Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular (1958–1974)

Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular

En 1947, en un pueblo del Valle de Tenza llamado Sutatenza, un sacerdote joven —José Joaquín Salcedo Guarín— encendió un transmisor de baja potencia para hablarles a los campesinos de las veredas cercanas. De ese gesto local nació lo que en dos décadas se convertiría en el sistema de educación por radio más ambicioso del hemisferio: Acción Cultural Popular, ACPO, operando Radio Sutatenza como cadena nacional, con escuelas radiofónicas, cartillas, un semanario impreso, institutos de formación de líderes y una red de auxiliares parroquiales tendida sobre buena parte del país rural. Entre 1958 y 1974, mientras el Frente Nacional gobernaba Colombia bajo un pacto bipartidista que apenas rozaba la estructura agraria, ACPO fue el mayor esfuerzo sostenido por modernizar culturalmente al campesinado colombiano. Lo hizo desde la Iglesia católica, con auxilio del Estado y financiación internacional, y con una premisa que definió tanto su alcance como sus límites: que la ignorancia —no la tenencia de la tierra ni la desigualdad de ingresos— era la raíz del atraso y de la violencia en el campo. Esa premisa, compartida por buena parte del bloque dirigente del país, explica su éxito y también por qué su modelo empezó a agrietarse justo cuando el campesinado colombiano comenzó a organizarse por su cuenta.

El campo del que brota Sutatenza

Para dimensionar el vacío que ACPO vino a llenar, hay que mirar el estado del campo colombiano a mediados del siglo XX. El altiplano minifundista había llegado al límite de su capacidad productiva: la población aumentaba, las parcelas se fragmentaban por herencia, las herramientas seguían siendo el arado de madera y los rendimientos decrecían sin frontera agrícola disponible para expandirse. La sociedad minifundista quedaba culturalmente restringida al hábitat vereda-municipio, con horizontes de movilidad y acción colectiva estrechos por definición. El crecimiento demográfico generaba desempleo y subempleo que, en la práctica, alimentaba de mano de obra barata a los grandes propietarios cafeteros y ganaderos.

Sobre ese piso material se apilaba un déficit educativo estructural. El Estado colombiano había mostrado durante décadas una debilidad flagrante en instrucción pública: el gobierno central llegó a no incluir partida alguna para educación en el presupuesto nacional, y la escolarización dependía de departamentos y municipios cuyos recursos eran irregulares y a menudo ínfimos. La deserción escolar era mucho más aguda en las veredas que en las cabeceras, empujada por el trabajo infantil en las faenas agrícolas, las distancias enormes entre las casas y las pocas escuelas, y una pobreza tan absoluta que hacía difícil que las familias atribuyeran valor práctico a saber leer y escribir. Un dato basta para dimensionar la distancia entre la cultura letrada y el campo: el precio de un diario podía superar el de un jornal agrícola. Leer un periódico costaba, literalmente, un día de trabajo.

A esa pobreza estructural se sumó, entre 1949 y 1958, la violencia bipartidista: 85.144 víctimas en ese ciclo, y un diagnóstico que corría entre las élites con claridad brutal: aquello había sido posible, en gran medida, por la ignorancia del campesinado. El razonamiento —cuestionable pero dominante— trazaba una línea recta entre analfabetismo y matanza, y hacía de la alfabetización rural una urgencia política, no solo pedagógica.

En ese diagnóstico convergían dos actores. Por un lado, la Iglesia católica, aliada histórica del Partido Conservador, sabía que esa alianza le pesaba como una desventaja para trabajar con los sectores populares —en especial con trabajadores que tendían al liberalismo— y venía ensayando desde los años treinta figuras de acción social: la Acción Católica, creada oficialmente en 1933, jerárquica y clerical, más formalidad de control que instrumento de transformación; FANAL, impulsada en 1946 en el sector agrario como medida preventiva para frenar el avance del comunismo entre los trabajadores del campo. Los resultados eran desiguales. Por otro, un Estado que en 1954 apenas acababa de introducir la televisión bajo el general Gustavo Rojas Pinilla, y que veía en la radio uno de los tres desarrollos tecnológicos —junto al avión y la propia televisión— capaces de romper el aislamiento regional de un país partido por cordilleras. La radio ya había demostrado ese poder integrador transmitiendo el primer campeonato profesional de fútbol en 1948, el Concurso Nacional de Belleza en 1949 y la Vuelta a Colombia en bicicleta en 1951: cosía la nación por encima de valles y montañas.

Radio Sutatenza empalmó con las dos corrientes. Nació desde la Iglesia y usó la radio como el Estado no supo o no quiso usarla para el campo.

De la parroquia al sistema nacional

Cuando en 1958 Alberto Lleras Camargo asumió la primera presidencia del Frente Nacional, ACPO ya había dejado de ser una experiencia parroquial. Semanas después de posesionado, Lleras pronunció ante los micrófonos de ACPO un discurso dirigido al campo: dijo que la paz recién firmada entre liberales y conservadores debía beneficiar principalmente al mundo rural, porque allí se encontraban las víctimas más inocentes de la hegemonía política y de la dictadura. Que el primer presidente del pacto bipartidista escogiera esa emisora, y no la radio comercial ni una cadena estatal, para hablarle al campesinado, decía dos cosas a la vez: que Radio Sutatenza tenía una audiencia rural que ningún otro medio podía convocar, y que el gobierno del Frente Nacional la reconocía como interlocutora legítima con ese universo.

Sobre esa consolidación se montó el sistema completo. Su núcleo era la Escuela Radiofónica: pequeños grupos de campesinos reunidos en una casa vereda, alrededor de un receptor, con un auxiliar inmediato —a menudo alguien mínimamente alfabetizado— que guiaba la lección, y con cartillas impresas que sincronizaban el trabajo con la voz que salía del aparato. La alfabetización estaba en el centro, pero no era el único contenido: el modelo articulaba lectoescritura, aritmética elemental, nociones de salud e higiene, técnicas agrícolas y formación espiritual, dentro de una arquitectura pedagógica que ACPO conceptualizó como un conjunto integral orientado a la transformación del campesino. Entre 1958 y 1962, esa alfabetización fue explícitamente concebida como base de tal transformación: aprender a leer no era un fin en sí, sino el umbral de un cambio cultural más amplio.

La expansión territorial fue rápida. Para 1960–1965, las Escuelas Radiofónicas de ACPO estaban activas en las parroquias de la diócesis de Socorro y San Gil, en Santander, y su presencia se extendía por Boyacá, Cundinamarca, las zonas cafeteras de Caldas y Antioquia, y sectores del Caribe rural, en articulación estrecha con la red parroquial: los párrocos servían como enlaces naturales, los auxiliares se reclutaban entre feligreses de confianza, la misa dominical era ocasión para promover la escucha. El sistema funcionaba porque replicaba la geografía institucional que la Iglesia ya tenía tendida sobre el país: donde había parroquia, podía haber escuela radiofónica.

El sistema no se detenía en la radio. El semanario El Campesino —definido editorialmente como "Semanario para la cultura del pueblo"— circulaba entre los alumnos y egresados de las escuelas radiofónicas, prolongando en tinta lo que la voz iniciaba en el aire. Para junio de 1983 llevaría acumuladas más de 1.270 ediciones, con casi 25 años de labor ininterrumpida, lo que sitúa su fundación hacia 1958, en sincronía con la consolidación nacional del sistema. Sus páginas mezclaban lecciones prácticas de agricultura, orientaciones morales, noticias del país filtradas para el lector rural, caricaturas e ilustraciones de Hernández, y un "Consultorio Psicológico" a cargo del psicólogo Rafael Prada que se convertiría en una de sus secciones más solicitadas. La diagramación se fue puliendo con los años sin alterar la estructura básica: un periódico sugestivo y funcional, pensado para ser leído en voz alta en las cocinas veredales.

A radio y prensa se sumaron los institutos de formación de líderes campesinos —los "campesinos representantes"—, discos, folletos, un aparato editorial completo. Hacia finales de los años sesenta, ACPO se volvió un caso de referencia latinoamericano en el naciente campo de la "comunicación para el desarrollo": el sistema fue evaluado en 1971 como medio de comunicación al servicio del desarrollo rural, y en 1975 quedó incorporado a la cartografía continental de la estructura social y la comunicación para el desarrollo en América Latina. Ese reconocimiento internacional no era casual: pocos experimentos en la región combinaban esa escala, esa continuidad y esa integración multimedia.

Lo que enseñaba Sutatenza

La pedagogía de ACPO se organizaba alrededor de un núcleo doctrinal que la organización llamó los cinco elementos fundamentales —salud, alfabeto, número, trabajo y espiritualidad—, presentado como una totalidad integrada de la vida campesina que el sistema aspiraba a modernizar sin fragmentar. La formulación tenía sofisticación pedagógica: al ligar la lectoescritura con la salud del cuerpo, la técnica agrícola y la vida espiritual, la propuesta rehuía la alfabetización mecánica y aspiraba a una educación integral.

Pero esa integralidad tenía un contorno preciso, y ese contorno importa. La transformación que ACPO promovía era del sujeto campesino —sus hábitos, su higiene, sus técnicas de cultivo, su horizonte cultural, su vida moral—, no de la estructura en la que ese sujeto vivía. Un campesino alfabetizado, higienizado y devoto seguía siendo un campesino con la misma parcela insuficiente o el mismo trabajo precario en la hacienda vecina. Las cartillas enseñaban a leer y a mejorar el rendimiento del predio; no discutían por qué el predio era de ese tamaño ni por qué había predios de otro tamaño al lado. La categoría "trabajo" apuntaba al esfuerzo individual y a la técnica, no a la relación social del trabajo. La "espiritualidad" reforzaba la pertenencia católica, que era precisamente el terreno que la Iglesia sentía disputado.

Esta arquitectura coincidía con un diagnóstico que circulaba por buena parte del país letrado. La violencia rural de 1949–1958 se atribuía en gran medida a la ignorancia del campesino. Lleras Camargo hablaba, ante los micrófonos de ACPO, de víctimas inocentes que necesitaban paz y educación. La premisa compartida —que el problema del campo era, ante todo, un problema de cultura y no de propiedad— hacía de la alfabetización un sustituto simbólico plausible de la redistribución. No era necesario que ACPO firmara un pacto explícito con el Frente Nacional para que ambos operaran en la misma dirección: bastaba con que compartieran el mismo diagnóstico epocal.

El vacío estatal que ACPO llenó

Sería injusto, y también falso, presentar el modelo de ACPO como el desplazamiento de una alternativa estatal robusta. Durante todo el período del Frente Nacional, el Estado colombiano fracasó de manera reiterada en sus propias campañas de alfabetización rural, y ese fracaso es parte esencial del contexto.

El plebiscito de 1957 había establecido que los presupuestos públicos destinaran al menos el 10% a educación, lo que garantizó un crecimiento sostenido del sector. Pero el crecimiento fue urbano. En 1963 se construyeron 1.290 aulas urbanas frente a solo 483 rurales: casi tres a uno en contra del campo. El déficit de maestros rurales —tanto en número como en formación pedagógica— fue descrito como deplorable. En 1962, un decreto obligó a los alumnos de quinto y sexto de bachillerato a dedicar horas a alfabetizar iletrados: se cumplió en grado mínimo. En 1969, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo declaró la campaña Liberación por la Educación y creó una División de Educación de Adultos en el Ministerio de Educación, pero no giró los fondos necesarios; los adultos alfabetizados fueron pocos y los resultados quedaron muy por debajo del anuncio.

Frente a esa cadena de campañas oficiales incumplidas, ACPO operaba con continuidad, disciplina institucional y financiación estable —parte del Estado, parte de la cooperación internacional católica, parte de las propias parroquias—. Donde el Ministerio anunciaba y no ejecutaba, ACPO transmitía todos los días. Donde el bachiller obligado no aparecía en la vereda, el auxiliar parroquial sí. Donde el aula rural no se construía, había un receptor de radio y una cartilla. Esa asimetría no fue accidente: fue la condición material del éxito de ACPO. La Iglesia estaba dispuesta a hacer lo que el Estado no lograba hacer, y esa disposición le daba una autoridad cultural sobre el campo que ninguna otra institución podía disputarle.

Que ese vacío fuera real no invalida la lectura política de lo que ACPO hacía con él. Llenar un vacío es, siempre, ocuparlo con contenidos determinados. Y los contenidos con que ACPO llenó el vacío educativo rural eran los de una modernización tutelada por la Iglesia, coherente con la premisa de que el campesinado necesitaba cambiar sin que cambiara la estructura agraria.

La disputa por el campo: reforma agraria y organización campesina

Entre 1958 y 1974, el campo colombiano no fue solo objeto pasivo de alfabetización: fue un campo en disputa. Y ACPO no fue el único actor que intentó modelar al campesinado.

Alberto Lleras Camargo sancionó en 1961 la Ley 135, que celebró como el momento culminante de su gobierno. La ley diseñaba una reforma agraria dirigida a atender a los campesinos con parcelas insuficientes y a los trabajadores sin tierra, aunque sin afectar gravemente los patrones de producción existentes. Enfrentó desde el primer día la resistencia activa de los grandes propietarios, y su implementación fue lenta y desigual. Durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966–1970), el Estado intentó darle un segundo impulso, y en ese mismo esfuerzo impulsó desde 1958 —y con particular energía a finales de los sesenta— las Juntas de Acción Comunal como escenarios de organización y participación de las comunidades rurales, reforzando prácticas solidarias preexistentes como las mingas y la mano prestada.

El 20 de julio de 1970, a un mes de terminar el gobierno de Lleras Restrepo, se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC. Para entonces, las asociaciones campesinas contaban casi con un millón de afiliados —un líder del movimiento citaba más de 800.000—, cifra que da la medida del giro: por primera vez en el siglo, el campesinado colombiano tenía una organización nacional propia, con capacidad de tomar tierras, negociar con el Estado y disputar autonomía política.

Ese mismo período —los años en que la Ley 135, Carlos Lleras Restrepo y la ANUC empujaban, con todas sus contradicciones, hacia una organización campesina más autónoma y hacia una redistribución modesta de la tierra— fue el de mayor despliegue de ACPO. La coincidencia no es una acusación: es un dato. Mientras un sector del Estado intentaba, entre resistencias, transformar la estructura agraria y dotar al campesinado de organización propia, ACPO transmitía todos los días un mensaje distinto: que la transformación pasaba por el sujeto, no por la estructura; por la cartilla, no por la titulación; por el auxiliar parroquial, no por el líder de usuarios.

A esta tensión se sumó otra, interna a la propia Iglesia. Camilo Torres Restrepo, sacerdote y sociólogo formado en Europa, encarnó desde comienzos de los sesenta una corriente radicalmente opuesta al modelo de control social que la Acción Católica y ACPO representaban. Buscó unir grupos revolucionarios más allá de la ideología y trabajó con campesinos, obreros y estudiantes hasta su muerte en la guerrilla en 1966. Su obra encontró intensa oposición de los intereses creados de la Iglesia y del Estado, y esa oposición señalaba con crudeza el borde del modelo dominante: para la jerarquía católica, el problema no era solamente el comunismo externo, sino la posibilidad de que sacerdotes y laicos comprometidos con el cambio social empujaran a la propia Iglesia fuera del papel tutelar que se había asignado. En 1967, la sociología colombiana empezaba a mirar al campesinado como sujeto, no solo como objeto de intervención, y a nombrar la disputa desde la categoría de subversión.

Durante el Frente Nacional, la jerarquía eclesiástica fue incapaz de manejar creativamente el fenómeno de los curas rebeldes, lo que perjudicó tanto a la Iglesia como a la democracia colombiana. El modelo con que la institución estaba acostumbrada a funcionar frente a la sociedad —jerárquico, tutelar, mediador— dejó de ser eficaz cuando desapareció el consenso interno sobre cuestiones socioeconómicas y políticas. En ese cuadro, ACPO representó la apuesta institucional más elaborada por prolongar el modelo tutelar bajo formas modernas. No enfrentaba a los curas rebeldes con anatemas; los enfrentaba con transmisores, cartillas y semanarios.

El ecosistema mediático y el modelo desarrollista

ACPO no operó en un vacío comunicativo. Los años del Frente Nacional coincidieron con la expansión de un ecosistema radiofónico y televisivo denso, cuyo pulso definía qué contaba como modernización. La radio ya transmitía sesiones del Congreso, radionovelas, conferencias políticas, campeonatos deportivos, concursos de belleza. En la costa Caribe, las élites preferían música clásica, pianos y guitarras, mientras los géneros mexicanos y cubanos dominaban las emisoras y la música de acordeón —el futuro vallenato— seguía siendo, al menos durante los cuarenta, una rareza que apenas llegaba al dial y solo se disfrutaba en vivo. La radio construía nación, sí, pero desde una jerarquía cultural precisa, y ACPO se insertaba en esa jerarquía ofreciéndole al campesino una voz que le hablaba directamente en su clave.

El marco intelectual que legitimaba esa operación era el de la comunicación para el desarrollo, un paradigma que en los años sesenta y setenta se expandió por América Latina con el respaldo de organismos internacionales y de la propia agenda desarrollista de la Alianza para el Progreso. La premisa —que los medios masivos podían acelerar la modernización de sociedades tradicionales difundiendo conocimientos, actitudes y prácticas modernas— se ajustaba como un guante a lo que ACPO ya venía haciendo. Las evaluaciones latinoamericanas del sistema, en 1971 y 1975, se movieron dentro de esa clave y situaron a Sutatenza en el mapa continental de los casos de referencia.

Contra esa corriente empezaba a levantarse otra, cuya figura emblemática fue Paulo Freire. La pedagogía del oprimido proponía justamente lo contrario: que la alfabetización no era transferencia de contenidos desde un emisor culto a un receptor ignorante, sino un proceso dialógico en el que el sujeto se politizaba al leer su propia realidad. Que ACPO haya sido leída, en América Latina, dentro del paradigma desarrollista y no dentro de la corriente freireana es significativo: su modelo asumía al campesino como destinatario de un mensaje elaborado por otros, no como productor de su propio proceso de lectura del mundo. La cartilla enseñaba a leer palabras; no invitaba a leer relaciones sociales.

Por qué el modelo se agrietó

Hacia 1974, cuando terminó el Frente Nacional y comenzó el gobierno de Alfonso López Michelsen —quien años antes había caracterizado ese pacto como un régimen de partido único sin oposición real—, el sistema ACPO seguía funcionando con toda su maquinaria, pero las condiciones que le habían dado sentido empezaban a erosionarse. La ANUC, aunque pronto fracturada por sus propias tensiones internas y por la reacción estatal, había demostrado que el campesinado podía organizarse sin tutela clerical. La urbanización acelerada transformaba el mapa: entre 1951 y 1964, la agricultura absorbió apenas el 29,3% del aumento poblacional, mientras las actividades no agrícolas absorbieron el 70,7%, y la migración rural hacia las ciudades desbordaba la capacidad de absorción productiva de estas, concentrándose sobre todo en el sector servicios. El campesinado que ACPO había construido como destinatario —arraigado a la vereda, culturalmente restringido al hábitat vereda-municipio— se estaba disolviendo demográficamente.

La Iglesia misma se transformaba. El Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín de 1968 habían legitimado, al menos parcialmente, corrientes eclesiales orientadas a la liberación social; el modelo tutelar y anticomunista de los años cuarenta perdía su piso doctrinal. Durante el Frente Nacional, los gobernantes liberales avanzaron en la laicización del país —particularmente en el terreno educativo— sin recurrir al enfrentamiento abierto con la Iglesia, abandonando la táctica radical de períodos anteriores; la Iglesia perdía monopolios lentamente, y con ellos parte de la base institucional sobre la que ACPO se apoyaba.

Radio Sutatenza siguió transmitiendo durante los años setenta y ochenta, y El Campesino siguió circulando —para junio de 1983 se aproximaba a sus 25 años de labor—, pero el sistema fue perdiendo escala, financiación e influencia. El desmonte definitivo llegaría en los años ochenta, con el cierre efectivo de las operaciones hacia finales de esa década. Los archivos —cintas, cartillas, correspondencia con miles de campesinos alumnos, ediciones del semanario— quedaron como uno de los depósitos documentales más ricos sobre el campo colombiano del siglo XX.

Lo que Sutatenza sigue diciendo

La memoria oficial de Radio Sutatenza tiende al registro celebratorio: la gesta pionera, el sacerdote visionario, los millones de campesinos alfabetizados, el reconocimiento internacional. Todo eso es cierto, y no conviene minimizarlo: en un país cuyo Estado durante décadas no supo llevar la escuela a la vereda, una institución que sí lo hizo, con continuidad y disciplina, merece el registro de lo que efectivamente logró. Miles de campesinos aprendieron a leer y escribir con las cartillas de ACPO, y no es poco.

Pero la pieza histórica pide una mirada más completa. Radio Sutatenza fue, además de un sistema pedagógico, una operación cultural: modernizó al campesinado colombiano en una dirección específica, dentro de un marco eclesial que le daba forma y de una coyuntura política —el Frente Nacional— cuyos límites redistributivos ACPO nunca se propuso desbordar. Su premisa central —que la ignorancia era el problema— coincidía con la premisa dominante del bloque dirigente, y por esa vía, sin necesidad de pacto explícito, el sistema pudo crecer con auxilio estatal, financiación internacional y respaldo eclesial durante dos décadas.

Que ACPO haya llenado un vacío educativo real no anula el hecho de que lo llenó con contenidos determinados. Que su trabajo pedagógico haya sido serio no cancela la observación de que su modelo desincentivó, por omisión y por construcción del sujeto destinatario, formas de organización campesina autónoma que en los mismos años empezaban a emerger. La historia de Radio Sutatenza es la historia de esa doble condición: eficacia en la alfabetización, límite estructural en la ambición transformadora. Y deja abierta, todavía hoy, una pregunta que Colombia no ha resuelto: si es posible modernizar culturalmente al campo sin tocar la estructura que lo mantiene subordinado, o si ese proyecto —por bienintencionado que sea— acaba siempre sirviendo, aunque no lo quiera, a quienes prefieren que la tierra permanezca donde está.