Hernán Giraldo Serna

El colono armado

Giraldo era antioqueño y venía del interior. Llegó a la Sierra Nevada en el gran flujo migratorio de los años sesenta, cuando miles de campesinos empujados por la violencia bipartidista buscaron tierra en las estribaciones de una cordillera que apenas empezaba a colonizarse. No fue un caso aislado: la Sierra se pobló en esos años con oleadas de colonos del interior que trepaban por sus laderas abriendo monte, sembrando café en las partes altas y disputando, sin títulos claros, un territorio históricamente habitado por koguis, arhuacos, wiwas y kankuamos. Adán Rojas, otro colono que también organizaría después su propio grupo armado familiar, llegó por caminos parecidos. La Sierra recibía gente que huía de una guerra y aprendía, casi al mismo tiempo, que el nuevo territorio no ofrecía Estado sino oportunidades y peligros propios.

Hacia finales de los años sesenta, en el clima de violencia asociado al mercado emergente de la marihuana, Giraldo organizó un grupo armado conformado esencialmente por miembros de su familia. Se llamaron Los Chamizos. El grupo se instaló en la vertiente norte de la Sierra —Guachaca, Buritaca, Don Diego, Mendihuaca—, la franja donde la cordillera baja hasta el mar y donde los cultivos podían encontrar salida por las mismas playas, bahías y ensenadas que durante siglos habían servido al contrabando. Ese acoplamiento entre geografía y negocio no fue incidental: definió todo lo que vendría después. La Sierra permitía sembrar en la parte alta, procesar en la media y embarcar en la baja, y quien controlara ese eje vertical controlaba una empresa completa.

Los Chamizos hicieron dos cosas simultáneas. Prestaron servicios de seguridad a grandes hacendados y a los primeros narcotraficantes que se movían por la región, y comenzaron a disputar el negocio mismo. La bonanza marimbera —corta, intensa, alimentada por la demanda estadounidense y golpeada a fines de los setenta por la fumigación con paraquat del gobierno Turbay— dejó a Giraldo en una posición inmejorable: había desplazado a los traficantes guajiros del negocio hasta Palomino, había acaparado los contactos con los compradores y controlaba el tráfico en su franja. Con esas ganancias compró fincas, adquirió vehículos y rearmó a su gente. Cuando en los años ochenta comenzó el ciclo de la cocaína, ya tenía tierra, hombres y rutas. La transición fue orgánica: la primera mitad de los noventa lo encontró convertido en actor clave del boom cocalero de la Sierra, controlando laboratorios y corredores de exportación, enriquecido junto con asociados como Jairo Musso Torres mediante la acumulación de tierras —por compra o por despojo— y la explotación de la nueva economía ilícita.

Ese paso de la marihuana a la cocaína lo separó definitivamente de las FARC, con quienes disputaba la vertiente norte, y lo acercó a las estructuras armadas de derecha que empezaban a articularse en el país. Pero incluso en esa aproximación Giraldo mantuvo una particularidad: no era un antisubversivo en sentido estricto, era un colono armado que había construido su propio dominio y que necesitaba defenderlo tanto de la guerrilla como de cualquier otro competidor. Cuando en 1997 se federaron las Autodefensas Unidas de Colombia, Giraldo ya era, junto con Los Rojas y algunos otros, uno de los núcleos paramilitares locales que existían con anterioridad y con fuerzas propias. No entró en las AUC por conversión ideológica sino porque el mapa nacional estaba cambiando y él necesitaba ubicarse en él sin perder lo suyo.

La Constitución del 91, las Convivir y el salto de escala

La década que siguió a la promulgación de la Constitución de 1991 fue la del gran ensanchamiento del poder de Giraldo. Tres procesos convergieron para hacerlo posible.

El primero fue económico. La cocaína consolidó una economía ilícita mucho más rentable y con cadenas de valor más complejas que la marihuana. Giraldo pasó de proteger a los narcotraficantes a serlo él mismo, y de cobrar impuestos por el uso de sus rutas a controlar directamente laboratorios y embarques. Sus fuentes de financiación se diversificaron: impuestos a tierras y ganado, extorsión a comerciantes, robo de mercancías, contrabando, y por encima de todo el narcotráfico como columna vertebral. Acumuló una masa de tierras considerable, en parte por compra a colonos empobrecidos, en parte por despojo abierto, y estableció con Jairo Musso y otros socios una red patrimonial que combinaba propiedad rural, movilidad de capital ilegal y control armado del corredor exportador.

El segundo proceso fue jurídico e institucional. En 1994, al final de la presidencia de César Gaviria, el Decreto 356 creó las cooperativas de vigilancia y seguridad privada conocidas como Convivir: un marco legal que permitía a organizaciones civiles armarse con armas cortas y coordinar con Policía y Ejército tareas de seguridad. Diseñadas como respuesta a la inseguridad rural y respaldadas con firmeza por la federación nacional de ganaderos, la asociación de bananeros y las principales agencias de seguridad del Estado, se convirtieron rápidamente en el vehículo por el cual grupos armados irregulares establecieron conexiones legales con actores institucionales. Se crearon más de cuatrocientas en el país, con especial arraigo en Santander y Antioquia. Cuando el gobierno Samper las ilegalizó en 1997-1998, el daño estaba hecho: el paramilitarismo había revivido con fuerza, oxigenado por tres o cuatro años de vinculación oficial.

Para Giraldo, las Convivir supusieron un impulso extraordinario. Le permitieron operar con mayor apertura, establecer relaciones con élites económicas y con oficinas del Estado, y presentarse ante la sociedad regional no como jefe de un grupo armado ilegal sino como empresario de la seguridad rural. En ese marco, sus vínculos con hacendados, comerciantes y políticos se hicieron menos clandestinos y más rutinarios. La legalidad —parcial, discutida, después revocada— fue una plataforma decisiva para pasar de señor local a poder regional articulado con la economía formal.

El tercer proceso fue político. Las investigaciones judiciales posteriores sobre sus aliados mostraron que Giraldo funcionó como broker electoral: intercambiaba los votos de los campesinos bajo su influencia por el apoyo de políticos regionales que, a cambio, le garantizaban tolerancia estatal, contratos y respaldo. Ese circuito clientelar no era un accesorio del poder armado sino su prolongación natural. Un hombre que controlaba corregimientos enteros de la Sierra —Guachaca, Buritaca, Mendihuaca, Palmor, San Pedro de la Sierra— controlaba también los votos de esos corregimientos, y ese control era mercancía valiosa en las elecciones locales y departamentales del Magdalena. Al mismo tiempo, Giraldo reconoció más tarde su participación en el asesinato de líderes políticos y comunitarios desde mediados de los años ochenta, cuando los partidos de izquierda y los movimientos de base empezaron a ser vistos como amenaza a la hegemonía política instalada. La violencia selectiva contra dirigentes sociales no fue, entonces, un episodio tardío sino una práctica sostenida durante dos décadas: la contracara sangrienta del clientelismo.

En el Mercado de Santa Marta —espacio civil, comercial, cotidiano— se registraron centenares de asesinatos selectivos, y en ese mismo lugar operaba una red humana vinculada a Giraldo dedicada al tráfico de drogas. Esa superposición entre el mercado como lugar de matanza y como lugar de negocio ilícito ilustra la textura del poder que se estaba construyendo: no un enclave militar aislado, sino una malla que atravesaba la vida cotidiana de la ciudad y de sus corregimientos.

El feudo: infraestructura, gratitud y depredación

Lo que hace de Giraldo un caso particular dentro del paramilitarismo colombiano es que su poder no descansó únicamente en la violencia. Con las ganancias del narcotráfico y una lectura fina del vacío estatal en la Sierra, financió obras que ningún gobierno había llevado a esos corregimientos: vías, redes de electrificación, puentes, acueductos, puestos de salud, escuelas, comedores infantiles, procesadoras de arroz, iglesias. Para buena parte de la población campesina de la vertiente norte, el hombre que decidía a quién se mataba era el mismo que había hecho posible que hubiera luz en la vereda o que los niños pudieran ir a una escuela. Se lo llamó patrón y salvador, y esas palabras no eran retórica: describían una relación efectiva de provisión y reciprocidad.

Esa combinación de coerción y prestación es lo que convierte al régimen de Giraldo en algo más denso que un simple aparato de terror. Los vínculos que estableció con las comunidades tenían una lógica de gratitud personal: quien recibía la ayuda —una operación médica, un puesto de trabajo, la mediación en un conflicto vecinal— quedaba amarrado a él por una deuda que no era económica sino moral. Sobre ese tejido de reciprocidad se apoyaba también el silencio ante lo que hacía. Porque al mismo tiempo que abría trochas y montaba escuelas, Giraldo ejercía sobre las mujeres y niñas de esos mismos territorios una violencia sistemática que no puede tratarse como un rasgo lateral de su biografía sin traicionar el material que la documenta.

Giraldo violaba exclusivamente niñas menores de quince años. En audiencia declaró que una mujer de veinte años era, para él, una anciana en la cama. El modus operandi es preciso y repetido: se mandaba buscar a las niñas en sus casas, se las subía a la Sierra hasta un lugar conocido como Machete Pelado, se las retenía hasta una semana y luego se las devolvía. Cuando en una familia había varias niñas menores de edad, no una sino todas podían ser requeridas. La práctica no era exceso individual sino patrón sostenido en el tiempo, ejecutado por hombres bajo su mando y tolerado —a veces protegido, a veces temido— por una comunidad que sabía lo que ocurría.

Alrededor de esa violencia se ha librado desde entonces una disputa de memoria. Hay versiones que insisten en la responsabilidad de las familias, en supuestos consentimientos, en la ambigüedad de las relaciones. La lideresa que testimonió sostuvo con claridad que las niñas eran requeridas y llevadas por la fuerza. El rango de edad, la reiteración, el confinamiento en Machete Pelado, el hecho de que varias hermanas pudieran ser tomadas de una misma casa configuran sin ambigüedad un régimen de esclavitud sexual y de violación sistemática de menores. En fincas de operación paramilitar de la región, además, se torturaba a mujeres y niñas; algunas eran desaparecidas, otras morían por no soportar los abusos. El sufrimiento desbordó lo individual: golpeó a familias enteras y comprometió el tejido social de veredas donde varias generaciones de niñas y adolescentes fueron marcadas por lo mismo.

Ese componente sexual del poder de Giraldo no puede aislarse del resto. Fue parte del modo en que se ejercía la soberanía sobre el territorio: si Giraldo proveía y castigaba, si repartía obras y ordenaba asesinatos, también se apropiaba de los cuerpos de las niñas de las comunidades que gobernaba, y ese acto era también, y sobre todo, una demostración de que en la Sierra su voluntad no tenía contrapeso. La depredación sexual funcionó como marcador de poder tanto como los puentes o los puestos de salud. Cualquier retrato honesto tiene que sostener esa asimetría: no se cancela lo uno con lo otro, y quien construye un colegio no queda absuelto de haber violado a sus alumnas.

De la coordinadora de Castaño al Bloque Norte

A finales de los años noventa, el mapa paramilitar nacional empezó a reordenarse. Las AUC, federadas en 1997 bajo el liderazgo de Carlos Castaño, buscaban articular en una confederación las distintas estructuras regionales que hasta entonces habían operado con lógicas propias. Giraldo aceptó en 2001 integrarse a la Coordinadora Nacional de Autodefensas, pero con una condición implícita y sostenida: conservar amplia independencia operativa y económica, sustentada en las rentas del narcotráfico que él mismo controlaba en la Sierra. Sus estructuras operaban en esa etapa como Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (ACMG), denominación que reflejaba tanto la geografía como la pretensión de autonomía frente al aparato central.

Esa autonomía resultó incompatible con la lógica expansiva del Bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. El Bloque Norte se propuso dominar los cuatro departamentos del Caribe oriental —Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira—, proyecto que suponía inevitablemente disputar a Giraldo el corredor exportador de la Sierra Nevada. En el fondo, la fricción no era ideológica sino económica: quien controlara la Sierra controlaba producción, procesamiento y exportación de cocaína en uno de los enclaves más lucrativos del Caribe colombiano.

El detonante llegó a finales de 2001. En noviembre y diciembre de ese año, por orden de Jairo Musso, fueron asesinados dos agentes de la DEA y tres policías de la Dirección Nacional Antinarcóticos en la región de Santa Marta. En el mismo período, Musso retuvo un cargamento de drogas con destino a Estados Unidos, se apoderó de él y lo entregó a la Policía. El escándalo internacional aportó munición política a la ofensiva. En diciembre de 2001 se registró una confrontación armada entre el grupo de Giraldo y las estructuras del Bloque Norte, que se extendió durante las semanas siguientes en la Sierra Nevada.

La derrota militar de Giraldo llegó en febrero de 2002. Fue absorbido por el Bloque Norte y quedó subordinado a Jorge 40. En el proceso, las antiguas ACMG fueron reorganizadas en dos frentes: el Frente Resistencia Tayrona, que mantuvo la base territorial de Giraldo en la Sierra Nevada y municipios aledaños como Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera, y el Frente Contrainsurgencia Wayúu, orientado hacia La Guajira, bajo el mando de Arnulfo Sánchez, alias Pablo. Giraldo quedó al frente del Frente Resistencia Tayrona, pero ya no como actor independiente que negociaba de igual a igual con Castaño: ahora era una pieza dentro de la arquitectura del Bloque Norte, con las obligaciones de coordinación, aportes y disciplina que eso implicaba.

Ese episodio de 2001-2002 es la clave para entender la naturaleza de su poder. El feudo que había construido durante tres décadas no era autosuficiente. Dependía de un equilibrio externo —la permisividad del Estado durante la etapa Convivir, la tolerancia de la coordinadora de Castaño mientras convenía— y cuando ese equilibrio se rompió, ni la infraestructura financiada ni la red de gratitud ni la reserva de hombres armados alcanzaron para resistir a una estructura paramilitar mayor decidida a integrarlo. La originalidad de Giraldo era genuina, pero no era soberana: era una forma local de acumulación de poder que el paramilitarismo nacional terminó por encuadrar sin destruirla.

La red

El poder de Giraldo se sostuvo en una red que combinaba familia, socios de negocio, aliados políticos y contactos institucionales. La familia fue el núcleo desde el comienzo: Los Chamizos se conformaron con parientes, y a lo largo de los años sus hijos y sobrinos ocuparon posiciones dentro de la estructura armada y de la administración patrimonial. Cuando Giraldo fue extraditado en 2008, la continuidad del negocio no requirió una refundación externa: sus descendientes tomaron el control y organizaron La Oficina Caribe, también conocida como Los Pachencas, que ha disputado desde entonces la economía ilícita del corredor Santa Marta–Sierra Nevada. Esa continuidad familiar es una firma del modelo Giraldo: no un aparato transferible a cualquier operador leal, sino un patrimonio con lógica sucesoria.

Junto a la familia, la asociación más significativa fue con Jairo Musso Torres, socio en la acumulación de tierras y en el control de laboratorios y rutas durante el ciclo cocalero. Musso fue quien ordenó el asesinato de los agentes de la DEA y de los policías antinarcóticos a finales de 2001, en el episodio que precipitó la ofensiva del Bloque Norte contra las ACMG. La relación con él muestra hasta qué punto la empresa de Giraldo era, en su núcleo económico, una empresa narcotraficante, y no un aparato contrainsurgente que se financiara accesoriamente con droga.

En el plano nacional, la relación con Carlos Castaño y con las AUC fue de coexistencia negociada mientras duró, y de sometimiento cuando el Bloque Norte impuso el nuevo orden. Con Salvatore Mancuso y con los cuadros militares del bloque central de las AUC, la relación fue siempre lateral: Giraldo no era de esa escuela ni compartía su discurso. Cuando en 2008 el gobierno de Álvaro Uribe ordenó la extradición masiva de jefes paramilitares a Estados Unidos, Giraldo hizo parte del grupo que salió en julio —Macaco había sido extraditado ya en mayo por continuar dirigiendo el narcotráfico desde la cárcel de Itagüí—, y desde entonces comparte con Mancuso, con Diego Fernando Murillo alias Don Berna y con los demás extraditados el mismo horizonte judicial dividido entre las cortes estadounidenses y los procesos incompletos de Justicia y Paz en Colombia.

En el plano regional, la red incluyó políticos del Magdalena beneficiados por el trasvase de votos campesinos, gremios que se apoyaron en las Convivir para consolidar su seguridad, hacendados que compraron protección o vendieron tierras bajo presión, y funcionarios que toleraron o facilitaron los movimientos del grupo. Las investigaciones de la parapolítica documentaron parte de esa maraña, aunque el mapa completo de los apoyos políticos de Giraldo probablemente exceda lo que llegó a los tribunales.

En el plano territorial, la red se enlazó con —y a veces se superpuso a— la de otros actores. Los Rojas operaban en zonas propias de la misma sierra desde antes de la conformación de las AUC. Los pueblos indígenas —koguis, arhuacos, wiwas, kankuamos— fueron objeto de presiones y desplazamientos en un territorio donde la disputa por la tenencia de la tierra involucraba también proyectos productivos legales y proyectos de infraestructura. La Sierra Nevada fue una zona de disputa, junto con los Montes de María, el oriente antioqueño o el occidente de Arauca; en su caso, la disputa se libró simultáneamente por el control de la producción, del procesamiento y de la exportación de drogas ilícitas, y por la posesión de un espacio de enorme valor simbólico y estratégico.

Extradición y huella

La negociación de las AUC con el gobierno de Álvaro Uribe entre 2003 y 2006 desembocó en desmovilizaciones colectivas y en el marco jurídico de Justicia y Paz, que ofrecía penas alternativas a cambio de verdad, justicia y reparación. Giraldo se acogió al proceso. Pero en 2008, ante la evidencia de que varios comandantes seguían dirigiendo negocios ilícitos desde prisión y ante la presión judicial estadounidense por narcotráfico, Uribe ordenó la extradición de la mayoría de los jefes paramilitares. Giraldo salió del país en julio de ese año.

La extradición partió en dos la posibilidad de completar los procesos internos. Al no existir un convenio de cooperación judicial pleno entre Colombia y Estados Unidos, las víctimas colombianas quedaron con acceso muy limitado a los procesos que se seguían en las cortes estadounidenses, donde el eje era el narcotráfico y no los crímenes de lesa humanidad. Organizaciones de derechos humanos y de víctimas se opusieron entonces a las extradiciones argumentando que reducían las posibilidades de hacer justicia sobre las masacres, los desplazamientos, los asesinatos selectivos y —en el caso de Giraldo con particular intensidad— la violencia sexual sistemática contra menores. La crítica de fondo era que el Estado colombiano estaba privilegiando las demandas penales de otro país por delitos comunes sobre los procesos internos donde se ventilaban crímenes de lesa humanidad confesados por los propios extraditados. Don Berna llegó a ofrecer, desde Estados Unidos, la colaboración de los exjefes paramilitares extraditados en los procesos de parapolítica a cambio de reducción de sus penas allá. Mancuso expresó en distintos momentos su intención de dejar de colaborar con la justicia colombiana.

En la Sierra Nevada, la ausencia física de Giraldo no supuso la desaparición de su estructura. La Oficina Caribe o Los Pachencas, comandada por sus descendientes, ha ocupado el espacio dejado por el Frente Resistencia Tayrona en la economía ilícita del corredor Santa Marta–Guachaca–Palomino. El Frente Contrainsurgencia Wayúu, bajo Arnulfo Sánchez, no cesó su actividad después de la desmovilización: para 2010 su poderío militar y su número de hombres habían aumentado respecto a 2004, lo que sugiere una continuidad operativa en La Guajira que confirma la solidez del modelo territorial construido en las décadas previas.

La huella de Giraldo en la memoria regional es tensa. Hay comunidades donde todavía se lo recuerda como el hombre que llevó la luz, la escuela y el puesto de salud; hay familias donde su nombre remite a la niña que se llevaron y no volvió a ser la misma, o a la hermana que murió, o al padre asesinado por hablar de más. Esa tensión es constitutiva del personaje y no debe resolverse en falso: la Sierra Nevada de los años ochenta y noventa era un territorio con vacío estatal profundo, donde la infraestructura mínima llegó por vías que también arrasaron con vidas y con cuerpos. Giraldo entendió esa vacancia y la ocupó, y en esa ocupación construyó al mismo tiempo un aparato de servicios y un aparato de terror, sin que lo uno cancele lo otro.

Su lugar en la historia del conflicto colombiano es el de un paramilitarismo distinto al que suele ocupar la primera línea del relato. No fue el hijo de un ganadero de Amalfi que juró vengar a su padre. No fue el estratega militar que soñaba con una confederación nacional de autodefensas. No fue el ideólogo que se sentaba a redactar estatutos. Fue un colono armado que en una geografía específica —la Sierra Nevada donde la montaña se hunde en el Caribe— fundió narcotráfico, gobierno paralelo, clientelismo político y depredación sexual en un mismo régimen. Ese régimen fue original y parasitario a la vez: original porque nadie más lo construyó exactamente así, parasitario porque solo pudo existir mientras la geografía exportadora, la permisividad estatal y la tolerancia paramilitar nacional se lo permitieron. Cuando esas condiciones cambiaron, primero fue absorbido y después extraditado. Pero la estructura que dejó sigue funcionando en la Sierra, con nuevos nombres y con sus mismos apellidos, y esa continuidad es quizá el dato más difícil de sostener sobre él: que el feudo no era, en el fondo, un exceso pasajero del conflicto colombiano, sino una forma de gobernar el territorio que le sobrevivió.