Álvaro García Romero

Los orígenes del hombre y del sistema

La vida temprana de García Romero pertenece a la textura clásica de las oligarquías ganaderas de la sabana sucreña. Ovejas, el municipio del que fue alcalde, se encuentra en el corazón de los Montes de María, una geografía que combina fertilidad agrícola, tradición campesina y —desde los años ochenta— presencia guerrillera del ELN, el PRT, la CRS y el EPL, a los que se sumaría en 1994 el Frente 35 de las FARC con énfasis en La Mojana, y el ERP como disidencia del ELN. Ese era el mapa que enmarcó su ascenso: una zona rural donde la propiedad ganadera y la representación política se transmitían casi como un mismo activo familiar, y donde la amenaza guerrillera, aunque real, no alcanzaba las intensidades de otras regiones del país.

Es esa desproporción la que da sentido al viraje. A partir de 1996, políticos y ganaderos de Sucre no reaccionaron ante una insurgencia desbordante: importaron activamente el paramilitarismo desde Córdoba, aprovechando la coyuntura para consolidar un poder que la política electoral, por sí sola, no les garantizaba. La confesión más precisa de ese origen la dio años después Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre y aliado político directo de García Romero, condenado a cuarenta años de prisión: fueron los propios políticos, dijo, quienes comenzaron a buscar a las autodefensas para formar alianzas que les aseguraran ganar curules electorales. La frase invierte el guion oficial de la contrainsurgencia: no fue el paramilitarismo el que penetró la política; fue la política la que fue a buscarlo.

En esa lógica se explica también el hombre que Sucre necesitaba para operar como puente entre la trinchera ganadera y el Capitolio. Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, natural de San Marcos —capital de La Mojana—, fue reclutado por políticos y ganaderos para crear grupos de autodefensa. Cadena, por su parte, dirigió el Bloque Héroes de los Montes de María y controló el corredor del narcotráfico que salía por el golfo de Morrosquillo, cargando sobre sus hombros la responsabilidad de masacres y asesinatos que reordenaron por la fuerza el mapa social del departamento. Junto a ellos operó la estructura Rito Antonio Ochoa, perteneciente al Bloque Norte de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, con su grupo San Onofre activo en San Onofre, Tolú, Toluviejo, Ovejas, Chalán y Los Palmitos. Los orígenes de García Romero como político no son separables de este parto violento. El municipio donde había sido alcalde era precisamente uno de los que las AUC identificaron a partir de 1997 como objetivo prioritario en su ofensiva sobre los Montes de María.

En el terreno, la ofensiva se tradujo en fincas quemadas, veredas vaciadas, cuerpos exhibidos en plazas para producir escarmiento. El sur del departamento se despobló de campesinos y se repobló de ganado; los títulos de propiedad, cuando volvían a la superficie, lo hacían con nombres nuevos. Esa reordenación silenciosa del suelo fue el subsuelo económico de la política que García Romero encabezaba desde Bogotá. Cada masacre corrigió, sin acta notarial, la escritura de una finca. Cada desplazamiento liberó un padrón electoral. Cada ejecución selectiva de un líder campesino canceló una demanda pendiente ante la reforma agraria. La violencia hizo, en cinco años, lo que la política ganadera no había logrado hacer en cincuenta.

La trayectoria en tres tiempos

La carrera política de García Romero se lee en tres tiempos superpuestos, que corresponden a tres etapas del sistema que ayudó a construir.

Primer tiempo: el ascenso local (años setenta y ochenta). Concejal de Sincelejo primero, alcalde de Ovejas después, diputado a la Asamblea Departamental de Sucre a continuación. Ese itinerario, en apariencia banal, le dio el capital político territorial: conocimiento de veredas y municipios, control de padrones electorales, alianzas con ganaderos y comerciantes locales, capacidad para hacer alcaldes. Ese capital es la moneda con la que después negociaría a escala nacional. La Ovejas de su alcaldía era ya una plaza en disputa, cruzada por guerrilla, ganadería y presencia campesina organizada; administrarla exigió tejer los primeros hilos de una red que después escalaría hasta el Senado.

Segundo tiempo: la nacionalización del poder regional (años noventa). El salto a la Cámara de Representantes, y su reelección durante tres períodos consecutivos, coincide con la implantación paramilitar en Sucre. La figura política que llega a Bogotá con la representación de un departamento ganadero medio no es la misma que sube en un tiempo sin armas: García Romero se instaló en el Congreso mientras en su territorio se ejecutaban masacres, desplazamientos forzados y apropiaciones de tierra que copaban grandes superficies. Su tercer tiempo, ya como senador, se produjo dentro del Movimiento Apertura Liberal, la etiqueta bajo la cual otorgó en 2004 el aval al joven Yahir Acuña para el concejo de Sincelejo. El Movimiento Nacional Progresista, identificado como una de las formaciones que ampliaron su influencia en el Congreso durante la unificación de las AUC, forma parte del mismo ecosistema de siglas, avales y microempresas electorales.

Tercer tiempo: la Seguridad Democrática y la caída (2002-2010). Este es el período que da al personaje su peso histórico. Álvaro Uribe Vélez gobernó Colombia durante dos períodos consecutivos entre 2002 y 2010, tras la habilitación de su reelección, con la Política de Seguridad Democrática como eje único de gobierno. Bajo ese paraguas, la desmovilización de las AUC —formalizada en 2006 tras un proceso que involucró a más de treinta y un mil combatientes— se planteó como un acuerdo pragmático que ofrecía a los paramilitares permanencia corta en cárceles de mínima seguridad, mensualidades para sus hombres y apoyo a proyectos agroindustriales, desestimando los derechos de las víctimas.

La paradoja del período fue que ese mismo proceso, diseñado para blindar a los comandantes, abrió el archivo. Las versiones libres, la información del computador de Jorge 40 y las declaraciones espontáneas de paramilitares a los medios permitieron que se investigaran vínculos con el paramilitarismo en concejales, alcaldes, gobernadores y cerca del treinta por ciento del Congreso. Por esa grieta la Corte Suprema de Justicia, con el impulso investigativo asociado a Iván Velásquez Gómez, entró al corazón del Estado. Y fue en ese proceso donde la trayectoria de García Romero, tras décadas de escalada, se detuvo.

La red: cómo se hizo el poder en Sucre

Ningún político-empresario opera solo. La categoría que mejor describe a García Romero no es la de individuo poderoso sino la de nodo dentro de una red. Reconstruir esa red es reconstruir el sistema.

En su núcleo estaba Arana Sus, aliado político directo, condenado por la Corte Suprema de Justicia el 3 de diciembre de 2009 a cuarenta años de prisión por la desaparición y asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz Salgado, ocurrido el 10 de abril de 2003 en cercanías a Sincelejo, y por concierto para delinquir vinculado a la conformación del Bloque Mojana en 1997. Su testimonio posterior aportó la que sigue siendo la explicación más franca del origen del sistema: que los políticos buscaron a las autodefensas para asegurar curules, y que las autodefensas, con el tiempo, se interesaron menos en el apoyo de los ganaderos y más en manejar los presupuestos y recursos de los municipios, porque resultaba más lucrativo. Esta es la clave económica del entramado: el paso de una alianza contrainsurgente a una alianza fiscal.

Alrededor de Arana Sus y García Romero orbitaron los cuadros medios y bajos de la maquinaria. El exalcalde y diputado Ángel Villarreal Barragán fue condenado por su vinculación en la conformación del Bloque Mojana en 1997. El contratista Octavio Otero Porras aparece como pieza intermedia del entramado. El diputado Nelson Stamp Berrío fue señalado como parte del núcleo de políticos sucreños que participaron activamente en la estrategia paramilitar. En el Congreso, los pares de García Romero fueron Conde Romero, Benitorrevollo Balseiro y Merlano Fernández, la trilogía sucreña que compartió con él bancada, aval y expediente.

Sobre esa red política se acoplaron los comandantes armados. Diego Vecino, hijo del suelo mismo que reclutaba, aportó la conducción territorial. Cadena, con base en el Bloque Héroes de los Montes de María, aportó el músculo militar y, sobre todo, el control del corredor del narcotráfico por el golfo de Morrosquillo. La estructura Rito Antonio Ochoa, en articulación con Jorge 40, cerró la geografía sobre los municipios estratégicos. En un plano superior operaron Salvatore Mancuso y, más adelante, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, como referentes nacionales de la negociación con el gobierno.

Un caso testimonial resume la mecánica de la red hacia abajo. Yahir Acuña llegó a la política con el apoyo económico de Arana Sus como padrino, con los avales paramilitares de Diego Vecino y Cadena, y con el aval formal del Movimiento Apertura Liberal firmado por García Romero, para ser elegido concejal de Sincelejo en 2004. En una sola candidatura confluyen los tres estratos: financiación política de la élite regional, respaldo armado paramilitar y firma legal del senador. Acuña sobrevivió al desmantelamiento judicial de sus padrinos y prolongó, en la posdesmovilización, la vida de la red bajo nuevos ropajes.

El circuito económico: regalías, ganado y alcaldías

La segunda capa de la red —la fiscal— es la que otorga al caso García Romero su singularidad interpretativa. El paramilitarismo en Sucre no fue solo un aparato de violencia contrainsurgente: fue, sobre todo, un dispositivo de captura de recursos públicos. La coincidencia geográfica es demasiado precisa para ser accidental: el cincuenta por ciento de los giros de regalías petroleras en el departamento correspondió a municipios del área de influencia directa de Cadena.

Sobre un total superior a doscientos noventa y un mil quinientos setenta y cinco millones de pesos, la mitad del río petrolero se concentraba en cuatro municipios del corredor. Santiago de Tolú recibió once mil cuatrocientos setenta millones; Coveñas, diez mil sesenta y tres millones; Sincelejo, siete mil quinientos cincuenta y cuatro millones; y San Onofre, dominado por los Benitto Revollo, tres mil seiscientos setenta y ocho millones. La geografía del giro coincide con la geografía del fusil: las alcaldías controladas por el bloque paramilitar del golfo de Morrosquillo eran las mismas por las que pasaba la mayor parte de las regalías petroleras del departamento.

Cadena negociaba ganado robado en los Montes de María con algunas alcaldías de Sucre y Córdoba. Los financieros del grupo, Willer Coba López y Humberto Frasser, se encargaban de entregar a los alcaldes participantes su parte de los recursos. En ese circuito —regalías, contratos, hurto de ganado reciclado a través de las alcaldías— el paramilitarismo sucreño encontró su verdadera economía política. Diego Vecino lo dijo con claridad en versión libre: uno de los mayores logros de su proyecto político fue haberse ganado las cinco alcaldías del Golfo de Morrosquillo en las elecciones de 2003.

La consecuencia de esta configuración es inmediata para leer un asesinato particular. El 10 de abril de 2003, en cercanías a Sincelejo, Díaz Salgado, alcalde de El Roble, fue desaparecido y luego asesinado. El crimen se inscribe en la dinámica de alianza entre las AUC y actores políticos para el control de recursos municipales y del gobierno local. La sentencia contra Arana Sus por este hecho estableció, judicialmente, la conexión: el mismo aparato que había sido armado para ganar elecciones era ya, en 2003, el aparato que ejecutaba a quien pudiera obstruir el flujo de contratos. El testimonio de Arana Sus sobre la evolución de los intereses paramilitares —del ganadero al presupuesto— cobra aquí su literalidad más dolorosa. Díaz Salgado había denunciado públicamente lo que estaba viendo desde la alcaldía; el precio de esa denuncia fue su vida.

La condena y el proceso

La judicialización de la parapolítica no nació en 2006 con la desmovilización, aunque haya sido entonces cuando adquirió velocidad. El escándalo se desencadenó principalmente a partir de la información contenida en el computador de Jorge 40, que reveló vínculos de decenas de políticos, empresarios y militares —especialmente de la región Caribe— con pagos, apoyos electorales y contratos. En el plano parlamentario, el impulso inicial provino del Polo Democrático y particularmente de Gustavo Petro, quien señaló en debates sobre la Ley de Justicia y Paz que varios congresistas tenían impedimentos por sus relaciones con paramilitares.

La Corte Suprema de Justicia, en articulación con el trabajo de un núcleo de magistrados y auxiliares entre los que se destaca Velásquez Gómez como impulsor de las investigaciones más agudas, centró su atención en las redes que los paramilitares mantenían en el corazón del Estado. La sentencia contra Arana Sus del 3 de diciembre de 2009 se convirtió en referencia jurisprudencial para el conjunto de casos sucreños. En paralelo, la Corte Constitucional, en 2006, reencuadró el proceso de Justicia y Paz para acercarlo a los estándares de verdad, justicia y reparación, forzando desde la jurisdicción constitucional una lectura menos indulgente del pacto con los comandantes.

En este marco fue condenado García Romero. La justicia constató que, junto con los otros políticos de Sucre, participó activamente en la estrategia paramilitar. El proceso, como el conjunto de la parapolítica, no fue lineal ni pleno: los paramilitares también habían utilizado bases de datos electorales del registro civil para planear y ejecutar fraude masivo en las elecciones de 2002, y habían penetrado el DAS para borrar antecedentes penales y elaborar listas de ciudadanos acusados de ser aliados de la guerrilla que después fueron asesinados. Ese trasfondo —de captura no solo del Congreso sino del aparato electoral y de seguridad— otorga a la condena su peso institucional.

Los límites del proceso: la impunidad como sistema

Sería una lectura complaciente presentar la condena de García Romero como el cierre de un ciclo. El expediente comparado dice otra cosa. Años después de las principales condenas, ninguno de los congresistas sancionados por parapolítica había pagado las multas judiciales impuestas. Varios firmantes del Pacto de Ralito fueron absueltos por no encontrarse prueba distinta a la firma del documento. Las investigaciones se nutrieron de versiones libres de comandantes paramilitares calificadas, en su calidad de aporte a la verdad, como muy precarias. La mayoría de los procesos permaneció en etapa preliminar, con escaso avance en materia de reparación. Se documentaron pabellones exclusivos para políticos condenados, con condiciones de reclusión diferenciadas.

La historia larga de estos intentos judiciales es aún más ilustrativa. La justicia colombiana tuvo al menos tres oportunidades históricas de enfrentar el entramado paramilitar-político: en los años ochenta con el MAS, luego con la contabilidad de las ACCU hallada en el parqueadero Padilla, y finalmente con la parapolítica posdesmovilización. En las dos primeras, la impunidad se impuso; el asesinato de jueces e investigadores fue un factor documentado. La tercera oportunidad —la de García Romero— produjo condenas visibles y sentencias sólidas contra un núcleo de la clase política, pero coexistió con una judicialización de fondo que no logró desmontar los circuitos económicos ni las redes clientelares que sostenían el sistema en las regiones.

Mancuso llegó a expresar su intención de no continuar contribuyendo a los procesos de justicia ordinaria y de Justicia y Paz, alegando violaciones a los términos de la ley; Don Berna, por su parte, adujo falta de garantías para su familia. Ese estancamiento —el retiro de los comandantes de la colaboración— cerró la ventana de verdad justo cuando empezaba a ampliarse. Mientras tanto, los medios de comunicación priorizaron el escándalo nacional sobre la investigación regional y local, y limitaron de manera decisiva la rendición de cuentas en el territorio, donde las redes seguían operando.

Las víctimas, entretanto, aprendieron a moverse en un idioma jurídico que no había sido diseñado para ellas. Familias de campesinos desplazados, viudas de alcaldes asesinados y líderes sociales sobrevivientes se convirtieron en actores procesales tardíos, con acceso limitado a expedientes que llevaban años armándose sin su presencia. La reparación integral, prometida por la ley, se fue quedando en la nomenclatura. La distancia entre el archivo judicial y el territorio se ensanchó: los expedientes engrosaban en Bogotá mientras en los Montes de María los mismos caminos rurales seguían siendo transitados por herederos de las mismas estructuras, con nombres nuevos y contratos vigentes.

La huella: qué queda de García Romero en Sucre

La condena de García Romero no restituyó lo que su carrera política contribuyó a producir. Las organizaciones paramilitares que actuaron en Sucre desde 1996 consolidaron su dominio a través de masacres sucesivas, desplazamiento forzado y apropiación de tierras, copando grandes superficies territoriales. Los datos hablan por sí solos: en los Montes de María, entre 1999 y 2001, cuarenta y dos masacres dejaron trescientas cincuenta y cuatro víctimas fatales. El ochenta y cuatro por ciento del suelo del departamento correspondía, hacia 2008, a actividades pecuarias, una configuración agraria que no se explica sin la violencia sostenida contra el campesinado y la reordenación forzada de la propiedad rural.

Sobre esa geografía de ausencia se levantó la posdesmovilización. La red política sobrevivió a la caída de sus fundadores mediante la figura de operadores más jóvenes. Acuña, el concejal avalado en 2004 por García Romero con padrinazgo de Arana Sus y bendición armada de Diego Vecino y Cadena, extendió la vida del sistema en el período posterior a las condenas. Redes vinculadas a esa trayectoria utilizaron recursos del erario público de Tolú y Coveñas —en especial regalías— como fuente de financiación política, e incidieron en la elección, en marzo de 2013, de los alcaldes Régulo Puentes, Arnulfo Ortega, Álvaro Manuel Vanegas y María Bernarda Merlano como delegados ante los OCAD Regional y Departamental. El circuito de regalías que había sido el corazón económico del paramilitarismo sucreño no desapareció: cambió de gestores.

La desmovilización nacional, en paralelo, dejó tras de sí estructuras herederas del paramilitarismo que mantuvieron actividades armadas, particularmente en el litoral Pacífico, y produjo una redistribución del control territorial que las FARC-EP y el ELN aprovecharon parcialmente, replegándose hacia zonas económicamente estratégicas. La Seguridad Democrática, medida en cifras militares, mostró resultados. Medida en captura del Estado regional, dejó intactas buena parte de las estructuras que la parapolítica apenas alcanzó a rozar en su superficie institucional.

García Romero termina siendo, en la biografía política colombiana reciente, más que un condenado: es una clave interpretativa. Su itinerario permite leer el paramilitarismo sucreño no como un accidente externo a la política ni como una infiltración desde afuera, sino como el resultado de una decisión consciente de la élite regional que, en los años noventa, prefirió importar un ejército privado antes que perder el control electoral y presupuestal de su departamento. Al mismo tiempo, su caída permite ver los límites del propio aparato que lo capturó: una Corte Suprema que llegó tarde, condenas que no se pagan, redes que sobreviven en la generación siguiente, medios que iluminan el escándalo nacional y dejan la región en penumbra.

Las élites políticas iniciaron el proceso, pero los comandantes paramilitares desarrollaron autonomía estratégica propia: Cadena controlaba un corredor de narcotráfico; Diego Vecino se ganó las cinco alcaldías del Golfo como logro personal de su proyecto político; los financieros del bloque decidían qué alcaldes recibían qué parte del ganado robado. García Romero y sus pares fueron los arquitectos del pacto y, al mismo tiempo, sus rehenes progresivos. Esa asimetría explica por qué la condena de la clase política sucreña, aunque necesaria e insuficiente, no bastó para desmontar el sistema: la máquina había adquirido lógica propia.

Queda, finalmente, la pregunta que este perfil no cierra pero sí formula con precisión. Si la Seguridad Democrática funcionó durante ocho años sobre un mapa regional en el que Sucre —y buena parte de la Costa Caribe— estaba ya capturado por una alianza político-paramilitar documentada judicialmente, ¿qué significa haber ganado, desde el Estado central, una guerra que a nivel local se libraba sobre presupuestos, regalías y alcaldías cooptadas? El nombre de Álvaro García Romero, apellido y expediente juntos, es una de las puertas por donde esa pregunta entra al archivo colombiano y se queda.