Toribío

La semblanza

Toribío es cabecera municipal y a la vez uno de tres resguardos —junto con Tacueyó y San Francisco— que conforman el corazón del Proyecto Nasa. Se asienta en la cuenca alta del río Palo, ese afluente del Cauca que nace en el páramo de Santo Domingo, dentro del parque nevado del Huila, y baja atravesando Páez, Toribío, Caloto, Santander de Quilichao y Puerto Tejada hasta desembocar en Bocas del Palo, sobre la margen derecha del Cauca. Son 46,21 kilómetros de recorrido y una cuenca de 1.471 kilómetros cuadrados, alimentada por los tributarios López, Jambaló y La Paila, con un caudal medio de 35,9 metros cúbicos por segundo medido aguas abajo en Puerto Tejada. En esa geografía de aguas y cordilleras se asientan las veredas nasa que dan al municipio su fisonomía.

La altitud fragmenta el territorio en pisos térmicos que la comunidad recorre a pie y a lomo de mula: de los cañones cálidos donde madura el plátano y el café a los páramos donde brota el agua y crecen los frailejones. Esa verticalidad, que en otras zonas del país opera como una barrera, aquí funciona como un mapa cultural: las veredas altas están asociadas a los sitios sagrados, los pisos medios a la vida agrícola cotidiana, los bajos al contacto con las tierras del valle, con la ciudad y con la economía monetaria. El municipio se organiza sobre esa gradiente, y también su política. Un cabildo alto no discute los mismos asuntos ni con la misma urgencia que un cabildo bajo; los tiempos de siembra, la circulación de los mayores, las rutas de la Guardia, todo se ordena según la cota.

La población es abrumadoramente indígena y pertenece al pueblo nasa, uno de los grupos étnicos más numerosos y organizados de Colombia. Toribío no se entiende sin ese hecho. Aquí los cabildos son autoridad efectiva, el gobernador porta el bastón de madera —"la vara es la que manda"—, la Guardia Indígena patrulla los caminos sin armas de fuego, y la asamblea sigue siendo el mecanismo real de decisión política. La institucionalidad estatal convive con una institucionalidad propia que muchas veces la excede en legitimidad y en presencia territorial. La alcaldía, el puesto de salud, la estación de policía y la escuela pública funcionan al lado, y a veces bajo la mirada, de los cabildos, los médicos tradicionales, la Guardia y las escuelas propias. No hay separación tajante entre lo estatal y lo comunitario: hay una superposición negociada, tensa, cotidiana. En una misma semana, un mismo vecino puede acudir al juez de paz del cabildo por un conflicto de linderos y a la registraduría por un trámite civil, y ninguna de las dos gestiones anula a la otra.

Los orígenes

La historia larga de Toribío empieza siglos antes del municipio. Los nasa, llamados también paeces en la documentación colonial, ocupan desde tiempos precolombinos los pliegues montañosos del norte del Cauca y las vertientes de la cordillera Central. Su relación con el territorio no es de propiedad sino de filiación: la tierra es uma, madre, y sobre ella se fundan la permanencia, la justicia y la vida. De ese vínculo se deriva una concepción del derecho propio según la cual cualquier intervención institucional que carezca de participación estructural —no meramente periférica— del pueblo nasa carece de legalidad. Esta idea, aparentemente abstracta, articula hasta hoy las respuestas políticas nasa a la evangelización, al despojo, al conflicto armado y a los planes patrimoniales del Estado.

En el temprano siglo XVIII, el cacique Juan Tama de la Estrella actuó como mediador ante la Corona española en la defensa del territorio páez. Persuadió a los suyos para hacer ciertas concesiones a cambio de los títulos de resguardo, aquellos documentos coloniales que hoy siguen siendo el basamento jurídico de la propiedad colectiva nasa. Juan Tama compartió o disputó el liderazgo con el cacique Calambás, y las concesiones exactas no siempre son fáciles de reconstruir, pero el gesto fundacional quedó fijado: los resguardos como territorio reconocido, con autoridad propia, dentro de un orden jurídico externo. Es una arquitectura que sobrevivió a la República y se extendió más allá del Cauca hasta cubrir hoy una parte sustancial del país: según el censo de 2005, los resguardos titulados en Colombia sumaban 34 millones de hectáreas —el 29,8% del territorio nacional—, distribuidas en 710 titulaciones que alcanzan 27 departamentos y 228 municipios. En ese mapa, los resguardos nasa del norte del Cauca ocupan una fracción pequeña, pero su densidad política y su capacidad de irradiación han sido desproporcionadas respecto a su superficie.

La memoria nasa se piensa a sí misma como un tejido: una jigra cuyos hilos se desenredaron con la conquista y cuya reconstitución exige reeducarse y reconectarse con las raíces. El siglo XX trajo una violencia menos visible pero más íntima. En los internados misionales, niños nasa fueron castigados por hablar su lengua: se les quemaban las orejas con cuerdas de cumare, se les amarraban las lenguas, se les azotaba con rejo. La fractura llegó hasta el interior de las familias, donde la evangelización enfrentó a padres y abuelos con hijos que aprendían a avergonzarse del mambeo, del trabajo con coca y tabaco en los mambeaderos, ese lugar donde se transmiten los conocimientos de protección, defensa, curación y manejo del medio ambiente.

La primera mitad del siglo XX vio también surgir la figura de Manuel Quintín Lame, indígena caucano que articuló una defensa jurídica y política de las tierras comunales frente al latifundio y a la disolución legal de los resguardos. Sus reivindicaciones prefiguran casi punto por punto el programa que, medio siglo después, adoptaría el Consejo Regional Indígena del Cauca. Lame es el eslabón entre la larga resistencia colonial y la organización moderna del movimiento indígena. Escribió, litigó, encabezó movilizaciones y pasó temporadas en la cárcel; su figura combinó el estudio autodidacta del derecho con la práctica del liderazgo territorial, y esa combinación —abogado sin título y cacique sin cacicazgo formal— dejó una manera de entender la política que en el norte del Cauca no se ha extinguido. Cuando Lame murió, en 1967, muchas de sus banderas seguían pendientes; cuatro años después, otra generación las recogería en clave organizativa.

La trayectoria

Esa generación se agrupó en el CRIC. El Consejo Regional Indígena del Cauca se fundó en 1971 en un contexto de luchas por la tierra empujadas por la Asociación de Usuarios Campesinos. Aunque agrupó a varios pueblos del Cauca, se sostuvo desde el principio en los nasa. La recuperación territorial fue su bandera, y a esa tarea sumó, con desigual intensidad, la preservación cultural. El CRIC se reconoce heredero directo de las luchas de Quintín Lame y estableció, en pocos años, una capacidad organizativa que transformó por completo la política regional caucana. Los siete puntos originales de su plataforma —recuperar la tierra de los resguardos, ampliar los resguardos, fortalecer los cabildos, no pagar terraje, hacer conocer las leyes sobre indígenas, defender la historia, la lengua y las costumbres, y formar profesores indígenas— se convirtieron en la gramática de las movilizaciones de las décadas siguientes.

En 1980, tres resguardos de Toribío —Toribío, Tacueyó y San Francisco— dieron un paso que en su momento no tuvo eco nacional pero que hoy se lee como fundacional. Convocaron la Asamblea Constituyente del Pueblo Nasa, popularmente conocida como Proyecto Nasa. Sus tres principios eran nítidos: autonomía territorial, política, cultural y económica según la cosmovisión nasa; rechazo a la violencia y al uso de la fuerza por cualquier actor armado; y búsqueda de solución política negociada al conflicto. Once años antes de que la Asamblea Nacional Constituyente incorporara mecanismos análogos de participación y autonomía, tres cabildos de un municipio del Cauca ya habían escrito su carta.

El siguiente hito lo trajo una muerte. El 10 de noviembre de 1984, en Santander de Quilichao, fue asesinado el padre Álvaro Ulcué Chocué, primer sacerdote indígena nasa, defensor infatigable de la dignidad de los pueblos ancestrales. Su asesinato es el episodio que motivó la transformación de un grupo de autodefensa indígena en movimiento guerrillero, el que pronto se llamaría Movimiento Armado Quintín Lame. En esos años, dirigentes del M-19 como Álvaro Fayad, Rosemberg Pabón y Antonio Navarro Wolff participaron en una escuela conjunta de formación político-militar con el naciente Quintín Lame, y parte de las armas tomadas del Cantón Norte por el M-19 acabaron en manos de los indígenas caucanos. Era la primera vez que un grupo insurgente en Colombia se definía sobre bases étnicas.

El Quintín Lame se desmovilizó a comienzos de los noventa. Pero para entonces la violencia sobre el norte del Cauca ya había cambiado de escala. El 16 de diciembre de 1991 —el mismo año de la Constitución que reconocía a los pueblos indígenas—, veintiún indígenas nasa fueron asesinados en la finca El Nilo, municipio de Caloto. El responsable material fue Orlando Villa Zapata, miembro de las AUC; el crimen fue ordenado y financiado por los hermanos Bernal Seijas, propietarios de la finca y vinculados al narcotráfico del Valle. La masacre del Nilo no fue un hecho aislado: la finca hacía parte del territorio ancestral que las comunidades nasa reclamaban, habían solicitado formalmente al Estado, y ocupaban de manera esporádica en ejercicio de lo que llamaban "recuperación". El resguardo de Huellas está en la misma zona. La masacre selló la lección: en el Cauca, disputar la tierra es un ejercicio de riesgo mortal.

En 1999 se abrió otro capítulo. El 28 de mayo, en Piendamó, manifestantes indígenas expulsaron a una columna de las FARC que pretendía sumarse a un acto de protesta contra el gobierno. Fue el arranque simbólico del ciclo contemporáneo de resistencia civil indígena, una de las transformaciones más novedosas del conflicto armado colombiano de las últimas dos décadas, con centenares de experiencias comunitarias que desde entonces han sido postuladas al Premio Nacional de Paz.

Los años dosmiles trajeron a Toribío la escalada. Las cifras son inequívocas: los tres municipios con más incursiones armadas registradas en Colombia entre 1965 y 2013 pertenecen al Cauca —Toribío con 32, Caldono con 30, Argelia con 25—, con El Tambo en cuarto lugar con 20. Las FARC-EP concentraron en el Cauca 244 incursiones en cabeceras municipales, muy por encima de Antioquia (113), Nariño (87), Cundinamarca (74), Huila (67) o Tolima (66). Los habitantes de Toribío, sin embargo, sostienen que las cifras oficiales se quedan cortas: algunos hablan de seiscientos ataques en los últimos treinta años, otros de quinientos en los últimos diez. La percepción y el registro divergen porque los ataques breves, los hostigamientos, los tiroteos de una noche, no siempre alcanzaron el umbral estadístico.

En julio de 2012, en respuesta a una nueva ola de atentados en el norte del Cauca, se realizó la Minga de Resistencia por la autonomía, la armonía territorial y el cese de la guerra, con epicentros en Toribío y Corinto. Uno de sus escenarios más comentados fue el Cerro Berlín, sitio sagrado nasa en el municipio, donde el Ejército tenía instalado un campamento militar. Los indígenas subieron a la cima y exigieron el retiro de la tropa; algunos soldados terminaron llorando mientras eran conducidos ladera abajo. Las imágenes recorrieron el país. En la misma Minga, la Guardia Indígena juzgó a milicianos guerrilleros a quienes se les encontró explosivos en el territorio. La comunidad no tomó partido por ninguno de los actores armados: los expulsaba a todos.

Su red

Toribío no se explica sin la trama de personas, instituciones y lugares que la sostienen y la desbordan.

En lo institucional, el paraguas político regional sigue siendo el CRIC, fundado en 1971. Bajo su alero opera la ACIN —Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca—, que agrupa a los cabildos de la zona y funciona como el brazo zonal más activo, tanto en la Guardia Indígena como en las iniciativas de paz. La ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, extiende esta red al plano nacional. Estas estructuras se articulan con los cabildos de cada resguardo, cuyos gobernadores anuales encarnan la autoridad tradicional. La rotación anual del cargo es una decisión deliberada: impide la profesionalización del liderazgo, obliga a que la experiencia de gobierno pase por muchas manos, y ancla la autoridad en la asamblea, no en el individuo.

La Guardia Indígena, o Kiwe Tengna en lengua nasa yuwe, es probablemente la institución que más ha proyectado a Toribío hacia afuera. Funciona como organismo ancestral de control territorial, mecanismo humanitario y de resistencia civil. Sus integrantes llevan bastón de mando —no armas de fuego— y confrontan a los actores armados con persuasión, diálogo, y en ocasiones con machete y cabuya, asumiendo el riesgo físico de detener a hombres armados sin disparar un tiro. Su experiencia fue reconocida con el Premio Nacional de Paz, y la ACIN llegó a solicitar a Naciones Unidas su reconocimiento como cuerpo internacional de paz. El Tejido de Defensa a la Vida de la ACIN sostiene la memoria de sus caídos: recorridos por los resguardos con más de quinientos guardias, mingas de memoria donde jóvenes y mayores intercambian experiencias sobre recuperación territorial y honran a los kiwe-thegnas asesinados.

Entre las figuras humanas del arco largo se encadenan varias generaciones. Juan Tama de la Estrella, el cacique del siglo XVIII, obtuvo los títulos de resguardo que aún son la base jurídica del territorio. Manuel Quintín Lame, en la primera mitad del siglo XX, tradujo la resistencia indígena al lenguaje del derecho moderno. Álvaro Ulcué Chocué, sacerdote asesinado en 1984, encarnó la síntesis frágil entre la fe católica y la reivindicación étnica, y su muerte precipitó la lucha armada. En el presente, dirigentes como Ezequiel Vitonás, exalcalde nasa de Toribío, Feliciano Valencia y Aida Quilcué han dado voz nacional e internacional al proceso. Vitonás fue rostro visible del Proyecto Nasa en las peores horas de la guerra; Valencia protagonizó las protestas de la Minga Social y Comunitaria y llegó al Congreso; Quilcué, tras el asesinato de su esposo por miembros del Ejército en 2008, se convirtió en referente de la denuncia internacional de derechos humanos.

Los lugares también componen la red. Tacueyó y San Francisco, junto con Toribío, forman el trío original del Proyecto Nasa. El Cerro Berlín es el símbolo territorial y espiritual del pulso con el Ejército. Corinto, Jambaló, Caldono y Caloto son los municipios vecinos con los que Toribío comparte historia armada y organización. Santander de Quilichao —donde cayó el padre Ulcué— y Popayán, capital departamental, son las plazas donde el movimiento nasa lleva sus reclamos al escenario público.

Y en el trasfondo, la cosmovisión y el mambeo. La coca y el tabaco no son productos ni mercancías: son mediadores del conocimiento, materia del trabajo colectivo en los mambeaderos donde se transmiten los saberes de defensa, curación y manejo del entorno. La cristianización dejó en Toribío una capa católica —el propio padre Ulcué la encarnaba— que convive tensa con la persistencia de las prácticas propias. Esa tensión es interna, familiar, cotidiana: no se resolvió, se administra.

Su huella

La huella de Toribío puede leerse en tres tiempos que se encabalgan: el del reconocimiento jurídico, el del deterioro por la guerra y el de los premios que llegaron cuando la guerra arreciaba.

El primer tiempo se abre en 1991. Ese año el pueblo nasa participó en la Asamblea Nacional Constituyente, y de aquella participación quedaron consagrados el reconocimiento de los resguardos, los cabildos y la justicia propia. La Constitución dio marco jurídico a lo que en Toribío ya funcionaba desde hacía once años. En los años siguientes, los nasa eligieron alcaldes indígenas en Toribío, Caldono, Caloto y Tororó, hito inédito en la historia política caucana. La autonomía dejó de ser una aspiración interna y pasó a tener representación institucional en la administración municipal, en los concejos y, más tarde, en el Congreso. El cabildo y la alcaldía —dos autoridades de naturaleza distinta— empezaron a coexistir en las mismas manos o en manos que dialogaban a diario.

El segundo tiempo, superpuesto al primero, es el de la guerra. La misma década del noventa que consagró la diversidad étnica trajo la masacre del Nilo, la escalada paramilitar en el norte del Cauca y la incorporación del corredor Toribío-Jambaló-Caloto a las rutas estratégicas de la guerrilla y del narcotráfico. Los años dosmiles amontonaron tomas y hostigamientos, y con ellos vinieron heridas que no aparecen fácilmente en las estadísticas.

El desplazamiento forzado desestabilizó el rol comunitario de las mujeres nasa. Su función en la transmisión generacional de la cultura y de la memoria es central, y cuando una familia debe abandonar abruptamente su territorio, se rompe no solo la economía familiar sino la relación con la uma. Los mambeaderos quedan vacíos. Las asambleas pierden participantes. Los idiomas se debilitan en la ciudad. Lideresas nasa insisten en que la lucha contra el olvido y la preservación de la memoria de las mujeres víctimas es condición para que las nuevas generaciones no pierdan su identidad. Las comunidades desplazadas —nasa, pijao, senú— comparten una lectura del desplazamiento no como efecto colateral de la guerra sino como estrategia deliberada sobre territorios ancestrales ricos en recursos mineros, petróleo y biodiversidad, donde se han diseñado megaproyectos nacionales y multinacionales.

El reclutamiento ilícito fue otra herida de esos mismos años. El conocimiento del territorio por parte de niños y jóvenes indígenas fue aprovechado estratégicamente por los grupos armados: quien sabe leer una montaña sirve como guía. Familias enteras vieron partir a sus hijos hacia las filas guerrilleras o hacia las estructuras paramilitares, y la Guardia Indígena tuvo que asumir, entre sus tareas, la de recuperarlos, negociar su regreso, protegerlos cuando volvían. La Guardia confrontó a los actores armados con machete y cabuya, asumió riesgos físicos serios por proteger a los suyos, sostuvo una resistencia civil organizada que no tiene precedente en la historia colombiana reciente. En medio de este cerco, la vida política se siguió haciendo. El alcalde indígena de Toribío, tras uno de los ataques más duros contra la cabecera, confesó públicamente la tentación de renunciar por la presión sobre su familia; resistió, dijo, para no traicionar a la comunidad que lo había elegido.

El tercer tiempo, paradójico, es el de los reconocimientos. Mientras el municipio recibía tomas y hostigamientos, también recibía premios que hoy figuran en la historia oficial del movimiento: premio nacional de planeación al mejor municipio en 1998, dos veces Premio Nacional de Paz —en 2000 y 2004—, Premio Ecuatorial de Naciones Indígenas a nivel mundial en 2005 y nominación al Premio Nobel de Paz en 2007. Los reconocimientos, sin embargo, no compraron protección. La Constitución de 1991 no bajó el número de ataques; el Nobel no impidió los hostigamientos posteriores. La brecha entre autonomía jurídica reconocida y soberanía territorial efectiva quedó al descubierto: el Estado legisló la diversidad, pero los actores armados —guerrillas, paramilitares y en ocasiones agentes de la Fuerza Pública— siguieron disputando el corredor del norte del Cauca, con su vocación estratégica hacia el Pacífico y su ubicación entre economías del narcotráfico. La autonomía formal no desarmó el conflicto real.

Toribío es a la vez un logro y una tragedia. Es el ejemplo más avanzado de gobierno propio indígena en Colombia, con una arquitectura institucional —cabildos, Guardia, mingas, Proyecto Nasa— que ha sobrevivido a cuatro décadas de guerra intensa. Y es, por eso mismo, el municipio más golpeado. La causalidad no es lineal: no es que la autonomía haya provocado la violencia, ni que la violencia haya inventado la autonomía. Los dos procesos se han alimentado mutuamente. La organización nasa, arraigada en una cosmovisión que niega legitimidad a cualquier poder externo sobre el territorio, se convirtió en obstáculo para todos los actores armados que necesitaban el corredor: guerrilla, paramilitares, narcotráfico. A su vez, la violencia sostenida durante décadas radicalizó y legitimó internamente las instituciones de autogobierno: cada masacre, cada asesinato de un cabildante, cada niño reclutado, hicieron indispensable el proyecto autónomo.

El caso de Toribío ilustra, además, una tensión mayor de la democracia colombiana: los marcos jurídicos y los reconocimientos internacionales funcionan como escudos parciales pero insuficientes. Las nominaciones al Nobel, los premios de paz y la Constitución del 91 no bastaron para reducir los treinta y dos ataques registrados ni las cifras percibidas por la comunidad. Lo que ha permitido a Toribío persistir no ha sido la protección del Estado sino la solidez de sus propias estructuras, esa infraestructura hecha de gobernadores anuales, mambeaderos, guardias con bastón y jigras vueltas a tejer, que sostiene al municipio cuando las instituciones nacionales flaquean. La jigra rota en la conquista se ha vuelto a anudar en el mismo lugar donde otras veces se ha querido cortarla.

En Toribío la tierra es madre, el bastón es autoridad, la asamblea es ley, la resistencia es cotidiana. Alrededor de ese núcleo pasan el Estado, la guerra y los premios, y el núcleo persiste. Persiste porque no depende de ellos: los precede, los sobrevive, los rebasa. Por eso un municipio de menos de treinta mil habitantes ocupa un lugar tan grande en la historia reciente de Colombia.