Manuel Pérez Martínez

El sacerdote que llegó por Camilo Torres

Pérez pertenecía a una generación española de clero joven marcada por el Concilio Vaticano II y por la ola de renovación pastoral que ese concilio autorizó. La corriente que lo formó no fue la del seminario tradicional español, sino la de los curas obreros, los sacerdotes que asumían el trabajo asalariado y la vida en barrios populares como parte de su ministerio, y que en América Latina desembocaría muy pronto en la teología de la liberación. Esa teología —articulada a fines de los sesenta— postulaba la opción preferencial por los pobres y ubicaba la explotación producida por estructuras económicas injustas dentro de la categoría teológica del pecado. De ahí a leer la lucha revolucionaria como coherente con el Evangelio había un paso, y Pérez, como muchos de su generación, lo dio.

Llegó a Colombia hacia finales de los años sesenta, en un momento en que el clero colombiano tenía fama de ser, política y teológicamente, más conservador que el promedio latinoamericano. Se instaló en Cartagena junto con otros dos sacerdotes españoles, Domingo Laín y José Antonio Jiménez Comín, los tres para trabajar en los barrios pobres de la ciudad. Se vincularon al movimiento Golconda, la red de sacerdotes progresistas colombianos que en 1968 —reunidos en la finca del mismo nombre— firmaron un manifiesto en el que unos sesenta clérigos denunciaban la dependencia económica, la ausencia de reforma agraria, la pobreza estructural y lo que llamaban "violencia institucionalizada". El texto proponía romper la dicotomía entre lo sobrenatural y lo temporal: la Iglesia debía comprometerse con la realidad social o traicionar su vocación.

La militancia pastoral y política de los tres españoles en Cartagena resultó incompatible con el orden eclesiástico y estatal colombiano. Fueron expulsados del país a finales de los años sesenta. La expulsión, sin embargo, no fue una derrota que los devolviera a España: fue el detonante que los llevó de vuelta a Colombia, esta vez fuera de los hábitos y camino del monte.

La pieza que hacía imaginable ese salto tenía nombre propio: Camilo Torres Restrepo. El sacerdote bogotano había dicho su última misa el 27 de julio de 1965 y se había incorporado al ELN, entonces una guerrilla de dos años de existencia fundada en San Vicente de Chucurí. Camilo murió el 15 de febrero de 1966 en su primer combate, y esa muerte —lejos de cerrar una historia— la abrió. Su caída conmovió las conciencias de religiosos en Colombia y en el mundo, y articuló redes católicas camilistas que sostendrían el legado del ELN durante décadas. El propio Pérez explicaría más tarde que la decisión de él y sus dos compañeros de unirse al ELN se apoyó, en gran parte, en el precedente de Camilo: que un cura hubiera pasado por esa guerrilla les hizo creer que la participación de cristianos era posible sin traumatismos mayores. No entraron a fundar; entraron a continuar.

La guerrilla que encontró en 1969

El ELN al que Pérez, Laín y Jiménez se sumaron era una organización joven y ya en crisis. Se había fundado en 1964 en la región de San Vicente de Chucurí y Simacota, en Santander, por un núcleo de jóvenes colombianos que en 1962 habían viajado a Cuba y recibido entrenamiento guerrillero. Su primera acción de visibilidad fue la toma del casco urbano de Simacota, el 7 de enero de 1965, protagonizada por 22 combatientes. Doctrinariamente adoptó el foquismo cubano —la tesis de que un pequeño núcleo armado, moviéndose en el campo, podía desencadenar la revolución—, lo que la distanciaba del modelo de guerra popular prolongada del EPL maoísta y de la línea del Partido Comunista que seguían las FARC. Se definía como un movimiento de liberación nacional inspirado en la Revolución cubana, con un híbrido entre marxismo-leninismo y cristianismo comprometido que Camilo Torres había personificado durante sus meses en la organización.

Santander no había sido escogida al azar. En San Vicente de Chucurí quedaban exintegrantes de la guerrilla liberal de los años cincuenta encabezada por Rafael Rangel —entre ellos "La Mona Mariela"—, había cercanía a Barrancabermeja con su combativo sindicalismo petrolero, y estaba también Bucaramanga, epicentro estudiantil. El caldo social de la región alimentaba una organización que se pensaba a sí misma como puente entre obreros, campesinos y universitarios.

La muerte de Camilo en 1966 dejó al ELN sin su intelectual público más visible, y los años siguientes fueron de deriva. Se impuso una línea militarista, marcada por fusilamientos internos y por la lógica de supervivencia. En 1973 el golpe fue casi terminal. Entre agosto y el 19 de octubre de ese año, durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero, el Ejército ejecutó la Operación Anorí, un cerco de aproximadamente 48 días sobre las cuadrillas de los hermanos Vásquez Castaño en el nordeste antioqueño. Manuel y Antonio Vásquez Castaño murieron en la operación; Fabio Vásquez Castaño, comandante histórico, sobrevivió con paradero incierto y terminaría abandonando la conducción del grupo. El saldo del año siguiente a Anorí fue devastador: cerca de sesenta bajas guerrilleras, deserciones masivas, y una reducción del pie de fuerza de 270 a menos de 70 combatientes. A eso se sumó, en 1977, el llamado "Febrerazo" o "Anorí urbano": un operativo simultáneo de allanamientos y capturas que desintegró buena parte de la red de apoyo del ELN en Bogotá y otras ciudades. Al año siguiente fue asesinado José Manuel Martínez Quiroz, jefe nacional de la Red Urbana.

Este era el ELN al que Pérez había regresado clandestinamente al final de los sesenta y en el que sobrevivió los años setenta: una guerrilla al borde de la extinción, replegada en montañas de Santander, con menos combatientes que un pelotón de infantería regular. Los tres sacerdotes españoles cumplirían todos los códigos guerrilleros —muerte en el monte, en combate o por enfermedad— y de ellos solo Pérez llegaría a comandar la organización. Jiménez y Laín cayeron antes; el Frente Domingo Laín, uno de los pilares del ELN en Arauca, tomaría el nombre del segundo.

Del replanteamiento a la comandancia

Entre 1977 y 1983, el ELN se refundó. La corriente interna que lideró el proceso se llamó a sí misma "Replanteamiento", y su tarea fue doble: sacar a la organización de la lógica foquista militarista que la había llevado a Anorí, y reconstruir una base social y política a partir de sus escombros. Se realizaron la Primera Reunión Urbana Nacional en 1977 y la Segunda Reunión Nacional de Responsables en 1978. El triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, en julio de 1979, funcionó como estímulo ideológico externo: los sandinistas habían derrotado a Somoza combinando lucha armada con inserción de masas, algo que el ELN, encerrado en su foco, no había hecho. El propio proceso interno reconoció que "la lejanía de las luchas de las masas" había sido causa de la casi derrota.

En ese vacío de mando y en esa reorientación política se consolidó el liderazgo de Pérez junto con el de Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, un cuadro joven que había ingresado al ELN a los catorce años. La dupla Pérez-Gabino conduciría al ELN durante quince años. Su tarea inmediata fue recoger militantes en sectores que el ELN casi no había trabajado: cristianos vinculados a comunidades de base, sindicalismo independiente, campesinado costeño. Pérez se movió con el Frente Camilo Torres, que operaba en los límites entre Santander, sur de Bolívar y Cesar, y participó en la organización de campesinos y de sindicalistas mineros, palmeros y trabajadores de compañías lecheras del sur y centro del Cesar. Desde Barrancabermeja el Frente Camilo Torres se proyectó hacia la Serranía del Perijá y hacia municipios como Curumaní, Chimichagua y Pailitas.

La refundación tuvo su acto formal en la Reunión Nacional de Héroes y Mártires de Anorí, en 1983. Allí el ELN adoptó una estrategia de desdoblamiento —similar a la que las FARC habían decidido un año antes en la Séptima Conferencia— para doblar las estructuras existentes y expandirse hacia zonas de riqueza minera y explotación petrolera, buscando nuevas fuentes de financiación con apoyo de la población. La reunión dio el mandato; la coyuntura dio el objeto. En julio de 1983, apenas semanas antes de la reunión guerrillera, la compañía Occidental Petroleum había anunciado el descubrimiento del campo de Caño Limón, en Arauca, con reservas estimadas de hasta mil millones de barriles. Colombia volvería a ser exportador de petróleo en 1986. Y el ELN estaba en Arauca.

Petróleo, cinco frentes y una guerra que crece

La coincidencia entre la reunión de Anorí y el hallazgo de Caño Limón —ambos en 1983— es uno de esos cruces históricos en los que una decisión política se encuentra con una oportunidad material y el resultado desborda a cada uno de los factores. El oleoducto Caño Limón-Coveñas, de 800 kilómetros, se construyó en un tiempo récord de aproximadamente dos años cruzando la cordillera hasta la costa atlántica. Las contratistas alemana Mannesmann e italiana Sicim, encargadas de los tramos de construcción, se convirtieron en objetivos de extorsión y secuestro del ELN, que obtuvo así ingresos sin precedentes en su historia. El Frente Domingo Laín asumió el protagonismo en Arauca y, bajo su tutoría, se crearon frentes satélite alrededor del oleoducto: el Efraín Pabón Pabón, entre el sur de Norte de Santander y el norte de Boyacá, conformado entre 1985 y 1989 con las finanzas del oleoducto; el Armando Cacua Guerrero; y otras estructuras que terminaron integrando el Frente de Guerra Nororiental, consolidado en Arauca, Catatumbo, Santander y Cesar.

Entre 1983 y 1986, el ELN multiplicó por cinco su número de combatientes. Superó los 600 guerrilleros sin contar estructuras urbanas y abrió frentes en Valle del Cauca, Huila, Chocó, Boyacá, Santander, Cesar, Antioquia, Guajira y Cauca. En 1990 tenía presencia continua en toda la frontera nororiental con Venezuela, desde Arauca hasta La Guajira. Al final de los noventa contaba con cinco frentes de guerra, cuarenta frentes rurales, siete estructuras urbanas y más de 3.500 combatientes. En una década y media, una organización de menos de setenta hombres se había convertido en un ejército irregular con presencia en la mitad del país.

La expansión se apoyó en dos prácticas que Pérez, como comandante y como sacerdote, avaló y encuadró teóricamente: el secuestro y la voladura de infraestructura petrolera. La campaña "Despierta, Colombia, nos están robando el petróleo" convirtió los sabotajes al oleoducto en un discurso de soberanía nacional; los atentados al kilómetro 1000 de Caño Limón, atribuidos al Frente Domingo Laín, se leían internamente como golpes contra la entrega del subsuelo a multinacionales. El secuestro, empleado como fuente complementaria de financiación desde los años ochenta, se justificaba con la misma lógica redistributiva. Del ELN de los años ochenta y noventa se dijo con frecuencia que era la más ideológica de las guerrillas colombianas; también fue, en Arauca, la organización armada que entre 1979 y 1988 ejecutó 27 de los 39 ataques bélicos registrados en el departamento.

Aquí conviene detenerse. El crecimiento del ELN bajo Pérez es inexplicable sin la renta petrolera; cualquier organización armada instalada en Arauca en 1983 habría podido apalancarse en Caño Limón. Pero la escala del crecimiento y su carácter socialmente sostenido —el hecho de que la extorsión y el secuestro no aislaran al ELN de las bases sindicales y campesinas de la región, como sí ocurrió a otras guerrillas en otros territorios— no se explican solo por el dinero. La legitimidad moral que Pérez aportaba a la organización, heredada de Camilo Torres y del Manifiesto de Golconda, hizo políticamente sostenible ante sindicalistas petroleros, campesinos del Cesar y redes camilistas urbanas una economía de guerra que, sin ese envoltorio ideológico, se habría leído como pura depredación. Pérez no era el motor único del crecimiento, pero era la bisagra que convertía la renta en proyecto. Sin la teología, el ELN habría tenido dinero sin legitimidad popular; sin el petróleo, legitimidad sin escala. La combinación fue histórica.

El comandante ante los procesos de paz

Esa misma fusión explica la rigidez con la que Pérez enfrentó los sucesivos intentos de negociación política. Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), el ELN fue por primera vez reconocido como fuerza beligerante en Colombia, fruto de la política negociadora del presidente. Pero mientras las FARC firmaban los acuerdos de La Uribe y el M-19 y el EPL entraban en procesos de tregua, el ELN se mantuvo al margen: su reconstrucción interna estaba apenas empezando, su reunión estratégica era ese mismo año, y su comandancia no estaba dispuesta a canjear una recomposición todavía frágil por una desmovilización política.

En los años siguientes, mientras el M-19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT se desmovilizaban entre 1990 y 1991, el ELN se afianzaba en el nororiente y crecía. Bajo la conducción de Pérez, la organización desarrolló una doctrina de negociación que rechazaba la lógica de "entregar armas a cambio de reformas" y proponía en cambio una Convención Nacional: un mecanismo de diálogo amplio con la sociedad civil, previo a cualquier acuerdo de desarme, en el que se discutiera el modelo de país. La fórmula tenía raíces conceptuales en el pensamiento de Camilo Torres sobre poder popular, abstención electoral y democracia directa, ideas incorporadas al cuerpo ideológico del ELN.

Durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), el proceso tomó forma más concreta. En 1997 se autorizaron diálogos regionales entre gobernadores y grupos armados y se afianzó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ese año, en Viana, España, delegados del ELN y del gobierno firmaron un preacuerdo con acompañamiento internacional de España, México, Costa Rica y Venezuela; España como facilitador y anfitrión. El preacuerdo contemplaba una Convención Nacional simultánea a la terminación de la confrontación armada, e incluía un convenio por la vida y la humanización de la guerra en el marco del Derecho Internacional Humanitario, orientado a proteger a la población civil mientras persistiera el conflicto.

Pérez firmó como parte de la dirección del ELN. Pero el preacuerdo de Viana no prosperó, y su fracaso se atribuye a varias razones: la debilidad política del gobierno Samper, hundido por el proceso 8.000; la falta de consenso interno en el ELN entre quienes veían la negociación como oportunidad y quienes la leían como riesgo; y la propia arquitectura del proceso, que anteponía la Convención Nacional a cualquier cese al fuego, un secuencial que el Estado colombiano no estaba dispuesto a aceptar. La rigidez estratégica del ELN —esa insistencia en no separar lo político de lo militar, en no desmovilizar antes de haber transformado— fue precisamente el precio de la fusión que Pérez encarnaba. Un comandante puramente militar habría negociado mejor; un cura sin poder militar no habría tenido con qué negociar; Pérez, siendo las dos cosas, negociaba con condiciones que ningún gobierno colombiano de esa década estaba en capacidad de conceder.

La red: cristianos, sindicatos, montaña

La biografía política de Pérez es incomprensible si se la aísla de la red humana en la que operó. Domingo Laín, español como él, murió en combate antes de que la guerrilla creciera; su nombre marcó al frente araucano que fue eje de la expansión petrolera. José Antonio Jiménez Comín corrió una suerte similar. Los tres cumplieron el arco completo del militante: expulsión, retorno, monte, muerte en el monte. Ninguno regresó a España.

Junto a Pérez, Gabino encarnó la generación colombiana joven que asumió la conducción tras la crisis de los setenta; Antonio García y Francisco Galán completaron el círculo de comandancia que definiría al ELN de los años ochenta y noventa. Ninguno de ellos era sacerdote, pero todos operaban dentro del marco político-ideológico que la presencia de Pérez —y antes de Camilo Torres— había normalizado en la organización: el ELN era una guerrilla marxista donde la referencia cristiana no era ornamento sino cimiento.

Hacia afuera, la red se extendía sobre bases sociales concretas. En Barrancabermeja y su zona de influencia, el sindicalismo petrolero de la USO había sido interlocutor histórico del ELN; en el sur del Cesar y la Serranía del Perijá, los sindicatos mineros, palmeros y de compañías lecheras se organizaron en parte al calor del Frente Camilo Torres. En Arauca, el Frente Domingo Laín tejió relaciones con comunidades campesinas y con los sectores más movilizados de una región que la bonanza petrolera había transformado a la vez en riqueza y en zona de guerra. En las ciudades, las Comunidades Eclesiales de Base y las redes de solidaridad católica que se reclamaban herederas de Camilo Torres proveyeron cuadros, refugio y traducción política. Que Pérez fuera cura no era anécdota curricular: era el pasaporte simbólico que permitía a esas redes hablar con la guerrilla sin sentir que traicionaban su fe.

La muerte y la memoria

Pérez murió el 14 de febrero de 1998 —un día antes del aniversario número treinta y dos de la muerte de Camilo Torres— en la Serranía de San Lucas, víctima de hepatitis. Tenía 54 años y llevaba casi treinta en la montaña colombiana. La coincidencia de fechas no pasó inadvertida dentro del ELN, que la incorporó al panteón interno de la organización.

Su muerte no cerró un ciclo del ELN, pero sí cerró uno específico: el de la presencia de sacerdotes españoles en su comandancia, y con él, el del vínculo directo entre Golconda, el Concilio Vaticano II y la conducción de la guerrilla. Ninguno de los tres curas españoles que llegaron a fines de los sesenta regresó a España; ninguno se desmovilizó; ninguno murió fuera del monte. La generación clerical que había hecho del ELN un caso único en el continente se agotó biológicamente con Pérez.

Gabino asumió la comandancia formal en su reemplazo, y el ELN entró en las negociaciones fallidas con el gobierno de Andrés Pastrana con una arquitectura estratégica que Pérez había dejado firme y que no cambió: Convención Nacional primero, desmovilización después. Esa fórmula, sostenida durante los años siguientes, mantendría al ELN al margen de las desmovilizaciones sucesivas del paramilitarismo y de las FARC, y lo convertiría, entrado el siglo XXI, en la única guerrilla histórica colombiana que no firmó la paz.

El juicio sobre Pérez sigue abierto y probablemente lo estará por décadas. Para las redes cristianas comprometidas con la teología de la liberación fue un mártir tardío, el sacerdote que llevó la coherencia hasta el fondo. Para las víctimas del secuestro, de la voladura de oleoductos, de la extorsión a comerciantes y ganaderos del Cesar y Arauca, fue el jefe de una organización cuya legitimidad ideológica no atenuaba el daño concreto. Para la historia del conflicto armado colombiano, es la figura que muestra hasta qué punto la especificidad del ELN —su durabilidad, su carácter federado, su terquedad negociadora— fue producto de una fusión ideológica que ninguna otra guerrilla del hemisferio logró sostener con esa intensidad.

Un cura español, expulsado de Cartagena a fines de los sesenta, terminó comandando durante quince años a la segunda guerrilla de un país que no era el suyo, en nombre de un sacerdote colombiano muerto dos años antes de su llegada. Esa frase, escuetamente descriptiva, resume por qué la biografía de Manuel Pérez Martínez es también un capítulo de la historia religiosa, política y militar de Colombia en la segunda mitad del siglo XX. La organización que dejó atrás sigue existiendo, todavía en armas, todavía citando a Camilo Torres. La huella que él imprimió —doctrinal, moral, estratégica— está en el hecho de que, un cuarto de siglo después de su muerte, el ELN continúe siendo reconocible como lo que Pérez hizo de él.