Gamonalismo

En Colombia, gamonal fue —y en muchos rincones sigue siendo— el nombre del hombre que manda en la vereda, en el corregimiento, a veces en el municipio entero: el que tiene la tierra, los votos, el oído del alcalde, la palabra que decide quién trabaja y quién no, y con frecuencia también la escopeta o el peón armado. La palabra circula desde mediados del siglo XIX como equivalente colombiano del cacique que se usa en el resto de Hispanoamérica, y el índice de la obra clásica de James Henderson sobre Colombia lo confirma con laconismo: "caciques, véase gamonales". Pero la sinonimia esconde una especificidad. El gamonalismo colombiano no fue un residuo señorial que la modernización habría de disolver; fue la infraestructura política real mediante la cual el Estado central se hizo presente y ausente en el campo, la correa que llevó a Bogotá los votos de la periferia y trajo de vuelta los cargos, las leyes y —cuando hizo falta— la fuerza pública. Del gamonal hacendado de 1840 al jefe clientelar del Frente Nacional y al político que en los años noventa pactaba con paramilitares, cambió el traje; el oficio, esencialmente, no.

Qué es un gamonal

El gamonal es un jefe político local o regional cuyo poder descansa en tres bases que rara vez se separan: la propiedad o el control de la tierra, la capacidad de movilizar electoralmente a quienes dependen económicamente de él, y una red de conexiones —letrados, comerciantes, curas, burócratas pueblerinos— que amplifica su influencia hacia arriba y hacia los lados. No es un funcionario, aunque a menudo ocupa la alcaldía; no es un terrateniente cualquiera, aunque casi siempre lo es; no es un caudillo militar, aunque en el siglo XIX muchos empuñaron las armas. Es una figura de intermediación: articula lo local con lo nacional y, al hacerlo, hace posible que un Estado central débil gobierne un país fragmentado por cordilleras, ríos y desconfianzas.

De ahí que el gamonal fuese, desde temprano, la bisagra del bipartidismo. Bajo su liderazgo se congregaban gentes de todas las condiciones económicas y sociales, y esa capacidad de agrupar hacia abajo fue precisamente lo que dio a los partidos Liberal y Conservador su estructura policlasista: no eran federaciones de ideas sino federaciones de facciones locales, y las facciones locales tenían nombre y hacienda. Cuando dos o más gamonales se coligaban por encima de sus veredas —hacia la provincia, hacia el departamento—, los partidos se articulaban; cuando reñían, se fracturaban. La política nacional colombiana, durante más de un siglo, fue en buena medida la suma agregada de esas alianzas y rupturas.

Conviene distinguirlo del caudillo. El caudillismo violento y romántico del siglo XIX, vinculado a sociedades agrarias tradicionales, se fue perdiendo con la modernización del Estado y el capitalismo. Pero el gamonal no era caudillo: era su reverso doméstico, la figura que no cabalgaba a la cabeza de un ejército sino que administraba la lealtad de un puñado de veredas. Por eso el caudillismo se extinguió con el siglo XIX y el gamonalismo, en cambio, mutó y sobrevivió.

Los orígenes: hacienda, tierra y baldíos

El gamonalismo tiene una fecha temprana. Ya en la década de 1840, en Mompox, se hablaba con naturalidad de "gamonales ministeriales" y "gamonales oposicionistas liberales": Ribón por los primeros, Martínez Troncoso por los segundos. Sus disputas eran entonces menos ideológicas que económicas y personales, pero de la coligación entre uno y otro dependió la articulación local y regional de lo que pronto serían los partidos Liberal y Conservador. Antes de que existieran plataformas doctrinarias, existieron los gamonales; el bipartidismo se construyó sobre ellos, no al revés.

Su base material fue la hacienda, y en particular el proceso mediante el cual la hacienda se apoderó de los baldíos. En la Costa Atlántica se conocía una modalidad de aparcería llamada pasto por tierra: el campesino tumbaba el monte, sembraba maíz y plátano durante uno o dos años, y al vencerse el plazo entregaba la parcela sembrada en pastos al terrateniente, que así habilitaba potreros a costo monetario mínimo. El colono había hecho el trabajo pesado —abrir la selva, esperar las primeras cosechas, aguantar la fiebre— y salía con las manos vacías o con una deuda. Porque a la aparcería se sumaban los avances, préstamos de víveres y semillas que el terrateniente adelantaba al colono y que este, con frecuencia, no alcanzaba a pagar: el resultado estructural era que la familia entera continuaba abriendo tierra en beneficio del hacendado, año tras año.

En el sur de Córdoba, el bajo Cauca y el Urabá antioqueño el patrón fue idéntico: las haciendas ganaderas se formaron mediante la tumba y quema del bosque concertada entre hacendados y terrazgueros, y la potrización del territorio —convertirlo en pasto para ganado— fue un esfuerzo del campesinado en favor de la hacienda. Quien quería una parcela propia debía irse más allá, a la frontera agrícola, para volver a empezar. Los colonos llamaron a la secuencia la ley de tres pasos: uno, el colono tumbaba el monte y habilitaba la tierra; dos, vendía las mejoras a bajo precio a un contratista o finquero; tres, un gran terrateniente se apropiaba de las tierras habilitadas para ampliar su estancia o montar una nueva hacienda. Al final del proceso, la hacienda era grande, el bosque había desaparecido y el colono seguía siendo pobre, empujado un poco más lejos.

Los grandes propietarios completaron el ciclo restringiendo el acceso de los campesinos pobres a los baldíos: si no había frontera abierta, había que quedarse como arrendatario. Miles de colonos fueron transformados así en fuerza de trabajo dependiente; otros, simplemente, fueron expulsados. Hacia 1935, en el Cauca, la formación simultánea de grandes propiedades y de un proletariado rural sin tierra era ya un hecho consumado. El gamonal, en el altiplano, en la sabana o en la ganadería costera, fue el articulador de ese doble movimiento: hizo la hacienda y, al hacerla, hizo también la peonada que la trabajaba.

La compra de la hacienda Marta Magdalena por la familia antioqueña Ospina, a los franceses, en 1913, marcó en el alto Sinú y San Jorge el inicio de una toma sistemática de la región por familias antioqueñas enriquecidas con la minería y el comercio. La operación culminaría en 1951 con la creación del departamento de Córdoba: un territorio nuevo, dibujado a la medida de un poder gamonal ya consolidado.

Los andamios: hacienda, política, redes

El gamonalismo no fue nunca una relación bilateral entre patrón y peón. Fue una red. La hacienda regulaba las relaciones de producción, pero también las sociales: de ella salían los hilos que ataban a los letrados que redactaban los contratos y las escrituras, a los comerciantes que compraban la cosecha, a los burócratas pueblerinos que expedían las certificaciones. De ese tejido surgían los poderes locales con los que el Estado central se veía obligado a negociar. El gamonal era "usufructuario del poder estatal, con las leyes, los jueces y la fuerza del gobierno a su favor". No era un rebelde ni un forajido: era el Estado en versión privada, con licencia para ejercerlo.

El caso de San Benito Abad ofrece una miniatura del mecanismo. Allí el hacendado liberal Gabriel Perdomo, varias veces alcalde, participó en usurpaciones del resguardo de Jegua y encarceló a campesinos de San Matías. La hacienda, la alcaldía y la coerción legal se combinaban en una sola figura: no hacía falta corromper al Estado porque el Estado era él, al menos en ese pedazo de la sabana.

La articulación regional siguió patrones distintos según la geografía. En Cundinamarca y Boyacá, en las antiguas provincias de Santa Fe y Tunja, las haciendas familiares y patrimoniales consolidadas desde el siglo XVII se convirtieron en el siglo XIX en el eje de la organización social, económica y política. El altiplano cundiboyacense —con su concentración de encomiendas, latifundios y haciendas de órdenes religiosas apoyadas en la mano de obra muisca— fue la cuna de los caudillos y el escenario de la mayor parte de las guerras civiles del país. En la Costa Atlántica, el gamonal se apoyó en la aparcería coercitiva y en la alianza con letrados y comerciantes de los pueblos. En el sur del Cauca, en el Patía, algunos inmigrantes blancos y mestizos transitaron durante el siglo XX de colonos a gamonales acumulando tierras y riqueza mediante actos coercitivos y violentos: una larga historia de dominio de clase, de concentración del poder y de creación de castas cerradas de terratenientes.

La Regeneración y la Hegemonía Conservadora

Con la Regeneración de Rafael Núñez y la Constitución de 1886 el gamonalismo cambió de escala sin cambiar de naturaleza. El Estado centralizado que se levantó entonces amplió los recursos fiscales disponibles y, con ellos, la capacidad de patronazgo del gobierno: el clientelismo regeneracionista fue, por eso mismo, más voraz y excluyente que el precedente. Los conservadores en el poder respaldaban firmemente los privilegios de la Iglesia católica —incluido su control sobre el currículo de educación pública— y basaban su visión política y económica en una concepción del hombre y la sociedad influida por el pensamiento católico y español. Caciques, gamonales y curas fueron, durante cuatro décadas y media, los tres pilares del orden social sobre los que se asentó la controversia partidista.

La sede del arzobispado de Bogotá funcionó como centro de la maquinaria electoral conservadora en los períodos electorales de la Hegemonía: allí se acordaba el candidato presidencial del partido, y ante la debilidad liberal el designado por el obispo solía considerarse presidente virtual, reduciendo las elecciones a un formalismo. La Hegemonía Conservadora se extendió de 1886 a 1930, y su final llegó justamente por una fractura en esa maquinaria: la incapacidad del obispo primado para unificar la candidatura conservadora facilitó el triunfo del liberal Enrique Olaya Herrera. Los gamonales seguían allí; el partido en el poder había cambiado.

Las redes clientelistas verticales de privilegio y patronazgo funcionaron durante todo el siglo XIX y buena parte del XX como el canal predominante que conectaba las regiones rurales remotas con la política nacional. Ese canal generó una identificación intensísima de las clases bajas rurales con los partidos, una identificación que no era ideológica sino personal: se era liberal o conservador porque el gamonal, el padre y el abuelo lo eran; porque el patrón lo era; porque el cura lo era; porque en la vereda del frente eran lo contrario. Esa identificación, y el sistema de ganador-se-lleva-todo que rigió el reparto de la burocracia estatal, cargaron el conflicto político colombiano de una intensidad especial: perder una elección local no era perder una posición, era perder el acceso al presupuesto, al empleo público, a la seguridad misma.

Resistencia campesina y erosión legal

El gamonalismo no fue nunca un orden pacífico ni estable. Fue un campo de disputa. Los grandes propietarios recurrieron a métodos violentos y extrajudiciales para desalojar colonos e invasores: tiraban semillas de pasto en las parcelas ajenas, soltaban ganado sobre las siembras, confiscaban productos, cortaban puentes, quemaban chozas, acusaban falsamente a los líderes de los colonos. Y los campesinos respondieron.

A comienzos de la década de 1930 el movimiento campesino había alcanzado una importancia política notable. De su seno surgieron figuras como María Cano, Ignacio Torres Giraldo, Erasmo Valencia y José Gonzalo Sánchez. Al mismo tiempo, el movimiento obrero vivía un período de ascenso con huelgas de dimensión política —la de las bananeras en 1928, la primera huelga petrolera en Barrancabermeja— y bajo los gobiernos liberales de Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo se reconocieron los derechos de organización y huelga con la Ley 83 de 1931. Sindicatos rurales y ligas campesinas se multiplicaron. Candidatos de ambos partidos buscaron capitalizar electoralmente el apoyo a los ocupantes de tierras.

En ese contexto entró en escena, decisivamente, una sentencia. La Corte Suprema de Justicia había establecido en 1926, y reiterado en 1934, que quien pretendiera ser propietario de un predio debía exhibir títulos que se remontaran a concesión de la Corona o de la República. Se la llamó, con razón, la prueba diabólica: casi ningún terrateniente colombiano podía cumplirla. La sentencia desestabilizó el orden mismo de la propiedad terrateniente y alentó invasiones de tierras y negativas de pago por parte de los arrendatarios en Sumapaz, Cundinamarca, el norte del Valle del Cauca y el Tolima.

La respuesta legislativa fue la Ley 200 de 1936, promovida bajo el primer gobierno de López Pumarejo. La ley reconoció los derechos de poseedores y ocupantes de tierras de buena fe y estableció ciertas trabas para el lanzamiento de colonos, pero al mismo tiempo subsanó el problema de los títulos para los terratenientes: sustituyó la prueba diabólica por el criterio de destinación económica, según el cual se acreditaba la propiedad mediante el uso productivo del predio. El artículo sexto, considerado el más revolucionario, preveía que las tierras ociosas debían ser explotadas en un plazo de diez años bajo pena de extinción del dominio. Sobre el papel, la ley amenazaba al latifundio improductivo; en la práctica, los resultados fueron contradictorios y la estructura de la propiedad territorial no cambió radicalmente. Pero el gamonalismo había sido puesto, por primera vez, a la defensiva: el Estado había reconocido que el colono tenía derechos, y el terrateniente había tenido que negociar su título.

La Violencia y la reconfiguración del poder gamonal

La represión bipartidista que se desató a partir de 1946, con el retorno conservador al poder tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948, encontró en el gamonalismo su instrumento y en la peonada rural su combustible. La Violencia fue, esencialmente, un fenómeno social que obedeció a la dinámica exclusivista, partidista y clientelista del sistema político tradicional: la alternación de los dos partidos en 1930 y 1946 desencadenó una lucha de vida o muerte de las bases partidistas por el control exclusivo del poder local, y esa lucha se libró en las veredas.

En el Valle del Cauca los mecanismos fueron particularmente visibles. Hacendados y terratenientes del partido conservador ejercieron coerción sobre la población para forzar cambios de adhesión política; obligaron a pobladores a firmar actas de renuncia al Partido Liberal —los llamados recalzados— bajo amenaza de desplazamiento o muerte. En el municipio de Bolívar, en el Valle, campesinos fueron obligados a firmar actas jurando adhesión al Partido Conservador, bajo la coacción de hacendados que conservarían el poder hasta la década de 1970. La violencia no fue caótica: fue política, ejecutada por gamonales sobre poblaciones que dependían económicamente de ellos.

Las cifras del período varían y siguen discutiéndose. Los cómputos clásicos hablan de 134.820 muertos entre 1948 y 1958, y la cifra sube a 200.000 si se incorporan heridos fallecidos y desplazados; estimaciones econométricas más recientes rebajan la mortalidad a unas 57.737 víctimas para 1949-1958, e incluso menos bajo supuestos conservadores. Cualquiera sea el número, fue una hemorragia rural sin precedentes.

De la violencia partidista surgió, en una segunda fase, el bandolerismo. Y aquí ocurrió algo que revela la naturaleza estructural del gamonalismo: los bandoleros —algunos de ellos brazo armado inicial de los propios gamonales— empezaron a desafiar a sus antiguos protectores. Efraín González ("Desquite") llegó a autoproclamarse Jefe Civil y Militar del norte del Tolima, en un gesto de autonomía impensable pocos años antes. Los gamonales, ante el desafío, descubrieron las ventajas de la centralización política y se plegaron a los planes de pacificación del Frente Nacional, tomando decididamente el lado del ejército. El Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), que había levantado banderas de sectarismo e inconformidad popular dando espacio político a los bandoleros en su primera fase, terminó dándoles la espalda: con el MRL murió el pasado guerrillero liberal. Los bandoleros, rotos los vínculos con propietarios y gamonales, quedaron enfrentados a un ejército que contaba con el apoyo de grupos de contrainsurgencia de Estados Unidos.

En las zonas cafeteras, donde los bandoleros tuvieron marcada presencia, a las motivaciones políticas se sumaron estímulos económicos: el boleteo, el secuestro. La violencia empezaba a mutar hacia la economía criminal. Y de las comunidades armadas organizadas alrededor de grupos influenciados por el Partido Comunista, con sus respectivas clientelas campesinas en zonas de frontera agrícola, surgieron las FARC tras la Operación Marquetalia en 1964. La liquidación del bandolerismo cerró la era de las guerras interpartidistas; ese cierre coincidió, sin resolverla, con la apertura de una guerra distinta.

El Frente Nacional y el clientelismo moderno

Cuando en 1958 liberales y conservadores acordaron alternarse la presidencia y repartirse por mitades el gabinete y las cámaras —un pacto consociacional aprobado por referéndum y llevado a la Constitución, vigente hasta 1974 y excluyente por ley de cualquier tercera fuerza—, lo que hicieron fue firmar una tregua entre las élites al precio de anular la competencia política. El enfrentamiento armado bipartidista cesó; también cesó, con él, buena parte de la política entendida como disputa por proyectos.

El gamonalismo prosperó en ese vacío. Al desaparecer la competencia entre partidos como motor de movilización, la política se convirtió en administración del reparto burocrático, y los partidos se volvieron federaciones de caudillos locales cuya fortaleza estaba dada por el control de sus electores y por la capacidad de usar el presupuesto como instrumento de manipulación electoral. El gamonal decimonónico, apoyado en la hacienda y la deuda, cedió el paso al político clientelar apoyado en el auxilio parlamentario, el cupo de empleos públicos, la baldosa para la escuela veredal y el cheque del contrato menor. Alimentándose del atraso y el desempleo de vastos sectores, y sobreviviendo gracias al desarrollo desigual de las regiones, el clientelismo operó como un sistema de seguridad social deformado en el que los partidos actuaban como intermediarios entre el Estado y unos ciudadanos que nunca eran del todo ciudadanos.

Al período entre 1970 y 1988 se lo ha llamado clientelismo moderno: la fase en que la maquinaria del reparto alcanzó su forma más acabada y también sus primeras grietas. La reforma que introdujo la elección popular de alcaldes en 1988, junto con la descentralización administrativa, dio un duro golpe a la parte local del encadenamiento clientelar: rompió lealtades cautivas, generó contrapesos, abrió posibilidades a fuerzas nuevas. La irrupción de la Unión Patriótica en concejos y alcaldías durante esos años contribuyó a descomponer las redes construidas durante el pos-Frente Nacional. Fue la primera erosión seria del gamonalismo en más de un siglo. También, como se vería pronto, la más letalmente resistida.

Clientelismo armado y parapolítica

A partir de 1988 —y hasta 2006, aproximadamente— se configuró en Colombia lo que se ha denominado clientelismo armado: un sistema en el que actores armados, guerrillas y paramilitares, asumieron funciones de regulación, mediación y control propias del Estado en los territorios donde este había cedido sus dominios. La prestación y contraprestación de favores y servicios —la vieja lógica clientelar— se mantuvo, pero ahora bajo amenaza de las armas. Los actores armados sustituyeron al gamonal donde el gamonal ya no bastaba, o se aliaron con él donde todavía servía.

Las condiciones para esa mutación se habían gestado antes. Durante el Frente Nacional se creó una batería de instrumentos que permitían la formación de autodefensas privadas conducidas por civiles y coordinadas por agencias de seguridad, diseño que sería fundamental para el ulterior desarrollo del paramilitarismo. En el Valle del Cauca, el ordenamiento territorial y social de las últimas décadas del siglo XX involucró la interacción y tensión entre gamonales locales, la Iglesia católica, el campesinado y sus organizaciones, la guerrilla, los narcotraficantes y los grupos paramilitares. El gamonalismo, en esa geometría, dejó de ser el único poder rural para convertirse en un socio más de la coalición armada regional.

La parapolítica, escándalo que estalló entre 2006 y 2010 al revelarse los pactos entre congresistas y grupos paramilitares, fue el resultado directo del clientelismo armado. No todos los congresistas establecieron esos acuerdos, y las investigaciones posteriores mostraron que la probabilidad de hacerlo dependía de la clase social del político y de la fortaleza de su vínculo con el centro político-administrativo del Estado: los más periféricos, los más dependientes del voto rural, fueron los más expuestos. Era una geografía reconocible. Era, con otros nombres, la vieja geografía del gamonalismo.

En perspectiva: el gamonal y sus primos

"Gamonal" se ha traducido con frecuencia como "cacique", y la equivalencia es útil pero engañosa. Comparado con el caciquismo mexicano y el coronelismo brasileño, el gamonalismo colombiano tiene rasgos propios que explican su extraordinaria duración.

En México hubo una revolución agraria que, como aspecto de una revolución burguesa más amplia, eliminó buena parte de la base terrateniente tradicional, permitió el desarrollo de un capital de Estado significativo y produjo mayores márgenes de autodeterminación política. En Colombia no hubo tal revolución. La consecuencia estructural fue profunda: los excedentes económicos no fluyeron desde el agro hacia la industria como en México, sino al contrario —la acumulación industrial tuvo que sostener, en parte, el desarrollo capitalista por la vía terrateniente. La hacienda no fue disuelta ni transformada; fue subvencionada. Y con la hacienda sobrevivió el gamonal.

El caudillismo latinoamericano del siglo XIX —del que Porfirio Díaz en México sería considerado un rezago tardío— se fue perdiendo a medida que crecieron los partidos políticos, se modernizó el Estado, se profesionalizaron los ejércitos y se expandió el capitalismo. El gamonal colombiano sobrevivió porque nunca fue caudillo: nunca aspiró a la presidencia armada, nunca comandó ejércitos regulares, nunca desafió al centro. Al contrario: se ofreció al centro como su corresponsal en la periferia, como el hombre con quien Bogotá podía y debía negociar. Esa modestia estructural fue su longevidad. En Colombia, además, las guerras civiles bipartidistas obligaban a los colonos a huir hacia zonas de colonización periférica para reconstituir comunidades en relativo aislamiento, lejos del reclutamiento de los ejércitos partidistas: cada guerra empujaba nueva frontera agrícola, y en cada frontera aparecía, tarde o temprano, un nuevo gamonal.

La huella

Hay una asimetría fundadora en el vínculo entre el Estado colombiano y su territorio: sin gamonales no hubo gobierno rural, y con gamonales no hubo Estado rural. La delegación fue el modo mismo de la presencia, y la presencia así delegada nunca dejó de ser un régimen indirecto. El notario, el alcalde, el juez municipal, el sargento de la policía subnacional no fueron —en la mayoría de las veredas y durante la mayor parte del siglo XX— agentes de una jerarquía burocrática que empezara en Bogotá y terminara en el corregimiento: fueron piezas de una red local sobre la que la jerarquía burocrática se limitaba a montarse. Toda reforma agraria, todo intento de racionalización administrativa, tropezó con esa realidad previa. La Ley 200 no repartió la tierra: la legalizó. La reforma agraria de los años sesenta se atascó en trámites que los mismos beneficiarios del atraso administraban. La descentralización de 1988 fue respondida con una ola de asesinatos que en poco más de una década aniquiló a la Unión Patriótica. El Estado central legislaba; el gamonal, en el terreno, filtraba.

Lo que llamamos mutación del gamonalismo no es entonces una historia de modernizaciones sucesivas, sino la historia de una función que aprende a vestirse con los materiales de cada época. La aparcería pasto por tierra fue reemplazada por el auxilio parlamentario; el auxilio parlamentario, por el contrato de obra municipal; el contrato, en las zonas más disputadas, por el pacto con el comandante paramilitar. Cambian los instrumentos y los idiomas —del derecho civil decimonónico al lenguaje del presupuesto público, del lenguaje del presupuesto al de la guerra—, pero la posición estructural es la misma: entre el ciudadano rural y el Estado se interpone un tercero que cobra peaje en votos, en lealtad, en silencio. Ese tercero es lo que ha impedido, más que cualquier ideología o cualquier insurgencia, la existencia de una ciudadanía plena en el campo colombiano.

De ahí que la categoría siga siendo operativa. Cuando el lenguaje corriente habla de "mafias regionales" que capturan alcaldías y gobernaciones, de "casas políticas" que heredan curules de padre a hijo, de "clanes" que controlan el voto en tal departamento, no está describiendo patologías nuevas sino la última encarnación de un oficio antiquísimo: el que Ribón ejercía en Mompox en 1840 y el que los Ospina inauguraron en el Sinú en 1913. El país tiene hoy una economía globalizada, una constitución garantista, una clase media urbana sustancial y unas tecnologías de la información que habrían sido inimaginables para el hacendado costeño del siglo XIX. Y aun así, en decenas de municipios, el voto se sigue negociando en una cocina, la contratación local se sigue decidiendo en una finca, el acceso a un empleo público sigue pasando por un apellido. La historia política de Colombia no se entiende sin el gamonalismo; su reforma tampoco. Y siglo y medio de leyes agrarias, reformas constitucionales y planes de pacificación indican que entenderlo, incluso bien, no ha bastado nunca para desmontarlo.