Guerrilla liberal

La guerrilla liberal

La guerrilla liberal fue el conjunto de ejércitos irregulares que entre 1949 y 1953 sostuvo la resistencia armada del Partido Liberal contra la violencia oficial del régimen conservador en Colombia. Lejos de la masa dispersa de campesinos alzados que retrató el discurso oficial cuando la llamó "chusma", fue una constelación de comandos regionales, con doctrina escrita, jerarquías reconocidas y un programa que evolucionó de la defensa partidista hacia reivindicaciones agrarias propias. Su núcleo más numeroso, mejor armado y más articulado políticamente estuvo en los Llanos Orientales, donde llegó a expedir sus propias leyes y a proyectar un orden alternativo sobre casi la mitad del territorio nacional oriental. Su desmovilización bajo la amnistía de Gustavo Rojas Pinilla, entre agosto y octubre de 1953, marcó el fin de esa fase de La Violencia y, a la vez, el primer gran experimento fallido de justicia transicional del país: el Estado ofreció perdón sin desmontar las causas del alzamiento, y el vacío que dejaron las guerrillas liberales lo llenaron, en pocos años, formas de resistencia armada de inspiración comunista que prefigurarían el conflicto de las décadas siguientes.

El detonante y el paso a las armas

El 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en el centro de Bogotá. La revuelta que estalló ese día —el Bogotazo— fue espontánea, arrasadora en la capital y replicada en decenas de poblaciones, pero se diluyó pronto por falta de dirección organizada. El asesinato de Gaitán no fue el origen de La Violencia, que arrancó ya en 1946, sino su detonante mayor: puso fin abrupto al programa populista, radicalizó la persecución contra los sectores gaitanistas —cuyo exterminio había comenzado dos años antes— y trasladó al campo la conflictividad que la ciudad no supo canalizar.

En las veredas, la violencia tomó formas específicas y crueles. Los "Chulavitas" —policía política reclutada en Boyacá— y los "Pájaros" —sicariato conservador, cuyo emblema fue León María Lozano, "El Cóndor", operando desde el norte del Valle— quemaban casas, arrebataban tierras y asesinaban liberales en operaciones que combinaban lealtad partidista y despojo. Frente a ese terror, los campesinos liberales tenían dos caminos: resistir armados o perecer. Los seguidores de Gaitán conservaban en la memoria su consigna —"si avanzo, seguidme; si retrocedo, empujadme; si os traiciono, matadme; si muero, vengadme"—, y en varias regiones esa memoria se tradujo en autodefensa.

La escalada institucional cerró las salidas legales. En 1949, el presidente Mariano Ospina Pérez clausuró el Congreso y rompió el entendimiento mínimo entre los partidos tradicionales; Laureano Gómez avanzaba hacia la presidencia con un programa de reconstrucción del orden conservador por la fuerza. En noviembre de ese año, el Partido Comunista llamó a "la autodefensa de las masas", cuando en algunas zonas ya germinaba la resistencia liberal-gaitanista. Ese mismo mes, un intento insurreccional liberal en los Llanos Orientales —con tomas simultáneas de Villavicencio, Cumaral, Puerto López, Restrepo, Sabalarga y Barranca de Upía— fracasó cuando la Dirección Nacional Liberal, en Bogotá, retiró su apoyo y lo sustituyó por un paro pacífico. La cúpula liberal renunciaba a la vía armada; los llaneros, no.

Con Laureano Gómez ya en el poder, el gobierno decretó que quien se opusiera a las Fuerzas Armadas sería considerado "bandido", con lo que autorizó ejecuciones sumarias a discreción de los oficiales en el terreno. La medida, lejos de amilanar la rebeldía popular, la empujó hacia adelante: convertidos formalmente en bandidos por decreto, los alzados asumieron la condición de guerrilleros.

Los Llanos Orientales: el corazón del alzamiento

De los distintos frentes que se formaron, ninguno alcanzó la escala, la organización ni la duración del llanero. Casanare, Vichada, Meta y Arauca —una extensión mayor que varios países europeos, poblada por hatos ganaderos aislados, ríos navegables y sabanas de horizonte— resultaron un teatro ideal para la guerra irregular. La guerrilla llanera llegó a tener, según estimaciones máximas, alrededor de la mitad de los hasta 20.000 hombres en armas que pudieron existir en todo el país durante La Violencia, y demostró capacidad militar suficiente para atacar la base aérea de Palanquero, en Cundinamarca, y tomar poblaciones como Orocué, en Casanare.

Su composición social se lee mejor en el vocabulario del propio Llano, donde cada nombre cifra una posición precisa en la economía del hato. Abajo del todo, el conuquero trabajaba sin ganado propio y vivía bajo sospecha permanente de cuatrerismo: el patrón le registraba la vivienda con la naturalidad de quien vigila a un ladrón anticipado. Un peldaño arriba, el veguero —con algunas reses y una casa a la orilla del río, dentro del gran fundo— recibía del hacendado plátano y yuca a cambio de vacas viejas para carnear, en una permuta amañada que hacía las veces de salario. El vaquero, con caballo, silla y soga propios, tenía otra estatura social: era dueño al menos de sus herramientas. Sobre él, el caporal mandaba la peonada, conocía el ganado y el terreno, y por eso —cuando la guerra llegó a la sabana— pasó con naturalidad a jefaturas guerrilleras. Atravesándolo todo, el caballicero, casi siempre un muchacho, hacía de correo entre hatos y comandos en un mundo sin caminos. A este sustrato del latifundio ganadero se sumaron los campesinos desplazados por la violencia oficial y los deudos del terror chulavita. La guerrilla llanera no fue, entonces, una guerra de peones contra patrones: fue —al menos en su primera fase— una guerra en la que los hacendados liberales patrocinaron a sus propios trabajadores contra el gobierno conservador. Ese patrocinio marcaría, y limitaría, todo lo que vino después.

El alzamiento fue iniciado por Eliseo Velásquez a comienzos de los años cincuenta, en respuesta a la persecución del régimen. El sectarismo y los errores de su mando provocaron pronto la aparición de una alternativa: en Yopal, Casanare, se consolidó un comando dirigido por Guadalupe Salcedo Unda y Eduardo Franco Isaza, que asumió progresivamente el liderazgo del movimiento. En torno a ellos operaron otros jefes con territorio y hombres propios: Dumar Aljure, con dominio en el Ariari; Eduardo Nossa, en el piedemonte; Bernardo Giraldo, José Alvear Restrepo y Plinio Murillo, cada uno al frente de sus propias partidas, aliados unas veces y rivales otras del núcleo de Yopal.

Salcedo era natural de Santa Helena de Cusiana, en Casanare, y tenía sangre indígena llanera. Construyó su autoridad sobre una red de familiares y compadres extendida por las regiones de Maní, Cusiana, Guanapalo, Pauto y Cravo Sur hasta el río Meta. En un episodio célebre atacó San Luis de Palenque y dio muerte a veinticinco policías; de ahí le vino el apodo de "el Terror de los Llanos". Combinaba, con una franqueza que le costó tensiones con otros insurgentes, el robo de caballos y ganado con la acción militar: el abigeato era, en el mundo llanero, tanto una práctica ancestral como una necesidad logística, pero también una fuente permanente de fricción con los hacendados que financiaban la guerra. Su comando llegó a agrupar entre 2.000 y 3.000 hombres armados que alternaban las faenas rurales con las acciones militares —otras versiones elevan la cifra hasta cinco mil.

Las Leyes del Llano

Lo que distingue a la guerrilla llanera de cualquier otra insurrección de la época en Colombia es que se dio a sí misma una constitución. Abogados y dirigentes liberales que se habían sumado al alzamiento colaboraron con los comandantes para dotar al movimiento de un ideario preciso, y las conferencias de jefes guerrilleros expidieron dos documentos que la memoria conservó con el nombre de Leyes del Llano.

La Segunda Ley del Llano fue promulgada el 18 de junio de 1953, apenas cinco días después de que Rojas Pinilla tomara el poder. Reconoció formalmente a Guadalupe Salcedo como jefe de los combatientes revolucionarios y a Eduardo Franco Isaza como su jefe de estado mayor. La coincidencia de fechas no fue casual: el nuevo régimen abría una ventana negociadora, y la guerrilla se presentaba con una arquitectura institucional legible ante el interlocutor. Ya no era una banda; era un ejército con mando reconocido y con reglas propias.

Para entonces, un sector del movimiento había dado un giro decisivo. Desde 1952, algunos jefes —Salcedo entre ellos— habían declarado su lucha como una revolución con miras a derrocar al gobierno, y habían empezado a distanciarse de la línea dominada por los hacendados. Cuando las guerrillas asumieron banderas de defensa de la tierra y de los peones, la alianza inicial con los grandes propietarios liberales se resquebrajó: habían apoyado el alzamiento mientras operara como guardián de sus hatos frente al terror conservador, y dejaron de hacerlo cuando percibieron que las armas empezaban a apuntar también hacia adentro de la estructura de propiedad del Llano. Las Leyes le dieron al movimiento jerarquía, código y vocación de orden alternativo, pero no alcanzaron a resolver esa ambigüedad de base: eran demasiado radicales para los patronos liberales y todavía demasiado dependientes de la etiqueta partidista para formular un programa agrario propio. Cuando el Estado ofreció paz, esa fisura pesó tanto como la voluntad negociadora de los jefes.

Otros frentes: Santander, Tolima, Cundinamarca, la zona cafetera

Fuera de los Llanos, la guerrilla liberal se organizó en constelaciones regionales de perfil distinto, más fragmentadas, menos armadas y sin la doctrina escrita del núcleo llanero.

En el Magdalena Medio santandereano, Rafael Rangel dirigió un frente de considerable arraigo. Su base fue San Vicente de Chucurí y las vegas y montes donde la vieja economía cafetera y petrolera había dejado poblaciones combativas, curtidas en la organización sindical de Barrancabermeja y en la memoria de las huelgas bananeras y petroleras de las décadas anteriores. Rangel llegó a controlar extensas zonas del río Opón y del Carare, con una tropa que operaba en un terreno de selva húmeda y caños navegables muy distinto de la sabana llanera, y que se apoyaba en redes obreras además de las campesinas. Cuando llegó la amnistía, ese frente se desmovilizó con menos ruido que el llanero, pero dejó tras de sí un tejido de resistencia que reaparecería, una década más tarde, en las luchas agrarias del nordeste antioqueño y el Magdalena Medio.

En Cundinamarca, la Fuerza Aérea bombardeó el 2 de diciembre de 1952 la población de Yacopí, con el propósito explícito de acabar con el apoyo campesino a la guerrilla liberal local. El bombardeo de un poblado propio por el Estado colombiano marcó un salto en la lógica represiva: el gobierno de Laureano Gómez trataba a la disidencia armada como enemigo exterior.

En el Tolima, la guerrilla liberal se fragmentó en jefaturas regionales que apenas se coordinaban entre sí. José María Oviedo Arboleda, "Mariachi", mandaba en el norte con anclaje en Rovira y Roncesvalles; Leopoldo García, "Peligro", operaba en el occidente. Ambos terminarían pactando la paz por separado, síntoma de un movimiento tolimense que nunca alcanzó la centralidad de mando del Llano. Fue en el sur del departamento donde se produjo el fenómeno más denso y más lleno de consecuencias: en el paraje de El Davis, en las estribaciones de la Cordillera Central, municipio de Rioblanco, convergió desde 1950 la resistencia armada de liberales y comunistas.

En la zona cafetera —Quindío, Caldas, norte del Valle—, la guerrilla liberal fue más tardía y más difusa, atravesada por la particular ferocidad de la violencia bipartidista en las veredas cafeteras, donde el despojo de fincas fue la forma dominante de la persecución. Allí operaron partidas menores que solo se harían visibles después de la amnistía. La cuadrilla de Chispas inició su actividad en el sur del Quindío en 1953, ya bajo el Frente Nacional en germen, y hacia comienzos de 1956 contaba con ochenta integrantes, casi todos jóvenes hijos de jornaleros cafeteros que habían perdido tierras o parientes en los años más duros. Su trayectoria posterior —de guerrilla a banda, y de banda a discurso de clase— pertenece más al ciclo del bandolerismo que a la resistencia liberal original, pero su genealogía sigue estando en aquella persecución de mediados de los cuarenta.

Si se acepta la estimación máxima de 20.000 hombres en armas para todo el país durante La Violencia, y se atribuye la mitad a los Llanos, la otra mitad se repartió entre estos frentes, con densidades muy distintas de organización y de doctrina.

Limpios y comunes: la fractura del sur del Tolima

En El Davis se ensayó, entre 1950 y 1951, la única convergencia significativa entre las dos tradiciones armadas del campo colombiano. Liberales gaitanistas —llamados "Limpios"— y comunistas —llamados "Comunes"— compartieron territorio, logística y algunas operaciones. Hacia finales de 1951, sin embargo, la división se consumó. El sector propiamente llamado El Davis quedó bajo mando comunista, con Isauro Yosa —"Mayor Lister"— y Luis Alfonso Castañeda —"Richard"—, mientras que el sector vecino de La Ocasión quedó bajo mando liberal, con Gerardo Loaiza.

La ruptura tuvo un momento político preciso. El 15 de agosto de 1952 se reunió la Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional —conocida como Conferencia de Boyacá o Primera Conferencia Nacional Guerrillera—, con delegados de las guerrillas del Llano, Santander, Antioquia y Sumapaz. La alianza entre las dos vertientes tropezó allí con dificultades que impidieron la convergencia. Cuando los comunistas adoptaron el programa emanado de esa conferencia, la ruptura entre limpios y comunes en el sur del Tolima se hizo definitiva.

Las diferencias no eran cosméticas. Los limpios defendían la propiedad privada y la pertenencia orgánica al Partido Liberal; los comunes tenían un ideario propio, con una concepción distinta de la tierra y del enemigo. La separación fue devastadora en términos militares: la policía, el ejército y los grupos paramilitares aprovecharon el "boquete abierto" entre los dos sectores para realizar incursiones que no habrían sido posibles en zonas guerrilleras más cohesionadas —los propios Llanos, con toda su fricción interna, mantuvieron una estabilidad de control que el sur del Tolima nunca tuvo.

La fractura del Tolima tendría consecuencias que rebasarían con mucho a La Violencia. Campesinos del Cauca, del Huila y del Quindío militaron bajo guerrillas liberales y vivieron las disputas entre limpios y comunes. En los años sesenta, varios de ellos serían miembros fundadores de las FARC. Entre ellos, Manuel Marulanda Vélez —"Tirofijo"— y el "Mayor Ciro".

Los hacendados y los límites del pacto de clase

La estructura social del alzamiento llanero explica su alcance y su tope. Los grandes propietarios liberales patrocinaron la guerrilla mientras esta funcionó como guardián de sus hatos frente al terror conservador y al intento de "conservatizar" pueblos como San Martín —intento que Salcedo y Aljure, con apoyo hacendatario, lograron frustrar en la fase inicial de la rebelión, atacando sistemáticamente a los conservadores del piedemonte.

El núcleo dirigente de Yopal —Salcedo, Franco Isaza— había surgido, además, como crítica al sectarismo del mando de Velásquez, y se movió con margen frente a los patronos; pero nunca rompió formalmente con ellos, ni tuvo la fuerza social para hacerlo. El propio Salcedo encarnó la tensión hasta lo personal: su hábito del abigeato —justificable en el código llanero, insoportable para los dueños de hatos que financiaban la guerra— fue a la vez el signo de su autonomía práctica y la señal de que no se dejaría domesticar. Esa misma autonomía lo convirtió en el único jefe con estatura para imaginar una salida por fuera de la tutela hacendataria. Cuando Rojas Pinilla ofreció amnistía, Salcedo decidió negociar en nombre propio.

La amnistía de 1953 y la desmovilización

El 13 de junio de 1953, las Fuerzas Militares, con el teniente general Gustavo Rojas Pinilla al frente, derrocaron a Laureano Gómez. El nuevo régimen ofreció amnistía a los alzados y abrió, casi de inmediato, el camino de las negociaciones. La Segunda Ley del Llano, promulgada cinco días después del golpe, ya cifraba la disposición negociadora de la guerrilla llanera: no una capitulación sin condiciones, pero sí una apuesta por la salida política.

Los guerrilleros más articulados formularon un programa de condiciones esencialmente democrático —garantías políticas, sociales y económicas—, y exigieron la presencia de sus apoderados legales, el rechazo al desarme inmediato y otros requisitos que muestran una postura negociadora sin ingenuidad. Entre agosto y octubre de 1953, el grueso de las guerrillas llaneras entregó las armas. En seis semanas se reportaron alrededor de 3.220 guerrilleros rindiendo armamento, cifra que incluía una contraguerrilla conservadora que también fue desmovilizada.

Guadalupe Salcedo persuadió a sus hombres —algunas versiones hablan de hasta cinco mil, aunque las estimaciones más rigurosas los sitúan entre 2.000 y 3.000— de deponer las armas confiando en las promesas del Estado. Fue una decisión que cargaría durante el resto de su vida, breve.

En Cundinamarca, Juan de la Cruz Varela —jefe de la resistencia campesina del Sumapaz— hizo, a fines de octubre de 1953, una entrega distinta y políticamente calculada: entregó hombres —1.200, según la prensa— para neutralizar la presión militar sobre la región, pero guardó las armas para prevenir la reacción latifundista. Inauguró así lo que sus contemporáneos llamaron una "tregua" en el Sumapaz, más que una desmovilización. La diferencia con el Llano es reveladora: Varela desconfiaba de la palabra del Estado y protegió su capacidad de vuelta a las armas. Salcedo confió.

Guadalupe Salcedo y el símbolo del amnistiado traicionado

El 10 de mayo de 1957, la presión de calle y la desafección militar forzaron la caída de Rojas Pinilla. El bipartidismo retomó el poder y, poco después, Guadalupe Salcedo fue asesinado. Su muerte —cuya fecha, lugar y autores precisos varían según la memoria de cada región— lo convirtió en el símbolo del insurrecto amnistiado y traicionado por el poder, imagen que atraviesa toda la mitología política colombiana posterior. Había entregado las armas confiando en promesas del Estado; el Estado, cuando quedó sin garante militar, no protegió al hombre que había garantizado la paz llanera.

La leyenda de Salcedo —el llanero de sangre indígena, el Terror de los Llanos, el jefe que persuadió a miles de hombres a bajar de la sabana— fue quizá lo más duradero que la guerrilla liberal dejó en la imaginación política del país. Frente a Pedro Antonio Marín —el "Tirofijo" que sí sobrevivió, precisamente porque nunca terminó de fiarse—, Salcedo encarnó la figura opuesta: la del guerrillero que apostó por la política y perdió.

El Frente Nacional y los caminos posteriores

En 1958, la fórmula del Frente Nacional —alternancia y paridad entre liberales y conservadores— fue sometida a plebiscito y aprobada con más del 90% de los votos. Una de sus primeras iniciativas fue una nueva amnistía. La violencia puramente sectaria, que había resistido a la pacificación de 1953 en varias regiones, encontró en ese arreglo institucional su terminación formal. La reforma agraria pendiente desde la revolución en marcha de López Pumarejo quedó sin abordar; el despojo de tierras que había alimentado la guerra, tampoco; y la reincorporación de decenas de miles de excombatientes no recibió una respuesta estructural.

Los caminos posteriores de los guerrilleros liberales se bifurcaron con nitidez. Algunos sectores se transformaron en autodefensas o guerrillas de inspiración comunista. Desde la paz llanera de 1953, los comunistas habían llenado sistemáticamente el vacío dejado por la desmovilización liberal, expandiendo su influencia en el Sumapaz, en el sur del Tolima y en el norte del Cauca; entre 1958 y 1962, el Partido Comunista no logró unificar la orientación de sus guerrillas, pero mantuvo una política cíclica de autodefensa y guerrilla móvil que, sobre las poblaciones desplazadas por la violencia de mediados de los cincuenta hacia el alto Ariari y otras zonas de colonización, iría cristalizando en los enclaves que en 1964 confluirían en las FARC.

Otros sectores derivaron en bandolerismo, y este fue el rostro que la prensa y el discurso oficial del Frente Nacional privilegiaron. En el Tolima, Chispas, Sangrenegra, Desquite y Tarzán —antiguos guerrilleros liberales, o herederos directos de sus cuadrillas— protagonizaron un ciclo de violencia rural despojada ya de programa político, marcada por venganzas, secuestros y homicidios. El caso de Chispas es sintomático: inicialmente anticomunista, evolucionó hacia un discurso de clase —"pobres contra millonarios, oprimidos contra opresores"—, señal de que la frontera entre bandolerismo y politización tardía seguía siendo porosa y de que la etiqueta oficial de "bandido" ocultaba, en muchos casos, trayectorias todavía en mutación.

En el sur del Tolima, el linaje de los "Limpios" tuvo continuidad organizativa a través de agrupaciones campesinas que se identificarían décadas después como Autodefensas Campesinas del Tolima, y que en algunos casos terminarían absorbidas por dinámicas paramilitares posteriores. El itinerario completo —de guerrilla liberal a autodefensa campesina, y de allí a formas de organización armada de derecha— cerraría un círculo largo del que el país todavía no ha salido.

La trayectoria de Manuel Marulanda pertenece a este mismo mapa. La guerrilla que fundó en 1964 heredó cuadros, rutas, agravios y desconfianza acumulados en El Davis y en La Ocasión: hombres que habían empezado siendo liberales y terminaron, tras una amnistía traicionada, en una organización comunista, agraria y antiestatal.

La huella

La guerrilla liberal se recuerda mal en Colombia. La historiografía oficial y el discurso público la absorbieron durante décadas bajo dos categorías simplificadoras: la "chusma" del período álgido de La Violencia y el "bandolerismo" del Frente Nacional. Ambas etiquetas negaron la dimensión política del alzamiento y borraron la memoria de las Leyes del Llano, de la Conferencia de Boyacá y de la negociación de 1953.

El patrón inaugurado en el Llano se repitió con variaciones en cada desmovilización posterior: entrega de armas, promesas de reincorporación, asesinato selectivo de los amnistiados, migración de los sobrevivientes hacia nuevas formas de violencia. La Unión Patriótica, surgida en 1985 de los acuerdos entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, fue aniquilada por sicariato y persecución estatal en el curso de una década: miles de militantes asesinados, entre ellos dos candidatos presidenciales. El M-19, desmovilizado en 1990, vio caer a su candidato Carlos Pizarro pocas semanas después de la firma. El EPL, ese mismo año, perdió cuadros enteros de su reinserción a manos de sus antiguos aliados y de la reacción paramilitar. Los firmantes del Acuerdo de La Habana de 2016 llevan, hasta hoy, más de cuatrocientos asesinados. En todos esos casos se repite el gesto de 1953: el amnistiado que entrega el fusil y descubre que el Estado no está en condiciones de garantizar lo que su firma prometió. En ese linaje el capítulo llanero no es un antecedente pintoresco: es el molde.

Guadalupe Salcedo, muerto en 1957, sigue siendo la figura que condensa el capítulo entero. Llanero de sangre indígena, jefe de un ejército irregular con leyes propias, negociador de una paz que confió y perdió: el insurrecto que apostó por el Estado antes de que el Estado estuviera listo para responder.