Álvaro Ulcué Chocué

Un sacerdote nasa en el norte del Cauca

La biografía de Ulcué es la de un hombre formado en el cruce de dos institucionalidades que rara vez se hablaban entre sí: el cabildo indígena y el seminario católico. Nacido en 1943 en el norte del Cauca, en territorio del pueblo nasa, creció en un mundo comunitario cuya organización política milenaria —resguardos, cabildos, autoridad tradicional— convivía con la parroquia rural, la doctrina y la escuela misional. Que un joven nasa llegara al sacerdocio no era imposible en la Iglesia colombiana de mediados del siglo XX, pero era extraordinario: implicaba atravesar un aparato eclesiástico que durante décadas había tratado a las comunidades indígenas como objeto de evangelización y no como sujeto de vocación. Cuando Ulcué se ordenó, la Iglesia latinoamericana ya había realizado su Conferencia de Medellín (1968) y el debate sobre la opción preferencial por los pobres había desplazado el eje pastoral. Su generación de sacerdotes se movía en un continente donde la teología dejaba de ser explicación del orden para volverse pregunta sobre la injusticia.

El norte del Cauca al que Ulcué regresó como cura era ya, cuando él llegaba a la treintena, el epicentro reconocido del renacer indígena colombiano. En febrero de 1971, en el resguardo de Toribío, delegados de Toribío, Tacueyó, San Francisco, Jambaló, Guambía, Totoró y Pitayó, junto a dirigentes campesinos del FRESAGRO, constituyeron el Consejo Regional Indígena del Cauca. El CRIC nacía en el mismo escenario de lucha agraria que la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) —que a comienzos de esa década impulsaba tomas de tierra en toda Colombia—, pero con un programa propio: recuperación de tierras de resguardo, fortalecimiento de los cabildos, defensa de la lengua y la cultura. Se sabía heredero de Manuel Quintín Lame, aquel líder pijao-nasa que entre 1922 y 1945 había peleado en el sur del Tolima y el norte del Cauca por la recuperación del gran resguardo de Ortega y Chaparral, disuelto por presión de latifundistas, y que fue perseguido y encarcelado cerca de setenta veces antes de morir en 1967. Un texto suyo escrito en 1939 solo se publicaría en 1971, el mismo año de fundación del CRIC. Quintín Lame había concebido a la raza indígena como una "pequeña república" contrapuesta a la "gran república" de los blancos y había profetizado que una columna de indígenas terminaría reivindicando sus derechos en Colombia. Los puntos programáticos que él enunció —recuperar y ampliar los resguardos, fortalecer los cabildos, no pagar terraje— serían la matriz del programa del CRIC medio siglo después.

Ulcué llegó a esa geografía y a esa memoria en calidad de párroco, no de dirigente laico. Su parroquia, Toribío, era uno de los siete resguardos fundadores del CRIC, y su ministerio se desarrolló mientras la organización se consolidaba, se enfrentaba al Estado y sufría la persecución que arreciaría a lo largo de la década. Era sacerdote nasa: hablaba desde adentro de la Iglesia y desde adentro del pueblo. Esa doble condición, sin cargo formal en el CRIC, lo colocó en un vértice simbólico inédito, donde el proyecto eclesial posconciliar se cruzaba con el proyecto político indígena. Esa posición no tenía precedente y no ha tenido, en la memoria del pueblo nasa, sustituto claro.

Golconda, Medellín y la corriente eclesial que lo formó

Ulcué no se formó en el vacío. La Iglesia colombiana de los años sesenta y setenta estaba atravesada por una tensión que definiría a toda una generación de sacerdotes rurales. En diciembre de 1968, monseñor Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaventura, encabezó la firma del documento Golconda en una segunda reunión celebrada en Viotá, Cundinamarca. El texto, cuya introducción citaba las conclusiones recién emitidas por la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, retrataba el subdesarrollo continental, denunciaba la dependencia externa y demandaba reformas agraria y urbana; señalaba, además, la vinculación de la institución eclesiástica colombiana con el Estado como parte del problema. La prensa apodó a Valencia Cano "el obispo rojo", y la jerarquía respondió con un contradocumento que dejó formalmente planteada la fractura entre la corriente progresista y la Iglesia oficial. Dentro de Golconda cabían posiciones heterogéneas —desde sacerdotes que terminarían defendiendo la lucha armada, en línea con el precedente de Camilo Torres, hasta otros que nunca acudirían a ella—, pero el efecto de fondo fue común: una franja del clero colombiano decidió acompañar pastoralmente a las comunidades campesinas, indígenas y populares en su lucha por la tierra y la dignidad, y en ese acompañamiento arriesgaron —y muchas veces perdieron— la vida.

Ulcué pertenece a esa franja, aunque su singularidad radica en el ángulo desde el que la habitó. No era un sacerdote urbano en misión rural ni un misionero venido de fuera: era el hijo del resguardo. Su pastoral no consistió en llevar el Evangelio a los indígenas sino en pensar teológicamente desde adentro del pueblo nasa, en un ejercicio que la Iglesia latinoamericana empezaba apenas a nombrar como teología india. En esa clave, defender la dignidad de los pueblos ancestrales no era una tarea moral abstracta sino una traducción concreta: al idioma nasa yuwe, a las autoridades tradicionales, a la geografía de los resguardos, a los ritmos comunitarios del norte del Cauca.

El precedente inmediato de esa vocación era Camilo Torres, cuya muerte en combate en 1966 había marcado el punto en que la corriente eclesial progresista se bifurcó entre acompañamiento pastoral y opción armada. Ulcué en 1984 continúa una lista que después seguiría alargándose: el padre Tiberio Fernández, torturado y asesinado por paramilitares en Trujillo, Valle del Cauca, en 1990 tras años de trabajo por los derechos humanos; el padre Alcides Jiménez, asesinado en 1998; años después, en Bojayá, el padre Antún Ramos tejería con la comunidad chocoana el vínculo de confianza que lo convertiría en referente humanitario durante la masacre de 2002. La lista larga de sacerdotes colombianos asesinados por acompañar a comunidades vulnerables tiene, en cada nombre, una geografía y un adversario propios; Ulcué es el nombre que sella su vertiente indígena.

El CRIC y el ciclo de violencia contra el liderazgo indígena

Para entender por qué se mata a Álvaro Ulcué en 1984 hay que reconstruir el ciclo de violencia que precedió su muerte, y que ya para entonces tenía más de una década de sedimentación. La lucha indígena por la tierra en el Cauca de los años setenta se movió por tres carriles simultáneos: uno institucional, tramitado a través del INCORA y las vías de la reforma agraria; uno de organización comunitaria en los resguardos, muchas veces liderado por víctimas directas del despojo; y uno de acción de hecho —ocupaciones nocturnas de haciendas, recuperación material de tierras que los cabildos consideraban suyas por títulos coloniales. Este tercer carril fue el que marcó el ritmo político. Cada recuperación desataba una respuesta: denuncias penales contra los cabildantes, presión de terratenientes sobre las autoridades locales, operativos policiales de desalojo, asesinatos selectivos.

Entre 1972 y 1979, la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno produjo un informe titulado Relación de Atropellos Cometidos a los Indígenas del Cauca a partir del año 1972 que documentaba denuncias por hechos violentos contra la población indígena caucana: casos vinculados a la disputa por la tierra, represión por parte de agentes estatales, asesinatos. Que la propia entidad gubernamental encargada de los asuntos indígenas reconociera por escrito la magnitud de esa violencia tiene un peso particular: era una violencia visible, sabida y consignada en los archivos del Estado. Su concentración geográfica se ubicaba en la zona oriente del departamento, la misma en la que operaban los principales resguardos afiliados al CRIC. La violencia era, entonces, un efecto no previsto del propio éxito organizativo: a medida que el movimiento indígena acumulaba capital político, terratenientes y aparatos de seguridad reaccionaban con creciente ferocidad.

De esa reacción nacieron, ya a comienzos de los años setenta, núcleos de autodefensa indígena. No eran todavía una guerrilla estructurada, sino grupos de comuneros armados para proteger recuperaciones y dirigentes; su horizonte era defensivo, no ofensivo. Al mismo tiempo, la militarización de los resguardos se hizo crónica, y directivos del CRIC fueron vinculados a un consejo verbal de guerra seguido a dirigentes del M-19. La estrategia del Estado consistía en criminalizar la protesta indígena asimilándola al enemigo interno insurgente, procedimiento que se repetiría en toda la década.

Los dirigentes empezaron a caer. Los nombres de la generación fundadora del CRIC —Gustavo Mejía, Benjamín Dindicué, Marden Betancur, Pedro León Rodríguez— se cuentan entre los asesinados en esa larga guerra sucia contra el movimiento indígena caucano. Cuando en 1984 tocó el turno de Ulcué, no fue el primero ni sería el último; fue, sí, el que tenía la posición simbólica más alta, por su condición de sacerdote y por el peso que su figura había adquirido en el norte del Cauca.

López Adentro, 9 de noviembre de 1984

El asesinato de Ulcué debe leerse dentro de un episodio doble, casi simultáneo. El 9 de noviembre de 1984, en las tierras de López Adentro, entre los municipios de Caloto y Corinto, la fuerza pública ejecutó un desalojo violento contra comunidades indígenas que sostenían allí una recuperación de tierra. López Adentro no era una hacienda cualquiera: era, en la geografía política del norte del Cauca, uno de los espacios en disputa más cargados de significado, escenario reiterado del conflicto entre las comunidades nasa y la agroindustria azucarera que ya para entonces —a través de complejos como Incauca y del gremio articulado en Asocaña— controlaba el valle geográfico del río Cauca hasta el pie de la cordillera. La recuperación había concentrado a cientos de indígenas, y el desalojo se realizó con la violencia característica de los operativos de la época contra ocupantes campesinos e indígenas.

Menos de veinticuatro horas después, en la mañana del 10 de noviembre, Álvaro Ulcué Chocué fue asesinado en Santander de Quilichao. El municipio, cabecera del norte caucano y punto obligado en la comunicación entre Cali y Popayán, funcionaba como el gran centro urbano de la zona: allí confluían las gestiones administrativas, las diligencias eclesiales y buena parte del movimiento cotidiano de los dirigentes indígenas de la región. Ulcué fue eliminado en ese espacio urbano —no en el resguardo, no en la parroquia—, en un asesinato cuya coreografía, revelada años después por declaraciones internas de la fuerza pública, apuntaría a redes de inteligencia militar.

La secuencia López Adentro-Santander de Quilichao funcionó como una única operación política de dos actos: primero se desmontaba la recuperación material de tierras, después se eliminaba la figura simbólica que legitimaba esa lucha desde el altar. Que ambos hechos ocurrieran en días consecutivos, en un radio geográfico reducido y contra el mismo sujeto colectivo, hace inevitable leerlos como piezas de una misma ofensiva.

Iván Ramírez Quintero, la Triple A y el aparato que operó detrás

La responsabilidad del asesinato de Ulcué no puede establecerse con la claridad que un tribunal exige. Lo que sí puede reconstruirse es el ambiente institucional dentro del cual el crimen se ejecutó. En enero de 1991, el suboficial Alfonso Garzón Garzón rindió ante la Procuraduría un testimonio que vinculó el asesinato a agentes de la policía secreta que se habrían presentado en el lugar como "desconocidos"; el testimonio no permite confirmar de modo concluyente que fueran los ejecutores materiales directos, pero sí que la sombra del aparato de inteligencia del Estado se proyectaba sobre el hecho.

El nombre que Garzón puso en el centro de la escena fue el del mayor Iván Ramírez Quintero, entonces ex Jefe de Operaciones del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (Binci) y comandante de la XX Brigada, la unidad coordinadora de inteligencia y contrainteligencia del Ejército. Cuatro miembros de la Inteligencia Militar denunciaron públicamente que Ramírez Quintero había sido uno de los creadores de la organización clandestina conocida como Triple A, responsable de atentados dinamiteros durante los años ochenta, y que había coordinado algunas de esas acciones. En 1983, un año antes del asesinato de Ulcué, Ramírez Quintero había asistido en Washington a un curso de Inteligencia Estratégica Combinada; para 1992 alcanzaría la dirección nacional de Inteligencia. Su trayectoria posterior a los hechos, lejos de sancionar los señalamientos, marcó su ascenso.

El nombre importa porque desmiente cualquier lectura del asesinato como acto de un ejecutor individual, oscuro y sin institución. La violencia contra el liderazgo indígena caucano en la primera mitad de los años ochenta fue procesada, en al menos una de sus vertientes, por unidades regulares del Ejército y por redes clandestinas ancladas en el aparato de inteligencia. El Estado colombiano funcionó simultáneamente como institución obligada a proteger a sus ciudadanos y como agresor organizado contra parte de ellos. Ulcué murió en la intersección de esas dos caras.

Los otros fusiles: las FARC y la disputa por el norte del Cauca

Sería, sin embargo, una simplificación ceñir la violencia contra el movimiento indígena a un solo vector. Las FARC, y particularmente su Sexto Frente, amenazaron y asesinaron a dirigentes indígenas en el norte del Cauca durante el primer lustro de los años ochenta. La guerrilla más antigua del país, que en esos años intentaba tramitar sus Acuerdos de La Uribe con el gobierno de Belisario Betancur, no toleraba fácilmente la emergencia de un actor social armado y autónomo con base étnica que disputara su hegemonía territorial sobre los mismos escenarios del norte caucano. La relación entre las FARC y el liderazgo indígena caucano fue tensa, violenta y persistente a lo largo de las décadas siguientes, y sus primeros episodios cabalgaron con los mismos años en que se producía el asesinato de Ulcué.

Esta constatación obliga a matizar cualquier lectura que reduzca el crimen a la conspiración terratenientes-fuerza pública-inteligencia militar. El campo de fuego contra el movimiento indígena caucano en 1984 tenía múltiples flancos, y la coincidencia de vectores es una de las claves para entender por qué los propios comuneros nasa terminaron creando su propio movimiento armado. La responsabilidad estatal e institucional en el asesinato de Ulcué es la más documentada y la de mayor peso, pero afirmar eso no borra la existencia de otros agresores. Ulcué murió, como tantos otros, en el cruce.

El Quintín Lame: un movimiento armado que llega tarde a Ulcué

El 29 de noviembre de 1984, veinte días después del asesinato, en el páramo de Las Moras, en el resguardo de Mosoco, se fundó formalmente el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL). El nombre reivindicaba a Manuel Quintín Lame, y su estructura organizativa recogía y consolidaba los núcleos de autodefensa indígena que venían operando desde comienzos de los años setenta. La memoria del movimiento indígena y buena parte del registro periodístico señalan que el asesinato de Ulcué y el desalojo de López Adentro fueron los dos hechos detonantes de esa fundación: la violencia acumulada llegó a un umbral en el que las autodefensas dispersas decidieron transformarse en movimiento guerrillero organizado.

La lectura es cierta pero exige matiz. Los núcleos de autodefensa existían desde los años setenta, la violencia contra el CRIC ya llevaba más de una década y varios dirigentes habían caído antes. Ulcué y López Adentro no fueron la causa estructural del MAQL —esa causa estaba en la geografía profunda de la exclusión y la persecución— sino los detonantes coyunturales que aceleraron un proceso organizativo ya en marcha. Situar a Ulcué como causa unívoca del giro armado, aunque tenga eco emocional, simplifica una trayectoria de al menos quince años.

El MAQL operaría hasta 1991, año de su desmovilización, en el mismo proceso constituyente que llevó a la Asamblea Nacional Constituyente. Su trayectoria fue breve pero singular dentro del panorama guerrillero colombiano. A diferencia de las FARC o el ELN, se pensó desde el comienzo más como autodefensa comunitaria que como guerrilla ofensiva; su primer comunicado público, tras la toma armada de Santander de Quilichao el 4 de enero del año siguiente a su fundación, justificó las acciones en los atropellos contra las comunidades indígenas. Tras la desmovilización, la mayoría de sus excombatientes se reincorporaron con éxito a sus comunidades y a instituciones locales, regionales y del Estado colombiano, sin ser rechazados por su pasado guerrillero. La experiencia del MAQL, contradictoria y dolorosa, terminó por erradicar entre las comunidades indígenas del Cauca la lucha armada como opción de autoprotección, y ratificó por vía negativa la resistencia civil como método propio del movimiento.

Ulcué no vivió esa historia. Fue asesinado antes de la fundación del MAQL, y su nombre quedó adherido a su origen sin que él participara de la decisión. Un sacerdote de la teología india, cuya vida se sostenía en un idioma pastoral y organizativo, no armado, fue convertido en martirio fundacional de un movimiento guerrillero que él no llegó a conocer. Que su memoria se preste a esa lectura sin que él pueda intervenirla es también parte del peso simbólico que hoy carga.

Caldono, la sepultura y la geografía de la memoria

Los restos mortales de Álvaro Ulcué Chocué reposan en Caldono, municipio del norte del Cauca al que el propio sacerdote estaba ligado por su origen y su trayectoria pastoral. Caldono, cuya geografía humana mezcla al pueblo nasa con población guambiana (misak) —presente sobre todo en las veredas donde ejerce liderazgo comunitario reconocido incluso por los campesinos mestizos de la zona—, es uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado colombiano en las décadas posteriores a 1984. Allí las comunidades han resistido durante años incursiones guerrilleras y operaciones militares con métodos civiles: concentraciones, marchas, mingas, canto colectivo. Cuando frente a los grupos armados a los que dirigían peticiones concretas los comuneros entonaban canciones de Mercedes Sosa, el gesto traducía con exactitud el tipo de resistencia construida en la zona: la voz colectiva puesta como cuerpo frente al fusil, la memoria del cancionero latinoamericano de los setenta convertida en herramienta comunitaria de contención. Que la tumba de Ulcué esté allí, y no en un cementerio urbano o en un monumento nacional, es coherente con el proyecto que él representó: la dignidad indígena arraigada al territorio.

El norte del Cauca donde reposa siguió siendo, después de 1984, escenario de disputa. La agroindustria azucarera —Incauca, Asocaña— y las comunidades nasa mantuvieron enfrentado el control sobre las tierras del piedemonte, y en las décadas siguientes el llamado Proceso de Liberación de la Madre Tierra – Uma Kiwe organizaría la recuperación sistemática de esos territorios, con ataques, capturas, torturas, judicializaciones y fumigaciones sufridas por los comuneros. La geografía en la que Ulcué vivió y murió no ha dejado de ser, hasta hoy, un frente activo del conflicto por la tierra.

Recepción, memoria y significado político posterior

La Comisión de la Verdad, en el ejercicio de esclarecimiento histórico que culminó en 2022, situó el asesinato de Álvaro Ulcué Chocué en una serie de crímenes contra líderes religiosos que trabajaban por comunidades étnicas y campesinas, junto a figuras como el padre Sergio Restrepo, el padre Tiberio Fernández y el padre Alcides Jiménez. Su nombre entró así en un catálogo nacional de sacerdotes asesinados por acompañar a los excluidos, catálogo cuya existencia es en sí misma un dato del país. El CRIC, por su parte, elaboró y entregó a la Comisión un informe titulado Entonces, ¡hablamos! sobre las afectaciones del conflicto armado a los pueblos indígenas del Cauca, aportando la voz del movimiento al proceso de verdad nacional.

En las décadas posteriores a 1984, el pueblo nasa y sus organizaciones desplazaron su trayectoria política del terreno del acompañamiento pastoral y la recuperación de tierras hacia el del reconocimiento constitucional y la representación institucional. Participaron en la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Carta de 1991, conquistaron alcaldías indígenas en municipios del Cauca, fueron distinguidos con premios nacionales de paz en 2000 y 2004, recibieron el premio ecuatorial de las naciones indígenas en 2005 y fueron nominados al Premio Nobel de Paz en 2007. No hay una línea causal directa que vincule esos hitos con la memoria de Ulcué, y sería forzado establecerla; el proyecto político del que él fue expresión eclesial —la afirmación del pueblo nasa como sujeto histórico— siguió su curso sin él. Ulcué murió antes de ver ese giro.

Su condición de "primer sacerdote indígena nasa" debe entenderse en su registro. La Iglesia católica colombiana no ha canonizado a Ulcué; su figura no pertenece al santoral oficial. Pero en el norte del Cauca, entre los cabildos y las comunidades, su nombre funciona como referente moral y político, evocado en asambleas y actos de memoria. Es una santidad laica, comunitaria, no eclesiástica, que dice mucho sobre cómo el pueblo nasa procesó su duelo y su reivindicación.

Ulcué en el mapa de la crisis nacional

Situar a Álvaro Ulcué Chocué en el mapa de la crisis nacional colombiana de los años ochenta obliga a corregir un ángulo persistente en las lecturas dominantes del período. La narrativa del conflicto armado suele organizarse en torno a los grandes actores —guerrillas, paramilitares, fuerza pública, narcotráfico— y a los grandes hechos —tomas de embajadas y palacios, masacres emblemáticas, procesos de paz. En esa arquitectura, la dimensión étnica del conflicto tiende a aparecer como capítulo tardío, como si los pueblos indígenas hubieran ingresado a la violencia colombiana solo en los años dos mil, cuando el desplazamiento masivo los hizo visibles a la opinión nacional. La biografía de Ulcué demuestra que no fue así.

Desde comienzos de los años setenta, el movimiento indígena caucano sufrió una violencia sistemática, articulada institucionalmente y sostenida en el tiempo, en la que confluyeron adversarios diversos y que produjo su propia respuesta armada. Esa violencia estaba documentada en los archivos del propio Estado —la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno emitía informes al respecto entre 1972 y 1979—. No era un efecto colateral del conflicto entre guerrillas y Ejército: era una guerra propia, con su lógica territorial, sus víctimas y sus responsables, cuya existencia obliga a repensar la cronología misma del conflicto armado colombiano.

Ulcué fue asesinado en el momento en que ese ciclo específico de violencia se articuló con la crisis mayor del país: gobierno de Belisario Betancur, primeros diálogos de paz con las FARC y el M-19, emergencia de los grupos paramilitares en el Magdalena Medio, fortalecimiento del narcotráfico, colapso de los partidos tradicionales. Su muerte pertenece a esa gran conmoción de mediados de los ochenta, pero no se explica desde ella: se explica desde una historia más larga, la del pueblo nasa por su tierra y su dignidad, que Manuel Quintín Lame inauguró y el CRIC recogió, y de la que Ulcué fue, brevemente, la voz eclesial. Un sacerdote nasa fue eliminado a plena luz del día en un municipio del norte del Cauca, al día siguiente de un desalojo violento; veinte días después se fundó, con su nombre entre los detonantes, un movimiento guerrillero indígena. En esa secuencia queda registrada, con precisión, la magnitud del esfuerzo desplegado en Colombia para impedir que los pueblos indígenas se constituyeran como sujeto histórico pleno.