Chulavitas

Los chulavitas

Los chulavitas fueron la fuerza parapolicial que el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez desplegó contra el liberalismo colombiano entre 1948 y 1953. No fueron una banda espontánea ni una expresión marginal del sectarismo rural: fueron agentes de policía reclutados por decisión oficial, uniformados por el Estado, pagados con recursos públicos y enviados a ejecutar una política deliberada de homogenización partidista del territorio. Su nombre proviene de una vereda del norte de Boyacá —Chulavita, en el municipio de Boavita— de donde procedía el grueso inicial de sus efectivos, campesinos de un sectarismo conservador tan enraizado que las identidades partidistas allí funcionaban, para sus contemporáneos, como si fueran étnicas. En su nombre se cifra toda su naturaleza: la conversión de un fanatismo local en política nacional. Entre el Bogotazo y el golpe de Rojas Pinilla, los chulavitas ejecutaron masacres, quemaron pueblos, arrojaron cadáveres a los ríos, arrebataron cédulas electorales, obligaron a huir a decenas de miles de campesinos liberales y forzaron el surgimiento de las guerrillas que darían origen, más tarde, al conflicto armado de larga duración. Fueron el brazo armado del régimen godo y, a la vez, la matriz de la que emergió una parte sustancial de la resistencia insurgente colombiana.

La vereda y el fanatismo

Chulavita es una vereda del municipio de Boavita, en el norte de Boyacá, una comarca de páramo y minifundio anclada en la falda occidental de la cordillera Oriental, cerca de El Cocuy y La Uvita. Sus habitantes eran conservadores sin fisura: la fidelidad partidista se transmitía como se transmite la lengua o el apellido, y las divergencias internas no eran vistas como debate político sino como traición comunitaria. Esa densidad ideológica hizo de la zona un laboratorio precoz del sectarismo godo. En una Colombia donde las identidades liberal y conservadora se comportaban como pertenencias casi étnicas —afiliaciones heredadas que definían con quién se comerciaba, con quién se casaban las hijas, en qué iglesia se rezaba—, Boavita representaba el extremo puro del polo azul.

La región vivió, durante la primera ola de la Violencia, ciclos de retaliación entre poblaciones vecinas de distinta filiación. En el corredor de El Cocuy, La Uvita y Boavita los ataques mutuos generaron una homogenización partidista forzada: las minorías políticas de cada pueblo fueron expulsadas o exterminadas hasta dejar territorios de un solo color. Ese aprendizaje veredal —la limpieza como método— sería después exportado al resto del país por los hombres que el gobierno reclutó allí.

Que el nombre "chulavita" haya circulado también en la forma "chulativa" indica su origen popular y despectivo. Fueron los liberales quienes primero lo usaron para designar a esa policía que llegaba desde el norte de Boyacá; los guerrilleros del Llano lo alternaron con otros apelativos —chulavos, chunchullo, guates, paisanitos, chatos, patones, indios— que revelan a la vez desprecio, distancia regional y la percepción de esos policías como cuerpo extraño enviado a doblegarlos. Un topónimo minúsculo terminó nombrando a toda una fuerza represiva nacional.

La conservatización de la policía

Los chulavitas como institución nacieron de un problema político concreto que enfrentó el conservadurismo tras recuperar el poder en 1946: la policía que había heredado era mayoritariamente liberal. Durante los dieciséis años de hegemonía liberal que terminaron con la elección de Ospina Pérez, los cuerpos de seguridad se habían llenado de agentes afines al partido de gobierno, y el nuevo régimen los recibía con desconfianza. Laureano Gómez lo formuló en una frase que resume la doctrina: habían recibido, dijo a Ospina, la herencia de una policía enemiga del nuevo régimen.

La conservatización de los cuerpos armados comenzó de manera gradual desde 1947, en paralelo al recrudecimiento de la violencia partidista en Boyacá, Santander y los Santanderes cafeteros. Pero fue el 9 de abril de 1948 —el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y la revuelta popular que siguió— el que convirtió la depuración en política de urgencia. Durante el Bogotazo, buena parte de la policía capitalina se sumó a la multitud enardecida, entregó armas a los insurrectos o simplemente desertó. La imagen de agentes uniformados marchando junto a los amotinados aterrorizó al gobierno conservador y confirmó su temor más profundo: que la revuelta social contase con complicidad institucional.

La respuesta fue reorganizar la policía desde sus cimientos. En una ciudad todavía humeante —El Tiempo tituló "Bogotá está semidestruida" y las estimaciones hablaban de más de cinco mil muertos en una capital de seiscientos mil habitantes—, Ospina Pérez decretó el estado de sitio en varias regiones e inició la sustitución sistemática de agentes liberales por campesinos reclutados en veredas conservadoras. Chulavita fue la principal cantera, pero no la única: todo el norte de Boyacá se convirtió en fuente de reemplazos. Los criterios de selección invertían los principios de un cuerpo profesional: no se buscaba imparcialidad ni formación, sino filiación partidista comprobada y disposición a la violencia contra el adversario.

Los nuevos policías fueron reclutados, según el lenguaje del propio gobierno, para "salvar al presidente Ospina". La consigna informal era más brutal y más precisa: matar campesinos liberales. Esa doble misión —protección del régimen y exterminio del enemigo político— definió su función durante los cinco años siguientes.

El despliegue nacional

La geografía de la Violencia coincide, punto por punto, con la geografía del despliegue chulavita. Desde los bastiones conservadores de Boyacá, Nariño y Antioquia, las comisiones armadas avanzaron hacia Tolima, Valle del Cauca y el Viejo Caldas. En esas regiones receptoras, los campesinos no hablaban de "cuándo empezó la Violencia" sino de "cuándo llegó la Violencia", y esa llegada tenía nombre y uniforme. La distinción es reveladora: en Boyacá y Nariño la violencia era endógena, producto de tensiones sectarias locales; en el Tolima, en el Valle, en Caldas y en Cundinamarca era importada, transportada por camiones de policía y ejecutada por hombres que hablaban con acento boyacense y no conocían el terreno donde mataban.

En el sur del Tolima, las comisiones desembarcaron desde 1948 en las regiones de Santiago Pérez, Planadas, Gaitania y Chaparral, zonas de colonización liberal reciente donde los colonos habían roturado montaña y sembrado café en tierras que los grandes propietarios conservadores reclamaban. El gran operativo contra los colonos liberales combinó masacres, quema de casas, robo de semovientes y expulsión sistemática. Yacopí, en el noroeste de Cundinamarca, fue arrasado casi por completo en 1952. En noviembre de 1950, el resguardo indígena de Ortega y Natagaima, poblado por descendientes pijaos históricamente liberales, fue incendiado y sus habitantes expulsados.

El modus operandi tenía una arquitectura reconocible. Las comisiones —unidades mixtas de policía uniformada y civiles armados, a menudo con apoyo del ejército— llegaban a pueblos y veredas inermes con la súbita brutalidad de un ciclón. Establecían líneas de demarcación política cuya transgresión se pagaba con la muerte. La violencia incluía formas atroces de mutilación y violencia sexual concebidas para transmitir un mensaje: quien no se declarara conservador o no huyera moriría de manera ejemplar. Las amenazas escritas se dejaban sobre pencas de mata de fique, con plazos exactos para abandonar el territorio. El fanatismo religioso, alimentado desde el clero local, envolvía el terror en un ropaje moral: matar liberales era, en muchas parroquias, un deber espiritual.

La disposición de los cuerpos revela la escala del exterminio y la voluntad de borrarlo. Los cadáveres se cargaban en volquetas y se arrojaban desde el puente natural de Pandi al río Sumapaz, o al vacío en los precipicios del sector de Profundos, entre Villarrica y Cunday, en el Tolima. En Boyacá, el alto de Buenavista, sobre la vía Miraflores–Páez, se convirtió en fosa a cielo abierto. La lógica era absoluta: no se admitían neutrales. Al opositor se lo "aplanchaba" —golpes, torturas, flagelación, suspensión por los brazos— hasta dejarlo exánime, y luego se lo remataba.

El marco político

Los chulavitas no operaron por su cuenta. Fueron el instrumento de una estrategia política diseñada, ejecutada y defendida desde la cúpula del Partido Conservador. Mariano Ospina Pérez, presidente desde 1946, autorizó su conformación como respuesta al miedo a la revolución social que el 9 de abril había hecho carne. Laureano Gómez, tras su regreso de Madrid a fines de 1948, dio a la política represiva su lenguaje y su intensidad. Su campaña acusando al Partido Liberal de poseer 1.800.000 cédulas falsas y de estar dominado por los comunistas convirtió al adversario en enemigo interior y legitimó, de facto, cualquier método para combatirlo. El efecto fue inmediato: en 1949, alcaldes conservadores, policía politizada y comisiones chulavitas procedieron en todo el país a arrebatar por la fuerza las cédulas electorales a los ciudadanos liberales, cerrándoles el acceso a las urnas antes de las elecciones presidenciales.

La instrumentalización no fue casual. La chulavita cumplía funciones que el aparato militar formal no podía o no quería asumir. El ejército, en la fase inicial de la Violencia, mantuvo una relativa distancia respecto a la persecución partidista: era percibido con menos hostilidad por sectores liberales y gaitanistas, y hubo tensiones institucionales entre el mando militar y la manipulación laureanista de los cuerpos de seguridad. Esa asimetría entre ejército y policía —uno todavía leal a una idea de institucionalidad, la otra convertida en brazo partidista— explica por qué la represión adoptó la forma de fuerza policial y no de operativo militar convencional. También explica que, cuando la crisis se hizo insostenible, fuera el ejército y no la policía el que resolviese el problema con el golpe de 1953.

Junto a los chulavitas surgió otro fenómeno emparentado: los pájaros, escuadrones de asesinos que operaron principalmente en el occidente del país, con lógica más civil que policial y con vínculos con hacendados y jefes conservadores locales. Chulavitas y pájaros eran ramas distintas del mismo árbol represivo, y en la memoria popular sus acciones a menudo se confunden porque las víctimas eran las mismas y el propósito era idéntico: quemar casas, tender emboscadas, perseguir a liberales, comunistas y sindicalistas, imponer por el terror una geografía política homogénea.

El terror y la huida

El resultado sobre el terreno fue un colapso masivo de la vida rural liberal. Campesinos que dormían en el monte, escondidos donde podían; cosechas destruidas para que la hambruna hiciera el trabajo que las balas no alcanzaban; familias enteras huyendo a pie hacia regiones que se creían más seguras. La violencia chulavita no solo mataba: desalojaba. Y ese desalojo tenía un objetivo económico además de político: liberar tierras para su apropiación por los vencedores.

El desplazamiento reorganizó el mapa social colombiano. Los liberales del Tolima, Cundinamarca y Boyacá que sobrevivieron a las comisiones huyeron hacia los Llanos Orientales —Meta y Casanare—, donde se unieron a las guerrillas incipientes o buscaron el olvido de la distancia. El movimiento repetía, casi cien años más tarde, el patrón de los patriotas criollos durante la Reconquista española de 1816: el Llano como refugio de resistencia frente a la represión originada en el altiplano. En San Martín, en el Meta, Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure, con apoyo de hacendados liberales, contuvieron el intento chulavita de conservatizar la región, obligando a los conservadores a atrincherarse en Restrepo, Acacías, Guamal y Cubarral. El Llano se convirtió así en el gran teatro donde la lógica del terror encontró resistencia armada organizada.

En el Eje Cafetero, la conexión entre acción chulavita y bandolerismo posterior queda documentada en trayectorias individuales. Teófilo Rojas, alias "Chispas", el bandolero que hacia 1956 comandaba una cuadrilla de unos ochenta hombres en el sur del Quindío, inició su actividad armada tras haber sufrido directamente la violencia de la policía chulavita en Rovira, Tolima. Su itinerario ilustra un patrón más amplio: la acción policial en el Tolima expulsó a sobrevivientes hacia el Quindío y Caldas, donde el conflicto se replicó bajo nuevas formas. De esa misma expulsión —de las familias arrinconadas en el monte, de las autodefensas que se armaron para no morir— surgiría la insurgencia que combatiría al Estado colombiano durante el medio siglo siguiente.

La chispa de la resistencia

La Violencia oficial creó, contra su propia intención, la insurgencia que combatiría a sus sucesores durante medio siglo. Ante las incursiones de chulavitas y pájaros, campesinos liberales sin formación política previa comenzaron a armarse con escopetas y a agruparse para defenderse. La autodefensa, primero puramente reactiva, se transformó en organización guerrillera cuando el Partido Comunista, a fines de 1949 y ante el intento de Ospina Pérez de imponer la ley marcial, ordenó a sus miembros alzarse en armas. Los líderes liberales imitaron la decisión, y en pocos meses ambos grupos tenían miles de seguidores armados. Antes del golpe de 1953, las guerrillas liberales de los Llanos Orientales dirigidas por Guadalupe Salcedo, apoyadas por grandes terratenientes liberales, contaban con entre dos mil y tres mil hombres.

En el sur del Tolima, la resistencia adoptó formas específicas. Pedro Antonio Marín —el joven campesino que años más tarde sería conocido como Manuel Marulanda Vélez, o Tirofijo— operó en las cuencas de los ríos Ata y Cambrín, aliado con Leopoldo García, "Peligro", y Efraín Valencia, "el general Arboleda". En El Davis, en el municipio de Rioblanco, se formó un núcleo guerrillero mixto que hacia finales de 1951 se dividió en dos sectores: los "Comunes", comunistas mandados por Isauro Yosa —"Mayor Lister"— y Luis Alfonso Castañeda —"Richard"—, y los "Limpios", liberales al mando de don Gerardo Loaiza. La ruptura definitiva entre ambos grupos se produjo cuando los comunistas adoptaron el programa aprobado por la Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional —conocida como Conferencia Boyacá— reunida el 15 de agosto de 1952, con delegados de las guerrillas del Llano, Santander, Antioquia y Sumapaz.

Esa "primera guerra" consistió en la persecución oficial contra campesinos de zonas comunistas y liberales y su desplazamiento sistemático fuera del alcance de los pájaros y la policía. De las familias refugiadas emergieron los campesinos armados del sur del Tolima que constituirían el núcleo fundacional de la insurgencia comunista colombiana. Las autodefensas del Alto Sumapaz, del Oriente y del Sur del Tolima —unas orientadas por el Partido Liberal, otras por el Partido Comunista— derivaron en las guerrillas que darían origen, más de una década después, a las FARC. La chulavita, sin proponérselo, fue partera de esa genealogía.

El desmonte y sus grietas

El golpe militar del 13 de junio de 1953 llevó al general Gustavo Rojas Pinilla al poder con el apoyo de líderes tanto conservadores como liberales en Bogotá, que veían en la intervención castrense la única salida a una espiral que amenazaba con destruir el país. El derrocamiento del gobierno Gómez–Urdaneta cerró oficialmente el ciclo chulavita: la policía dejó de ser instrumento de exterminio partidista y volvió, al menos nominalmente, a funciones institucionales. La amnistía ofrecida por Rojas a los guerrilleros fue aceptada por la mayor parte de los combatientes liberales, en particular por los del Llano bajo Salcedo. Otros jefes se acogieron individualmente, como Leonidas Borja, "El Lobo".

Pero el desmonte fue incompleto y desigual. Algunos comandantes rechazaron la entrega, considerándola una traición a los caídos. "Chispas" salió al sur del Quindío a continuar su actividad. Los guerrilleros comunistas, cuyo análisis político sostenía que la dictadura militar no resolvía los problemas del pueblo, quedaron en una situación extremadamente difícil: entregar las armas conquistadas al precio de la sangre de sus muertos les resultó inaceptable, y permanecieron en armas o replegados en regiones remotas. El balance de largo plazo del ciclo llanero fue amargo: los campesinos que apoyaron la lucha no obtuvieron beneficios concretos, mientras los grandes terratenientes, con apoyo militar, retuvieron el control de la región. La entrega de armas no fue la construcción de una paz sino el aplazamiento de un conflicto que reaparecería con otros nombres.

El Frente Nacional, en 1958, cerró formalmente la etapa bipartidista de la Violencia mediante el pacto de alternancia entre liberales y conservadores. La mayor parte de las guerrillas liberales se desmovilizaron. Las guerrillas comunistas, excluidas del poder compartido, permanecieron armadas, y a inicios de los sesenta vivían en comunas agrícolas en regiones remotas —Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz—, las llamadas "repúblicas independientes" cuya ofensiva militar en 1964 daría nacimiento formal a las FARC. La línea que une la vereda Chulavita con Marquetalia es larga, pero es continua.

La memoria y su disputa

Los chulavitas ocupan en la memoria colombiana un lugar peculiar: son, a la vez, hipervisibles y borrosos. Cualquier campesino del Tolima, del Sumapaz o del norte de Boyacá que viviera aquellos años supo qué eran y quiénes eran, y sus descendientes heredaron esa memoria en forma de miedo, de silencios familiares o de odios que atravesaron generaciones. En algunas familias, el odio del padre hacia la policía chulavita se anudó a la muerte de Gaitán, a los ataques que dejaron víctimas en la casa y al desplazamiento posterior: una cadena de dolor que muestra cómo la violencia partidista de mediados del siglo XX se prolongó en las trayectorias de desarraigo de las décadas siguientes.

En la historiografía académica, los chulavitas aparecieron con nombre propio por primera vez en la obra de Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, cuya circulación restringida generó rumores infundados de supresión gubernamental. Sus autores describieron la Violencia como fenómeno generalizado iniciado hacia 1948, con aproximadamente doscientos mil muertos y caracterizado por la extrema crueldad con que los violentos despachaban a sus víctimas, en su mayoría campesinos. Guzmán sostuvo, en particular, que todos los colombianos compartían responsabilidad moral por lo ocurrido, concebido como una falla en "el alma de la nación". El diagnóstico fue recibido con favor solo momentáneamente; muy pronto la responsabilidad conjunta se diluyó en recriminaciones partidistas, y luego en el olvido negociado que el Frente Nacional necesitaba para funcionar.

Ese olvido tuvo consecuencias historiográficas y políticas duraderas. Al pactar la paz sin verdad ni justicia, los partidos condenaron a la Violencia a un tratamiento oblicuo: se la reconocía como catástrofe pasada, pero se evitaba nombrar responsabilidades concretas, cadenas de mando, autores materiales. Los chulavitas quedaron así en una zona gris de la memoria oficial: demasiado documentados para negarlos, demasiado incómodos para procesarlos. Los relatos posteriores fueron precisando su papel, insertándolos en marcos analíticos que subrayaban la dinámica exclusivista, partidista y clientelista del sistema político colombiano como sustrato estructural del fenómeno.

Qué fueron, qué dejaron

Los chulavitas fueron, en primer término, una decisión de Estado. La conservatización de la policía entre 1947 y 1948 no ocurrió por deriva espontánea sino por acto deliberado de un gobierno que decidió convertir un cuerpo institucional en herramienta partidista. Reducirlos a "banda" o a "grupo de fanáticos" es una operación política que sirve para exonerar al aparato que los creó, los uniformó y los envió a matar. Fueron policía, y esa condición institucional es lo primero que hay que decir sobre ellos.

Fueron también más que una decisión de Estado. Su eficacia dependió del sectarismo preexistente y autónomo de las comunidades boyacenses que aportaron el recurso humano, del clero local que legitimó sus acciones desde el púlpito, de los alcaldes conservadores que les abrieron paso en los territorios de destino, de los hacendados que se beneficiaron económicamente de los desplazamientos. El régimen no fabricó el odio: lo encontró disponible en veredas donde llevaba generaciones cultivándose, lo institucionalizó, lo armó, lo pagó y lo proyectó nacionalmente. Dejaron entre cien mil y doscientos mil muertos —las cifras siempre serán aproximadas—, un desplazamiento masivo que reorganizó el poblamiento del país, municipios enteros convertidos en homogéneamente conservadores, regiones vaciadas de liberales, tierras cambiadas de manos por la vía del terror. Y dejaron, en el mediano plazo, la insurgencia armada: las guerrillas liberales del Llano, las autodefensas comunistas del sur del Tolima, la trayectoria de Marulanda desde Génova hasta Marquetalia.

Dejaron, sobre todo, un modelo. La fórmula chulavita —cuerpos formalmente estatales o tolerados por el Estado, reclutados según criterio de sectarismo, desplegados con misión de exterminio contra población civil identificada por su filiación política, con negación oficial de la cadena de mando— es la matriz de la que emergerán después otras experiencias del paramilitarismo colombiano en las décadas finales del siglo XX. No hay continuidad orgánica, pero sí genealogía política: los chulavitas mostraron que un Estado podía delegar la violencia en cuerpos de negación plausible, y esa lección se aprendió. Nombrarlos hoy con precisión —policía chulavita, fuerza parapolicial del gobierno de Ospina Pérez y Laureano Gómez, brazo armado del conservadurismo entre 1948 y 1953— es una operación historiográfica, pero también política. La vereda Chulavita sigue existiendo en el norte de Boyacá, pequeña y remota, y sus habitantes de hoy no cargan la responsabilidad de lo que hicieron unos policías que llevaron su nombre por el país hace tres cuartos de siglo. Pero el nombre quedó adherido a un episodio en el que el Estado colombiano uniformó una identidad partidista, la armó y la envió a matar. Ese es el hecho que la palabra sigue nombrando.