San Vicente de Chucurí

El municipio y su paisaje

San Vicente de Chucurí se levanta sobre el piedemonte occidental de la serranía de los Yariguíes, una de las formaciones montañosas que descienden desde las alturas de la cordillera Oriental hacia el río Magdalena. Desde la cumbre de Piedra Blanca, o Cruz de Macana, a 2.530 metros de elevación, la mirada abarca los territorios regados por los ríos Chucurí, Oponcito y Opón, las grandes ciénagas del valle y la faja plateada del Magdalena. Esa geografía —cumbres, cañones, vertientes húmedas y un fondo de valle cálido— ha modelado la vida del municipio: tierras aptas para el cacao y el café, laderas donde el bosque se convierte en potrero, y un mosaico de veredas que se comunican con dificultad entre sí y con el mundo exterior.

La región que lo rodea es el Magdalena Medio santandereano, un tramo de aproximadamente 386 kilómetros del río Magdalena que corre entre las cordilleras Oriental y Central. La comunicación entre Barrancabermeja y Bucaramanga pasaba históricamente por San Vicente y tomaba como mínimo seis horas por carretera destapada, con derrumbes frecuentes y zonas pantanosas. A comienzos de los años sesenta, toda la región del Magdalena Medio permanecía prácticamente aislada; entre Puerto Berrío y Medellín, por ejemplo, no había carretera directa sino solo vía férrea. Ese aislamiento no fue un detalle: fue el rasgo estructural que definió al municipio como frontera interna, distante de los centros administrativos y expuesta a las lógicas del enclave petrolero y a la debilidad del Estado nacional.

Las cuencas del Chucurí y del Opón, mencionadas invariablemente cuando se describe el paisaje desde la serranía, constituyen los referentes hidrográficos del territorio. El municipio se articula en veredas que descuelgan desde la serranía hacia el valle, con caminos de herradura que durante buena parte del siglo XX fueron la única vía real de comunicación entre el casco urbano y las zonas altas. La estacionalidad de las lluvias, que satura las trochas y desborda las quebradas, ha marcado los ritmos productivos del cacao y del café tanto como los desplazamientos militares y guerrilleros que cruzaron el territorio.

San Vicente pertenece al haz de municipios santandereanos —junto con El Carmen de Chucurí, Simacota, Santa Helena del Opón, Zapatoca— que ocupan esa franja de piedemonte donde la cordillera se disuelve en el valle. Barrancabermeja, con su refinería, sus muelles y su presencia obrera, es la ciudad-eje sobre la que gravita toda la región, junto con Puerto Berrío, La Dorada y Puerto Boyacá, los grandes puertos del Magdalena Medio.

Antes del municipio: los Yariguíes y el vacío

El territorio donde hoy se asienta San Vicente estuvo habitado por los pueblos Yariguí, Carare y Opón. En 1536, la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada llegó al poblado de Latora —actual Barrancabermeja— y desde entonces se registraron hechos de guerra con esos pueblos. Los Carares y los Opones resistieron activamente el dominio español, defendiendo sus territorios y sementeras frente al colonizador; los Yariguíes quedaron en la tradición como guerreros que no aceptaron someterse. Parte de esa historia se transmitió en clave legendaria, alimentando una memoria de resistencia reivindicada después.

El desenlace demográfico está documentado. La población indígena del área habría pasado de cerca de 15.000 personas en 1860 a 10.000 en 1880, 5.000 en 1900, 1.000 en 1910, 500 en 1920 y apenas dos docenas en 1925. En sesenta y cinco años, un pueblo desapareció. El proceso estuvo asociado a la explotación de la quina, que atrajo a quineros y cazadores a las serranías, y a episodios violentos como la masacre de indígenas del Opón perpetrada por una compañía de colonización, reseñada por El Tiempo en 1924. Del pueblo Yariguí sobreviven, prácticamente, huellas toponímicas: el nombre del aeropuerto de Barrancabermeja y la denominación misma de la serranía —Los Cobardes o los Yariguíes— que domina el municipio.

Ese despoblamiento indígena fue simultáneo al arribo de campesinos que ocuparon el vacío. Hacia 1920-1930, el Magdalena Medio santandereano tenía unos 100.000 habitantes, en su mayoría colonos que habían llegado a las vertientes atraídos por la quina, la madera, el oro de aluvión y la posibilidad de sembrar. La concesión petrolera De Mares, otorgada en 1905-1906 en la región del Oponcito, cerca de Barrancabermeja, se instaló en un territorio históricamente Opón y Carare cuya población ya había caído a niveles mínimos: la industria del petróleo llegó a un piedemonte demográficamente vaciado.

La coincidencia entre el exterminio Yariguí y la apertura del ciclo extractivo del petróleo no fue casual. La misma serranía que albergaba las últimas comunidades indígenas contenía los yacimientos que atrajeron a la Tropical Oil Company, y los caminos abiertos por quineros y madereros fueron los mismos que permitieron el reconocimiento geológico del subsuelo. El vacío demográfico que dejó la desaparición de los pueblos originarios se convirtió, en pocas décadas, en la condición material que hizo posible tanto el enclave petrolero como la colonización campesina que lo abastecería.

Fundación y colonización campesina

San Vicente de Chucurí fue fundado a finales del siglo XIX en el marco de ese ciclo de colonización que abrió las vertientes santandereanas al poblamiento campesino. Los colonos que llegaron —herederos de las economías extractivas de la quina y la madera— alternaban sus jornadas entre aserrar árboles, trabajar en minas de oro y sembrar cultivos de pancoger. Poco a poco, el municipio consolidó su vocación agrícola sobre el cacao y el café, cultivos aptos para las tierras cálidas y húmedas del piedemonte.

La estructura de propiedad que se decantó en la región siguió el patrón de las fronteras colombianas del siglo XX: buena parte de la tierra adjudicada quedó en manos de unos pocos terratenientes, mientras la mayoría de la población colonizadora se instaló en pequeñas propiedades campesinas. A esa lógica se sumó la expansión ganadera extensiva, que fue configurando la estructura agraria del Magdalena Medio como una frontera de colonización interna con débil presencia del Estado, rasgo persistente que atraviesa todo el siglo. Aun a mediados del siglo XX, el municipio seguía siendo considerado zona de colonización activa: entre 1958 y 1961, el Proyecto de Colonización de Santander, impulsado desde el nivel central, incluía la apertura de la zona de San Vicente como uno de sus ejes.

La economía campesina que se estabilizó en las veredas tenía además un vínculo funcional con Barrancabermeja. Durante el bogotazo de abril de 1948, cuando el abastecimiento de la ciudad petrolera colapsó, las milicias de Barrancabermeja se desplazaron a los alrededores de San Vicente a comprar productos agrícolas de contado a los campesinos como medida de emergencia. Esa relación —el piedemonte que provee al enclave petrolero— es una constante de la geografía económica regional y explica en parte por qué el municipio quedó cruzado por las convulsiones políticas del país: cualquier cosa que ocurriera en Barrancabermeja repercutía en San Vicente, y viceversa.

La Violencia y la guerrilla liberal de Rafael Rangel

Santander había sido, desde el siglo XIX, uno de los fortines del liberalismo radical colombiano, y en al menos uno de los conflictos bipartidistas fue señalado como epicentro inicial del enfrentamiento. Esa herencia se activó con inusitada fuerza tras el 9 de abril de 1948. En el Magdalena Medio santandereano, la resistencia armada tomó cuerpo en torno a la figura de Rafael Rangel Gómez, comandante de una de las guerrillas liberales más notorias de la Violencia colombiana.

La toma de San Vicente de Chucurí bajo mando de Rangel fue una de las acciones que definieron su trayectoria. Movilizó entre doscientos y setecientos combatientes, con una motivación clara: sabotear elecciones acordadas entre liberales y militares y responder a los continuos asesinatos de integrantes del partido liberal. La guerrilla llegó a controlar extensas zonas del Magdalena Medio santandereano, con un dominio territorial que se extendió incluso a tramos de la navegación fluvial.

Lo decisivo, para la historia larga del municipio, no fue tanto la extensión del control rangelista como lo que ese ciclo dejó sembrado. San Vicente mantuvo viva la memoria del 9 de abril y de la guerrilla liberal: la tradición armada se convirtió en una referencia local, en un linaje político con nombres, historias y transmisiones familiares. Uno de los combatientes campesinos de las filas de Rangel, Julio Guerra, se vincularía años después a la fundación del Ejército Popular de Liberación en el Alto Sinú y el Alto San Jorge, entre 1965 y 1967. La memoria nueveabrileña santandereana no se apagó con las amnistías de la década de 1950; migró, se recompuso, y cuando surgió una nueva insurgencia en la región, encontró en San Vicente un terreno preparado.

En las veredas cacaoteras y en las cabeceras corregimentales, los relatos de la toma, los nombres de los combatientes y las rutas de repliegue por la serranía se transmitieron dentro de las familias como un capital político soterrado. Esa oralidad conservó las alianzas, los rencores y los códigos de una guerra que oficialmente había terminado con las amnistías, pero que en la práctica dejaba en pie las redes que la habían sostenido. Cuando quince años después llegaron los primeros militantes urbanos con proyecto guerrillero, no tuvieron que fundar desde cero: encontraron interlocutores ya formados en el lenguaje de la resistencia armada.

La cuna del ELN

A mediados de los años sesenta, un grupo de jóvenes formados ideológicamente al calor de la Revolución cubana buscó territorio para iniciar un movimiento guerrillero en Colombia. Lo encontraron en el piedemonte santandereano, en el arco que va de San Vicente de Chucurí a Simacota, pasando por Santa Helena del Opón. Allí, hacia 1965, echaron raíces las primeras estructuras del Ejército de Liberación Nacional.

Los fundadores —Fabio Vásquez Castaño, Víctor Medina Morón, Ricardo Lara Parada, Heriberto Espitia, Luis Rovira, Mario Hernández, José Merchán— regresaron al país con el propósito explícito de levantar una guerrilla marxista-leninista de inspiración cubana. El primer foco se conformó con gente reclutada en cuatro núcleos precisos: las veredas de Santa Helena del Opón, la vereda La Fortunata de San Vicente de Chucurí, la región de Riofuego y el municipio de Simacota. El reclutamiento fue local, campesino, y con un rasgo genealógico decisivo: los primeros combatientes provenían de familias liberales y comunistas, herederos de guerrilleros liberales de la década anterior, hijos de dirigentes campesinos y militantes del Movimiento Revolucionario Liberal. Los reclutas del ELN en San Vicente no eran una novedad ideológica, sino la continuación biográfica de la guerrilla de Rangel.

La toma de Simacota, en los primeros meses de 1965, fue la acción militar de bautizo del grupo. Se hizo con guerrilleros mal armados y con Fabio Vásquez Castaño como figura central del proyecto. Junto con la operación de Papayal, entre enero y abril de ese año, la acción tranquilizó a los apoyos cubanos respecto a la viabilidad del ELN. Con ese prestigio recién ganado, Vásquez Castaño ordenó absorber y reorganizar el aparato clandestino urbano y disolver las Juventudes del MRL, consolidando el control sobre la red que sostenía al foco.

La incorporación del sacerdote Camilo Torres Restrepo, en 1965, y su muerte en combate el 15 de febrero de 1966 marcaron la identidad ideológica del grupo. Camilo se sumó como combatiente raso y cayó en su único combate; su ejemplo atrajo a sacerdotes y religiosos posteriormente, y sus propuestas sobre poder popular, abstención electoral y democracia directa fueron incorporadas al cuerpo doctrinario del ELN. Al marxismo-leninismo de inspiración cubana se le añadió, así, un componente de teología de la liberación que se convertiría en seña de identidad de la organización.

Que el ELN naciera precisamente en San Vicente y Simacota, y no en cualquier otra frontera igualmente periférica, se explica por tres factores encadenados: la débil presencia estatal característica del Magdalena Medio, con instituciones primordialmente militares y represivas; la memoria armada de la guerrilla liberal, que aportó reclutas con linaje político directo; y la disponibilidad de una geografía de vertiente —bosques, cañones, veredas dispersas— que amparaba la operación de un foco guerrillero.

Los Sanjuaneros y el nacimiento del paramilitarismo chucureño

En 1981, en el corregimiento de San Juan Bosco La Verde, jurisdicción de Santa Helena del Opón, el inspector de policía Isidro Carreño Lizarazo creó un grupo armado que la memoria regional recuerda como Los Sanjuaneros. Ese acto —la conformación de un aparato armado local por parte de un funcionario del Estado— es el punto de partida del paramilitarismo en el corazón chucureño.

El grupo, inicialmente circunscrito a San Juan Bosco La Verde, se expandió a partir de 1988 bajo el mando de Isidro Carreño Estévez, alias Isnardo, hacia El Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí y Bajo Simacota. Ese año marcó también el episodio de mayor visibilidad pública de la estructura: la masacre de Llana Caliente, perpetrada en mayo de 1988. Tras esa acción, el grupo adoptó el nombre de Comando Coronel Rogelio Correa Campos, en homenaje a un oficial del Ejército aliado de los paramilitares en la región que fue asesinado. La propuesta de la denominación provino de un miembro identificado como "Parra 2", quien argumentó haber estado presente el día de la muerte del coronel.

El detalle revela la naturaleza mixta del proyecto sanjuanero: no fue una iniciativa insular de campesinos ni de comerciantes locales asediados por la guerrilla, sino una estructura anclada desde su origen en la institucionalidad estatal —un inspector de policía como fundador— y en alianza directa con oficiales del Ejército activo en la zona. El paramilitarismo chucureño encarnó, de manera cruda, la fusión entre agentes del Estado y aparatos armados privados.

Isidro Carreño Estévez murió en 1991. Tras su muerte, el grupo se autodenominó en algunas ocasiones ACC —Autodefensas de Carmen de Chucurí—, dado que ya no lo integraban personas de San Juan y su centro de gravedad se había desplazado al piedemonte chucureño. Esa transición marca el momento en que los Sanjuaneros dejan de ser una milicia corregimental para convertirse en una estructura paramilitar regional, precursora de las formaciones que en la década siguiente confluirían con el proyecto nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Violencia, desplazamiento y despojo

El costo humano de la superposición de guerrillas, paramilitares y presencia militar del Estado en el Magdalena Medio fue devastador, y San Vicente estuvo en el centro de ese saldo. Entre 1980 y 1988, el Magdalena Medio fue una de las tres regiones con mayor expulsión de población desplazada del país, junto con Urabá y el Alto Sinú y San Jorge; entre las tres concentraron más de la mitad de los éxodos registrados en Colombia en ese período, que coincide con el boom del narcotráfico y la génesis de los primeros grupos paramilitares regionales.

La entrada de los grupos paramilitares al Magdalena Medio agravó una violencia que ya venía siendo intensa. San Vicente y sus municipios vecinos —El Carmen de Chucurí, Simacota, Santa Helena del Opón— quedaron atrapados en la lógica de disputa territorial entre el ELN, que había arraigado en la región desde 1965, y las estructuras contrainsurgentes surgidas en San Juan Bosco La Verde y proyectadas después al conjunto del piedemonte.

Las víctimas de esa disputa fueron, en su enorme mayoría, campesinas. Las sentencias de restitución de tierras proferidas con corte al 28 de febrero de 2021 permiten cuantificar de qué mano vino el despojo: sobre un total de 7.098 fallos, algo más de la mitad —el 53%— señalaron a los grupos paramilitares como principal victimario; el 19% apuntó a las guerrillas y otro 20% quedó atribuido a enfrentamientos entre actores. Detrás de esas proporciones se juega algo que la contabilidad no alcanza a expresar: el despojo territorial no se agotó en la usurpación material de la parcela, sino que implicó la enajenación de aspectos íntimos y simbólicos para las comunidades rurales, un despojo cultural donde familias expulsadas perdieron con la tierra también el paisaje, el vecindario y la memoria de generaciones.

Los saldos regionales de la violencia paramilitar tienen la misma escala abrumadora. En el sur de Bolívar, contiguo al Magdalena Medio santandereano, la organización Colombia Nunca Más contabilizó desde 1998 centenares de asesinatos, decenas de desapariciones forzadas, personas torturadas y varias decenas de miles de desplazados en el marco de las acciones contra mineros y campesinos. Organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca caracterizaron esa violencia como una campaña de desplazamiento y despojo orientada a desvertebrar el tejido social y la capacidad organizativa de las comunidades, facilitando el ingreso de empresas multinacionales al territorio.

Sobre Barrancabermeja, testimonios recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica documentaron que el paramilitarismo ejerció control sobre la economía local —mediante regulación del empleo, filtraciones a oleoductos, captación de rentas privadas y corrupción en Ecopetrol—, con efectos de estancamiento en el desarrollo socioeconómico del puerto. Ese control se extendía, por vía de conexión geográfica, al piedemonte chucureño, donde el poder paramilitar regulaba mercados, precios y circulación de mercancías campesinas.

El impacto sobre la organización comunitaria fue profundo. Juntas de acción comunal, asociaciones de productores de cacao, comités parroquiales y sindicatos agrarios vieron desaparecer a sus dirigentes o retirarse por miedo, en un patrón que se repitió a lo largo de las décadas de los ochenta y los noventa. La consecuencia fue el debilitamiento de las mediaciones civiles que podían haber contenido la violencia o negociado con los armados, y la consolidación de un orden social donde la palabra pública quedó suspendida durante años.

La sucesión de los ciclos

Mirado en conjunto, el trayecto de San Vicente de Chucurí condensa la historia larga del Magdalena Medio santandereano en un solo territorio. Frontera indígena y luego frontera de quineros y colonos; municipio agrario de cacao y café que se convirtió en bastión de la guerrilla liberal; cuna del ELN que terminaría siendo, dos décadas más tarde, semillero del paramilitarismo chucureño. Cada ciclo dejó restos —memoria, huérfanos, redes armadas latentes, tierras cambiadas de manos— que sirvieron de sustrato al siguiente.

Sería tentador atribuir esa secuencia únicamente a la geografía del piedemonte y a la debilidad estructural del Estado. Ambos factores son reales y decisivos: la vertiente ampara focos armados, el aislamiento retrasó cualquier integración administrativa, y la presencia estatal se limitó por décadas a operativos militares. Pero San Vicente muestra también que la geografía es condición necesaria y no suficiente. Sin la memoria liberal radicalizada por la Violencia no habría habido reclutas para Rangel; sin los reclutas de Rangel, y sus hijos, no habría habido primer foco del ELN; sin las redes ideológicas cubanas ni la teología de la liberación, el ELN no habría cuajado con el perfil que tuvo; sin la iniciativa de un inspector de policía y la alianza con oficiales del Ejército, los Sanjuaneros no habrían surgido cuando surgieron. La violencia larga de San Vicente es el producto de una geografía disponible, un Estado ausente-represivo, una memoria política transmitida en linaje familiar y unas redes externas —cubanas, eclesiales, militares, después narcotraficantes— que se enlazaron con las condiciones locales.

Hay, además, una lectura económica que atraviesa toda la secuencia. El exterminio Yariguí abrió tierras a la colonización quinera. La colonización campesina abrió tierras al piedemonte cacaotero y a la ganadería extensiva. La concesión De Mares se instaló en un territorio demográficamente vaciado. Las guerrillas y los paramilitares —cada una desde su lógica— operaron en última instancia sobre el mismo objeto: la tierra, sus rentas, sus mercados. El despojo territorial documentado por las sentencias de restitución es la traducción contemporánea de una lógica antigua: la violencia como instrumento de reasignación de la tierra en una frontera de colonización.

La densidad de la memoria armada del municipio —Yariguíes, Rangel, ELN, Sanjuaneros— y la continuidad biográfica entre los ciclos son excepcionales incluso para los estándares del Magdalena Medio. Que un mismo territorio haya sido cuna del ELN y semillero del paramilitarismo chucureño se comprende como el desenlace previsible de una frontera donde el Estado nunca ocupó los vacíos que él mismo permitía. Y el suelo, al final, se lee como un archivo: cada cosecha de cacao brota sobre potreros que fueron monte, que fueron trocha quinera, que fueron territorio Yariguí, que fueron caseríos rangelistas, que fueron veredas del ELN, que fueron zonas de mando de los Sanjuaneros. La historia nacional no está detrás de San Vicente; está debajo, capa sobre capa, en el mismo palmo de tierra.