Infiltración del ELN en A Luchar y masacre de Llana Caliente

Infiltración del ELN en A Luchar y masacre de Llana Caliente

Entre 1987 y 1988, en el Magdalena Medio santandereano, se hizo visible una operación de doble uso que venía madurando desde la fundación de A Luchar en 1984: el Ejército de Liberación Nacional, nacido dos décadas antes en San Vicente de Chucurí y Simacota, había infiltrado cuadros en el movimiento político legal que lideraba, junto a otras organizaciones, los paros cívicos del nororiente. La ambigüedad entre organización legal y aparato armado —diseñada por la insurgencia, no negociada con la base civil que la sostenía— entregó a la dirigencia campesina como blanco legible al proyecto contrainsurgente del Ejército y de los grupos paramilitares que se expandían desde San Juan Bosco La Verde. El 21 de mayo de 1988, en el sitio Llana Caliente, sobre el río Chucurí, se condensó la cadena: campesinos que habían marchado meses antes por servicios públicos, cese de desalojos y fin de la guerra sucia murieron en una operación en la que se articularon fuerza pública y estructuras paramilitares.

La cuna santandereana y la deriva militarista del ELN

El ELN aparece hacia 1965 en San Vicente de Chucurí y Simacota, con una toma temprana del casco urbano de Simacota entre 1964 y 1965 que funcionó como acta de nacimiento pública. Se pensaba a sí mismo como un movimiento de liberación nacional inspirado por la Revolución cubana, y algunos de sus fundadores habrían recibido formación en la isla antes del lanzamiento formal. Su composición ideológica cruzaba el marxismo-leninismo con una religiosidad cristiana de izquierda que se hizo emblemática con la incorporación del sacerdote y profesor universitario Camilo Torres Restrepo, quien dio su última misa el 27 de julio de 1965 antes de subir al monte y murió en combate cerca de San Vicente de Chucurí en 1966.

Torres había traído consigo, a través del Frente Unido del Pueblo, un caudal de sindicalistas, estudiantes y católicos de izquierda. Su muerte precipitó una fractura interna: rivalidades intestinas, ajusticiamientos y una línea militarista extrema que prohibió el trabajo político urbano y sometió a los cuadros a fusilamientos internos y paranoia colectiva. El ELN quedó con dos rasgos que definirían su relación posterior con la protesta social. Primero, una base territorial en la selva próxima a San Vicente, Bucaramanga y Barrancabermeja, con vínculos notables con los sindicatos petroleros —la USO— y sectores de la Iglesia católica influenciados por la teología de la liberación, más que con el campesinado, pese a que operaba en zonas rurales. Segundo, una desconfianza estructural hacia lo urbano y lo legal, saldada durante años a punta de sospecha y purga.

Cuando el ELN retomó la política de masas a comienzos de los ochenta, bajo el mando de Manuel Pérez Martínez y Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, la desconfianza no había desaparecido: se había vuelto método. La organización aceptaría trabajar con movimientos legales, pero siempre bajo la premisa de que el aparato armado tenía la última palabra sobre las desviaciones ideológicas de sus frentes políticos.

A Luchar: un movimiento plural con núcleos armados adentro

A Luchar fue fundada en mayo de 1984, en el contexto de oposición a los acuerdos de tregua y diálogo nacional entre las organizaciones guerrilleras y el gobierno de Belisario Betancur. El ELN, que rechazaba la vía negociada tal como la proponía Betancur, encontró en la oposición un espacio propicio para fortalecer su influencia sobre el nuevo movimiento. Entre los fundadores había militantes de la guerrilla, algunos de los cuales serían reconocidos años después como cuadros del ELN.

Pero A Luchar no era el ELN. La mayoría de sus integrantes no militaba en la insurgencia, y su composición era plural: dirigentes sindicales, cuadros de la izquierda no armada, sacerdotes, estudiantes, líderes cívicos, campesinos organizados. Algunos de los cuadros elenos que ingresaron a la organización declararon después haber asumido de manera consciente el hecho político por encima del hecho armado, es decir, haber optado por la lucha legal aunque conservaran su vínculo con la guerrilla. En la práctica, A Luchar reivindicaba autonomía para moverse en el terreno de la política legal, y esa autonomía se convirtió pronto en fuente de tensión con la dirección armada del ELN, que acusaba a los militantes urbanos de "legalismo" y de "hacerle el juego a las instituciones". Varios frentes guerrilleros presionaban para corregir las desviaciones, atrapando al movimiento entre su vocación plural y las exigencias de la dirigencia insurgente.

La lectura desde afuera era menos matizada. Gustavo Petro, que por entonces observaba el proceso desde otra guerrilla y desde otro proyecto político, describió a A Luchar como una enmascarada del ELN que usaba núcleos armados para la organización campesina en el nororiente del país. La caracterización era polémica, pero recogía un rasgo real: la superposición de estructuras. Al menos un militante sindicado por el Estado de pertenecer al ELN se identificaba públicamente como periodista del periódico nacional A Luchar, ilustrando en un caso concreto la porosidad entre la fachada legal y el aparato guerrillero.

La porosidad tenía un rasgo agravante: no era transparente hacia adentro. Los militantes civiles de A Luchar, en su gran mayoría ajenos a la guerrilla, no sabían con precisión qué compañeros suyos respondían a otra estructura ni qué decisiones del movimiento se tomaban en función de una estrategia político-militar externa. Cuando el ELN impulsaba paros nacionales obreros y populares como respuesta a los acuerdos de tregua, la línea de mando entre lo que era decisión autónoma del movimiento social y lo que era instrumentalización guerrillera se difuminaba.

El nororiente en pie: el paro de 1987

Santander fue, entre 1980 y 1995, el departamento con mayor número de acciones campesinas de protesta en Colombia, y el Magdalena Medio santandereano concentraba diversas formas de movilización. El Paro del Nororiente de 1987 fue el punto más alto del ciclo. Las fechas oscilan entre el 7 y el 14 de agosto según algunos registros y el 7 de junio según otros, pero el hecho central es estable: más de 7.500 personas de más de veinte municipios de la región se sumaron a la protesta.

Las demandas eran las de un territorio que llevaba décadas sin Estado o con un Estado ausente en lo social y militarizado en lo demás: agua, luz, vías, salud, educación, cese de los desalojos de predios ocupados y fin de la "guerra sucia" que ya venía cobrando líderes en toda la región. A Luchar lideró y promovió el paro junto con la Unión Patriótica y otras estructuras del movimiento popular.

La organización tuvo dos capas visibles y una tercera menos declarada. Sobre el terreno, cuadros del movimiento instruyeron a los campesinos a guardar comida y armar juntas para sostener la protesta durante días, tejer redes de apoyo, coordinar bloqueos. Ese trabajo fue autónomamente campesino: la agencia de los pobladores del Magdalena Medio en esos días no fue delegada ni fabricada. Pero la tercera capa, la que muchos manifestantes no pidieron y algunos ni siquiera advirtieron, la registró después uno de los exmiembros de A Luchar identificado como Eliécer 23: guerrilleros aparecieron durante la marcha, y se conformaron guardias populares o milicias para proveer seguridad. La frontera entre organización civil y presencia armada se rompió en el campo abierto de la protesta, ante los ojos de la fuerza pública y de quienes, desde los cascos urbanos, tomaban nota de los rostros.

Ahí quedó la fotografía que la contrainsurgencia venía esperando. Para un dispositivo militar-paramilitar que desde 1981 registraba a la dirigencia social como enemigo interno, la aparición de cuadros armados junto a la marcha civil funcionaba como confirmación retrospectiva de una equivalencia que él mismo había construido. El paro consiguió sentar al gobierno a negociar puntos concretos, pero también dejó identificados, con nombres y municipios, a los dirigentes campesinos que lo habían sostenido.

La contrainsurgencia armada: Los Sanjuaneros, el MAS, ACDEGAM

Mientras A Luchar salía a las carreteras, el proyecto paramilitar del Magdalena Medio consolidaba su arquitectura. En 1981, en el corregimiento de San Juan Bosco La Verde, del municipio de Santa Helena del Opón, el inspector de policía Isidro Carreño Lizarazo fundó el grupo conocido como Los Sanjuaneros. El detalle importa: la primera pieza de la estructura paramilitar santandereana no fue una autodefensa espontánea, sino una organización armada creada desde un cargo estatal municipal.

Durante los primeros años, Los Sanjuaneros ejercieron influencia en El Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí y municipios aledaños, aunque sin presencia permanente. La influencia dejó rastros medibles. Entre 1981 y 1986, en el conjunto de Santa Helena del Opón, Simacota, El Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí se registraron 163 homicidios selectivos, con San Vicente concentrando más del doble de los casos de Santa Helena; a ello se sumaron 55 desapariciones forzadas, 34 de ellas en San Vicente, y 49 víctimas de masacres, cuarenta en Santa Helena del Opón y nueve en San Vicente. Antes de que la protesta social alcanzara su pico, el mapa de la violencia paramilitar ya estaba trazado sobre los mismos municipios que luego se movilizarían.

A partir de 1988, bajo el mando de Isidro Carreño Estévez, Los Sanjuaneros dieron el salto de la influencia a la expansión formal hacia El Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí y Bajo Simacota. La coincidencia cronológica con el ciclo álgido del paro no fue accidental, aunque tampoco fue mera reacción: la expansión respondía a una pauta de control territorial preexistente, que las movilizaciones aceleraron sin haber creado.

En paralelo operaban dos estructuras más. El MAS —Muerte a Secuestradores— se consolidó en el Magdalena Medio desde 1981, y sus miembros fueron apodados masetos; en febrero de 1986, mediante panfletos, amenazó a dirigentes sindicales y cívicos de Ocaña, entre ellos Alfredo Angarita Quintero. Las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y del Magdalena Medio, con figuras como Henry Pérez y Ramón Isaza al frente en distintos frentes, se fortalecieron en el mismo período. Isaza reconocería después que su grupo se conformó no solo para combatir a las guerrillas, sino también para prestar servicios de protección a ganaderos, comerciantes y narcotraficantes de la región, lo que revela la lógica económica y de clase que sostenía el proyecto.

El pegamento institucional lo aportó ACDEGAM —Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio—, que canalizó los recursos para el acondicionamiento de centros de entrenamiento, el pago de sueldos, armas y municiones de las estructuras paramilitares. El eje social del proyecto lo constituían grandes empresarios, ganaderos y hacendados, y su articulación con la fuerza pública fue explícita.

Desde 1982, el Ejército acentuó tácticas contrainsurgentes que hasta entonces se usaban marginalmente, entre ellas los patrullajes conjuntos de unidades militares y paramilitares en el Magdalena Medio. Oficiales y exoficiales estuvieron a cargo de la capacitación en escuelas de entrenamiento militar a civiles, lo que reprodujo y naturalizó los grupos de autodefensa como parte del paisaje regional. Militares facilitaron a finqueros y ganaderos la compra de armas a cambio de su colaboración como informantes y grupos armados de apoyo. Miembros de la fuerza pública se vistieron de civil para encubrirse con paramilitares y participar en masacres, homicidios, detenciones, torturas, desplazamientos, desapariciones y amenazas. El proyecto consolidado desde 1983 dejó al menos 18 masacres y miles de desplazados.

La izquierda social bajo fuego

Antes y durante los paros del nororiente, la izquierda social ya venía siendo diezmada. Al menos 367 integrantes de A Luchar fueron asesinados, ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos de manera forzada a lo largo de la existencia del movimiento. Entre marzo de 1985, cuando la organización empezaba a formalizarse, y junio de 1986, cuando se constituyó como movimiento político, se registraron 45 violaciones a los derechos humanos contra sus integrantes. La cifra crecía con cada mes de protesta.

Las acciones violentas en el Magdalena Medio y el nordeste antioqueño se dirigieron contra militantes del Partido Comunista, el MOIR, la Unión Patriótica, A Luchar, sectores del Partido Liberal, comités de derechos humanos y juntas cívicas. El objetivo declarado en la práctica era castigar a la izquierda social y política y clausurar su expresión en el espacio público. El exterminio no se limitó a militantes de la UP —el caso más conocido nacionalmente—, sino que se extendió al movimiento social más amplio, incluyendo a líderes religiosos como el sacerdote Bernardo López Arroyave, con más de quince años de trabajo pastoral y social en la región.

La lógica contrainsurgente operaba con un principio: no distinguir. La UP no era el aparato militar de las FARC, pero fue tratada como si lo fuera. A Luchar tenía cuadros del ELN, pero la enorme mayoría de sus víctimas no eran guerrilleros. La equivalencia entre organización legal y aparato armado, aplicada de manera indiscriminada contra toda la izquierda social, fue una construcción autónoma del proyecto paramilitar-militar que habría victimizado a la protesta social con o sin la infiltración guerrillera. En el caso de A Luchar, la construcción encontró en la porosidad orgánica del ELN un argumento adicional: los perpetradores pudieron señalar cuadros que efectivamente cruzaban ambas estructuras, y usar la constatación puntual para justificar el aniquilamiento del conjunto.

Barrancabermeja: el laboratorio urbano

Para entender por qué la lógica del doble uso hería tan hondo, hay que mirar Barrancabermeja. En los años ochenta, la ciudad petrolera funcionaba como epicentro urbano del Magdalena Medio y como laboratorio de una relación entre sindicato y movimiento popular que no tenía equivalente en el país. La USO mantenía su actividad sindical con el apoyo de sacerdotes de la diócesis local influenciados por la teología de la liberación. El sindicalismo petrolero y los movimientos populares funcionaban como entidades siamesas, con afinidades políticas que se expresaban en marchas, huelgas, paros coordinados de producción y comités cívicos.

Los comités cívicos de Barrancabermeja demandaban lo básico —agua potable, luz eléctrica, pavimentación, educación, salud— tanto a las autoridades municipales como a Ecopetrol, en un pulso permanente contra la empresa estatal y contra el municipio. La densidad organizativa, tejida durante décadas, era exactamente el sustrato sobre el cual A Luchar creció en la región y desde el cual se irradió hacia los municipios rurales del Magdalena Medio santandereano.

El ELN tenía en Barrancabermeja un vínculo histórico con la USO y con la diócesis, y ese lazo explicaba la naturalidad con la que sus cuadros circulaban por el movimiento popular urbano y rural. Pero la misma densidad organizativa que hacía viable la protesta la volvía identificable. La ciudad y su hinterland rural constituían un espacio donde cada dirigente tenía nombre, cara y municipio, y donde las estructuras paramilitares en expansión podían levantar listados con precisión. La ciudad quedaba fichada como blanco por lo que había construido.

El gobierno Barco: rehabilitación y guerra en la misma región

Virgilio Barco Vargas tomó posesión como presidente el 7 de agosto de 1986 y anunció un plan de rehabilitación nacional dirigido a los municipios más pobres, basado en la idea de que reducir la pobreza eliminaría la razón de existir de la guerrilla. Su política de paz exigía como requisito el cese de hostilidades a cambio de amnistías, seguridad y participación política para quienes se reincorporaran a la vida civil. En enero de 1989 se iniciarían formalmente las conversaciones con el M-19 —antecedidas por el secuestro y liberación de Álvaro Gómez Hurtado— que desembocarían en el acuerdo de paz de marzo de 1990. Y el 13 de marzo de 1988 se realizaron las primeras elecciones para designación de alcaldes por votación popular, resultado de una ley del gobierno anterior, que abrieron parcialmente los municipios a la disputa democrática.

En el Magdalena Medio santandereano, la política nacional se estrellaba contra la realidad regional. Mientras el gobierno hablaba de rehabilitación y negociación, el proyecto paramilitar avanzaba con apoyo militar y financiación de ACDEGAM, y el Ejército profundizaba los patrullajes conjuntos con estructuras irregulares. Las directrices presidenciales impulsaron algunas investigaciones sobre abusos de autoridades militares y grupos paramilitares en la región, a raíz de denuncias de distintos sectores, pero la maquinaria contrainsurgente sobre el terreno seguía operando. El paramilitarismo integró en los años ochenta a grandes empresarios, ganaderos y hacendados, al MAS y a elementos de la fuerza pública, configurando un proyecto narcoparamilitar consolidado en la región.

Para la dirigencia campesina de A Luchar, la contradicción tenía consecuencias concretas. El plan de rehabilitación llegaba a algunos municipios como oferta pública, pero la protección efectiva contra el asesinato selectivo no llegaba. Los paros de 1987 y 1988 exigían al Estado que interviniera y cumpliera: el Estado que respondía en el terreno era, con demasiada frecuencia, el que se coordinaba con los paramilitares.

Llana Caliente, 21 de mayo de 1988

Sobre la acumulación de tensiones —un ELN infiltrado en A Luchar sin transparencia hacia la base, un movimiento social movilizado y expuesto tras los paros, un dispositivo paramilitar en expansión formal desde 1988 bajo Isidro Carreño Estévez, un Ejército articulado con esas estructuras, un gobierno nacional cuya política de paz no llegaba al Magdalena Medio— se produjo la masacre de Llana Caliente.

El sitio, sobre el río Chucurí en jurisdicción de San Vicente de Chucurí, era territorio que Los Sanjuaneros habían transitado con influencia durante años y en el que consolidaban presencia permanente desde ese mismo 1988. San Vicente era, además, el municipio con mayor número de personas desplazadas del Magdalena Medio en los registros disponibles, con 1.026 personas, seguido de El Carmen de Chucurí con 904. El territorio estaba siendo vaciado sistemáticamente antes, durante y después de la masacre.

Ejército y estructuras paramilitares ejecutaron Llana Caliente de manera articulada contra campesinos vinculados al movimiento social que había liderado los paros del año anterior. La masacre operó en la línea que ya estaba probada en la región: los grupos paramilitares como método recurrente, con participación directa o indirecta de militares, del que la desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio en 1987 había sido uno de los casos más visibles. La coordinación operativa —patrullajes conjuntos, encubrimiento de miembros de la fuerza pública vestidos de civil, financiación e infraestructura provistas por ACDEGAM— no fue una anomalía puntual sino el modo de funcionamiento del dispositivo.

El efecto inmediato fue la desactivación de la dirigencia campesina en la zona. Los cuadros que habían organizado juntas, coordinado bloqueos y sostenido las asambleas durante los paros del año anterior fueron eliminados o forzados al desplazamiento. La combinación de asesinato selectivo y masacre, más las desapariciones acumuladas durante toda la década, cumplió el objetivo estratégico de clausurar la expresión pública de la protesta campesina en el Magdalena Medio santandereano.

El patrón se probaría a más largo plazo en el mismo eje regional. El 16 de mayo de 1998, un grupo de cincuenta paramilitares ingresó al sector noroccidental de Barrancabermeja, asesinó a once personas y secuestró a veinticinco acusándolas de ser simpatizantes de la guerrilla, desencadenando un paro cívico de cinco días. Aquella masacre urbana, una década posterior, tenía un linaje directo con lo que se venía cocinando desde comienzos de los ochenta y con la lógica que había desembocado en Llana Caliente.

La responsabilidad cruzada

Reconstruir Llana Caliente sin nombrar las tres capas de responsabilidad sería falsificar el episodio. La primera es la de los perpetradores directos: paramilitares organizados desde una inspección de policía en 1981, expandidos con apoyo militar y financiación gremial, articulados con el Ejército en patrullajes conjuntos y en encubrimientos operativos. Su responsabilidad es primaria e ineludible. Sin ellos, no hay masacre.

La segunda es la del Estado, cuya cara nacional prometía rehabilitación mientras su cara regional coordinaba operativos con estructuras irregulares. La responsabilidad no es solo de omisión: es de participación directa por vía del Ejército y de las policías locales, y de sostenimiento estructural por vía de la impunidad. Las investigaciones impulsadas desde la Presidencia tocaron algunos casos, pero no desmontaron el proyecto.

La tercera es la del ELN. Su responsabilidad no está en haber ordenado la masacre —no la ordenó— ni en haber ejecutado la violencia contra los campesinos —no la ejecutó—. Está en haber diseñado una relación con A Luchar en la que la frontera entre organización legal y aparato armado se difuminaba sin transparencia hacia la base civil, en haber impulsado paros y movilizaciones desde una estrategia político-militar que no asumía los costos que descargaba sobre los cuadros expuestos, y en haber tratado la autonomía política del movimiento como una desviación ideológica a corregir en lugar de una protección de sus militantes civiles. La aparición de guerrilleros junto a la marcha, la conformación de guardias populares y milicias, la superposición pública entre militancia legal y estructura armada —como el caso del militante identificado como periodista de A Luchar— entregaron a la contrainsurgencia el argumento de equivalencia que ya estaba dispuesta a usar de todos modos, pero que ahora podía sostener con casos concretos.

La equivalencia era falsa: la mayoría de A Luchar no era del ELN, y los cuadros infiltrados priorizaban con frecuencia el hecho político. Pero la contrainsurgencia no necesitaba pruebas de culpabilidad para actuar, como lo demuestra la victimización de la UP, del PC, del MOIR, del Partido Liberal en sus vertientes locales, de los comités de derechos humanos y las juntas cívicas. La infiltración del ELN en A Luchar no causó la violencia paramilitar, pero sí agravó y aceleró la exposición específica de la dirigencia campesina del Magdalena Medio santandereano, y facilitó el argumento con el que los perpetradores justificaron —hacia adentro y hacia afuera— el aniquilamiento del conjunto.

Después de la masacre

Llana Caliente no interrumpió el ciclo de movilización en el Magdalena Medio santandereano de manera definitiva —los paros continuaron, la USO siguió existiendo, Barrancabermeja siguió organizada—, pero sí clausuró la posibilidad de una dirigencia campesina rural articulada al movimiento nacional de izquierda en las condiciones en que había existido hasta 1987. Los cuadros que sobrevivieron se desplazaron, se replegaron o pasaron a otras formas de trabajo. A Luchar entró en su fase final: cuando un sector mayoritario decidió apoyar la Asamblea Nacional Constituyente, la cúpula del ELN abrió un debate interno sobre esa decisión, señal de la distancia irrecuperable entre el movimiento y su presunto brazo político legal.

La masacre documenta con nombres, fechas y municipios el modo en que el proyecto paramilitar-militar del Magdalena Medio operó contra la protesta social durante el gobierno Barco: no como excesos aislados de agentes descontrolados, sino como método sistemático articulado desde 1982 con apoyo institucional. El ELN no mató a los campesinos de Llana Caliente. Los expuso, los rentabilizó políticamente sin protegerlos y trató la autonomía política —la única herramienta que tenían para no ser confundidos con un aparato armado— como una traición. La contrainsurgencia, cuando vino a cobrar, cobró sobre la dirigencia legal del Magdalena Medio, no sobre los frentes armados que operaban en la selva.