Mario Iguarán

Semblanza de un jurista de la costa

Iguarán es guajiro. Nació en Riohacha en una familia de tradición jurídica y política de la costa Caribe, y se formó en el derecho penal con una vocación técnica que lo diferenciaría de los fiscales militantes que lo precedieron y sucedieron. Antes de llegar a la Fiscalía General, ocupó posiciones de segunda línea en el Ministerio del Interior y de Justicia durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde trabajó estrechamente con Sabas Pretelt de la Vega en el diseño del andamiaje jurídico de la desmovilización paramilitar. Esa cercanía con el proyecto de la Seguridad Democrática marcó su designación y condicionó su gestión posterior: llegó a la Fiscalía como un hombre del sistema, no como una figura de ruptura.

Pero llegó, sobre todo, porque Uribe no logró imponer al candidato que quería. En 2005, en el momento cumbre del entusiasmo uribista, el presidente intentó ungir a Jorge Pretelt como sucesor de Luis Camilo Osorio en la Fiscalía. La Corte Suprema de Justicia, encargada constitucionalmente de elegir al Fiscal General de una terna presidencial, se resistió. Iguarán emergió como opción de consenso: uribista en su procedencia, técnicamente sólido y con distancia suficiente para no aparecer como brazo directo del Palacio de Nariño. Esa condición —oficialista sin ser exactamente el elegido— sería la clave estructural de sus cuatro años: márgenes de autonomía acotados, obediencia estructural al proyecto que lo había llevado hasta allí.

Los orígenes de una gestión

Iguarán tomó posesión en un momento fundacional. La Ley 975 de 2005, sancionada en junio de ese año tras las negociaciones de Santa Fe de Ralito con las Autodefensas Unidas de Colombia, entregaba a la Fiscalía General la tarea operativa más compleja del proceso: recibir a los desmovilizados postulados, conducir las versiones libres, imputar cargos y sustentar la reparación. El equipo del comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo redactó lo esencial del texto, que consagraba penas alternativas reducidas para los miembros de grupos armados ilegales que colaboraran con la reconstrucción de la verdad y la reparación de víctimas.

Desde su origen cargaba con un pecado estructural: se había negociado con paramilitares que en 2001 firmaron en Santa Fe de Ralito, con destacados políticos colombianos, un pacto que exigía nada menos que la "refundación del país". Entre los firmantes por las AUC estaba Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Para entonces, las autodefensas habrían llegado a movilizar cerca de treinta mil hombres armados distribuidos en bloques a lo largo del territorio, dominaban grandes zonas del país e influían de manera decisiva en los resultados de las elecciones legislativas de 2002. El mecanismo era conocido. Los paramilitares garantizaban que los candidatos avalados no tuvieran competencia en sus jurisdicciones y presionaban al electorado. A cambio, los elegidos toleraban las actividades ilegales de las AUC y les adjudicaban contratos públicos. Sobre esa base política se construyó el marco jurídico de la desmovilización.

Desde agosto de 2003, cuando se radicó la primera versión del proyecto en el Senado, los principales activistas de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia denunciaron que aquello equivalía a una amnistía y podría abrir la puerta a la impunidad para autores de crímenes graves. Amnistía Internacional advertiría después que la operación podía ocultar la dimensión real de las violaciones de derechos humanos y el papel de fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y empresarios. La ley era, para sus críticos internacionales, la sanción legal de la impunidad: castigaba crímenes de lesa humanidad con penas de prisión insignificantes. Sus defensores la enmarcaban en la tradición colombiana de ofrecer términos generosos a grupos armados ilegales a cambio de su reintegración.

Iguarán heredó ese diseño. En junio de 2006 la Corte Constitucional lo modificó de forma decisiva: si los líderes paramilitares no cooperaban plenamente en revelar la verdad sobre sus acciones criminales ni realizaban restitución suficiente, serían juzgados bajo la ley penal ordinaria y podrían enfrentar extradición. La sentencia reconfiguró la mesa: dio a la Fiscalía una palanca real para exigir verdad y sembró la amenaza cuya activación —dos años después— desmontaría el proceso.

La gestión del expediente

La gestión de Iguarán se despliega en tres frentes paralelos que se contaminan entre sí. En cada uno hay avances formales y una impunidad de fondo que la propia institución contribuye a sostener.

El aparato de Justicia y Paz

Bajo su dirección, la Fiscalía emitió una batería de resoluciones internas destinadas a regular el proceso. La secuencia culminó en 2009 con una Guía de procedimientos de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz y un Protocolo de Presentación de Prueba en la Audiencia de Control de Legalidad. En el papel, el aparato funcionaba como una cadena: llegaban las listas de desmovilizados postulados, se abrían investigaciones preliminares, se conducían las versiones libres, se imputaban cargos, se surtía el incidente de reparación. Fiscales especializados viajaban a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y a otros centros de reclusión para interrogar a los comandantes de las AUC. Hernán Giraldo Serna rindió versiones libres entre junio de 2007 y febrero de 2008. Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, avanzaba en el suyo. Salvatore Mancuso empezaba a revelar nombres.

La ley, sin embargo, había sido acotada quirúrgicamente. Su alcance se limitaba a los excombatientes de las AUC postulados al proceso: dejaba fuera a terceros civiles responsables y a militares, y a mandos medios y patrulleros se les aplicó amnistía. Ese diseño contribuyó al no desmonte de las estructuras que perpetraron los crímenes y a la falta de investigación y sanción de responsables directos e indirectos. La Fiscalía de Iguarán aplicaba fielmente una ley pensada para producir impunidad de contorno amplio.

La judicialización de la parapolítica

El otro gran frente no lo dirigía la Fiscalía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, competente para juzgar a miembros del Congreso, encabezó las investigaciones que revelaron los nexos entre políticos electos y estructuras paramilitares. El magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez condujo esas indagaciones con una tenacidad que abrió una fractura política sin precedente latinoamericano: en el continente, la clase política escapó mayoritariamente a juicios por vínculos con dictaduras o grupos criminales, con excepciones puntuales como Fujimori en Perú y Bordaberry en Uruguay. En Colombia se acumularon condenas de senadores y representantes que implicaron no solo penas efectivas de prisión sino la "muerte política": inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.

La Fiscalía de Iguarán no lideraba el proceso, pero no era ajena a él. Le tocaba investigar a los operadores paramilitares y a los intermediarios civiles, y en las versiones libres de Justicia y Paz sus fiscales recogían las revelaciones que alimentaban los expedientes de la Corte. El caso del clan de Enilce López Romero, "La Gata", en el Caribe —donde el poder económico se articuló con las AUC y sus hijos llegaron a las alcaldías de Magangué y Montecristo y al Congreso con apoyo paramilitar— es el paradigma del fenómeno que el aparato judicial debía procesar. El proceso alcanzó incluso al senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente.

En marzo de 2007, en W Radio, Iguarán pronunció una frase que pretendía marcar su posición: "No he vacilado en tomar decisiones". La afirmación era defensiva y también programática. En abril de ese mismo año, la Fiscalía libró una orden de captura contra Sor Teresa Gómez, representante legal de Funpazcor, por el asesinato de la líder de víctimas de desplazamiento Yolanda Izquierdo. Era el tipo de decisión que fundamentaba la frase: golpear operadores del engranaje paramilitar en el nivel civil.

Los falsos positivos

El tercer frente sería el más devastador. Entre 2002 y 2008, la Jurisdicción Especial para la Paz estableció que al menos 6.402 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por miembros de la Fuerza Pública y presentadas como bajas en combate. El estallido mediático llegó en 2008 con el caso de los jóvenes de Soacha, en Cundinamarca, encontrados muertos en Ocaña, Norte de Santander, y reportados como "dados de baja en combate". El escándalo derivó en destituciones de oficiales y suboficiales del Ejército y forzó una respuesta institucional: la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía asumió la investigación de numerosos casos, con condenas que recayeron principalmente en soldados de bajo rango.

Aquí la responsabilidad de la Fiscalía era doble, y ahí residía la incomodidad estructural de Iguarán. La Unidad de Derechos Humanos investigaba las ejecuciones; pero integrantes de la propia Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigación —el CTI— habían contribuido a la dinámica de "legalización" de cadáveres: certificaban pruebas falsas, implantaban evidencia fraudulenta en las escenas donde el Ejército presentaba a civiles asesinados como guerrilleros dados de baja en combate. La institución era investigadora y cómplice a la vez. En un caso documentado —dos personas sin identificar reportadas como bajas en combate por tropas del Batallón Tarqui, en Boyacá, el 10 de febrero de 2007—, indagaciones posteriores establecieron que se trataba de una ejecución extrajudicial. Ese tipo de casos se acumulaban por miles.

El Ejército, entre tanto, respondía con la estrategia de "guerra jurídica": estigmatizaba a víctimas y organizaciones denunciantes, las calificaba de parte de grupos guerrilleros que buscaban victorias psicológicas mediante el uso de las normas legales del Estado. La Fiscalía de Iguarán operaba, entonces, en un terreno donde la propia doctrina militar la trataba —cuando investigaba a militares— como un instrumento del enemigo.

Mayo de 2008: la extradición como punto de quiebre

El momento decisivo de la gestión de Iguarán —y el más difícil de defender— llegó en mayo de 2008, cuando el gobierno de Uribe extraditó a Estados Unidos a catorce comandantes de las AUC postulados a la Ley de Justicia y Paz, entre ellos Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez alias Macaco. La decisión privilegió las demandas penales estadounidenses por narcotráfico sobre los procesos internos de verdad, justicia y reparación en curso.

El efecto sobre las versiones libres fue inmediato y devastador. Entre mayo y noviembre de 2008 no se realizó una sola audiencia de versión libre desde Estados Unidos. Entre noviembre de 2008 y octubre de 2009, apenas veintidós días. Las teleconferencias implementadas como mecanismo sustituto resultaron ineficaces: en al menos un caso se canceló la visa de turista a la defensora del postulado y no se concedió visa al fiscal encargado, con lo que la audiencia sencillamente no pudo realizarse. Organizaciones de derechos humanos y de víctimas —y al menos una organización internacional— se opusieron a las extradiciones por considerar que truncaban los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Aquí la posición de Iguarán se vuelve más incómoda de sostener. Según una carta que Mancuso enviaría después a la Corte Suprema de Justicia, el propio Iguarán y el jefe de la Unidad de Justicia y Paz, Luis González, viajaron a Washington un año después de la extradición, se reunieron con funcionarios de la justicia estadounidense y les declararon que no conocían los motivos por los cuales se había producido la operación. La versión es la de Mancuso, pero, si se acepta, revela algo demoledor: el Fiscal General de la Nación había sido pasado por alto en la decisión más consecuente sobre el destino de los principales acusados que tenía a su cargo. La supuesta autonomía de la Fiscalía frente al Ejecutivo se desmoronaba en el gesto de un jefe de institución que iba a preguntar, con un año de retraso, por qué le habían quitado a sus testigos.

Mancuso lo expresó en términos políticos: el Gobierno había faltado a su palabra y, cuando él comenzó a revelar verdades que tocaban intereses políticos y económicos nacionales, fue deslegitimado e impedido de reconstruir la verdad. Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, declaró que no había garantías para él ni su familia y anunció que no declararía más ante la justicia colombiana; propuso, en cambio, colaborar en los procesos de parapolítica a cambio de reducción de penas en Estados Unidos. La lógica que se instaló fue la del regateo transnacional: los grandes testigos, ya fuera del alcance operativo de la Fiscalía, negociaban con jueces norteamericanos por rebajas que Colombia no controlaba. Amnistía Internacional advertiría que el riesgo de impunidad aumentaría si los tribunales estadounidenses no investigaban las violaciones de derechos humanos que los tribunales colombianos ya no podían procesar plenamente.

Después de mayo de 2008, la pregunta sobre cuánta autonomía real ejerció Iguarán frente al Ejecutivo tiene una respuesta menos ambigua. En el momento más crítico, no la ejerció.

Una Fiscalía infiltrada

El otro problema estructural de su gestión estaba dentro de la casa. La infiltración paramilitar del Estado colombiano se había documentado a lo largo de la década en múltiples regiones —Magdalena Medio, Nariño, Norte de Santander— y su alcance no se limitaba al Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, aunque este constituyera su expresión más notoria. Un exparamilitar declaró ante la Comisión de la Verdad que ninguna institución del Estado escapó a la infiltración de las autodefensas. La Fiscalía —la institución que Iguarán presidía— no fue excepción.

Había indicios de una nómina paralela en la Fiscalía y el DAS que habría suministrado inteligencia al Bloque Catatumbo y contribuido a la impunidad de sus crímenes. El nombre del antecesor de Iguarán, el exfiscal Luis Camilo Osorio (2001-2005), quedó envuelto en esos indicios: su responsabilidad penal por eventuales nexos con el Bloque Catatumbo a través de esa nómina paralela quedó pendiente de establecer. Testimonios de exparamilitares sostuvieron que las autodefensas habrían tenido acceso a copias de procesos judiciales abiertos en su contra, lo que interpretaban como evidencia de infiltración en la Fiscalía.

El DAS constituye un capítulo aparte. Un informante lo describió como "la institución más paramilitar que se conoce en la historia del país", con su dirección articulada con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. En Nariño, según testimonio de un exparamilitar, actuó como aliado de las autodefensas, suministrando nombres, direcciones y fotografías para facilitar asesinatos.

A ese perfil se sumó una segunda faceta. La entidad realizó interceptaciones ilegales —las llamadas "chuzadas"— contra periodistas y contra quienes investigaban la parapolítica, incluido el propio magistrado auxiliar Iván Velásquez. Cuando se divulgaron los audios de esas interceptaciones, el presidente Uribe anunció la liquidación del DAS. El gobierno intentó inicialmente minimizar la gravedad del espionaje presentándolo como acciones aisladas de "manzanas podridas" o exdetectives que querían dañar a la institución.

Iguarán heredó una Fiscalía marcada por su antecesor y por las estructuras paralelas que este pudo haber tolerado o amparado. La depuración interna, si existió, no dejó huella pública comparable a la denuncia externa.

Aliados, adversarios, contrapesos

La gestión de Iguarán se comprende en el mapa de fuerzas que la rodeaban. Su relación con el presidente Álvaro Uribe Vélez fue la más determinante y la más ambigua: le debía el cargo en un sentido político amplio, pero no había sido su primera opción. Ese margen le permitió sostener autonomías tácticas —la orden de captura contra Sor Teresa Gómez, la persecución de operadores paramilitares en algunos frentes, la investigación de casos incómodos— sin llegar nunca a un choque frontal. En al menos un episodio documentado, Uribe sostuvo que tenía derecho a pedir explicaciones a la Corte Suprema sobre sus actuaciones, lo que evidenció la tensión creciente entre el Ejecutivo y el poder judicial. Iguarán, en esa disputa, no fue actor central: se mantuvo en el pliegue.

La Corte Suprema de Justicia fue su contrapeso más importante y también su liberación política: al llevar la parapolítica sobre sus hombros, la Corte alivió a la Fiscalía del costo político directo del enfrentamiento con el uribismo. Iván Velásquez encarnó esa capacidad de la judicatura para investigar en condiciones adversas, y su blindaje frente a las chuzadas del DAS reveló hasta qué punto el poder judicial colombiano operaba en un campo de batalla real.

Los jefes paramilitares fueron sus interlocutores forzosos. Mancuso, Macaco, Don Berna, Hernán Giraldo Serna, Jorge 40 —una nómina que reunía a los responsables de decenas de miles de crímenes— pasaron por audiencias que sus fiscales conducían. La extradición transformó esa relación en correspondencia diplomática: cartas, teleconferencias fallidas, viajes a Washington. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araujo, fue señalado en el contexto del escándalo de la parapolítica por presuntos vínculos con la mafia internacional, y magistrados de la Corte Suprema como Leonor Perdomo y Rubén Darío Henao fueron objeto de sospechas por presuntamente favorecer intereses del narcotráfico. El entorno institucional era todo menos limpio.

Al término de su período en julio de 2009, la Corte Suprema consideró "inviable" la terna de candidatos para fiscal general que Uribe le presentó, lo que impidió la designación inmediata de su sucesor. La Fiscalía quedó en manos de Guillermo Mendoza Diago como fiscal encargado durante un largo interregno. El desenlace confirmaba una pauta: Uribe no controlaba el nombramiento del jefe del ente acusador. Iguarán, en su salida, dejaba una institución más expuesta que cuando entró, pero también más cargada de expedientes que ningún fiscal anterior había siquiera intentado abrir.

Después de la Fiscalía

Concluido el período, Iguarán salió del centro del poder judicial y regresó al ejercicio profesional. La distancia de la primera línea no lo excluyó de las conversaciones sobre justicia transicional que dominaron la década siguiente, cuando el proceso de paz de La Habana con las FARC, iniciado en 2012, obligó al país a rediseñar la arquitectura judicial que él había ayudado a operar. La Jurisdicción Especial para la Paz, creada tras el acuerdo de 2016, tomó nota expresa de las limitaciones de Justicia y Paz: penas mínimas frente a la magnitud del daño, lentitud extrema en las sentencias, escaso alcance frente a terceros civiles y militares. El modelo que Iguarán administró se convirtió, en buena medida, en el contramodelo que la generación siguiente intentó no repetir.

En clave latinoamericana, el balance de su gestión adquiere otra dimensión. Las transiciones del Cono Sur —Argentina, Chile, Uruguay— procesaron crímenes de dictaduras estatales; Perú lidió con el fujimorismo y Sendero Luminoso; Centroamérica arrastró procesos de posguerra con desmovilizaciones que rara vez llegaron a juicios significativos contra sus cúpulas. Colombia hizo algo distinto: procesó a la clase política civil por sus vínculos con estructuras paramilitares privadas mientras el conflicto armado seguía activo. Ninguna otra jurisdicción del continente sometió, en un mismo período, a decenas de congresistas en ejercicio, comandantes de un ejército irregular con treinta mil hombres y una tropa estatal responsable de miles de ejecuciones extrajudiciales. Que ese esfuerzo produjera resultados desiguales, tardíos e insuficientes no lo hace menos singular. La Fiscalía que Iguarán dirigió fue, con todos sus vicios, una pieza de ese experimento.

Balance de una administración del escándalo

Tras dieciséis años de aplicación, la Ley de Justicia y Paz había producido apenas 92 sentencias condenatorias. La cifra habla por sí sola de una lentitud extrema en las decisiones judiciales, y explica por qué en 2012 fue necesaria una reforma general mediante la Ley 1592. Las víctimas y organizaciones sociales denunciaron durante todo el período —y después— que los paramilitares continuaron cometiendo graves violaciones tras las desmovilizaciones, que surgieron nuevos grupos armados ilegales y que no se lograba un proceso real de desmovilización. Muchas víctimas denunciaron no haber recibido verdad ni localización de sus desaparecidos. La búsqueda avanzó con enormes dificultades.

En las versiones libres, los paramilitares hicieron una representación de sí mismos alejada de la realidad. El diseño del incentivo —penas alternativas a cambio de verdad y reparación— no logró producir la verdad que prometía. La Fiscalía General de la Nación fue poco señalada por la población general como fuente de información sobre Justicia y Paz: los medios de comunicación fueron la fuente predominante, y la Fiscalía tenía mayor presencia solo en los estratos altos. El aparato judicial, en otras palabras, no logró comunicar su trabajo ni anclarlo en la conciencia pública de las víctimas.

Los informes de evaluación identificaron múltiples dimensiones problemáticas en la atención a víctimas: desinformación sobre versiones libres, dificultades para acceder a representación judicial, ausencia de estrategia psicosocial, falta de condiciones para atender a víctimas de violencia sexual, dificultades de acceso a la justicia para población indígena y afrodescendiente. Y sin embargo, sentencias posteriores del proceso documentaron la participación de funcionarios de la Fiscalía y el CTI en la legalización de cadáveres y en la generación de impunidad para estructuras paramilitares. La institución producía, en sus fallos, la evidencia de su propia complicidad. Esa capacidad de autodocumentación, aunque tardía y limitada, es también una herencia del período de Iguarán.

Hernán Giraldo Serna fue condenado en diciembre de 2018, casi una década después de su extradición, por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla a ocho años de privación de la libertad por daños a diez mil víctimas del Bloque Resistencia Tayrona. Ese tipo de sentencias —tardías, con penas mínimas respecto a la magnitud del daño, pero existentes— constituye el legado material del proceso que Iguarán administró.

Queda una figura difícil de acomodar en las categorías habituales. No fue el fiscal de Uribe ni su antagonista, sino el administrador de un momento imposible: heredó una ley diseñada con influencia paramilitar directa, condujo un aparato infiltrado, respondió a un Ejecutivo que no lo controlaba pero podía sortearlo cuando importaba, y entregó una institución donde los avances formales conviven con impunidades sistémicas que ella misma contribuyó a sostener. Lo específico de su paso por la Fiscalía no está en haber resuelto ese tiempo —no lo resolvió—, sino en haberlo dejado documentado. Los expedientes abiertos bajo su dirección son la materia prima con la que jueces, historiadores y comisiones han podido, después, empezar a nombrar lo ocurrido. Un legado modesto para lo que la época exigía, y mayor que el de cualquier fiscal colombiano anterior.