer era guardiana del recato. Entre modernizadores biologicistas y conservadores del pedestal sagrado, el espacio real para la agencia femenina letrada quedó estrecho, y esa estrechez explica en buena medida por qué la brecha en el acceso a la letra impresa persistió y prefiguró desigualdades educativas medibles durante el Frente Nacional.

La respuesta

Ninguna de las cuatro tesis basta por separado, aunque cada una acierta en su parte. La historia social y agraria colombiana del período liberal es estructuralmente masculinista, sí, pero no por acumulación de olvidos individuales: lo es porque las categorías con que fue narrada —economía campesina, ciudadanía letrada, sujeto revolucionario, arrendatario legalista— se formularon en la misma coyuntura intelectual que produjo el biologicismo de López de Mesa, el elitismo de Zalamea y el desprecio gonzaliano a la mujer letrada. El sesgo no es un déficit posterior de la disciplina, corregible con más monografías: es constitutivo del lenguaje con que la República Liberal se pensó a sí misma y con que el saber académico heredó ese pensamiento.

Nada de esto convierte a la agencia femenina en efecto retrospectivo de una crítica actual. María Cano, Juana Julia Guzmán y las cuatro mujeres de "Los Treinta" —el comando clandestino de 26 hombres y cuatro mujeres formado con cuadros comunistas y liberales que no se desmovilizaron, establecidos como colonos en Gaitania y San Miguel en el sur del Tolima con redes hacia Cauca, Huila, Caldas y Valle— existieron, actuaron y dejaron rastro documental. Lo que ocurrió es que la escritura académica las procesó como excepciones biográficas o como cifras anónimas dentro de organizaciones cuyos rostros se conservan masculinos. La refundación metodológica que reclama la segunda tesis no consiste en agregar un capítulo sobre mujeres al final del libro: consiste en preguntarse cómo se sostuvo la pequeña finca cafetera sin la reproducción social del hogar, cómo se ejerció la coacción en la hacienda sin la dimensión sexual del abuso, cómo se organizó la militancia obrera sin las oradoras que llenaban plazas.

La eficacia real del derecho, con todo, no puede subestimarse. Sin la apertura universitaria de los treinta y la equiparación penal de 1936, la trayectoria hacia carreras profesionales plenas documentada para 1950 no habría sido posible. La ley no solo llegó tarde a nombrar una realidad ya constituida: también la transformó selectivamente, ampliando el espacio de acción para unas mujeres urbanas, letradas, de sectores medios, mientras el mundo rural cafetero, con su economía parcelaria informal y sus acuerdos verbales, permanecía relativamente al margen de esos cambios. Ambos movimientos —invisibilización historiográfica y transformación jurídica parcial— deben sostenerse a la vez.

Hay un dato que localiza mejor el problema. La militancia femenina fue más visible y sostenida en las organizaciones de izquierda —PSR, Partido Comunista, guerrillas comunistas de los años cincuenta— que en el liberalismo oficial que gobernó el país entre 1930 y 1946. El sesgo masculinista, entonces, no es una acusación general contra "la historiografía": es la historiografía liberal-modernizadora, y las categorías intelectuales que ella produjo, la que operó como filtro más eficaz. Los inconformes de Torres Giraldo, con toda su carga masculinista, al menos incluyó a Cano en el corazón del relato; el archivo del liberalismo oficial dejó a las mujeres campesinas del Sinú, del Tequendama y del sur del Tolima en un silencio más denso.

Ese silencio tiene dos texturas distintas y conviene no confundirlas. Una es la del archivo judicial y administrativo, donde la coacción sexual en las haciendas cafeteras nunca fue registrada como conflicto porque el sistema legal no la reconocía como tal: el silencio es histórico, no historiográfico. La otra es la de las organizaciones de izquierda, donde las mujeres estuvieron —del Viotá comunista de los treinta a "Los Treinta" del sur del Tolima y las guerrillas de autodefensa de 1949-1964— y donde el silencio proviene del filtro académico que privilegió biografías masculinas. La primera opacidad marca los límites del archivo; la segunda, los límites de las categorías con que se lo ha leído. Reconocer esa diferencia es lo que permite ver que escribir sobre María Cano en 1925, sobre Juana Julia Guzmán en el Sinú, sobre las bibliotecas aldeanas que llegaron a casi todo el país con lectores predominantemente varones, no completa el relato: lo rehace desde otro plano de descripción, donde la agencia femenina no es excepción biográfica sino componente estructural de los procesos que hicieron posible la Colombia moderna.