Tierradentro

La forma del territorio

Tierradentro dibuja una cuña que penetra desde el Cauca hacia el oriente y se hunde como un triángulo en el Huila; a esa punta la llaman El Tacón del Cauca por la forma que ostenta en el mapa. Su base occidental se apoya en la parte más abrupta de la cordillera Central, la barrera que ha determinado la vida de la región. Esa cordillera vuelve difícil la conexión con el resto del Cauca y, en la práctica, la accesibilidad por el flanco oriental —a través de las carreteras que han ido abriéndose desde el Huila— ha terminado vinculando a Tierradentro con el departamento vecino tanto o más que con el propio.

Sobre esa cuña se levanta el Nevado del Huila, el pico más alto de la cordillera Central con 5.439 metros sobre el nivel del mar, compartido entre Cauca y Huila. Su cobertura glaciar no es un adorno: es una amenaza latente. Los flujos de lodo y piedra que puede desencadenar afectan a las poblaciones ubicadas al sur y oriente del volcán, como ocurrió en 1993 y volvería a ocurrir con mayor violencia poco después. Del flanco occidental del macizo, en el páramo de Santo Domingo dentro del parque nevado del Huila, nace el río Palo, que recorre el nororiente caucano y desemboca en el Cauca por su margen derecha, en Bocas del Palo, con un caudal medio de 35,9 metros cúbicos por segundo medidos en la estación Puerto Tejada. Su cuenca, de 1.471,01 kilómetros cuadrados, atraviesa el municipio de Páez.

El detalle geológico decisivo, sin embargo, está bajo tierra. Debajo de la capa de humus que sostiene el bosque andino corre una capa de toba volcánica: roca blanda, homogénea, tallable. Esa toba explica por qué los antiguos habitantes de la región pudieron excavar pozos con escaleras y cámaras con nichos y columnas que se sostenían por sí solas. En otro terreno, esa arquitectura funeraria habría sido inviable. La geografía —cordillera que aísla, subsuelo que se deja tallar, altitudes que van desde los 800 metros hasta las nieves perpetuas— no es telón de fondo: es la primera causa material de todo lo que Tierradentro fue después.

Los hipogeos

La huella más antigua y más célebre de Tierradentro son sus tumbas de pozo con cámara. En los entierros secundarios, los pozos descienden por escaleras talladas en la toba y desembocan en cámaras subterráneas con nichos donde se depositaban las urnas funerarias: piezas de base convexa, cuerpo casi cilíndrico o globular alargado, cuello apenas insinuado, borde vuelto hacia afuera y labios redondeados. Algunas cámaras están adornadas con pintura mural en negro, rojo y blanco sobre las paredes y las columnas, aunque el detalle iconográfico varía de sitio en sitio. Los conjuntos más importantes se concentran en el Alto de Segovia, el Alto del Aguacate, El Duende y El Tablón, todos en jurisdicción de Inzá, alrededor del pueblo de San Andrés de Pisimbalá.

Junto a los hipogeos existe una estatuaria en piedra menos abundante y menos naturalista que la vecina de San Agustín. Las figuras de Tierradentro son hieráticas, de proporciones no realistas, y se distinguen por una rigidez y un estatismo que las apartan de la exuberancia agustiniana. Esa diferencia formal ha alimentado durante décadas la discusión sobre el vínculo entre ambas culturas. Hay elementos concretos que sugieren proximidad: la contemporaneidad de los complejos, los caminos prehispánicos que unen el alto Magdalena con el valle del Páez, las urnas cerámicas semejantes que aparecen en las dos regiones. Y hay una diferencia decisiva en el modo de enterrar: mientras que en San Agustín predominan los montículos, los sarcófagos monolíticos y las esculturas al aire libre en un área de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados con más de cuatrocientas piezas, en Tierradentro el ritual funerario se hunde bajo tierra. Esa divergencia no es solo cultural: la toba volcánica hizo posible en Tierradentro una arquitectura de pozo y cámara que en San Agustín, sobre otro sustrato, no habría prosperado.

Las periodizaciones arqueológicas colombianas suelen ubicar a Tierradentro en un momento "medio" —junto a quimbaya y sinú—, mientras San Agustín ocupa una posición "temprana". Los mismos estudios que sitúan las culturas en secuencia advierten, no obstante, que las estatuas monumentales del alto Magdalena solo se comprenden dentro de un contexto geográfico y cultural amplísimo, en el que Tierradentro ocupa un lugar propio y no meramente satelital.

La institucionalización del patrimonio

La arqueología profesional llegó a Tierradentro en el segundo cuarto del siglo XX, precedida por saqueos y por una curiosidad ilustrada que había ido acumulando piezas sin método. En 1938, con motivo del cuarto centenario de la fundación de Bogotá, Gregorio Hernández de Alba organizó una exposición arqueológica estructurada por zonas culturales, en la que él mismo reconocía que el país había sido muy poco estudiado y que las excavaciones técnicas eran escasas. Poco después, la llegada del español José Pérez de Barradas a trabajar en la región abrió una polémica que ocuparía los años siguientes. La disputa entre Hernández de Alba y Pérez de Barradas no se libró en el plano ideológico —indigenismo contra hispanismo— sino en el terreno más rasposo de la descalificación mutua del trabajo realizado y de una condena generalizada, por parte del español, hacia varios funcionarios e intelectuales colombianos. En el libro que Pérez de Barradas publicó sobre Tierradentro, sin embargo, dedicó palabras elogiosas a su rival, en contraste con la animadversión que sus diarios personales dejaron consignada.

En 1995, la UNESCO declaró el Parque Arqueológico de Tierradentro Patrimonio Mundial. La decisión trajo consigo un plan técnico de manejo diseñado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), y con él una tensión que definiría las décadas siguientes. La arqueología y la gestión patrimonial en Tierradentro habían operado históricamente sin consultar a las comunidades nasa. Estas toleraron las excavaciones y la institucionalización del patrimonio sin que esa tolerancia implicara desinterés por su propia historia; simplemente, no habían sido convocadas. Cuando el ICANH presentó su plan, los nasa lo rechazaron con un argumento que revelaba una concepción distinta de lo legal: toda intervención institucional sobre el territorio que carezca de participación nasa estructural —no periférica, no de fachada— es ilegal, porque en la cosmovisión nasa la ilegalidad se identifica con la injusticia, entendida como ruptura del equilibrio amplio del territorio, al que llaman uma, madre. La defensa nasa del lugar, la permanencia, la justicia y la vida no se hace en primera persona, sino en nombre del territorio mismo.

Conquista, encomienda y refugio

Cuando Sebastián de Belalcázar fundó Popayán en 1537 y sus huestes avanzaron hacia el valle interior, el paisaje humano que encontraron no era el de tribus dispersas. La región del valle de Popayán estaba densamente poblada en 1535 y contaba con grandes asentamientos, fuertes de madera, puentes, tejidos y adornos de oro, además de una organización político-militar laxa que agrupaba más de cien unidades tribales. La resistencia fue proporcional. Las guerras de pijaos, paeces y yalcones contra los españoles se prolongaron durante casi un siglo, hasta comienzos del siglo XVII, y retrasaron la consolidación del dominio colonial en el territorio aledaño a la ciudad recién fundada.

El costo demográfico fue devastador. La encomienda, la mita, las epidemias y las guerras produjeron durante el siglo XVI la desaparición o el aniquilamiento biológico casi completo de varias sociedades del centro y norte del Cauca. Los paeces sobrevivieron por dos razones combinadas: el aislamiento geográfico de las cordilleras, los cañones y los ríos, que ofreció una tregua frente a las políticas más duras de disolución; y la existencia de resguardos que, aunque concebidos originalmente como medida proteccionista de la Corona, funcionaron en la práctica como instrumentos para conservar la mano de obra indígena y los ingresos tributarios que el sistema colonial necesitaba.

Conviene decirlo con toda su carga: los resguardos del macizo colombiano no eran concentraciones naturales de tribus originarias del lugar. Eran núcleos formados artificialmente como consecuencia del despojo —forzoso o legal— al que los españoles sometieron a la población indígena, desplazándola desde las tierras bajas más productivas hacia las laderas y valles interiores más difíciles. Tierradentro, en ese sentido, no fue refugio ancestral sino refugio construido por la Conquista misma: allí terminaron llegando poblaciones nasa que la presión colonial fue empujando desde otros pisos térmicos. La supervivencia de mayor proporción de población indígena entre los muiscas y en las provincias sureñas —Pasto y Popayán— se explica también porque los españoles aprovecharon rivalidades preexistentes y utilizaron a los caciques hereditarios como intermediarios de su autoridad para cobrar los tributos.

En Tierradentro, esa intermediación tomó forma jurídica y mítica en la figura de Juan Tama de la Estrella, el cacique nacido según la tradición de las aguas de una laguna, cuyos títulos coloniales delimitaron los territorios de los resguardos paeces del alto Páez a comienzos del siglo XVIII. Esos títulos, redactados en el lenguaje de la Corona pero investidos de una autoridad interna que los nasa reconocen como propia, se convirtieron en el documento fundacional al que la comunidad volvería una y otra vez para defender sus tierras.

Quintín Lame y el largo siglo de la recuperación

Durante el siglo XIX, el aislamiento de las provincias sureñas dio a los resguardos una tregua frente a las políticas liberales de disolución de la propiedad comunal indígena que sí desmantelaron los resguardos altiplánicos. Los paeces, aliados con líderes liberales del Cauca, siguieron luchando por conservar sus tierras comunitarias. Pero la presión de los latifundistas no cedió, y hacia comienzos del siglo XX la respuesta indígena adoptó por fin un lenguaje político articulado en la figura de Manuel Quintín Lame.

Lame, terrajero paez nacido a fines del siglo XIX, encabezó desde la década de 1910 los reclamos por la recuperación de tierras, primero en el Cauca y después en el Tolima, donde lideró la lucha por el gran resguardo de Ortega y Chaparral, disuelto por presión de los latifundistas del sur del departamento. Según la periodización trazada por Alfredo Molano, sus campañas en Tierradentro y Chaparral se desplegaron entre 1922 y 1945. El programa que Lame enunció en sus escritos y prédicas —que lo llevaron cerca de setenta veces a la cárcel— prefiguró en varios de sus puntos el que medio siglo después adoptaría el movimiento indígena moderno: recuperar las tierras de resguardos, ampliarlos, fortalecer los cabildos y negarse a pagar terraje al hacendado. El poeta Guillermo Valencia, entonces representante ante la Cámara Baja, llegó a solicitar el destierro de Lame de Colombia, según el propio indígena consignó en sus escritos, indicando que el hecho constaba en los anales de la Cámara. Un texto principal de Lame, redactado en 1939, no llegaría a publicarse sino en 1971, cuando ya una nueva generación estaba lista para recogerlo.

Esa nueva generación fue la del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fundado precisamente en 1971 en el contexto de las movilizaciones campesinas impulsadas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) a comienzos de la década. El CRIC, compuesto por diferentes grupos étnicos del Cauca pero sostenido principalmente en los nasa, institucionalizó el movimiento indígena regional y se declaró explícitamente heredero de las luchas de Quintín Lame. Con él, la recuperación de tierras dejó de ser una gesta individual y se volvió organización, programa, congreso, cabildo con capacidad de negociación frente al Estado.

El Movimiento Armado Quintín Lame

En la década de 1980, el conflicto por la tierra en el Cauca se militarizó. Varias guerrillas intentaron ganarse el apoyo de las comunidades indígenas presentándose como grupos anti-FARC: el Frente Ricardo Franco entre 1983 y 1985, el M-19 al regresar hacia 1983 al nororiente caucano, el PRT y el ELN. El movimiento indígena, saturado de agresiones y desprotegido frente a los terratenientes y a los grupos armados que disputaban el territorio, terminó dándose su propio brazo armado.

El Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) fue creado el 29 de noviembre de 1984, en el páramo de Las Moras, dentro del resguardo de Mosoco. Dos hechos ocurridos apenas semanas antes actuaron como detonantes: el desalojo violento de comunidades indígenas en López Adentro el 9 de noviembre, y el asesinato del sacerdote indígena nasa Álvaro Ulcué Chocué al día siguiente, el 10 de noviembre, en Santander de Quilichao. Ulcué, párroco de Toribío y figura central de la reflexión pastoral y política indígena del Cauca, encarnaba la posibilidad de una autoridad nasa dentro de la Iglesia. Su muerte cerró esa vía y abrió otra.

El MAQL operó como grupo guerrillero entre 1984 y 1991. Su estructura organizativa combinaba cuatro modalidades: grupos de apoyo sin armas, autodefensa territorial, un comando móvil de uso ocasional y un movimiento armado permanente con presencia extraterritorial. La relación con el M-19 fue intensa y ambigua. Hubo una escuela conjunta de formación político-militar con los indígenas que internamente ya se llamaban Quintín Lame, y algunas armas del Cantón Norte —el arsenal que el M-19 había robado en Bogotá en la Nochebuena de 1978— llegaron a manos indígenas. El costo de esa relación se cobró en las cárceles: la detención de buena parte de la dirigencia del CRIC, entre ellos Marcos y Édgar Avirama, Guillermo Amórtegui y Luis Ángel Monroy, todos acusados de vínculos con el M-19 y llevados al Consejo Verbal de Guerra iniciado en La Picota en noviembre de 1979.

En marzo de 1991, en el marco de las negociaciones de paz con el Estado que también condujeron a la desmovilización del M-19 y del EPL, el Quintín Lame acordó con el Gobierno su desmovilización y entrega de armas. El MAQL fue la única guerrilla propiamente indígena en la historia del conflicto armado colombiano, y su breve existencia dejó en Tierradentro y en el norte del Cauca una herencia doble: la certeza de que la vía armada era estrecha y contraproducente para un movimiento que sostenía su fuerza en el territorio, y la conciencia de que sin autodefensa organizada las comunidades quedaban expuestas a todos los actores armados.

Territorio, minería y titulaciones incumplidas

La Constitución de 1991, aprobada meses después de la desmovilización del Quintín Lame, reconoció el carácter especial de los territorios indígenas y obligó, entre otras cosas, a clarificar los títulos coloniales de los resguardos. Esa clarificación no ocurrió. Al inicio del gobierno de Juan Manuel Santos se propuso crear una comisión para el esclarecimiento de los títulos coloniales, sin que los resultados de esa iniciativa se hayan traducido en un ajuste efectivo del régimen de tierras.

El caso más elocuente de ese incumplimiento tiene fecha y cifra. El 16 de diciembre de 1991, en la hacienda El Nilo, en Caloto, veinte indígenas nasa fueron masacrados por hombres armados en un episodio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminó atribuyendo, en parte, a agentes del Estado. Como compromiso de reparación, el Estado se obligó a entregar 15.663 hectáreas al pueblo nasa. A 2012 había adquirido 13.906 hectáreas distribuidas en dieciséis predios, pero ninguna de las dieciséis titulaciones había sido legalizada como resguardo ni sumada a la ampliación de uno existente. El 55% de las tierras adjudicadas recientemente en el marco de esos compromisos sigue a nombre del Fondo Nacional Agrario, sin estatus jurídico de resguardo, lo que en la práctica las deja fuera de los derechos constitucionales de protección indígena.

Sobre ese vacío jurídico se ha montado una nueva presión extractiva. En Tierradentro existen dos zonas mineras declaradas: una integrada por los resguardos de Togoima, Vitoncó y Tóez, y otra en el páramo de Pisno, que compromete a los resguardos de Mosoco y San José. En el conjunto de la región se han reportado 194 títulos mineros vigentes, correspondientes a 63.889 hectáreas. La cifra convive con una presencia militar que las comunidades interpretan como parte del mismo mapa: proteger el interés extractivo sobre los recursos del subsuelo, más que la vida de la gente sobre el suelo.

Los resguardos, entretanto, funcionan como el nivel de gobierno más cercano y más antiguo. En ellos la autoridad se ejerce mediante gobernadores que portan bastón de mando como símbolo de poder, y los indígenas obedecen sus leyes. Las tierras que llevan ese nombre tienen continuidad histórica desde la Colonia. Según el censo de 2005, en Colombia hay 710 resguardos titulados, distribuidos en 27 departamentos y 228 municipios, que ocupan 34 millones de hectáreas, equivalentes al 29,8% del territorio nacional. Tierradentro representa una fracción pequeña de esa superficie, pero una fracción cuya densidad simbólica es difícil de igualar.

La cal, la coca y la vida cotidiana

La cultura nasa que sostiene ese territorio no se agota en la reivindicación política. Se sostiene en prácticas cotidianas que la mayoría de los observadores externos apenas percibe. El mambeo —la masticación ritual y laboral de la hoja de coca mezclada con cal— acompaña las duras faenas agrícolas y se reconoce internamente como expresión de cultura propia. La cal que se usa se obtiene preferiblemente de una piedra caliza rojiza, llamada en nasa yuwe kuétan kútchi, que produce el polvo más dulce y eficaz; existe también la piedra negra, kuétan ch'ijmé, que da polvo blanco. La preparación —calentar la piedra al rojo vivo, sumergirla en agua para que el carbonato de calcio se transforme en hidróxido de cal y la piedra se reduzca a polvo fino— es considerada por los nasa un acto de disciplina y cuidado, señal de cultura propia. La cal producida en gran escala por los "blancos", en cambio, se ve como cruda y cáustica, útil solo para paliar la escasez del polvo bueno.

En torno a la hoja de coca ha crecido en las últimas décadas un proyecto que revela la creatividad económica y cultural nasa. En los municipios de Páez e Inzá se impulsa la producción de tisanas de coca como alternativa cultural y económica. El proyecto compite con los compradores del narcotráfico por los excedentes de hoja no usados culturalmente y los desvía hacia un producto legal: la deshidratación del proceso impide que la hoja pueda ser transformada en clorhidrato de cocaína. La tisana se presenta no como sustitución impuesta desde fuera sino como extensión de una práctica tradicional. En un país donde la política antidroga suele confundir mata con narcotráfico, la coca nasa insiste en la distinción original: la hoja es planta sagrada; el problema es el mercado que la esclaviza.

La guardia y la memoria

Frente a los actores armados que en las últimas décadas han disputado el territorio —guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, fuerza pública—, los nasa han levantado una institución que combina lo antiguo y lo nuevo: la guardia indígena. Sus miembros afrontan a los hombres armados sin armas, únicamente con la persuasión y el diálogo, y ejercen vigilancia permanente del territorio. Sus antecedentes se remontan al cacique Juan Tama, aunque durante siglos la guardia no fue una institución visible sino una función difusa dentro de la comunidad. En algún momento del proceso contemporáneo se decidió visibilizarla y estructurarla formalmente, con sus bastones, sus turnos y su organización por resguardos. La guardia indígena fue reconocida con el Premio Nacional de Paz, y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) solicitó a Naciones Unidas su reconocimiento como cuerpo internacional de paz.

Su tarea es enorme y silenciosa. Cuando los actores armados disputan y profanan el territorio indígena, afectan la base misma de la existencia colectiva de las comunidades: sus relaciones productivas, espirituales, simbólicas y culturales. El desplazamiento forzado interrumpe la transmisión generacional de la cultura nasa y, como lo ha señalado con dolor Pastora, mujer nasa, perder historia y memoria implica que los hijos pierdan su identidad cultural. La guardia, entonces, no vigila solo un espacio: vigila la continuidad.

Huella

Tierradentro llegó al siglo XXI con dos declaratorias que la fijaron ante el mundo —el Parque Arqueológico como Patrimonio de la Humanidad en 1995 y la catástrofe del terremoto y avalancha del río Páez en junio de 1994, que devastó municipios enteros y obligó a reubicar poblaciones— y con una densidad histórica que ningún visitante recorre en un día. Sobre la toba volcánica que hace mil años permitió tallar los hipogeos, los nasa siguen sembrando maíz en ladera, preparando cal artesanal, obedeciendo a sus gobernadores, enviando a la guardia a los retenes de la carretera. Los resguardos que la Colonia fundó como instrumentos de despojo son hoy la trinchera jurídica desde la que se defiende la autonomía. El programa que Quintín Lame formuló en la cárcel es el marco desde el que el CRIC negocia con el Estado. La guerrilla que llevó su nombre entregó las armas hace más de treinta años, y sin embargo la lucha por la tierra sigue: 194 títulos mineros esperan, 15.663 hectáreas pactadas siguen sin resguardo, el Nevado del Huila amenaza otra vez con soltar el lodo.

Lo que Tierradentro enseña no es la continuidad orgánica de un pueblo intacto ni el triunfo de una resistencia consumada. Enseña algo más exigente: que un territorio puede acumular capas —funerarias, coloniales, republicanas, armadas, patrimoniales— sin dejar de ser habitado por quienes cada generación tienen que reinventar las herramientas para seguir estando ahí. La región no sobrevivió. Se sostiene. Y se sostiene porque la cordillera aísla, la toba se deja tallar, los bastones de mando pesan y el nombre del cacique nacido de las aguas sigue circulando entre los que hoy recorren, sin armas, los caminos.