Guillermo León Valencia

La herencia payanesa

Valencia nació en Popayán en 1909, en la casa de la familia más prestigiosa del Cauca y probablemente la voz más reconocible del conservatismo culto colombiano. Su padre, Guillermo Valencia Castillo, había sido candidato presidencial en 1918 y 1930, poeta modernista de fama continental y patriarca de una tradición política que hacía del Cauca no solo una región sino una manera de entender la nación: latifundio, catolicismo, humanismo clásico, desdén por el comercio y confianza en la palabra bien dicha como forma de autoridad. El hijo heredó los modos, la biblioteca y la ambición presidencial que al padre se le había escapado dos veces.

Esa raíz caucana lo situó desde el principio en un lugar específico del conservatismo. No era antioqueño ni bogotano; no venía de las redes industriales del ospinismo ni de la ortodoxia doctrinaria de Laureano Gómez. Era un notable regional cuya legitimidad se sostenía en el apellido, la elocuencia y una red de fidelidades personales tejida en el suroccidente. Cuando el conservatismo se fracturó tras el gobierno de Gómez, se acomodó del lado de los sectores moderados —los llamados nacionalistas—, cuyo bastión estaba en Antioquia y sus alrededores, y que se oponían a la facción más ideológica y militante del laureanismo. Esa alineación resultaría decisiva: definiría sus aliados, sus vetos y el camino tortuoso hasta el Palacio.

El pacto de élites y la primera candidatura fallida

El Frente Nacional se gestó fuera de Colombia. El 24 de julio de 1956, en el balneario español de Benidorm, Laureano Gómez —depuesto en 1953 y desterrado— y Alberto Lleras Camargo firmaron el acuerdo que planteó por primera vez la posibilidad de un gobierno de coalición bipartidista y el regreso a la normalidad jurídica. Un año después, el 20 de julio de 1957, el Pacto de Sitges formalizó los mecanismos: alternación presidencial, paridad estricta en todos los cargos públicos, plebiscito. El 1 de diciembre de 1957, los colombianos aprobaron ese diseño en las urnas —y las colombianas votaron por primera vez en la historia del país—. En 1958, una decisión posterior amplió el pacto a dieciséis años y cuatro períodos presidenciales alternándose obligatoriamente entre liberales y conservadores.

Valencia fue el primer nombre que el conservatismo puso sobre la mesa para inaugurar el ciclo en 1958. Sus apoyos venían del ospinismo, es decir, del sector que había derrocado a Gómez cinco años antes. Gómez, exiliado pero no vencido, vetó la candidatura. El argumento explícito fue la lealtad partidista; el trasfondo, la venganza. La operación tuvo una consecuencia mayor: el conservatismo cedió el primer turno y Alberto Lleras Camargo, liberal, se convirtió en el presidente inaugural del Frente Nacional, electo el 4 de mayo de 1958 con cerca de 2.482.948 votos frente a Jorge Leyva, candidato de un sector conservador disidente.

Valencia tuvo que esperar cuatro años. Y su segunda oportunidad no llegó por consenso, sino por muerte y derrota.

El camino despejado: Alzate, los laureanistas y 1962

En 1960 murió Gilberto Alzate Avendaño, a los cincuenta años, víctima de su adicción a la comida. Alzate era el conservador de mayor proyección de su generación: orador brillante, dirigente disciplinado, con base propia y ambición presidencial explícita. Su desaparición liberó el espacio que Valencia necesitaba dentro de la facción no laureanista. En las elecciones para cuerpos colegiados de 1962, previas a las presidenciales, los sectores del ospinismo, de Jorge Leyva y del alzatismo se impusieron nuevamente sobre los laureanistas. El conservatismo llegó a la nominación presidencial con una jerarquía interna definida: la línea Gómez, tercera vez derrotada, no podía imponer candidato.

Valencia fue así el candidato del Frente Nacional para 1962 no por victoria propia sino por ausencia de rivales. Su nombre encarnó el turno conservador que la Constitución obligaba y que las facciones internas habían decantado por eliminación. La elección presidencial del 6 de mayo de 1962 le dio 1.636.081 votos. Enfrente hubo dos oposiciones significativas: Alfonso López Michelsen, hijo del expresidente López Pumarejo, se presentó como candidato liberal disidente al frente del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), con la tesis audaz —y en la práctica jurídicamente vencida— de que la norma de alternación no le era oponible. Obtuvo unos 625.630 votos, declarados inconstitucionales porque el turno correspondía a un conservador. Jorge Leyva, por el ala conservadora dura, sumó 308.992. La suma de las disidencias —cerca del 24% del total— fue la primera señal de que el pacto de élites no lograba absorber todo el mapa político del país.

Valencia asumió la presidencia el 7 de agosto de 1962.

La arquitectura del poder recibido

El país que recibió Valencia estaba diseñado antes de él y le dejaba menos margen del que su retórica sugería. El Frente Nacional imponía paridad absoluta: cada ministerio, cada asamblea departamental, cada concejo municipal, cada juzgado se repartía milimétricamente entre liberales y conservadores. Un gobierno conservador debía nombrar tantos liberales como conservadores en su gabinete. El sistema pretendía apagar la violencia bipartidista que había ensangrentado los años cuarenta y cincuenta, y en esa función parcialmente lo logró: la sangre entre los dos partidos disminuyó. Pero el precio fue político.

La vida partidista bajo el Frente Nacional se contrajo alrededor de cuatro familias: los Lleras y los López por el lado liberal, los Ospina y los Gómez por el conservador. Valencia, como caucano de raíz propia, no encajaba con nitidez en ninguna de esas dinastías, y esa relativa autonomía fue a la vez su fuerza inicial y su fragilidad cuando llegaron los conflictos. La oposición estructural quedó bloqueada: cualquier propuesta que no contara con el consenso interbipartidista era, en la práctica, impensable. López Michelsen lo diagnosticó desde el otro lado, calificando al régimen como una especie de partido único sin oposición, en el que las elecciones eran un ejercicio sin competencia real y en el que el aparato electoral, decía Camilo Torres, estaba en manos de la oligarquía.

Ese cierre tuvo un costo específico bajo Valencia: los actores que quedaban afuera del pacto —el MRL, el naciente movimiento comunista, las autodefensas campesinas en las regiones marginales, los sindicatos independientes, ciertos sectores de la Iglesia— no tenían canal institucional para procesar sus demandas. Y las presiones se acumulaban.

Washington en el guion

El otro marco que Valencia recibió ya escrito fue la Guerra Fría. La Alianza para el Progreso, anunciada por John F. Kennedy en 1961, y el Plan Lazo, formulado entre 1962 y 1966, definieron los ejes de la relación con Estados Unidos: desarrollo económico como antídoto contra el comunismo y acción cívico-militar como fórmula para acercar los ejércitos a la población civil en las zonas de conflicto. Colombia, país piloto de la Alianza en América del Sur, aceptó el paquete completo. Las Fuerzas Armadas colombianas adoptaron —bajo influencia directa del Plan Lazo— la combinación entre desarrollismo y anticomunismo como doctrina operativa.

Valencia gobernó dentro de ese diseño. Los márgenes de su política exterior, y buena parte de los de su política de seguridad, estaban trazados antes de que jurara el cargo. La pregunta relevante no era si Colombia se alinearía con Washington —eso ya estaba resuelto— sino cómo se ejecutaría la alianza en el terreno.

Las repúblicas independientes y la Operación Marquetalia

La expresión repúblicas independientes la acuñó Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano y voz conservadora en el Congreso, para nombrar los territorios que escapaban al control efectivo del Estado y estaban dominados, según su denuncia, por el Partido Comunista. La lista se volvió canónica: Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero. Eran enclaves campesinos en zonas de frontera agrícola, formados por sobrevivientes de la Violencia de los años cincuenta —muchos de ellos comunistas o simpatizantes— que se habían replegado a territorios inhóspitos para fundar colonias agrícolas y autodefenderse.

El diagnóstico oficial, alineado con el Plan Lazo, fue que esos enclaves constituían una amenaza estratégica al Estado y que debían ser reducidos por la fuerza combinada con acción cívico-militar. En mayo de 1964, el gobierno de Valencia lanzó la Operación Marquetalia. Las cifras que circularon —unos 16.000 hombres movilizados en el esfuerzo contrainsurgente general— dan la medida del despliegue. La operación mereció incluso críticas en la prensa norteamericana por su costo elevado.

El resultado militar fue ambiguo, y el político, contrario al buscado. Manuel Marulanda Vélez —el campesino tolimense conocido como Tirofijo— y la mayoría de sus hombres escaparon del cerco por múltiples trochas. El 20 de julio de 1964, desde las montañas de Marquetalia, se proclamó el Programa Agrario Guerrillero, primer documento programático de lo que estaba naciendo. El grupo se replegó hacia Riochiquito, donde en 1965 se reunió la Primera Conferencia del Bloque Sur, que unificó destacamentos de Riochiquito, Natagaima, El Pato, Guayabero y Marquetalia en torno a cerca de cien combatientes. A la ofensiva contra Marquetalia le siguieron las operaciones contra Riochiquito (septiembre de 1964) y contra El Pato y Guayabero (diciembre de 1965), completando el ciclo de ataques a las cuatro repúblicas independientes.

En 1966, dos años después de la formación del Bloque Sur, la organización adoptó el nombre con el que sobreviviría medio siglo: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC ubican su nacimiento en el ataque a Marquetalia de mayo de 1964, y ese es su mito fundacional. El Partido Comunista había aprobado la combinación de todas las formas de lucha antes de 1964, y las autodefensas campesinas ya estaban armadas y organizadas antes de la operación; pero el cerco militar de Marquetalia les dio a esas autodefensas dispersas una narrativa unificada, un episodio épico y una razón para consolidarse en estructura guerrillera nacional. En eso, Valencia sí fue decisivo: sin haberlo pretendido, dio a la insurgencia comunista colombiana la forma que le permitiría durar.

Las denuncias parlamentarias de la época incluyeron señalamientos sobre civiles torturados o fusilados en el marco de las operaciones, mostrando que el discurso desarrollista de la acción cívico-militar convivía en el terreno con prácticas de guerra sucia. La combinación de retórica humanitaria y ejecución brutal sería el patrón heredado por décadas.

Bandolerismo, Camilo Torres y el ELN

Marquetalia no fue el único frente. Valencia heredó, junto con las repúblicas independientes, un mapa de violencias diverso y persistente. En el Valle del Cauca, en 1962, operaban al menos treinta cuadrillas de bandoleros identificadas, con efectivos que iban de cuatro a cincuenta y cinco hombres y armamento variado; el sur del Tolima, el Cauca, el Huila y el Valle concentraban la violencia residual, ejercida tanto por actores ilegales —cuadrillas, pájaros, autodefensas comunistas— como por fuerzas legales del Estado. La amnistía que había intentado Lleras Camargo al inicio del Frente Nacional había fracasado, en parte por los extremismos de los grupos armados y en parte porque los guerrilleros habían aprendido a desconfiar de pactos que el gobierno no cumplía.

Durante el cuatrienio de Valencia, el bandolerismo fue en parte aniquilado y en parte transformado. Algunas cuadrillas fueron liquidadas militarmente; otras se disolvieron; otras más se politizaron y se acercaron a la guerrilla de inspiración comunista, contribuyendo a esa mutación que las autoridades leían como triunfo parcial y que la historia leería como transición hacia un ciclo armado más largo.

Y apareció una figura nueva. Camilo Torres Restrepo, sacerdote, sociólogo y capellán de la Universidad Nacional, empezó a captar la atención de grandes multitudes con un discurso que rompía a la vez con la Iglesia tradicional y con el sistema político del Frente Nacional. Su tesis era simple y radical: la vía electoral no era solución a la injusticia social, el abstencionismo era una posición revolucionaria, las vías legales están cerradas. En 1964, durante un operativo militar, había ofrecido mediar entre campesinos y autoridades, y la prensa conservadora lo tildó de criptocomunista. Abandonó los hábitos para hacer política a través del Frente Unido, movimiento que aglutinó sindicalistas, estudiantes y católicos de izquierda influidos por las corrientes renovadoras del Concilio Vaticano II. A finales de 1965 se incorporó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las montañas de Santander. Murió en combate en febrero de 1966, cerca de San Vicente de Chucurí. Tenía treinta y siete años.

La muerte de Camilo Torres bajo el gobierno de Valencia fue el símbolo de una fractura que el Frente Nacional no supo procesar: sectores enteros de la juventud católica, del sindicalismo petrolero y de la Iglesia posconciliar concluían que el pacto de élites era incompatible con la reforma social, y que si el sistema no dejaba entrar la disidencia, la disidencia entraría por la vía armada. El ELN, con presencia entonces sobre todo en Santander y con más cercanía a sindicatos petroleros y sectores eclesiales que a la base campesina, quedó como legado de esa conclusión.

El presidente y el poeta

Sobre este trasfondo áspero, Valencia siguió siendo, en la retórica pública, el hijo del gran poeta del modernismo colombiano. Sus discursos —solemnes, latinizantes, dados al gesto épico y a la cita erudita— apelaban a un país que ya no existía, o que existía solo en las casonas de Popayán, en los claustros y en las tertulias literarias de la vieja Bogotá. El contraste con las decisiones concretas de su gobierno —enviar dieciséis mil hombres al monte, aliarse con Washington para una guerra contrainsurgente, dejar hacer a los militares en las zonas de operaciones— fue la marca más visible de su presidencia.

Ese contraste no era hipocresía: era la ecuación insoluble del conservatismo payanés en el siglo XX. La misma tradición que producía versos alejandrinos y ministros de gabinete elegantes producía también un orden social latifundista que no podía reformarse desde adentro. Cuando el Frente Nacional le entregó a Valencia la paridad burocrática, las élites terratenientes usaron esa distribución para capturar funcionarios, jueces y burócratas, bloquear la redistribución de tierras y reducir el alcance de la reforma agraria que Lleras Camargo había intentado impulsar con la Ley 135 de 1961. Valencia no revirtió ese bloqueo; en la práctica, lo dejó operar.

Su gobierno enfrentó también los primeros signos del desgaste institucional del sistema. El Congreso, atrapado entre la paridad y la falta de oposición real, empezaba a ceder facultades al Ejecutivo, tendencia que se aceleraría desde 1968 pero cuyo patrón se instaló en su cuatrienio. El diseño del Frente Nacional estaba, como lo diría más tarde López Michelsen, maniatado por el veto efectivo del socio de gobierno, incapaz de responder a las presiones populares que se acumulaban por fuera del pacto.

Red y linaje

En el linaje, la sombra del padre no lo abandonó nunca. Guillermo Valencia Castillo —dos veces candidato presidencial, poeta canónico, patriarca del Cauca— fue a la vez el peldaño y el techo: le dio al hijo la biblioteca, el apellido y las relaciones que necesitaba, y le fijó también el registro del que Valencia no supo salir. Los enemigos internos venían del otro conservatismo: Laureano Gómez desde el exilio, Álvaro Gómez Hurtado desde el Congreso, ambos doctrinarios, urbanos, cundiboyacenses, hostiles al humanismo lánguido del Cauca. Los aliados eran los ospinistas, los alzatistas huérfanos tras la muerte de Alzate, Jorge Leyva cuando convenía: la coalición negativa de los conservadores no laureanistas.

Del lado liberal, negoció con Alberto Lleras Camargo el traspaso del mando en 1962 y le entregó la presidencia a Carlos Lleras Restrepo el 7 de agosto de 1966, en la tercera estación del Frente Nacional. Con Alfonso López Michelsen tuvo la relación característica de un presidente conservador con el líder de la oposición liberal disidente: adversaria, sí, pero contenida por definición dentro del régimen. Misael Pastrana Borrero, futuro presidente conservador (1970-1974), era de la casa. Y en el plano internacional, la figura tutelar fue John F. Kennedy y, tras su asesinato en noviembre de 1963, la continuidad de la Alianza para el Progreso bajo Lyndon B. Johnson: la política exterior de Valencia se limitó, en lo esencial, a ejecutar sin sobresaltos la agenda de la Guerra Fría hemisférica.

Y del otro lado, sin encontrarse nunca cara a cara pero definiéndose mutuamente, quedaron Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Camilo Torres. Fueron, para bien y para mal, los personajes que su gobierno ayudó a fabricar como figuras nacionales.

Después del Palacio

Valencia entregó el poder en 1966, cumplido su cuatrienio, y se retiró de la primera línea política. Como ocurría con los expresidentes del Frente Nacional, conservó peso en las deliberaciones partidistas y en el Senado, pero no volvió a disputar la presidencia. Murió en Nueva York en 1971, a los sesenta y un años, cinco años después de dejar el cargo y tres antes del fin formal del Frente Nacional.

Su memoria pública ha sido menos frecuentada que la de sus contemporáneos. Alberto Lleras Camargo quedó como el arquitecto del pacto y la voz del liberalismo modernizador; Carlos Lleras Restrepo, como el reformador desarrollista; López Michelsen, como el disidente que se convirtió en presidente. Valencia quedó en un lugar más incómodo: el conservador que ejecutó la fase militar del Frente Nacional, el presidente-poeta cuya retórica no logró tapar las decisiones duras, el hombre bajo cuyo gobierno nacieron simultáneamente las FARC y el mito de Camilo Torres.

Huella

Juzgar a Valencia exige distinguir lo que le tocó de lo que hizo. Le tocó un país con violencia residual persistente, un pacto de élites que bloqueaba la reforma estructural, una Guerra Fría que definía los márgenes de su política y un conservatismo dividido que lo llevó al poder por eliminación de rivales. Sobre eso, cualquier presidente del ciclo habría enfrentado dilemas similares.

Lo que hizo, y por lo que es recordado, fue apostar por la solución militar frente al problema agrario-comunista. El Plan Lazo y la Operación Marquetalia no fueron improvisaciones suyas: eran doctrina heredada, presión estadounidense, denuncia parlamentaria de Álvaro Gómez, consenso de las Fuerzas Armadas. Pero fue bajo su firma que se ejecutaron, y ese es el punto donde termina la lista de atenuantes y empieza la responsabilidad personal. Las FARC no las causó Valencia —las causó una historia más larga, que arrancaba en la Violencia de los cuarenta y cincuenta y en la exclusión estructural del campesinado—, pero la conversión de autodefensas campesinas dispersas en guerrilla nacional con programa, mando y mito ocurrió en su cuatrienio y con su firma al pie de las órdenes. Esa es la sentencia que la historia le impone, y no admite matices piadosos: el conservatismo caucano quiso liquidar a las repúblicas independientes y les fabricó, en cambio, un acta de nacimiento.

Y hay algo más difícil de medir: la clausura simbólica de un ciclo. Valencia fue, quizás, el último presidente colombiano en el que la tradición humanista payanesa —el latín, el hexámetro, la política como continuación de la poesía— funcionó como fuente de autoridad pública. Después de él, ni el conservatismo ni el país volvieron a hablar en ese registro. Carlos Lleras Restrepo modernizó el vocabulario del Estado; el desarrollismo, la tecnocracia y, más tarde, el pragmatismo empresarial ocuparon el lugar que la elocuencia clásica había tenido. La presidencia de Valencia fue también un tránsito: el conservatismo señorial cediendo, aunque no supiera nombrarlo, ante formas nuevas de ejercer el poder que ya no cabían en la biblioteca de su padre. Que ese tránsito lo protagonizara un hombre educado para gobernar un país que ya no existía —terrateniente en un tiempo de reforma agraria bloqueada, humanista en un país que hablaba de contrainsurgencia, católico señorial ante una Iglesia que empezaba a levantar fusiles— explica buena parte de su desconcierto y de su fracaso. Gobernó con la voz de su padre en un momento que exigía otra lengua.

Queda, finalmente, la paradoja que define su lugar. Valencia gobernó bajo un pacto que prometía pacificación y aplicó la fórmula militar que su tiempo le entregó. Al hacerlo, contribuyó a estabilizar el bipartidismo y a institucionalizar la insurgencia que lo desafiaría después. Su cuatrienio cerró la primera etapa del Frente Nacional dejando, como saldo, un país donde la violencia bipartidista se había atenuado y la revolucionaria acababa de nacer con nombre propio. No es un balance neutro ni ambiguo: es un fracaso estratégico envuelto en versos.