Josefina Valencia Muñoz

Popayán, el apellido y la formación de una mujer pública

Comprender a Josefina Valencia exige entrar primero en Popayán, la ciudad que le dio apellido, red y horizonte. La capital del Cauca había construido durante siglos una identidad de excepción dentro del suroccidente colombiano: capital de gobernación en el orden colonial, sede del Seminario Conciliar y de la Universidad del Cauca fundada por Santander en los albores de la República, se enorgullecía de una tradición humanista que la convertía —así se decía de sí misma— en ciudad culta y propicia para el ejercicio del espíritu. Del Seminario habían salido Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Ulloa, Joaquín Mosquera: próceres y mártires convertidos en genealogía cívica. La Universidad del Cauca era, más que una institución, la razón de ser de Popayán.

Esa cultura letrada descansaba, sin embargo, sobre una estructura social muy concreta. La élite payanesa se había configurado desde el siglo XVIII como terrateniente, minera y comerciante, con prácticas señoriales reforzadas por la cercanía a las autoridades metropolitanas. Sus alianzas matrimoniales tempranas con los españoles que se avecindaban le dieron un carácter señorial en una sociedad que buscaba asemejarse a la peninsular; la apertura de la frontera minera del Pacífico añadió a esa élite un componente esclavista que redondeó su fisonomía. Humanismo letrado sobre base señorial, capital regional del conservatismo caucano: esa configuración explica por qué en Popayán, más que en cualquier otra ciudad del país, un apellido podía convertir a una mujer en figura pública sin romper las jerarquías.

El apellido Valencia era, en ese universo, el más gravitante. Guillermo Valencia Castillo, padre de Josefina, era considerado el más importante de los poetas de Popayán y una figura nacional del conservatismo: en 1929 había participado en el homenaje del cementerio de San Pedro en Medellín, donde pronunció palabras en memoria del presidente Ospina, y su prestigio literario duplicaba su capital político. La casa Valencia formó a sus hijos en esa doble tradición humanista y militante. Josefina creció con la certeza de que la palabra pública era parte del oficio familiar, y su hermano Guillermo León —quien llegaría a la Presidencia en 1962— se preparaba en el mismo ambiente.

De su formación específica —maestras, viajes, lecturas— el rastro es tenue, como suele ocurrir con las mujeres de élite de su generación, cuyo aprendizaje transcurría entre el hogar, la parroquia y las lecturas privadas antes de que la universidad se abriera plenamente a ellas. Solo durante el período liberal de los años treinta las mujeres colombianas accedieron formalmente a la universidad y se eliminaron algunas cláusulas discriminatorias de las relaciones conyugales; los estatutos jurídicos, sin embargo, siguieron discriminándolas en materia moral, sexual y familiar, y la herencia restrictiva de La Regeneración pesaba todavía sobre toda una generación. Josefina pertenecía a la primera camada que atravesó esa apertura sin poder gozar plenamente de ella, y su ingreso a la vida pública se construyó no tanto sobre credenciales académicas cuantificables como sobre la autoridad heredada del apellido, la cultura letrada de casa y el ejercicio pausado del periodismo, la cátedra y la representación cívica que Popayán consideraba propia de sus damas ilustradas.

Los años cuarenta: bipartidismo y organización femenina

Cuando Josefina Valencia entró en la treintena, Colombia se despedazaba. El retorno del conservatismo al poder en 1946 y el estallido tras el 9 de abril de 1948 abrieron la primera ola de La Violencia; la elección de Laureano Gómez para el período 1950-1954 llevó a la ruptura total entre liberales y conservadores, y crecieron guerrillas liberales en los Llanos, en el occidente de Antioquia y en la zona cafetera. Sobre ese paisaje sectario e intolerante, alimentado por ambos partidos, Josefina Valencia fue construyendo desde el conservatismo una presencia pública.

Mientras el Cauca rural y sus zonas de frontera se sumaban al mapa de la violencia, en las ciudades una generación de mujeres organizadas venía trabajando por el reconocimiento de sus derechos políticos desde los años veinte. Georgina Fletcher, Ofelia Uribe de Acosta y otras figuras habían impulsado causas liberales en torno a los derechos de las mujeres; Uribe de Acosta emitía desde Tunja el programa Hora Feminista, cuya influencia fue tal que sus opositores crearon una Hora Azul para contrarrestarla. La radio, la prensa y las giras eran las herramientas de esa campaña, y despertaban suspicacias y rechazos organizados en igual medida.

Josefina Valencia no venía de esa tradición. Ni feminista ni liberal, se movía en el campo conservador —el de mujeres como Bertha Hernández de Ospina, esposa del expresidente Mariano Ospina Pérez, o María Currea de Aya— donde la reivindicación del voto se articulaba con la defensa del orden católico y con la sospecha, cultivada en algunos círculos, de que el sufragio femenino podía servir como muro de contención contra el comunismo. Esa instrumentalización electoral coexistía con motivaciones más genuinas de igualdad y ciudadanía: había convicción, había ambición pública, había la percepción justa de que las mujeres cultas de la élite tenían tanto derecho a la palabra política como sus padres y hermanos. Pero la coincidencia entre demanda feminista y cálculo bipartidista terminaría siendo la puerta por la que Josefina Valencia entró al escenario nacional.

El golpe del 13 de junio de 1953 y la ANAC

El golpe militar del 13 de junio de 1953 no fue un acto exclusivamente castrense. Lo organizó el ospinismo cafetero y contó con el apoyo del liberalismo, exhausto de la persecución laureanista. La legitimidad inicial del régimen del general Gustavo Rojas Pinilla se apoyó en un proyecto de pacificación y reconciliación nacional que sedujo, hasta mediados de 1955, tanto al liberalismo como a la jerarquía eclesiástica. La Asamblea Nacional Constituyente —heredada del gobierno anterior— legalizó el nuevo régimen mediante el Acto Legislativo N° 1 de 1953, declarando legítimo el título de Rojas para completar el período presidencial en curso.

La ANAC se convirtió así en el instrumento constitucional del régimen. En julio de 1954 el propio presidente amplió su composición con 38 miembros adicionales de designación directa para asegurar una mayoría reeleccionista. Fue en esa asamblea —inflada, oficialista, con capa constitucional pero corazón dictatorial— donde se tramitó el reconocimiento de la ciudadanía política de las mujeres colombianas.

La ANAC designó una ponencia en clave bipartidista: Esmeralda Arboleda, del Partido Liberal, y Josefina Valencia, del Partido Conservador, fueron nombradas para evaluar y presentar el proyecto de Acto Legislativo sobre la Ciudadanía de las Mujeres. La fórmula era transparente. Nombrar a una liberal y a una conservadora reproducía la lógica de reparto que años después formalizaría el Frente Nacional; sugería que la reforma no era invento del régimen sino consenso de las dos casas históricas de la República; y transfería a las mujeres el mismo dispositivo de paridad partidista con que se administraba todo en el país. El sufragio femenino ingresó al orden jurídico colombiano por la puerta del bipartidismo pactado, no por la del movimiento autónomo de mujeres que llevaba tres décadas empujándolo.

Que la escogida por el conservatismo fuera Josefina Valencia no fue casual. Su apellido garantizaba respetabilidad a un régimen que necesitaba dotarse de ella; su catolicismo tranquilizaba a la jerarquía eclesiástica, que aún respaldaba a Rojas; su condición de mujer de élite payanesa aseguraba que el cambio no llegaría acompañado de subversión social. La ponencia sufragista quedaba blindada contra la sospecha de que introdujera al orden colombiano energías incontrolables. La demanda venía de décadas atrás; la respuesta jurídica se produjo en la ventana precisa en que un régimen dictatorial necesitó respetabilidad constitucional y una parte de la élite necesitó un canal institucional que las urnas suspendidas no ofrecían.

1954: el año del voto y la matanza

El año 1954 concentró la contradicción entera. Los días 8 y 9 de junio, fuerzas del gobierno causaron en Bogotá la muerte del estudiante Uriel Gutiérrez y de doce compañeros en el marco de manifestaciones estudiantiles. La represión desató el descontento de sectores urbanos que hasta entonces habían dado crédito a la promesa pacificadora del régimen; Rojas debió adoptar actitudes conciliatorias, y su imagen empezó a deteriorarse. A fines de ese año, el gobierno aprobó medidas anticomunistas que se materializarían en 1956 con la ilegalización del Partido Comunista.

Fue en ese mismo 1954 cuando la ANAC —ampliada en julio con los 38 miembros oficialistas— aprobó el reconocimiento de la ciudadanía política de las mujeres. Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda cumplieron su encargo: presentaron el proyecto, defendieron su ponencia, sostuvieron el argumento ante una asamblea mayoritariamente masculina y ampliamente rojista. La reforma pasó. Colombia se incorporaba, tarde en el concierto latinoamericano, al mapa de países que reconocían el voto femenino.

El reconocimiento nació sobre una base contradictoria. El régimen había suprimido los cuerpos de elección popular a nivel departamental y municipal; la ciudadanía política recién otorgada no tenía urnas donde ejercerse. En el mismo año en que las mujeres obtuvieron el derecho al voto, los estudiantes eran asesinados en la calle, y en el Tolima los gobernadores militares reactivaban persecuciones y acorralamientos que el régimen había prometido detener. La participación política novedosa de las mujeres —ese fortalecimiento organizativo que había venido creciendo desde los años veinte y se había intensificado bajo Rojas— quedó truncada por la nueva espiral de violencia en la que el propio régimen se hundía.

Josefina Valencia se convirtió, en cuestión de meses, en emblema de una conquista jurídica sin sustrato electoral. Su prestigio se disparó dentro del conservatismo y de la naciente esfera pública femenina; pero el derecho que había ayudado a inscribir en la Constitución dormiría hasta 1958.

El Ministerio de Educación y la gobernación del Cauca

El paso de Josefina Valencia por el gobierno de Rojas Pinilla incluyó su designación como ministra de Educación —una de las primeras mujeres en ejercer un ministerio en Colombia— y una gobernación del Cauca que la convirtió en la primera mujer en dirigir un departamento del país. El régimen, que buscaba escenificar modernización y ampliación de bases sociales, encontró en la incorporación de mujeres de élite al gabinete un gesto simbólico de bajo costo político y alto rendimiento en respetabilidad. La ministra provenía del conservatismo, no amenazaba la ortodoxia católica, y su presencia certificaba ante el país que la dictadura acompañaba las palabras de reconocimiento con nombramientos concretos.

Desde el Ministerio, Valencia enfrentó un sistema educativo cuyo acceso femenino seguía siendo un campo de lucha ardua. La herencia de La Regeneración condicionaba todavía el mapa; los avances liberales de los años treinta habían abierto la universidad, pero la estructura escolar seguía siendo profundamente desigual, y La Violencia rural desarticulaba escuelas enteras en los departamentos más golpeados. Su gestión no dejó reformas estructurales duraderas: se movió en el terreno de la administración corriente, la orientación de campañas de alfabetización y la representación pública de la política educativa del régimen ante maestros, obispos y notables regionales. En la gobernación del Cauca, su tarea fue igualmente de sostenimiento más que de transformación: mantener el orden en un departamento tensionado por la violencia rural, articular el gobierno regional con la burocracia central rojista y ejercer una representación pública en la que su condición de mujer de la casa Valencia pesaba tanto como el cargo mismo. La figura de una ministra —una gobernadora, una ponente constituyente— empezó a modificar el imaginario público sobre lo que las mujeres podían ejercer, aunque los contenidos concretos de su gestión no rompieron con el molde del régimen.

Su presencia en el gabinete y en la gobernación operó dentro de las contradicciones del régimen. Mientras ella cumplía funciones de Estado, el gobierno clausuraba en agosto de 1955 los periódicos El Tiempo, El Espectador y El Siglo como respuesta a la campaña que estos habían emprendido contra la dictadura; se tornaba progresivamente coercitivo; perdía el respaldo del liberalismo y luego el de la jerarquía eclesiástica. Josefina Valencia sirvió al régimen en el período en que este todavía se presentaba —al menos ante una parte de sí mismo— como proyecto de reconciliación. Cuando el régimen se transformó en máquina de censura y reelección, el vínculo entre las mujeres de élite y el gobierno se hizo más incómodo, aunque no por eso menos funcional.

La caída de Rojas y el reordenamiento

El desmoronamiento fue rápido una vez que las élites que lo habían llevado al poder decidieron desengancharse. El 24 de julio de 1956 Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez suscribieron en España el Acuerdo de Benidorm, en el que propusieron el regreso a la normalidad jurídica; sería recordado como antecedente del Frente Nacional. El 20 de marzo de 1957 un nuevo pacto bipartidista incorporó al sector conservador orientado por Ospina Pérez, dirigido explícitamente contra la reelección de Rojas y a favor de la restauración democrática. Para comienzos de ese año, gremios empresariales, periodistas, intelectuales y los jefes de ambos partidos habían abandonado casi por completo al régimen. El sector ospinista se retiró formalmente de la ANAC el 29 de enero de 1957.

La Iglesia también se distanció. El cardenal Luque dirigió al presidente Rojas una carta respetuosa pero enérgica en la que impugnaba su reelección y le pedía propiciar el retorno a la democracia; la misiva fue conocida por la prensa solo días después de la caída del régimen. En mayo de 1957, un paro cívico nacional impulsado por empresarios, sindicatos, dirigentes de partidos y estudiantes precipitó la dimisión: Rojas transfirió el poder a una Junta Militar y el país entró en la transición hacia el Frente Nacional.

En ese reordenamiento, la posición de Josefina Valencia era delicada. Había ejercido cargos de primer nivel bajo el régimen depuesto, pero pertenecía a una familia conservadora del sector ospinista, precisamente el ala del conservatismo que había liderado la ruptura con Rojas y firmado los pactos de restauración. Su hermano Guillermo León Valencia se perfilaba como uno de los referentes conservadores para el nuevo esquema pactado. El apellido, que la había protegido durante el ascenso, la protegió también en la caída: nunca fue asimilada al núcleo duro del rojismo residual, del que después crecería el movimiento populista de María Eugenia Rojas, hija del general y luego candidata presidencial conocida como la Capitana del pueblo.

El Frente Nacional y el voto que empezó a ejercerse

En 1958 el sufragio femenino reconocido cuatro años antes tuvo, por fin, urnas. Con el inicio del Frente Nacional fueron elegidas las primeras senadoras: Esmeralda Arboleda de Uribe —copartícipe de Valencia en la ponencia de 1954—, Margarita Córdoba de Solórzano, Carmenza Rocha y otras.

El reportaje de la revista Cromos aparecido ese año bajo el título entre el Congreso y el hogar deja ver, mejor que cualquier estadística, el contrato tácito que la República ofrecía a las nuevas ciudadanas. Cada congresista recibía una página; las tres casadas —Arboleda entre ellas— abrían con fotografías domésticas: la senadora en la cocina, la senadora junto a los hijos, la senadora vigilando el orden de la casa. Carmenza Rocha, la única soltera, recibía un tratamiento distinto, casi de excepción a explicar. El mensaje visual era inequívoco: se podía llegar al Capitolio siempre que el hogar quedara ileso, siempre que el traje de legisladora se pusiera encima del delantal y no en su lugar. La reforma que Valencia había firmado cuatro años antes se estrenaba así en la iconografía de una modernidad negociada, decente, católica, que celebraba a las electas sin permitirles renunciar a la escenografía doméstica.

Los gobiernos liberales del Frente Nacional designaron a las primeras ministras, primero tímidamente y luego en mayor número. Josefina Valencia siguió activa en la política conservadora, aunque su figura no volvió a alcanzar el protagonismo público que había tenido bajo Rojas. La alternancia entre liberales y conservadores durante veinte años cerraba la posibilidad de que un tercer partido compitiera en igualdad de condiciones, y ese pacto masculino dominante fijaba un techo bajo para las mujeres: podían votar, podían ser electas, pero las posiciones de decisión —los ministerios pesados, las jefaturas partidarias, las cabezas económicas— seguían pasando de padre a hijo, de cuñado a compadre. Las curvas de participación femenina en altos cargos, medidas desde 1950, dibujan ese confinamiento: crecen despacio, se estancan largamente entre finales de los setenta y finales de los ochenta y solo vuelven a moverse en la antesala constitucional de los noventa.

En 1962, su hermano Guillermo León Valencia asumió la Presidencia de la República. Su gobierno se alió estrechamente con Estados Unidos en materia militar y desplegó más de dieciséis mil hombres en un operativo contra una guerrilla liberal que no logró liquidar. La familia Valencia alcanzaba así el vértice del poder ejecutivo colombiano; Josefina se movía en el círculo íntimo del oficialismo conservador durante ese cuatrienio, aunque sin cargos ministeriales.

En algún momento del Frente Nacional representó a Colombia ante la UNESCO en París, una asignación diplomática coherente con su perfil de mujer culta, ministra de Educación en su día y encarnación del conservatismo internacionalista.

Su red: familia, partido, Iglesia, el otro conservatismo femenino

La red de Josefina Valencia se tejía en varios círculos que conviene distinguir porque explican cómo se sostuvo y cómo transitó los cambios de régimen. El nudo familiar era doble: el poeta Guillermo Valencia Castillo, que le legó la respetabilidad literaria y el peso simbólico del apellido, y su hermano Guillermo León Valencia, con quien compartió no solo casa sino operación política; cuando él llegó a la Presidencia en 1962, ella ya había ocupado ministerio, gobernación y ponencia constituyente, y le aportaba al hermano un capital de trayectoria pública que pocas familias conservadoras podían exhibir del lado femenino. Esa reciprocidad —el apellido la había hecho posible; ella prolongaba y actualizaba el apellido— fue el sostén más profundo de su vida pública.

En el conservatismo femenino, la interlocutora clave era Bertha Hernández de Ospina, esposa del expresidente Mariano Ospina Pérez. Ospina encabezaba el sector cafetero que había organizado el golpe de 1953 y que luego rompió con Rojas para pactar con los liberales; Hernández de Ospina, mujer de intensa actividad pública, articulaba desde la casa presidencial retirada una red de damas conservadoras vinculadas al sufragismo católico. La afinidad de Valencia con ese sector, más que con el laureanismo o con el rojismo puro, explica su tránsito sin daños desde el gabinete rojista hasta la vida pública del Frente Nacional: cuando el ospinismo se retiró de la ANAC en enero de 1957, la Valencia que había servido al régimen quedaba, por vínculo familiar y de sector, del lado del pacto restaurador.

Con Esmeralda Arboleda, la coponente liberal de 1954, mantuvo una relación de colaboración institucional más que de afinidad ideológica; ambas se cruzaron después en distintas plataformas de reconocimiento a las pioneras, y su pareja quedó fijada en la memoria pública como el emblema del sufragismo bipartidista. Con las feministas de tradición liberal —Ofelia Uribe de Acosta, Georgina Fletcher, las voces de la Hora Feminista— la distancia era obvia: pertenecían a mundos ideológicos incompatibles. Pero la reforma de 1954 no habría sido posible sin la acumulación autónoma de esas activistas, y Valencia lo sabía; su ponencia recogió una demanda que otras habían construido durante tres décadas, y esa deuda desigual —ella firmó lo que otras habían empujado— marca la ambigüedad de su lugar en la genealogía feminista colombiana.

Con la Iglesia católica la relación fue de identificación plena. El catolicismo militante era condición del conservatismo caucano, y la respetabilidad eclesiástica —que hasta mediados de 1955 respaldaba a Rojas— fue uno de los soportes de su carrera pública. Con la sociedad payanesa, con las redes de mujeres piadosas y letradas de las capitales regionales, con el círculo restringido de damas conservadoras que se movían entre Popayán y Bogotá, Valencia era referente cotidiano. Por la vía materna, el parentesco con Laurentino Muñoz —médico, higienista e intelectual conservador de la primera mitad del siglo— la inscribía además en un tejido más amplio que el estrictamente literario de la casa Valencia: la sociabilidad de los profesionales cultos del conservatismo, con obra publicada y presencia en las academias, que prolongaba hacia otras disciplinas la misma matriz de humanismo católico y prestigio regional en la que ella se movía.

La paradoja que la define

Josefina Valencia es figura central de un momento paradójico de la historia colombiana. El reconocimiento de la ciudadanía política de las mujeres —conquista real, irreversible, celebrable— se tramitó bajo una dictadura que había inflado la asamblea encargada de aprobarlo, había suspendido las urnas donde ese voto podría ejercerse, mataba estudiantes en Bogotá y reactivaba operaciones militares en el Tolima, y un año después clausuraría los grandes periódicos del país. La reforma prosperó por una convergencia insólita: la demanda que las sufragistas venían construyendo desde los años veinte, la urgencia del régimen por vestirse de respetabilidad constitucional y el cálculo del bipartidismo, que prefería administrar el cambio en clave de reparto antes que dejar que lo empujara un movimiento autónomo.

Que la ponente conservadora fuera Josefina Valencia —hija del poeta nacional, hermana del futuro presidente, católica de élite payanesa— no fue accidente. Su perfil hacía simultáneamente creíble la reforma y controlada su radicalidad. El sufragio femenino ingresó al orden jurídico colombiano por manos que garantizaban que no vendría acompañado de amenaza social alguna al orden señorial, católico y bipartidista.

La lectura hagiográfica la presenta como precursora heroica del feminismo colombiano; la lectura acusatoria la reduce a instrumento de una dictadura. Ninguna hace justicia. Fue una mujer de su clase y su tiempo que aprovechó una ventana histórica para inscribir en la Constitución una demanda que otras mujeres, de otras trayectorias ideológicas, habían venido construyendo desde los años veinte. Sirvió a un régimen que se descomponía; ejerció ministerio, gobernación y ponencia; se benefició de un apellido que también le impuso límites; y transitó con destreza el reordenamiento del Frente Nacional.

Su muerte en 1991 coincidió con la promulgación de la Constitución del mismo año, texto que consagró la igualdad de derechos como característica definitoria de un nuevo tiempo político colombiano. Entre la ciudadanía otorgada en 1954, bajo una dictadura, y la igualdad constitucional de 1991, en una Asamblea Constituyente democrática y pluralista, se extendía la vida pública de Josefina Valencia y también los límites de lo que su generación de mujeres conservadoras había podido y querido hacer. Fue mucho, dentro de esos límites; y también fue —como ella misma habría podido reconocer en privado— apenas una parte del camino.