Floro Tunubalá

El comunero de Guambía

Tunubalá nació y se formó en el resguardo de Guambía, en el municipio de Silvia (Cauca), enclave de altura del pueblo Misak —o Wan, como los propios comuneros prefieren llamarse, reservando el término guambiano para su uso administrativo de origen colonial—. La sociedad en la que creció era, ya desde inicios del siglo XX, una comunidad en asfixia territorial. Donde en 1900 cada unidad productiva del resguardo podía contar con doce hectáreas cultivables, en 1970 disponía apenas de tres, y ello para un promedio de seis personas por unidad. El régimen de tenencia interno —el comunero adjudicatario disfruta la tierra de por vida y la transmite a sus herederos— había fragmentado las parcelas hasta configurar un minifundio agudo, mientras terratenientes vecinos, colonos, grupos religiosos e instituciones estatales seguían empujando el límite de lo indígena hacia zonas montañosas cada vez más inaccesibles.

En ese contexto, la afirmación cultural del pueblo Misak adquirió un peso singular. En un Cauca donde solo dos pueblos —los Misak y los Nasa— seguían hablando su lengua propia, únicamente los Misak sostenían además su atuendo tradicional: el anaco, la ruana azul, el sombrero. La comunidad convirtió la vestimenta y la lengua en frontera identitaria, y la escasez de tierra en motor político. De ese Guambía comprimido salieron, hacia los años setenta y ochenta, los cuadros que empezaron a ocupar puestos de liderazgo tanto dentro del resguardo como en las labranzas nuevas —Piendamó, Caldono, Caloto, Morales—, donde los guambianos expandieron su presencia adaptando su horticultura de altura a cultivos de clima cálido y, con ello, ganándose el respeto de campesinos mestizos que los buscaban como interlocutores.

Tunubalá pertenece a esa generación. Su formación política se hizo en el marco de dos organizaciones que definirían el mapa: el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fundado en 1971 en el hervor de las luchas por la tierra que ya venía impulsando la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC), y el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, que aportó un principio político decisivo: la relación con el Estado colombiano debía darse "de autoridad a autoridad". Fue este movimiento el que, en la primera mitad de los años ochenta, logró que el presidente Belisario Betancur aceptara y promulgara ese esquema de relación, ante el asombro de la oligarquía caucana.

El movimiento que lo produjo

Para entender qué representa Tunubalá hay que aceptar una jerarquía causal: no fue la Constitución de 1991 la que produjo al líder, fue el movimiento indígena caucano —acumulado durante siete décadas— el que produjo cuadros como él, capaces de ocupar el Estado cuando la ventana constitucional se abrió.

Ese movimiento se reconocía heredero de Manuel Quintín Lame, cuyas reivindicaciones de la primera mitad del siglo XX prefiguraban buena parte del programa del CRIC. Bajo el gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera, hacia 1930, se habían intentado formar en el norte del Cauca sindicatos agrarios —las Ligas Campesinas— que buscaron integrar a los indígenas y fracasaron al querer imponerles una mentalidad sindicalista ajena a la organización comunitaria del cabildo. El CRIC, fundado cuatro décadas después, comprendió esa lección: centró su acción en la recuperación de la tierra y en la preservación de la cultura, articulando tres vías simultáneas. Una institucional, por la reforma agraria y el INCORA. Otra de organización comunitaria local, liderada por víctimas del despojo. Y la tercera, la más audaz: la ocupación de hecho de haciendas, generalmente nocturna, donde nutridos grupos de indígenas se asentaban, dividían los terrenos y comenzaban a cultivarlos antes del amanecer.

La represión no se hizo esperar. En noviembre de 1984, un desalojo violento cayó sobre las recuperaciones de tierra de López Adentro, entre Caloto y Corinto; al día siguiente fue asesinado en Santander de Quilichao el sacerdote nasa Álvaro Ulcué Chocué. La reacción de una parte del movimiento fue crear, el 29 de ese mismo mes, en el páramo de Las Moras del resguardo de Mosoco, el Movimiento Armado Quintín Lame. La confluencia de una insurgencia indígena propia, un CRIC con vocación institucional y un Movimiento de Autoridades que exigía diálogo "de autoridad a autoridad" configuró, hacia finales de los años ochenta, un actor político con densidad suficiente para presentarse en la mesa constitucional.

Simultáneamente, el pueblo Misak había iniciado, ya en la década de 1980, la elaboración de lo que llamaría su Plan de Vida: no un documento de planeación al estilo estatal, sino una estrategia de reemergencia pública para reconstruir pensamiento e historia y articular un programa político sobre el derecho a la tierra, la justicia, la educación, la salud, la lengua materna y las costumbres. La versión formalizada llegaría en 1994, ya en pleno vigor de la nueva Constitución, con un principio explícito: un "desarrollo" entendido como pervivencia y crecimiento en armonía con la naturaleza y el cosmos, en ruptura radical con el modelo lineal e indefinido del capitalismo. Este es el lenguaje político con el que Tunubalá llegó a Bogotá.

De la Constituyente al Senado (1990-1991)

La Constitución de 1991 no fue un regalo del régimen a los indígenas: fue el resultado paradójico de una convocatoria hecha bajo el estado de sitio del artículo 121 de la Constitución de 1886 y el Decreto 1038 de 1984, con el objetivo principal de incentivar la integración a la vida civil de grupos guerrilleros. Que en esa negociación entrara el reconocimiento del país indígena se debe menos al diseño del constituyente que a la presión organizada de un movimiento que llevaba dos décadas exigiendo mesa.

En la Asamblea Nacional Constituyente los pueblos indígenas tuvieron voz propia. Lorenzo Muelas Hurtado, líder guambiano, y Francisco Rojas Birry, embera, se convirtieron en los rostros más visibles de una presencia que produjo un verdadero redescubrimiento: una nación indígena que había permanecido invisible se hizo, de pronto, materia constitucional. La comparación con el marco legal previo mide el salto: la Ley 89 de 1890 —la norma que había regulado la vida de los indígenas por más de un siglo— los trataba como "salvajes" a los que había que enseñar cómo debían "gobernarse quienes se redujeran a la vida civilizada". La Carta del 91 los reconoció como pueblos, con territorios, autoridades y jurisdicción propia.

La nueva Constitución rediseñó también el mapa electoral: creó un Senado de cien miembros por circunscripción nacional y, sobre ese cuerpo, dos escaños indígenas adicionales. En la primera elección bajo esa arquitectura, Tunubalá resultó electo senador nacional en representación de los pueblos indígenas. Llegaba con el aval del Movimiento de Autoridades Indígenas y con una biografía comunitaria a la espalda que le daba peso propio dentro y fuera de Guambía. En su discurso, y en el de Muelas —que también hizo carrera parlamentaria—, aparecía con fuerza un concepto central: el Derecho Mayor. Los guambianos lo formulan como un derecho propio, derivado de miles de años de historia y presencia territorial, equiparable a lo que otros pueblos denominan ley natural, ley de origen o derecho ancestral. En el continente, líderes como Muelas lo articularon como base de resistencia frente a la colonización y a la intrusión externa, invocando una historia común de treinta mil años.

La senaduría fue el primer piso del ensayo: mostraba que el nuevo pacto podía llevar al Capitolio a un dirigente indígena con lengua, atuendo y programa propios. Faltaba probar si ese pacto resistía el salto a la administración territorial.

La gobernación imposible (2000-2003)

En octubre de 2000, Tunubalá ganó la Gobernación del Cauca al frente del Bloque Social Alternativo, coalición entre el movimiento indígena, sectores campesinos, ambientalistas y de izquierda. El hecho tenía dimensión histórica: por primera vez en Colombia un indígena era elegido gobernador de departamento. En el Cauca, donde las organizaciones indígenas ya ocupaban curules en la Asamblea, concejos y varias alcaldías, la elección fue leída como culminación lógica de un proceso; en el país, como acontecimiento simbólico mayor del multiculturalismo constitucional.

La campaña había cargado, sin embargo, con un lastre que anticipaba lo que vendría. En el sur del Cauca, la toma de El Bordo por las FARC —cuya fecha exacta oscila entre 1999 y el 8 de marzo de 2000— había dejado entre la población urbana del Patía una imagen negativa de la guerrilla asociada a destrucción, y con ella un estigma que caería sobre cualquier candidato del movimiento social: el de ser, por cercanía política, cercano a los violentos. Tunubalá contrarrestó la percepción con un acuerdo con una emisora local en El Bordo, que le permitió dirigirse directamente a los patianos urbanos. Ganó, pero el estigma no se disipó con la victoria: lo acompañaría durante todo el mandato.

La posesión, en enero de 2001, coincidió con el peor momento del conflicto armado en el Cauca. El gobierno de Andrés Pastrana Arango vivía las últimas convulsiones del proceso de paz del Caguán, y las FARC-EP, en lugar de replegarse, ejecutaban una ofensiva sistemática sobre el territorio caucano. El Secretariado había ordenado a la Columna Móvil Jacobo Arenas, al Frente 6 y al Bloque Móvil expulsar a la fuerza pública de los municipios de Silvia —el propio municipio de Guambía—, Suárez, Santander de Quilichao, Toribío, Jambaló y Caldono. En este último, el 8 y 9 de junio, la orden se concretó en tomas simultáneas de la cabecera municipal y del corregimiento de Siberia, con cilindros bomba que destruyeron una escuela, una casa religiosa y varias viviendas. En el balance del período, las FARC-EP consiguieron retirar temporalmente la presencia policial en doce municipios del Cauca.

La guerrilla no solo atacó a la fuerza pública. Durante la administración de Tunubalá, mandatarios locales e integrantes de concejos municipales fueron desplazados o asesinados; muchos alcaldes se vieron forzados a gobernar desde Popayán o directamente desde el exilio. El gobernador indígena administraba un departamento donde el Estado, en sentido material, se estaba retirando bajo presión armada.

En ese cuadro, la coalición que había llevado a Tunubalá al poder desplegó una estrategia doble. Por un lado, la administración departamental intentó gestionar con recursos escasos —el Cauca es y era uno de los departamentos más pobres del país— programas de desarrollo alternativo, ambiental y de fortalecimiento territorial de los pueblos indígenas. Por otro, las comunidades organizadas desplegaron un ciclo de resistencia civil no armada que ya venía articulándose desde 1999, cuando manifestantes en Piendamó, el 28 de mayo de ese año, habían expulsado a una columna de las FARC. Durante la gobernación, las movilizaciones se multiplicaron en Caldono, Puracé, Coconuco, Silvia e Inzá, con el propósito de impedir tomas guerrilleras. Se trataba de un experimento inédito: una autoridad departamental indígena y una base comunitaria que resistían simultáneamente, y a menudo con éxito local, a los actores armados.

El instrumento propio de esa resistencia fue la Guardia Indígena, concebida no como estructura policial sino como organismo ancestral: mecanismo humanitario y de resistencia civil que enfrenta a los actores armados sin armas, mediante la persuasión y el diálogo, con bastones de mando como único símbolo de autoridad. Su eficacia le valdría después el Premio Nacional de Paz, y la experiencia zonal de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) llegaría a solicitar ante Naciones Unidas su reconocimiento como cuerpo internacional de paz.

Pero el margen del gobernador era estrecho. Tunubalá encontró frente a sí, además de la ofensiva guerrillera, la respuesta del Estado central. Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia en agosto de 2002, la política de seguridad democrática impuso al Cauca un enfoque militarista con el que la gobernación mantenía tensiones evidentes: el gobernador defendía la resistencia civil, la negociación humanitaria y el diálogo con actores armados donde el nuevo gobierno pedía combate. El mandato enfrentó una respuesta adversa que generó momentos muy difíciles para el movimiento social. El estigma de campaña —cercanía sospechosa con la guerrilla— se reactivó ahora desde el más alto nivel del Estado.

Ese es el corazón del experimento fallido-pero-fértil. La Constitución de 1991 había abierto los canales de representación política a los indígenas, pero no había blindado el ejercicio del cargo: el gobernador del Cauca dependía, como cualquier otro, de transferencias de la Nación, del apoyo de la fuerza pública para gobernar territorio, del respaldo del Ejecutivo central para negociar. Cuando el gobierno de Uribe replanteó el país en clave de seguridad democrática, y cuando las FARC-EP eligieron el Cauca como escenario de una ofensiva sostenida, el margen de la gobernación indígena se comprimió al mínimo. Tunubalá terminó su período en enero de 2004 sin la posibilidad institucional de reelegirse —era la norma vigente— y con un balance que solo podía leerse en dos claves opuestas: para sus contradictores, un mandato desbordado por la violencia; para el movimiento indígena, la demostración de que se puede gobernar de otra manera, incluso en condiciones extremas.

La red: personas, lugares, ideas

La figura de Tunubalá no se sostiene sola. Se entrelaza con una red densa que conviene nombrar.

En lo personal y político, Lorenzo Muelas Hurtado es su antecesor inmediato: constituyente guambiano, articulador del Derecho Mayor en discursos que llegaron a proyectarse hacia foros indígenas continentales. Con Juan Bautista Muelas Trochez, Tunubalá firmó en 2009 un texto de Plan de Vida Misak que sistematizó la política de pervivencia y crecimiento en armonía con la naturaleza, articulando la propuesta de desarrollo autónomo del pueblo Misak como programa escrito. Después de Tunubalá, el liderazgo indígena caucano tuvo otras figuras nacionales —Aída Quilcué, Feliciano Valencia—, cada una con su propia biografía, pero todas trabajando sobre el terreno que el mandato Tunubalá había abierto y también sobre las cicatrices que había dejado.

En lo territorial, Guambía es la matriz. Silvia, la cabecera municipal, es su capital administrativa. Popayán, la ciudad blanca de la aristocracia caucana, fue la sede de una gobernación en la que un misak, con atuendo propio, se sentó a despachar. El resguardo de La María, en Piendamó, aporta otra pieza clave: espacio pluriétnico compartido por Misak, Nasa y campesinos, se convirtió durante estos años en laboratorio de estrategias de resistencia basadas en el respeto a la diversidad, la concertación entre instancias de autoridad del cabildo y la autogestión —una demostración práctica, en pequeño, de lo que un país plurinacional podría parecerse.

En lo conceptual, tres ideas atraviesan la biografía política de Tunubalá. La primera es el Plan de Vida, que reformula la palabra desarrollo desde el pensamiento indígena y opone al crecimiento lineal capitalista una noción de pervivencia. La segunda es el Derecho Mayor, que reclama para los pueblos una legitimidad anterior a la del Estado colombiano, fundada en la historia larga del territorio. La tercera es la relación de autoridad a autoridad, principio del Movimiento de Autoridades Indígenas que exige al Estado tratar a las autoridades tradicionales no como súbditos a integrar sino como pares con jurisdicción propia. Estas tres ideas se filtran, con distintos grados de éxito, tanto en su labor parlamentaria como en su gestión departamental.

Fuera de Colombia, Tunubalá funcionó también como referente. Una visita a Boston, en calidad de exgobernador, buscó establecer contacto con una organización indígena de Nueva Inglaterra, y el episodio dejó registro de las tensiones internas del mundo indígena continental: la directora criticó con dureza a otra tribu tachándola de "indios falsos", y Tunubalá, según el testimonio de quien traducía, quedó seriamente desconcertado. La anécdota es reveladora: el líder guambiano, formado en el principio de hermandad continental de los pueblos, se topaba con que el reconocimiento entre naciones nativas tampoco estaba exento de disputa. El discurso de la solidaridad indígena continental —enunciado por Muelas y compartido por Tunubalá— hablaba de una historia común de treinta mil años y de un derecho ancestral compartido entre Guambianos, U'was, Arhuacos, Koguis y los pueblos del continente, pero la práctica del encuentro entre naciones exhibía sus propias fisuras.

La huella: qué dejó, cómo se lo disputa

Medir a Tunubalá exige separar dos planos.

En el plano de la administración departamental, su gobernación fue, en buena medida, desbordada. El Cauca de 2001-2003 era un territorio en guerra abierta, con la fuerza pública replegada en doce municipios, la clase política local desplazada o exiliada, cilindros bomba cayendo sobre escuelas y casas religiosas, y un gobierno central que primero agonizaba en el Caguán y después giró hacia una seguridad democrática con la que el gobernador nunca fue interlocutor natural. Los indicadores tradicionales de gestión —obra, inversión, seguridad— rinden mal en esas condiciones para cualquiera. Rindieron mal también para Tunubalá.

En el plano histórico-simbólico, la huella es de otra magnitud. La gobernación demostró que la promesa multicultural del 91 podía llegar hasta la administración territorial: que un indígena podía ser elegido gobernador y ejercer el cargo con lengua, cultura y programa propios. Al mismo tiempo, y esto es lo fértil del fracaso, dejó al descubierto la asimetría estructural del pacto: el reconocimiento formal no venía acompañado ni de una redistribución fiscal que le diera capacidad de gobierno al mandatario indígena, ni de un rediseño territorial que blindara su ejercicio frente al conflicto armado, ni de una arquitectura política nacional que le reconociera interlocución de igual a igual con el Ejecutivo central. La Constitución había abierto la puerta; no había construido la casa.

Ese diagnóstico, extraído de la experiencia Tunubalá, alimentó al menos tres cosas. Primero, la insistencia del movimiento indígena caucano en desarrollar sus propias instituciones —Guardia Indígena, cabildos ampliados, resguardos pluriétnicos como La María— sin esperar que el Estado las supliera. Segundo, la comprensión, por parte del propio movimiento, de que su institucionalización tenía un costo: al pasar de enfrentar al Estado a representarlo, sus voceros quedaban atrapados entre la base organizativa que los legitimaba y las políticas centrales —seguridad, antinarcóticos— que no podían controlar. Tercero, el aprendizaje electoral que llevaría a nuevas candidaturas, alianzas y experimentos regionales en las dos décadas siguientes.

La disputa sobre Tunubalá tiene versiones encontradas. La derecha caucana y sus prolongaciones nacionales, especialmente durante los gobiernos de Uribe (2002-2010) y las primeras fases del de Juan Manuel Santos, lo leyeron como el mandatario que no supo enfrentar a la guerrilla y que, con su tolerancia hacia la resistencia civil y su desconfianza del militarismo, facilitó la penetración armada del departamento. El movimiento indígena lo lee, por el contrario, como el gobernador que, en condiciones imposibles, sostuvo el principio de que hay maneras no armadas de defender el territorio, y que llevó al despacho departamental una manera de ejercer autoridad —colegiada, comunitaria, respetuosa de las jurisdicciones propias— que hasta entonces se conocía solo dentro del cabildo. Entre ambas lecturas hay margen para una tercera: la que reconoce el desborde real de su gestión sin absolver de responsabilidad ni al gobierno central que le negó recursos y respaldo, ni a las FARC-EP que eligieron su departamento como escenario de ofensiva, ni a un diseño constitucional que abrió puertas sin construir pisos.

Lo que ninguna de las tres puede desconocer es que Tunubalá desplazó, para siempre, el umbral de lo pensable. Después de 2003, la posibilidad de que un indígena gobernara un departamento colombiano dejó de ser hipótesis: era antecedente. La categoría misma de primer gobernador indígena dejó de tener el peso de un límite y pasó a ser el nombre de una etapa. En 2019, en las mismas coordenadas caucanas, la gobernación volvería a poner sobre la mesa el ensayo pluriétnico, con la elección de Elías Larrahondo y una alianza que retomaba parte del espíritu del Bloque Social Alternativo. La memoria de Tunubalá funcionaba, entonces, como piso.

En el mundo del pensamiento indígena, su figura sigue asociada al Plan de Vida y al Derecho Mayor. El texto que firmó con Juan Bautista Muelas Trochez en 2009 se lee hoy como una de las formulaciones más acabadas del proyecto Misak de un desarrollo alternativo: no un discurso de resistencia frente al progreso, sino una propuesta afirmativa de otra manera de habitar el territorio, articulada por alguien que había pasado por el Capitolio y por la gobernación de Popayán, y que sabía, mejor que casi nadie, cómo se ve el proyecto plurinacional desde adentro del Estado colombiano.

Es esa doble condición —comunero y gobernador, misak y mandatario departamental, dirigente comunitario e interlocutor internacional— la que hace de Floro Tunubalá una figura pivotal del multiculturalismo colombiano. Sin él, la Carta del 91 es letra: reconocimiento sin prueba práctica. Con él, se convirtió en experimento verificable, con sus alcances y sus grietas. El país aprendió, gracias a su gobernación, dos cosas simultáneas y difíciles: que un indígena puede ser gobernador de un departamento colombiano, y que, para que ese hecho signifique lo que promete, hay que transformar mucho más que la Constitución.