Álvaro Uribe Vélez

Un hijo de la Antioquia ganadera

Nació en Medellín en 1952, en una Antioquia todavía marcada por la violencia bipartidista, dentro de una familia ligada a la ganadería y a la propiedad rural. Su padre, Alberto Uribe Sierra, sería asesinado en Colombia en circunstancias que un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos —la DIA— consignaría años más tarde al perfilar al hijo. Esa muerte, junto con la de un hermano, es el hecho biográfico que atraviesa toda su vida pública: la experiencia personal del secuestro y del homicidio como método político le entrega, desde muy temprano, la certeza de que la seguridad es la primera cuestión del Estado.

La familia Uribe Vélez pertenece a la Antioquia hacendataria que sobrevivió a las reformas agrarias de los años sesenta y prosperó en las décadas siguientes. Su hermano Santiago Uribe Vélez, empresario ganadero, sería señalado en investigaciones posteriores como líder principal del grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles, activo en el norte de Antioquia. Álvaro casó con Lina Moreno de Uribe, con quien tuvo dos hijos, Tomás y Jerónimo Alberto Uribe Moreno. La educación —catolicismo conservador, derecho, administración— se cruzó desde el comienzo con la vida de finca: la hacienda no es en él escenografía sino modo de pensar el país.

Esa doble raíz —la del abogado gerencial y la del hacendado— explica el temperamento que llevaría luego a Palacio. Uribe no llegaría al poder desde el pensamiento partidista tradicional ni desde la tecnocracia bogotana, sino desde una síntesis paisa entre gestión, propiedad rural y demanda de orden que en los años ochenta y noventa se reconfiguraba bajo la presión del narcotráfico, las guerrillas y los primeros grupos de autodefensa.

Los peldaños regionales: alcalde, senador, gobernador

Antes de la presidencia, Uribe recorrió sistemáticamente el escalafón del poder antioqueño. Fue alcalde de Medellín en un período brevísimo a comienzos de los años ochenta, en plena expansión del cartel liderado por Pablo Escobar Gaviria. Pasó luego al Senado de la República como militante del Partido Liberal —identidad política que mantendría hasta su candidatura presidencial de 2002— y desde allí participó en debates sobre régimen laboral y seguridad social que lo perfilaron como una voz eficiente en asuntos técnicos.

Es en ese tramo senatorial cuando aparece el documento más incómodo de su biografía. En 1991, la DIA publicó un informe titulado Narcotics – Colombian Narco-Trafficker Profiles que catalogaba a los principales narcotraficantes colombianos y a sus colaboradores dentro del Estado. La ficha correspondiente lo describió como un político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín a altos niveles de gobierno, mencionó un negocio suyo vinculado al narcotráfico en Estados Unidos y consignó, como dato de contexto, el asesinato de su padre en Colombia. El documento, desclasificado años después, ha sido reiteradamente rechazado por Uribe y sus defensores como material de inteligencia sin valor probatorio; para sus críticos, es la primera huella institucional extranjera de una zona gris que la biografía nunca ha terminado de disipar.

En 1995 llegó a la Gobernación de Antioquia, cargo que ejerció entre 1995 y 1996. Fue allí donde formuló la matriz de gobierno que luego llevaría a escala nacional. El instrumento fue la figura conocida como Convivir: cooperativas comunitarias de vigilancia rural. Su base jurídica venía del Decreto 356 de febrero de 1994, expedido al final del gobierno de César Gaviria, y su autorización formal se completó en septiembre de 1994 bajo Ernesto Samper. Uribe se convirtió en el defensor más decidido y en el impulsor más entusiasta de ese modelo: autorizó la creación de 67 Convivir en su departamento y las dotó de armas largas.

El resultado fue una privatización de facto de la seguridad en zonas de intenso conflicto. Varias Convivir antioqueñas terminaron controladas o infiltradas por comandantes paramilitares plenamente identificados: José María Barrera, alias Chepe Barrera, a cargo de la Convivir Siete Cueros en La Ceja; Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar, entre los principales miembros de la Convivir Deyavan en Yarumal; y Carlos Alberto Ardila Hoyos, alias Carlos Correa, director de la Convivir Costa Azul en Necoclí. El 26 de febrero de 1996 Salvatore Mancuso, uno de los mayores jefes paramilitares del país, recibió una revista de inspección de la Superintendencia de Vigilancia que encontró todo en regla; el acta la firmaron un funcionario de esa dependencia, el coronel René Sanabria de la Brigada XI y el propio Mancuso. Según su testimonio posterior, para ese momento Mancuso ya había consumado más de diez masacres.

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-72 de 1997, declaró constitucional la existencia de las Convivir pero limitó aspectos importantes de su funcionamiento. La figura decayó jurídicamente, pero el modelo político dejó una lección durable: la seguridad podía delegarse en estructuras comunitarias armadas bajo tutela estatal. Uribe salió de la Gobernación con fama de ejecutor implacable y con una red regional consolidada.

El vacío del Caguán y la victoria de 2002

El proceso de paz que Andrés Pastrana Arango adelantó con las FARC-EP en la zona de distensión del Caguán entre 1998 y 2002 fue el fenómeno político que hizo posible a Uribe. El apoyo ciudadano al proceso, que había sido alto en septiembre de 2001, cayó al 39% en enero de 2002 y en febrero siguiente el rechazo llegaba al 59,5%. El 20 de febrero de 2002, tres meses antes de las elecciones presidenciales, Pastrana declaró oficialmente terminado el diálogo. La ruptura coincidió con el ascenso vertiginoso de Uribe en las encuestas.

Su campaña había abandonado el liberalismo tradicional para construir un discurso propio, sostenido en un giro semántico decisivo: el uso sistemático de la palabra terrorismo para referirse a las FARC. El contexto internacional se alineó a su favor. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 habían reordenado las prioridades de Washington, y la administración de George W. Bush encontró en Colombia el laboratorio latinoamericano de su cruzada antiterrorista. La mano dura que Uribe había ensayado con las Convivir en Antioquia se convirtió, sin cambiar de gramática, en oferta nacional.

El 26 de mayo de 2002 ganó en primera vuelta con el 54% de los votos. Una encuesta de Napoleón Franco reveló que el 48% de sus votantes lo había apoyado específicamente por sus posturas en materia de paz y seguridad. No fue un mandato ambiguo: el país eligió, con mayoría inequívoca, el fin del método de la negociación bajo la fórmula del Caguán y el comienzo del tratamiento militar del conflicto. Que ese mandato hubiera surgido tan pocos meses después del derrumbe del diálogo sugiere que la elección se decidió en la intersección entre una trayectoria regional preparada durante años y una coyuntura nacional abierta por el fracaso ajeno.

Seguridad Democrática: el gobierno como campaña

Los dos mandatos de Uribe (2002-2006 y 2006-2010) se organizaron alrededor de un eje único: la Política de Defensa y Seguridad Democrática. La formulación no contemplaba una política explícita de paz ni una política general de derechos humanos: ambos ámbitos quedaron subsumidos bajo la lógica militar. Entre sus objetivos estratégicos figuraron la consolidación del control territorial del Estado y la eliminación del narcotráfico y los cultivos ilícitos. Para financiarla, decretó como una de sus primeras medidas un impuesto al patrimonio destinado a fortalecer a las Fuerzas Militares.

El brazo operativo fue el Plan Patriota, lanzado en 2003: la operación contraguerrillera más grande desde la década de 1960. Se dirigió contra las FARC en el sur del país, con particular concentración en la antigua zona de distensión del Caguán. En paralelo, la desmovilización individual de guerrilleros se convirtió en pieza central de la estrategia, con un incremento marcado respecto a los poco más de dos mil registrados entre 1994 y 2002.

El otro flanco fue la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entre el 25 de noviembre de 2003 —cuando entregó armas el Bloque Cacique Nutibara en Medellín— y el 15 de agosto de 2006 —fecha del Bloque Elmer Cárdenas— se realizaron 38 actos de desmovilización que sumaron 31.689 integrantes. El Bloque Central Bolívar aportó el mayor número, con 6.348. El proceso, enmarcado en la Ley de Justicia y Paz, produjo simultáneamente dos efectos: sacó a decenas de miles de combatientes del conflicto y abrió el interrogante, aún vivo, sobre qué fracción de las estructuras se reciclaría en las llamadas bandas criminales dedicadas al narcotráfico. En regiones como el Pacífico colombiano, la desmovilización coincidió con una redistribución territorial en la que las FARC-EP y el ELN se replegaron hacia zonas de frontera y territorios económicamente estratégicos.

Los indicadores de opinión pública fueron extraordinarios. Durante el primer mandato, la aprobación presidencial superó consistentemente el 70%; a mediados del segundo alcanzó entre el 85% y el 90%, y Uribe fue señalado como el presidente con mayor apoyo popular en las Américas. Ese respaldo se apoyaba en una combinación de resultados verificables —caída del secuestro, reapertura de carreteras, avance militar en el sur— y una comunicación política intensiva a través de los consejos comunales de gobierno, escenarios semanales de contacto directo con el país.

La contracara emergió temprano. Los avances militares fueron cuestionados porque la subsunción de los derechos humanos y del DIH dentro de la política de seguridad produjo un viraje respecto a gobiernos anteriores. La intensificación del conflicto entre finales de los noventa y comienzos de los dos mil había concentrado la victimización en la población civil, y el nuevo enfoque, sin política autónoma de protección, agravó zonas grises de la actuación estatal. En el marco de esa lógica, la exigencia de resultados operacionales sobre bajas en combate abrió el espacio a lo que se conocería, en años posteriores, como el patrón de las ejecuciones extrajudiciales presentadas como muertes en enfrentamiento.

El DAS de Noguera y la ingeniería paralela del Estado

Ningún capítulo revela con más nitidez las zonas oscuras del uribismo en el poder que el del Departamento Administrativo de Seguridad. Jorge Aurelio Noguera Cotes, jefe de campaña de Uribe en el Magdalena, fue nombrado director del DAS entre 2002 y 2005, con rango de ministro de Estado. La entidad, adscrita directamente a la Presidencia, era el servicio civil de inteligencia del país.

Bajo Noguera, el DAS designó directores seccionales que colaboraban con estructuras paramilitares específicas: en Norte de Santander a favor del Bloque Catatumbo, en la Costa Atlántica a favor del Bloque Norte comandado por Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, y en Casanare a favor del Bloque Centauros. Al interior del organismo se creó el Grupo Especial de Inteligencia G3, dedicado a labores de inteligencia y operaciones encubiertas al margen de la ley, con seguimientos, hostigamientos y amenazas a opositores, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales. El G3 fue reemplazado posteriormente por el Grupo de Operaciones Nacionales e Internacionales, GONI.

Una de sus operaciones, denominada Transmilenio, tuvo como objetivo al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo: rastreos a sus miembros, actividades y fuentes de financiación, junto con acciones ofensivas de interceptación, desprestigio, presión, intimidación, amenazas y sabotaje, con el fin declarado de restringir o neutralizar su accionar.

La grieta se abrió en 2004, cuando por fuentes periodísticas se conoció que Rafael García, jefe de Informática del DAS, había modificado bases de datos y borrado órdenes de captura contra narcotraficantes. La investigación penal contra Noguera se abrió inicialmente en 2006, pero la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad porque la había adelantado un delegado del Fiscal General en lugar del propio Fiscal; el 18 de junio de 2008 se dispuso su reapertura con base en un informe del CTI. La Corte Suprema lo condenó por concierto para delinquir agravado y como autor mediato del homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andréis, ordenado por una alianza entre políticos, funcionarios del DAS encabezados por Noguera y el paramilitar Jorge 40.

En paralelo, desde 2006 el escándalo llamado parapolítica comenzó a escalar. Fue impulsado inicialmente por la izquierda parlamentaria —Gustavo Petro, del Polo Democrático, entre otros—, que se preparó durante meses para documentar los nexos entre el presidente y el paramilitarismo en Antioquia. Con el ingreso de la Corte Suprema, la denuncia política se transformó en investigación judicial contra decenas de congresistas aliados del Gobierno. En 2017, una sentencia de la Corte Suprema estableció que desde el DAS, bajo la dirección de Noguera y en el marco de la Política de Seguridad Democrática, se habían ejecutado labores de inteligencia ilegal, seguimientos, amenazas y traspaso de información a estructuras paramilitares.

La contradicción define al período. La misma administración que sostenía índices récord de aprobación popular y que golpeaba militarmente a las FARC operaba, en su servicio de inteligencia adscrito a la Presidencia, una arquitectura paralela dedicada a favorecer estructuras ilegales y a hostigar a la sociedad civil. Uribe siempre negó conocer esas operaciones; sus condenados y sus víctimas apuntan, en cambio, hacia un patrón sistemático.

El círculo cercano y las sombras familiares

Los nombres que rodearon a Uribe en Palacio pertenecían mayoritariamente a su red antioqueña previa. José Obdulio Gaviria Vélez, señalado como primo hermano de Pablo Escobar Gaviria, fue su principal asesor presidencial y el ideólogo más visible del proyecto en materia de opinión pública. La proximidad familiar con el mayor narcotraficante de la historia colombiana nunca fue clandestina; el propio Uribe la asumió como un dato biográfico sin pertinencia política. Sus críticos, en cambio, la leían como una pieza más del mosaico incómodo que el informe de la DIA de 1991 había esbozado.

Su hermano Santiago Uribe Vélez, señalado como líder principal de Los Doce Apóstoles, sería procesado penalmente en años posteriores. Y la propiedad rural de la familia se cruzó con la historia inmobiliaria de tierras vinculadas a redes paramilitares: la hacienda Santa Paula, en Córdoba, aparece con la familia Uribe Vélez junto a la familia Henao y a los Castaño Gil en su cadena de propietarios; Yolanda, una víctima que intentaba recuperar esas tierras vinculadas a los Castaño Gil, quedó atrapada en los riesgos implícitos de esa historia. Este entramado inmobiliario nunca se tradujo en imputación penal directa a Uribe, pero situó su patrimonio rural —del que la finca El Ubérrimo, en Córdoba, es el emblema— en la misma cartografía donde operaron las Autodefensas.

El regreso: senador y jefe del Centro Democrático

La Corte Constitucional le negó en 2010 la posibilidad de una segunda reelección. Su sucesor fue Juan Manuel Santos, ministro de Defensa durante el segundo mandato uribista y ganador de las elecciones de ese año con el respaldo público del expresidente. La ruptura entre ambos fue casi inmediata y tuvo un motivo central: Santos abrió, primero en secreto y luego en La Habana, un proceso de paz con las FARC.

Uribe se convirtió en su opositor más frontal. En 2013 fundó el partido Centro Democrático como plataforma para bloquear el proceso, y en las elecciones congresionales de 2014 fue elegido senador de la República; en esas mismas elecciones resultó elegido, por la izquierda, Iván Cepeda Castro. La coincidencia de ambos en el Congreso reorganizó el eje del debate político: el Senado se convirtió en escenario permanente del duelo entre uribismo y sus críticos.

En 2016 el gobierno Santos y las FARC firmaron el Acuerdo Final. El Centro Democrático fue el vehículo institucional decisivo de la campaña por el No en el plebiscito refrendatario, con una estrategia discursiva basada en la exasperación del rencor, la exigencia de castigo a los antiguos comandantes guerrilleros y la difusión de información tergiversada sobre los términos pactados. Durante la campaña, Uribe adaptó el mensaje público para no aparecer como enemigo de la paz ante la comunidad internacional, aun cuando en la práctica el partido mantenía una oposición cerrada. El No ganó por un margen estrecho. El Acuerdo se aprobó luego con ajustes, pero el uribismo nunca lo aceptó.

En 2018, el candidato del Centro Democrático, Iván Duque Márquez, ganó la presidencia. El uribismo regresó al poder ejecutivo tras un intervalo de ocho años, aunque con una fuerza social claramente disminuida: en julio de 2021, según encuesta del Centro Nacional de Consultoría contratada por Semana, solo el 6% de los colombianos se identificaba con el partido. El vehículo institucional seguía funcionando; la hegemonía cultural se había resquebrajado.

Cepeda, la Corte y el proceso judicial

El enfrentamiento entre Uribe e Iván Cepeda —hijo del dirigente comunista Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994— es la línea judicial más extensa que atraviesa el posgobierno. En abril de 2014 la Comisión de Acusaciones de la Cámara consideró brevemente el caso de las llamadas chuzadas del DAS, y Cepeda solicitó a mediados de ese año que el Senado debatiera el asunto. Argumentó ante la Comisión que debía remitirse evidencia a la Corte Penal Internacional, pues la persecución no está tipificada como crimen en Colombia pero sí lo está en el Estatuto de Roma.

El debate que Cepeda pidió citar al Senado se refería a las actuaciones de Uribe como gobernador de Antioquia y como presidente, no a su condición de congresista; el secretario del Senado señaló que no existía procedimiento claro para que un congresista citara a otro. Uribe respondió acusando a Cepeda de manipular testigos para inculparlo. La Corte Suprema de Justicia, tras examinar la denuncia inicial, invirtió la investigación: los indicios apuntaban a que era Uribe quien podía haber intervenido a testigos. En 2018, la Sala Penal de la Corte lo llamó a indagatoria; en 2020, tras la renuncia de Uribe al Senado, el expediente pasó a la Fiscalía General de la Nación e inició un largo proceso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal que sigue transitando las instancias judiciales.

El horizonte internacional del caso Cepeda-Uribe se conecta con una sentencia previa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 26 de mayo de 2010 —mismo día en que ocho años antes Uribe había ganado su primera elección—, determinó en el caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia que prevalecía la impunidad, porque los procesos internos no se habían desarrollado en plazo razonable ni habían constituido recursos efectivos. Carlos Castaño Gil había admitido ante el periodista Steven Dudley que él dirigió el asesinato del senador comunista; el tribunal colombiano lo exoneró sin que él siquiera hubiera asignado un abogado defensor, y dos soldados asumieron toda la culpa. Iván Cepeda actuó como perito declarante ante la Corte Interamericana en el caso de la Masacre de La Rochela el 16 de enero de 2007.

La huella

Álvaro Uribe Vélez transformó el sistema político colombiano en al menos cinco frentes durables. Instaló el vocabulario del terrorismo como marco dominante para interpretar el conflicto armado interno, un giro semántico que a partir de 2002 ordenó todo el debate público. Le devolvió al Ejército una centralidad presupuestal, política y simbólica que no tenía desde comienzos del siglo XX. Ancló la política exterior colombiana en una alianza estrecha con Washington. Reorganizó la derecha en una fuerza partidista propia con el Centro Democrático, capaz de ganar la Presidencia una vez y de mantener el veto sobre la agenda de paz aun cuando su fuerza electoral se erosione. Y produjo, con la Ley de Justicia y Paz y las desmovilizaciones de las AUC entre 2003 y 2006, el mayor proceso de desmovilización paramilitar en la historia del país, con todas sus ambigüedades.

Sus dos mandatos coincidieron con el descenso de indicadores duros del conflicto y con avances militares reales frente a las FARC. Coincidieron también con el patrón de las ejecuciones extrajudiciales, con la instrumentalización del servicio de inteligencia del Estado contra opositores, con condenas judiciales a colaboradores cercanos y con la persistencia de dinámicas paramilitares en regiones como el Pacífico. La intensificación mayor del conflicto colombiano —con secuestros, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia sexual concentrados sobre la población civil— se produjo entre finales de los noventa y comienzos de los dos mil, y buena parte de ese ciclo pasó por sus mandatos.

Su lugar histórico está dado por esa dualidad, no la resuelve. Fue, al mismo tiempo, el presidente más popular en la memoria democrática colombiana y el jefe de Estado bajo el cual el servicio de inteligencia de la Presidencia fue sentenciado por la Corte Suprema como una organización que compartió información con paramilitares y persiguió ilegalmente a sectores civiles. Su biografía cruza la del abogado gerencial, la del hacendado antioqueño, la del político regional que sobrevivió a la Antioquia de Escobar, la del gobernador que armó las Convivir y la del comandante en jefe que ordenó el Plan Patriota. Ninguna de esas identidades cancela a las otras: coexisten, tensas, en la misma vida.

Su figura sigue viva y activa. Encabeza al Centro Democrático como presidente vitalicio, opera en la política diaria y comparece regularmente ante los jueces. El país que gobernó durante ocho años continúa organizándose, en buena medida, alrededor del eje que él estableció: a favor o en contra de la síntesis paisa entre seguridad, mercado y orden que llevó a Palacio en 2002. En eso consiste, quizá, el legado más incontestable: haber definido, para al menos una generación, el terreno donde ocurre la disputa política colombiana.