Iván Velásquez Gómez

Un hombre de judicatura

Velásquez pertenece a una tradición de jurista provinciano que, en Colombia, tuvo su epicentro en pueblos donde ser magistrado significaba algo más que un cargo. San Gil, en Santander, es el ejemplo que Horacio Serpa Uribe evocaba: un municipio con Tribunal propio, orgullo antiguo de judicatura, donde llevar toga era un honor social del mayor peso. Esa cultura —la de comunidades donde el derecho tenía prestigio comparable al del comercio o la política— formó a varias generaciones de funcionarios que entendieron el oficio como vocación cívica antes que como carrera burocrática.

Velásquez encarna esa estirpe. Nacido en 1955, formado como abogado, ingresó a la rama judicial cuando la instrucción criminal en Colombia era una tarea de campo peligrosa. Los fiscales e investigadores de los años ochenta y noventa se disfrazaban de campesinos para acercarse a las zonas de conflicto, escondían expedientes en cajas de cartón y sabían que llevar un caso contra el paramilitarismo podía costarles la vida. Esa manera de hacer justicia —con el cuerpo, con el archivo bajo el brazo, con la conciencia de que la investigación misma era un frente del conflicto— quedó grabada en el modo de trabajar de una cohorte entera de funcionarios antioqueños. Velásquez fue uno de ellos.

Su experiencia coincidió con una transformación profunda del aparato de justicia. La Constitución de 1991 creó la Fiscalía General de la Nación, que entró en operación en 1992; las reformas procesales de 2000 y 2004 tecnificaron la investigación criminal e introdujeron la carrera judicial. La Corte Constitucional, activista en la protección de derechos fundamentales, se consolidó como una de las instituciones de mayor confianza en el país. La influencia del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional empezó a permear la formación de los jueces colombianos, que comenzaron a cuestionar las categorías clásicas del derecho penal liberal —autoría, participación, dolo individual— por resultar insuficientes para explicar la responsabilidad en aparatos organizados de poder.

Velásquez trabajó buena parte de su vida profesional en Antioquia, la región donde el paramilitarismo tenía su núcleo político-militar. Allí acumuló, durante décadas, un archivo mental y documental sobre las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), sobre los hermanos Castaño, sobre las redes de financiación y protección que ataban a las autodefensas con sectores del empresariado, la política y las fuerzas de seguridad. Cuando lo designaron magistrado auxiliar de la Corte Suprema y lo asignaron a las investigaciones de la parapolítica, no llegaba a aprender: llegaba a aplicar, en el vértice del poder judicial, un método ensayado durante veinte años en los estrados regionales.

La Sala Penal en el ojo del huracán

El escándalo de la parapolítica no empezó en la Corte. Empezó en la política, en la prensa y en la desmovilización. Entre 2003 y 2006, en cumplimiento de los acuerdos de Ralito y de la Ley 975 de 2005 —conocida como Ley de Justicia y Paz—, unos treinta mil hombres se desmovilizaron colectivamente de las AUC. Las versiones libres de sus jefes y las revelaciones de mandos medios empezaron a dibujar el mapa de una alianza tejida durante más de una década entre comandantes paramilitares y políticos regionales.

El senador y luego representante Gustavo Petro, del Polo Democrático, denunció públicamente esos vínculos durante las elecciones presidenciales de 2006 y en debates parlamentarios sucesivos. La Fiscalía General de la Nación incautó el computador de alias 'Don Antonio', donde aparecían detalles de los contactos entre alias 'Jorge 40' y políticos costeños. La agenda electoral de 2006 y la propia dinámica del proceso de Justicia y Paz hicieron el resto.

La pieza jurídica que abrió la compuerta fue la Sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional. La Ley 975, tal como había sido aprobada por el Congreso y defendida por el Ejecutivo, ofrecía a los desmovilizados una pena alternativa de cinco a ocho años a cambio de su confesión y de contribución a la reparación. La sentencia declaró exequible la ley pero endureció drásticamente sus condiciones: los paramilitares debían decir toda la verdad desde su primera versión libre, so pena de perder el beneficio; si no cooperaban plenamente o no restituían lo debido, serían juzgados bajo el derecho penal ordinario y podrían enfrentar extradición. Esa reingeniería judicial —hecha en junio de 2006— convirtió la confesión en moneda de supervivencia. Cada jefe paramilitar tenía que decir más para no perder lo poco que la ley le concedía, y cada palabra suya podía comprometer a otros.

Sobre ese sustrato entró a operar la Sala Penal de la Corte Suprema. Por mandato constitucional, la Corte investiga y juzga en única instancia a los congresistas: los aforados no responden ante la Fiscalía, sino ante los magistrados. Cuando las versiones libres de los desmovilizados empezaron a apuntar hacia senadores y representantes, la Sala Penal se encontró con una responsabilidad sin precedentes: procesar simultáneamente a decenas de miembros del Congreso. Velásquez, como magistrado auxiliar, coordinó buena parte del trabajo investigativo: sistematización de las versiones, cruce con la documentación incautada, entrevistas a excomandantes, análisis regional del voto, verificación de alianzas municipales.

El método era el que había aprendido en Antioquia. Reconstruir el mapa territorial de cada bloque paramilitar. Identificar los municipios donde el bloque tenía control militar y hegemonía electoral. Contrastar los resultados electorales atípicos con los pactos escritos, cuando existían, o con las confesiones sobre reuniones y acuerdos. Rastrear los flujos de contratación pública que financiaban el sostenimiento del pacto. Y trabajar la delación como herramienta central: cada acusado, al buscar reducir su responsabilidad individual, comprometía a otros. La solidaridad entre implicados se diluyó rápidamente. La cadena de revelaciones se autoalimentó.

Los resultados llegaron con velocidad inédita. En el Magdalena, los sucesivos pactos de Chivolo, Pivijay y del Magdalena, suscritos entre 2000 y 2002, revelaron cómo el jefe paramilitar Jorge 40 había sectorizado electoralmente municipios enteros en favor de candidatos al Congreso. En el sur de Bolívar y en el Magdalena Medio, el Bloque Central Bolívar de Ernesto Báez había suscrito acuerdos como el Pacto de Barranco de Loba con políticos de distinto nivel. En Urabá, el Bloque Elmer Cárdenas armó directamente una lista de cuatro candidatos —los llamados 'cuatrillizos'— que se rotaron una única curul de la Cámara entre 2002 y 2006, alternando representantes del norte de Urabá y del eje bananero. En Sucre, el senador Álvaro García Romero fue condenado por su participación activa en la estrategia paramilitar. En el Atlántico, Jaime Cervantes Varelo fue procesado por sus vínculos con el Bloque Norte.

El fondo del asunto era una lectura sobre el sistema político. La Constitución de 1991 había multiplicado los partidos y movimientos, con la intención democrática de abrir el juego. Las AUC aprovecharon esa arquitectura fragmentada para construir una bancada propia a través de siglas menores y de sectores del liberalismo y el conservatismo. No todas esas fuerzas eran creación paramilitar, pero varias funcionaron como vehículos electorales de sus aliados regionales. La proliferación partidista, pensada como oxígeno democrático, resultó ser también un terreno colonizable por los ejércitos privados.

Los canales de retribución eran materiales. Por orden de alias 'Diego Vecino', los presupuestos municipales de regalías del petróleo fueron canalizados en la Costa a través de la cooperativa COOPSABANA, convertida en holding de empresas de fachada. Los libros de contabilidad de las ACCU, incautados años antes por el CTI de la Fiscalía, registraban nombres y pagos a colaboradores; según el testimonio de alias 'Don Berna', los comandantes vieron con alarma esa evidencia y utilizaron un funcionario infiltrado para recuperar los discos y obtener la lista de investigadores del caso, muchos de los cuales fueron después perseguidos y asesinados. Esa era la memoria negra que Velásquez traía consigo.

Cifras y método

Entre noviembre de 2006 y julio de 2008 fueron arrestados 65 congresistas. Otros 43 renunciaron a sus curules para pasar a la jurisdicción ordinaria de la Fiscalía, calculando que allí los procesos serían más lentos, las penas más leves y los jueces menos rigurosos. El cálculo era revelador: en el escalafón institucional colombiano de esos años, la Sala Penal se había convertido en el foro más temido por los aforados.

Los partidos afines al gobierno de Álvaro Uribe Vélez concentraron el grueso de los investigados: 84 congresistas uribistas resultaron salpicados, 21 condenados, con muchos otros en juicio, además de tres gobernadores condenados. Las sentencias no solo impusieron prisión: incluyeron la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos —la 'muerte política'—, un castigo sin antecedentes comparables en América Latina para una clase política civil. En países donde la relación entre políticos y grupos criminales de extrema derecha o dictaduras había sido documentada durante décadas, casi nadie había ido a juicio. Colombia lo hizo, y lo hizo desde adentro del propio Estado, con sus jueces y su Fiscalía, sin comisiones internacionales.

El método de Velásquez explica el escándalo. La Ley de Justicia y Paz, tras la Sentencia C-370, obligaba a los desmovilizados a confesar toda la verdad. Cada confesión ampliaba el mapa. Los excomandantes fueron llamados por la Sala Penal a rendir testimonio sobre sus interlocutores políticos, y sus declaraciones se cruzaban con la documentación incautada, con los libros contables, con los mapas electorales, con los pactos suscritos. La Fiscalía aportaba evidencia material como el computador de 'Don Antonio'. La combinación producía imputaciones difíciles de refutar.

El 1 de diciembre de 2006, en un movimiento sorpresa que marcó un giro en el proceso, 22 comandantes paramilitares fueron trasladados del Centro de Reclusión de La Ceja a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. La medida, coincidente con las nuevas exigencias de verdad, tensó el proceso de paz con las AUC. Los jefes paramilitares empezaron a percibir que las condiciones habían cambiado y que la extradición a Estados Unidos —autorizada bajo la Ley 975 modificada en caso de incumplimiento— era una amenaza real. Muchos aceleraron sus confesiones. Otros callaron. En mayo de 2008, el gobierno Uribe extraditó a catorce de los principales jefes paramilitares a Estados Unidos por narcotráfico, decisión que interrumpió abruptamente la aportación de verdad al proceso interno y que muchas víctimas y magistrados leyeron como un intento de blindar a los implicados civiles.

La ofensiva del DAS

A medida que las investigaciones avanzaban, el gobierno respondió. La respuesta no fue judicial ni argumentativa: fue de inteligencia clandestina. El Departamento Administrativo de Seguridad, adscrito directamente a la Presidencia y dirigido en distintos momentos por Jorge Noguera y luego por María del Pilar Hurtado, montó una operación sistemática contra magistrados, periodistas, políticos de oposición, académicos y defensores de derechos humanos. Iván Velásquez fue uno de los blancos principales.

Se interceptaron sus comunicaciones. Se siguieron sus movimientos. Se documentaron sus contactos. Los operativos —conocidos internamente con nombres como 'Europa', 'Extranjeros', 'Canela', 'Imprenta', 'Transmilenio'— formaban parte de lo que las investigaciones posteriores describieron como una red criminal al interior del DAS, jerárquica, con presupuesto estatal y articulada con estructuras paramilitares. La Fiscalía la calificó así. Desde esa red se compartió información obtenida ilegalmente con grupos paramilitares y con estructuras políticas. Según declaraciones del exfuncionario Flórez Gélvez, uno de los objetivos principales del llamado 'plan escalera' era conocer información sobre los procesos de parapolítica y las decisiones de la Sala Penal.

Velásquez no fue el único magistrado hostigado. Contra Yesid Ramírez, magistrado de la Corte Suprema, el DAS fabricó un documento anónimo que lo vinculaba falsamente con personas cercanas al narcotráfico —el italiano Giorgio Sale— y con el desfalco de Cajanal. Con base en ese documento, el grupo anticorrupción de la Subdirección de Policía Judicial del DAS solicitó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) los movimientos bancarios del magistrado, buscando construir un caso a partir de la nada. La operación combinaba fabricación documental, uso ilegal de facultades de policía judicial y filtración calculada a la prensa afín.

Cuando los audios de las interceptaciones contra Velásquez se hicieron públicos, el escándalo fue devastador. La primera reacción del gobierno consistió en minimizar los hechos: se hablaba de 'manzanas podridas', de exdetectives resentidos que querían dañar a la entidad. Cuando esa narrativa se hizo insostenible, el presidente Uribe anunció la liquidación del DAS. La decisión —presentada como voluntad de saneamiento— fue en realidad la admisión pública de que la agencia de inteligencia del Estado había sido usada como instrumento de persecución contra el poder judicial.

Lo que hacía crisis con el escándalo del DAS no era una infiltración puntual del narcotráfico en el Estado, ni la deriva de funcionarios extraviados. Era un modelo político que había puesto el aparato estatal y sus fuentes de poder al servicio de élites mafiosas, y que empezaba a ser judicializado por las mismas instituciones que se pretendía instrumentalizar.

El choque con el Ejecutivo

La ofensiva contra Velásquez fue la punta visible de un conflicto más amplio entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema. El choque no fue una campaña planeada de destrucción institucional, sino una cadena de respuestas reactivas ante un proceso que se le fue de las manos al Ejecutivo. Cada movimiento judicial provocaba una réplica presidencial; cada réplica presidencial reforzaba la percepción de que la Corte era un obstáculo.

Uno de los episodios más sonados fue la llamada de Álvaro Uribe al presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete, cuando Mario Uribe Escobar —primo del presidente y expresidente del Senado— era investigado por parapolítica. Uribe sostuvo que la llamada expresaba un interés abstracto sobre los procesos y que la coincidencia con el caso de su primo era casual. La Corte lo entendió de otro modo. Valencia Copete no cedió, y el episodio se convirtió en símbolo de una relación institucional envenenada.

El gobierno también interpuso denuncia penal ante el Congreso contra un magistrado de la Corte, en un trámite complejo que reveló el pulso entre el Ejecutivo y el máximo tribunal penal. La parte más estridente del uribismo adoptó una actitud amenazante frente a decisiones de la Corte Constitucional, en particular en las iniciativas reeleccionistas, sin que el presidente desautorizara explícitamente esas posiciones. El Consejo de Estado llegó al punto paradójico de declarar inconstitucional la interpretación de la Constitución hecha por la propia Corte Constitucional. Las altas cortes se disputaban el terreno; el Ejecutivo aprovechaba las fricciones.

El caso de alias 'Tasmania' —Rubén Villalba, un exparamilitar del Bloque Cacique Nutibara— se convirtió en una pieza singular. Villalba declaró, a través del abogado Sergio González, que Velásquez le habría ofrecido beneficios judiciales a cambio de acusar a Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente, de vínculos con el paramilitarismo. La denuncia, vehiculada desde el propio entorno del gobierno, buscaba desacreditar al magistrado auxiliar y neutralizar su trabajo. La historia terminó revirtiéndose: 'Tasmania' se retractó, y las investigaciones posteriores apuntaron a que la maniobra había sido armada para incriminar a Velásquez y no al revés. El episodio mostró hasta qué punto la figura del magistrado se había vuelto blanco político.

El sistema colombiano estaba viviendo algo inusual. La judicatura procesaba a la mayoría oficialista del Congreso. El Ejecutivo respondía con inteligencia clandestina, denuncias penales y presión mediática. Y aun así, la Corte Suprema sostuvo la cadena de imputaciones. La autonomía judicial —consagrada en la Constitución de 1991 pero puesta a prueba como nunca antes— resistió. Que resistiera no fue mérito exclusivo de Velásquez: fue el resultado de una arquitectura institucional que, pese a sus fallas y a sus fricciones internas, tuvo la textura suficiente para no ceder cuando el poder ejecutivo intentó torcer sus decisiones.

Los límites de la lectura individual

Sería un error atribuirle a Velásquez el papel de arquitecto singular del proceso. La Sala Penal actuó como cuerpo colegiado. Varios magistrados firmaron las sentencias y sostuvieron las decisiones colectivas. La Fiscalía General de la Nación, con Mario Iguarán como fiscal general durante buena parte del proceso, aportó evidencia clave, incluidas las incautaciones que dieron pie a las imputaciones iniciales. El Polo Democrático, y en particular Gustavo Petro e Iván Cepeda, abrieron públicamente el escándalo desde el debate parlamentario. La Corte Constitucional, con la Sentencia C-370, creó las condiciones jurídicas para que la cadena de confesiones fuera posible. Los desmovilizados aportaron el material sin el cual ningún expediente habría prosperado.

Velásquez fue el nodo más visible de un proceso colectivo. Personificó, ante el gobierno y sus aliados, la convergencia entre una tradición de judicatura de campo, el nuevo arsenal del derecho penal internacional y la dinámica de delatores en cadena desatada por la Ley de Justicia y Paz. Por eso el DAS lo eligió como blanco: no porque fuera el único, sino porque neutralizarlo simbólicamente equivalía a golpear al proceso entero. Y por eso también su figura resistió: porque detrás había una estructura institucional que no dependía de él.

La parapolítica fue, en el fondo, un colapso del sistema de partidos posterior a 1991. La fragmentación electoral habilitada por la Constitución ofreció a las AUC una arquitectura lista para ser colonizada. Los paramilitares no inventaron la relación entre política regional y coerción armada: la heredaron, la profundizaron y la sistematizaron. La investigación judicial fue la consecuencia, no la causa, de una crisis de representación política que ningún actor individual habría podido producir ni detener.

La Seguridad Democrática como telón

Todo esto ocurrió bajo la política de Seguridad Democrática. El gobierno Uribe (2002–2010) no sostuvo una política de paz ni una política general de derechos humanos, sino que subsumió ambas en el 'triángulo de la confianza': seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. El eje era militar. La desmovilización de las AUC —negociada mientras la guerra contra las FARC se intensificaba— formaba parte de esa arquitectura. Los paramilitares, aliados históricos de sectores del Estado en la lucha contrainsurgente, entraban a un proceso de justicia transicional generoso, mientras el conflicto seguía en marcha en otros frentes.

La parapolítica no fue un ruido lateral: fue la revelación del reverso del proyecto. El mismo Estado que celebraba la desmovilización descubría, por vía judicial, que buena parte de su mayoría parlamentaria estaba tejida con los desmovilizados. Juan Manuel Santos, ministro de Defensa entre 2006 y 2009, reconoció que le tocó enfrentar un episodio "muy doloroso y vergonzoso para la fuerza pública" —el escándalo de los falsos positivos, la ejecución extrajudicial de civiles presentados como bajas en combate—, lo que lo empujó a impulsar una política de derechos humanos en las Fuerzas Armadas.

Las tensiones internas del propio Ejército apuntaban en la misma dirección. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega y otros oficiales medios que habían encarado investigaciones sobre vínculos entre uniformados y paramilitares fueron desplazados o marginados; entre ellos, el coronel Rusbel Alfredo Prieto, oficial de inteligencia militar que trabajaba precisamente en el rastreo de esos nexos. Prieto sostuvo que un general le comunicó que el presidente Uribe había ordenado en al menos tres ocasiones su relevo durante 2004, relacionando el hecho con sus investigaciones sobre militares vinculados al paramilitarismo.

Velásquez trabajaba en el punto donde esa contradicción se hacía visible. Su labor no era una crítica política a la Seguridad Democrática: era la aplicación técnica del derecho penal a los aliados civiles de un actor armado en desmovilización. Pero el efecto era el mismo. Cada condena a un congresista era un cuestionamiento implícito a la coalición que sostenía al gobierno. Y por eso el gobierno reaccionó como reaccionó.

Guatemala

En 2012, Velásquez concluyó su ciclo en la Corte Suprema. Al año siguiente asumió como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por Naciones Unidas para investigar estructuras clandestinas y cuerpos ilegales de seguridad. La CICIG existía desde 2007, pero llevaba años funcionando en un registro discreto, con investigaciones técnicas que rara vez alcanzaban al vértice del poder. Su llegada cambió esa escala.

Trasladó a Ciudad de Guatemala el método aprendido en Antioquia y perfeccionado en la Corte Suprema: rastreo sistemático de las relaciones entre poder político, poder económico y coerción; construcción de imputaciones sobre evidencia material; uso intensivo de delatores en cadena; alianza operativa con una fiscalía local dispuesta a asumir el riesgo político. La contraparte guatemalteca fue la fiscal general Thelma Aldana, cuya alianza con la Comisión resultó decisiva. Sin ese respaldo local, el trabajo habría quedado, como antes, en informes archivados.

El resultado más sonoro fue el caso La Línea, destapado en abril de 2015: una red de defraudación aduanera que corría desde funcionarios menores hasta la cúpula del gobierno. En septiembre de ese año, el presidente Otto Pérez Molina renunció y fue detenido; la vicepresidenta Roxana Baldetti había caído meses antes. Guatemala vivió movilizaciones ciudadanas en las plazas y una crisis institucional que dejó al descubierto la porosidad entre política, contrabando y aparatos de seguridad. La CICIG, bajo Velásquez, encadenó luego investigaciones sobre financiación electoral irregular, contratos públicos amañados y estructuras paramilitares residuales de la guerra civil.

La ofensiva vino después, con el mismo guion aprendido en Bogotá. Cuando la Comisión empezó a investigar la financiación de la campaña del presidente Jimmy Morales, elegido en 2015 con el eslogan del outsider anticorrupción, la relación se rompió. En agosto de 2018, Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG y declaró a Velásquez persona non grata. La Comisión cerró operaciones en septiembre de 2019. Cuando la investigación judicial se acerca al vértice del poder político, ese poder responde no con argumentos sino con la clausura institucional del investigador. La diferencia con Colombia fue que en Guatemala se lo podía expulsar del país; en Bogotá lo había protegido la propia arquitectura judicial que lo respaldaba.

El retorno como ministro

En agosto de 2022, tras la victoria electoral de Gustavo Petro, Velásquez asumió como ministro de Defensa. El nombramiento cerró un ciclo largo. El hombre que había investigado a los aliados civiles de las AUC durante el uribismo pasaba a comandar las Fuerzas Armadas bajo un gobierno que hacía de la 'paz total' su bandera. La contradicción era evidente y buscada: Petro construía un gabinete que quería marcar distancia simbólica y operativa con la tradición uribista de la seguridad, y Velásquez encarnaba esa distancia con una legitimidad que pocos podían disputarle.

Su gestión, hasta la salida en 2025, transcurrió entre las tensiones con una cúpula militar que lo recibió con desconfianza, los intentos de negociación con el ELN y con grupos armados residuales de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, y una agenda de reforma de la fuerza pública que se enredó en la propia fragmentación del Ejecutivo. Los resultados fueron mixtos. La 'paz total' avanzó menos de lo prometido, la violencia rural se reacomodó en corredores del narcotráfico y la relación entre el ministerio y la tropa se tensó en varios momentos. Fue una gestión debatida, sin la nitidez épica de los años de la Corte.

La huella

Iván Velásquez no fue un ideólogo ni un tribuno. No firmó libros célebres, no acuñó doctrinas, no encabezó movimientos. Su lugar en la historia de Colombia es el de un funcionario judicial que, en una coyuntura precisa, aplicó con rigor el derecho a un fenómeno que había estado protegido durante décadas por el silencio, la connivencia y el miedo. Que lo hiciera fue posible porque venía de una tradición de judicatura antigua, porque el marco jurídico internacional le daba herramientas nuevas, porque la Ley de Justicia y Paz había creado —contra la voluntad inicial del Ejecutivo— las condiciones para la delación en cadena, y porque la Corte Suprema sostuvo como cuerpo lo que él coordinaba en el detalle.

Lo que deja tras de sí es, primero, la demostración práctica de que la autonomía judicial colombiana podía procesar a la mayoría parlamentaria del gobierno de turno sin quebrarse. Y es también el registro documental —sentencias, expedientes, condenas firmes— de la penetración paramilitar en el Estado colombiano, un archivo que ninguna narrativa posterior podrá borrar. Sobre esa base material se levantó luego la disputa simbólica: hagiografiado por unos, satanizado por otros, blanco de espionaje ilegal, de campañas de desprestigio y de retractaciones fabricadas, Velásquez se convirtió en la figura sobre la que se proyectó la pelea por la memoria de la parapolítica.

Álvaro Uribe fue procesado años después, en parte a raíz de investigaciones que la Corte Suprema abrió sobre él tras un giro procesal en el que él mismo era denunciante y terminó investigado. En 2024, fue condenado en primera instancia por soborno a testigos y fraude procesal; la sentencia fue revocada en segunda instancia en 2025. El caso —con sus derivas, sus recusaciones y su traslado a la Fiscalía tras la renuncia de Uribe al Senado, con su condena y su revocación posterior— es hijo del mismo aparato judicial que Velásquez ayudó a consolidar. La disputa judicial y la disputa por la memoria siguen su curso paralelo.

Cuando en Colombia se hable del periodo 2006–2012 y del difícil equilibrio entre justicia y política, entre autonomía judicial y presión ejecutiva, entre memoria y olvido, el nombre de Iván Velásquez Gómez seguirá apareciendo. No porque haya sido único, sino porque encarnó, en la escala de un solo funcionario, la posibilidad de que las instituciones colombianas —tan cuestionadas, tan frágiles, tan tensionadas— hicieran lo que tantas veces se dijo imposible: procesar a los suyos, con las leyes propias, sin comisión extranjera que las respaldara.