Juan Tama de la Estrella

El personaje y su enigma

La evidencia conservada no permite una biografía continua. El expediente de Pitayó contiene peticiones, decisiones de la Audiencia, linderos y reglas de sucesión; el escrito de Vitoncó mezcla fórmulas jurídicas con una narración de origen y de conquista. Ninguno equivale a una autobiografía ni demuestra por sí solo cada episodio que después se contó sobre el cacique. La tradición oral y escrita nasa, por su parte, conserva versiones diversas de su nacimiento en una corriente de agua, de su autoridad y de su entrada final en una laguna. Joanne Rappaport ha mostrado que estas narraciones no son simples copias defectuosas del archivo: organizan la historia alrededor del territorio, las instituciones y los sitios sagrados. Por eso es seguro afirmar que hubo un cacique llamado Juan Tama reconocido en Pitayó y relacionado con Vitoncó; es menos seguro reconstruir su vida privada, su carácter o una secuencia única de hazañas.

Una hipótesis sobre su procedencia fue difundida por Roberto Pineda Camacho y recogida por Nina S. de Friedemann y Jaime Arocha: Juan Tama habría sido un indígena tama de la selva tropical, capturado y esclavizado por españoles y quizá llevado al Huila antes de incorporarse al mundo nasa. Es una conjetura publicada, no una filiación probada por partida, testimonio contemporáneo o expediente personal. Además, el nombre conservado en los documentos —Tama, Estrellas y Calambás— participa de lenguajes políticos y genealógicos que no pueden reducirse automáticamente a un lugar de nacimiento. La hipótesis ayuda a pensar las circulaciones entre Amazonia, Huila y Tierradentro, pero no autoriza a narrar como certeza una infancia esclavizada ni una posterior liberación.

Tampoco puede deducirse de esa hipótesis una «doble alfabetización» plenamente dominada por Tama ni una psicología de mediador forastero. Las peticiones del período solían pasar por protectores de naturales, intérpretes y escribanos, y el decreto de Pitayó fue firmado por oidores de la Audiencia, no por el cacique. Eso no elimina la agencia indígena: Juan Tama solicitó reconocimiento, sostuvo una sucesión y quedó obligado a conservar el territorio y sus documentos. Pero la acción fue colectiva e intermediada. Entre las autoridades nasa, los funcionarios, los escribanos y quienes protocolizaron las copias se produjo un expediente que expresó intereses indígenas dentro de formas coloniales. Esa descripción es más sólida que imaginar a un solo hombre hablando de igual a igual con «la Corona» gracias a una competencia cultural que ninguna fuente mide.

El Cauca que Tama encontró

El escenario de Juan Tama estaba marcado por una larga historia de guerra, encomienda, epidemias, desplazamientos y reorganización territorial. Los nasa resistieron la conquista durante décadas y la incorporación colonial de Tierradentro fue más tardía y desigual que en otras regiones. Para el siglo XVII funcionaban encomiendas y pueblos de indios, mientras distintos grupos se movían entre las vertientes oriental y occidental de la Cordillera Central. Reducir ese proceso a fugitivos que buscaron el frío como «aliado táctico» simplifica una historia en la que también hubo alianzas, reasentamientos, cabildos, cacicazgos y ocupación activa de pisos ecológicos. La demografía importa, pero no explica por sí sola la configuración política que encontró Juan Tama.

La mita, el tributo y otras cargas coloniales afectaron a las comunidades, aunque su forma e intensidad variaron por lugar y período. La disminución de tributarios podía aumentar la presión sobre quienes permanecían y favorecer el trabajo fuera de las tierras comunales; también coexistieron cultivos, ganadería, intercambio, extracción de sal y estrategias de expansión. No hay base para afirmar que «muy pocos» regresaban de toda mita ni para convertir este caso caucano en el origen directo del proletariado moderno latinoamericano. Esa genealogía comprime siglos, regiones y relaciones laborales distintas. Para entender a Tama basta una conclusión más precisa: los pueblos nasa negociaban tierra, autoridad y obligaciones en un orden colonial coercitivo, pero no eran una masa pasiva ya desligada de su territorio.

La caída y recuperación de la producción aurífera neogranadina formaron parte del contexto económico, pero no prueban una cadena automática «sin indios, sin oro, sin imperio» que explique la titulación de Pitayó. Los estudios regionales sitúan las solicitudes nasa dentro de un proceso iniciado desde mediados del siglo XVII, antes de 1700, en el que caciques y comunidades buscaron legalizar tierras que ocupaban y ampliar linderos. En algunos casos la política real coincidió con prácticas nativas de poblamiento, intercambio y apropiación territorial. Juan Tama actuó en esa convergencia: no simplemente en una ventana abierta por la escasez de mano de obra, sino dentro de una serie de litigios y peticiones indígenas con cronologías locales.

La institución del resguardo: escudo y trampa

El resguardo no fue una institución con un único origen, propósito o resultado. La administración colonial lo utilizó para ordenar población, tributo, evangelización y acceso a la tierra; comunidades indígenas lo emplearon a su vez para consolidar autoridades, defender linderos y, en ciertos casos nasa, incorporar terrenos. Esa doble dimensión impide describirlo solo como concesión protectora o solo como trampa fiscal. Tampoco el corregidor reemplazó de una vez y en todas partes al encomendero: encomiendas, corregimientos, cabildos y resguardos coexistieron y cambiaron con el tiempo. En Tierradentro, el punto decisivo fue que una forma colonial podía ser apropiada para fines territoriales indígenas sin dejar de pertenecer a un régimen de subordinación.

También variaron los efectos espaciales. En algunas regiones las reducciones concentraron poblaciones y facilitaron la ocupación de tierras por españoles o mestizos; en otras, los resguardos se apoyaron en asentamientos previos, movimientos indígenas y reclamos de territorios más amplios. Santiago Paredes documenta que ciertos resguardos páez se fortalecieron o expandieron entre 1650 y 1750, precisamente cuando otras comunidades del Nuevo Reino sufrían remates y disoluciones. El caso de Toboyma muestra indígenas que litigaban, presentaban testigos, ocupaban nuevas tierras y articulaban distintos recursos. Por eso no es sostenible afirmar que todos los resguardos del macizo fueron núcleos artificiales colocados en tierras marginales con el mismo mecanismo.

Ese fue el campo de acción de Juan Tama: una institución colonial capaz de imponer obligaciones y, a la vez, de producir defensas territoriales utilizables por las comunidades. El expediente de Pitayó exigía al cacique mantener la integridad de las tierras y de los papeles que las legitimaban. No sabemos si Tama evaluó conscientemente el resguardo como «el menos malo» entre varias alternativas, ni cuáles concesiones personales creyó estar aceptando. Sí sabemos que pidió reconocimiento como sucesor, que la Audiencia enumeró linderos y deberes y que el documento fue conservado y protocolizado después. La fuerza histórica está en esos actos verificables y en sus usos posteriores, no en atribuirle una lucidez trágica que pertenece al narrador moderno.

La negociación: Vitoncó, Pitayó, Calambás

La secuencia de Pitayó comenzó antes de la petición de Juan Tama. El 11 de febrero de 1696, don Jacinto de Moscay, entonces cacique, acudió a Quito para solicitar título sobre sus tierras y nombró como sucesor a su sobrino Juan Tama. Tras la muerte de Moscay, Tama pidió en abril de 1698 que se le entregaran los papeles pendientes y que se incluyeran ciertos manantiales de sal. El 8 de marzo de 1700 solicitó que la Audiencia lo reconociera como cacique por herencia. El decreto aceptó la petición, describió los límites del conjunto de Pitayó, Quichaya, Caldono, Pueblo Nuevo y Jambaló, fijó reglas sucesorias y señaló deberes de custodia territorial y documental. Esta cronología muestra iniciativa indígena y mediación jurídica; no documenta una lista de concesiones secretas ni un trueque explícito de subordinación por tierra.

El escrito de Vitoncó pertenece a otro registro. Fechado en 1708, presenta a don Juan Tama y Calambás como hijo de las estrellas de la quebrada de Tama y narra la adquisición del cacicazgo mediante hechos de fuerza. Rappaport advierte que esa versión contradice la sucesión hereditaria expuesta en el expediente de Pitayó. Paredes añade que el texto es excepcional: aparentemente fue redactado por el encomendero, trata un territorio más amplio que las tierras comunales de Vitoncó y no se produjo como los títulos expedidos por oficiales reales. Estudios posteriores señalan además que no recibió la validación de la Audiencia de Quito que sí tuvo Pitayó. La mención de «Calambás» forma parte del nombre político de Tama y de una narración de legitimación; no basta para probar una simple rivalidad contemporánea entre dos caciques separados, con facciones y vencedor identificables.

El marco jurídico tampoco se resume en «las Leyes de Indias promulgadas en Burgos en 1542». Las Leyes Nuevas de 1542 fueron un conjunto decisivo sobre gobierno y encomiendas; la legislación indiana se acumuló durante más de un siglo y Carlos II mandó imprimir la Recopilación de leyes de los reinos de las Indias en 1680-1681. Mercedes, composiciones, ejidos, pueblos de indios y resguardos respondían a normas, visitas y prácticas distintas. En Pitayó, la forma concreta fue una petición ante la Audiencia de Quito y un decreto que reconocía autoridad, linderos y obligaciones. El papel era importante, pero su eficacia dependía de la custodia, la protocolización, el litigio y la capacidad comunitaria para hacerlo valer; nunca fue una garantía automática contra toda usurpación.

En ese sentido puede llamarse a Juan Tama un actor jurídico, siempre que la expresión no borre a Jacinto de Moscay, a las comunidades, a los intérpretes, protectores, escribanos y oidores que hicieron posible el expediente. Tampoco excluye su dimensión política y cosmológica en la memoria nasa. La acción documentada no fue «de archivo antes que de armas» en un sentido absoluto: el título de Pitayó usa la sucesión; el texto de Vitoncó relata conquista; las narraciones posteriores reúnen derecho, territorio, ritual y resistencia. La originalidad histórica no está en escoger una sola de esas facetas, sino en ver cómo se combinaron y discutieron.

La muerte que se convirtió en fundación

Las narraciones nasa no ofrecen una única escena de nacimiento y muerte. En distintas comunidades, Juan Tama emerge de quebradas o lagunas asociadas con sus propios territorios; el texto colonial de Vitoncó ya lo llama hijo de las estrellas de la quebrada de Tama. En relatos contemporáneos, los caciques desaparecen en lagunas de altura y pueden ser convocados en momentos de necesidad. La obra bilingüe Khwen Tama A’, creada desde la Institución Educativa Juan Tama y la comunidad de San José, cuenta su nacimiento durante la «lluvia grande» y su viaje final hacia una laguna para reunirse con el agua y las estrellas. Esa versión es una fuente primaria de memoria y pedagogía nasa, no una certificación literal de dónde nació o murió una persona del siglo XVIII.

El paisaje de Tierradentro no funciona en estas historias como simple decorado. Rappaport muestra que montañas, corrientes, lagunas y rutas operan como soportes de memoria, relaciones rituales y marcas territoriales; permiten vincular episodios dispersos sin reducirlos a una cronología occidental continua. Testimonios de Wila publicados por el CRIC relacionan a Juan Tama y a la cacica María Mandiguagua con caminos de defensa, medicina tradicional y memoria del territorio. El Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro fue inscrito por la UNESCO en 1995, pero esa designación corresponde a hipogeos y estatuas prehispánicas y no demuestra por sí sola la historia de Tama. Las afirmaciones sobre una antigua laguna en Paletará, una erupción específica o un exorcismo en la Piedra del Letrero pertenecen a otros lugares y relatos y no deben usarse para explicar su desaparición.

Que el cacique entre en el agua en vez de recibir una sepultura convencional permite, dentro de estas narraciones, relacionar pasado, presente y territorio. La interpretación política es sugerente: una figura situada en lagunas, montañas y caminos no queda clausurada por una fecha de muerte y puede ser convocada por nuevas generaciones. Pero esa disponibilidad no fue idéntica ni ininterrumpida durante tres siglos. Las investigaciones sobre el CRIC muestran períodos de relativo olvido y posteriores recontextualizaciones, especialmente durante las recuperaciones de tierras de la década de 1970. Juan Tama es a la vez personaje colonial, mayor de una memoria viva y figura recreada en situaciones históricas nuevas; ninguna de esas capas invalida a las otras.

El siglo XIX: el despojo que Tama no pudo prever

Los títulos no empezaron a ser desmontados de manera uniforme «casi de inmediato». Para algunos resguardos páez, el siglo XVIII fue un período de fortalecimiento y ampliación: caciques y comunidades litigaron, ocuparon terrenos y aprovecharon condiciones regionales de tenencia de la tierra. Las presiones se intensificaron de manera distinta según jurisdicción y momento. Después de la Independencia, proyectos republicanos de división de resguardos, expansión de haciendas y comercialización de tierras redujeron autoridades y propiedades comunales; también hubo leyes protectoras, resistencias locales y resultados desiguales. La ciudadanía liberal no produjo una desaparición jurídica instantánea. El giro más seguro es cronológico: expansión posible bajo ciertas condiciones coloniales, debilitamiento y despojo agudos durante el siglo XIX, y persistencia de comunidades que nunca dejaron de disputar ese proceso.

El avance de las haciendas convirtió a muchas familias indígenas en terrajeras, peones o aparceras y fragmentó tierras comunales, pero no selló por completo el destino del resguardo. En Cauca y Tolima persistieron cabildos, títulos, recuerdos de linderos, movilizaciones y formas de autoridad que cambiaron con las guerras civiles y la política partidista. Decir que los papeles «no habían impedido nada» confunde una protección incompleta con una protección inexistente. Un título podía ser ignorado, discutido, ocultado o reprotocolizado y, aun así, conservar valor para una reclamación posterior. Su efecto nunca fue autónomo: dependió de comunidades capaces de custodiarlo, interpretarlo y combinarlo con organización política.

El expediente de Pitayó fue protocolizado en Popayán en el siglo XIX, y el de Vitoncó también circuló en copias notariales. Su supervivencia material fue importante, aunque no todos los activistas tuvieron acceso directo a los originales. La investigación de Sebastián Levalle advierte que los títulos coloniales seguían siendo poco accesibles y que su contenido llegó al movimiento mediante copias, investigadores, cartillas y narraciones. Rappaport, a su vez, describe una relación recíproca: los documentos nutrieron relatos y las historias dieron sentido territorial a los papeles. No hubo una reliquia inmóvil que esperó intacta tres siglos, sino una cadena de custodia, transcripción, lectura, olvido parcial y recuperación.

Quintín Lame: la resurrección del argumento

Manuel Quintín Lame no se presentó simplemente como discípulo de Juan Tama: afirmó repetidas veces ser su descendiente directo. Rappaport considera improbable una relación genealógica, pero muestra que sus investigaciones en archivos y su contacto con títulos coloniales reforzaron esa identificación. Lame utilizó códigos, memoriales, decretos y documentos de resguardo, y también organizó movilizaciones masivas, resistió el terraje y conoció la represión y la cárcel. Por eso no cabe resumir su estrategia como «derecho antes que armas, papel antes que rebelión». La escritura fue una herramienta central dentro de una acción política más amplia, y la conexión con Tama fue una reivindicación histórica y simbólica que adquirió credibilidad entre sus seguidores.

Tras su actividad en el Cauca, Lame trasladó buena parte de su acción al Tolima desde 1920. Allí impulsó la reconstrucción de resguardos y sostuvo durante décadas reclamaciones en Ortega y Chaparral; la Universidad del Cauca sitúa en 1939 la reconstitución formal del resguardo de Ortega y parte de Chaparral, con San José de Indias como centro del cabildo y de escuelas indígenas. José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timoté participaron en redes organizativas y políticas con trayectorias propias, que no deben fundirse en una fundación puntual de 1924 sin documentación específica. Lo comprobable es la continuidad regional de luchas contra el terraje y por tierras comunales entre Cauca, Huila y Tolima, no una sola organización estable con idénticos miembros y objetivos durante todo el período.

Las relaciones de Lame con conservadores, socialistas, comunistas y dirigentes indígenas cambiaron y fueron conflictivas. Su catolicismo, el uso de la legislación colonial y republicana y sus alianzas no pueden reducirse a una fidelidad monárquica puramente táctica. Sus escritos combinan naturaleza, revelación, agravio racial, derecho y autoridad propia. Del movimiento lamista pasaron al repertorio posterior demandas como recuperar y ampliar resguardos, fortalecer cabildos y terminar el terraje, pero esa transmisión fue selectiva. El CRIC retomó y reformuló esas banderas en otro contexto político. La comparación con Juan Tama ilumina el empleo de documentos y memoria; no prueba que ambos aplicaran el mismo programa ni que sus adversarios fueran equivalentes a lo largo de tres siglos.

El CRIC y la Constitución del 91: el archivo se hace política

El Consejo Regional Indígena del Cauca se constituyó el 24 de febrero de 1971 en Toribío con siete cabildos y siete resguardos. En septiembre, el segundo congreso reunido en Tacueyó definió una plataforma alrededor de recuperación y ampliación de tierras, fortalecimiento de cabildos, aplicación de la Ley 89 de 1890, cultura y educación. La propia historia del CRIC vincula ese programa con enseñanzas de la Gaitana, Juan Tama y Manuel Quintín Lame. Esa filiación fue una decisión política consciente del nuevo movimiento, no la continuación automática de una organización existente desde el siglo XVIII. Recuperó repertorios anteriores y los adaptó a la reforma agraria, la represión de terratenientes y la construcción contemporánea de autonomía indígena.

La primera cartilla del CRIC no fue Historia política de los paeces de Víctor Daniel Bonilla. Según la investigación de Levalle, se tituló Nuestras luchas de ayer y de hoy y fue elaborada en 1971. En el marco de las recuperaciones de tierra, reunió las figuras de Juan Tama y Quintín Lame y las reconectó con las necesidades del presente. Bonilla y otros investigadores sí colaboraron después en la reconstrucción y divulgación de historias indígenas, pero son trabajos distintos. El matiz cambia la lectura: la memoria no descendió intacta desde un fundador hasta un restaurador y luego al CRIC; activistas, mayores e investigadores seleccionaron imágenes del pasado, confrontaron documentos y produjeron materiales pedagógicos para una lucha nueva.

La Constitución de 1991 reconoció y protegió la diversidad étnica y cultural, dio carácter inalienable, imprescriptible e inembargable a las tierras de resguardo, contempló territorios indígenas y autorizó a sus autoridades a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de los límites constitucionales. Esos cambios fortalecieron un marco de autonomía y propiedad colectiva por el que las organizaciones indígenas habían luchado. No «consagraron» jurídicamente lo que Juan Tama hubiera firmado en 1700 ni validaron de manera personal el texto de Vitoncó. Entre el decreto colonial, la Ley 89 de 1890, las movilizaciones del siglo XX y la Carta de 1991 hubo rupturas, nuevas categorías y decisiones colectivas. Los planes de vida se desarrollan en ese orden contemporáneo y en el derecho propio; no son simples extensiones de un título colonial.

La Asociación o Territorio Juan Tama es una expresión contemporánea de autogobierno. En un pronunciamiento de 2024, sus ocho autoridades invocaron Ley de Origen, Derecho Mayor, Derecho Propio, la Constitución y la jurisdicción especial para defender vida, territorio, cultura y plan de vida frente a actores armados. Llevar el nombre de Juan Tama muestra la vigencia simbólica del mayor dentro de ese proyecto, pero no prueba que la organización haya escogido exclusivamente a un «firmante» por encima de un chamán o un jefe militar. Tampoco permite presentar a Calambás como rival derrotado. El nombre condensa archivo, cosmología, memoria territorial y acción colectiva: una pluralidad más cercana a las fuentes nasa actuales que el retrato de un jurista aislado.

La paradoja Tama

La paradoja no enfrenta a un héroe individual con una estructura que lo vuelve irrelevante. El resguardo pertenecía a un orden colonial de tributo, evangelización y gobierno; al mismo tiempo, algunos pueblos nasa lo transformaron en una herramienta para consolidar territorios y autoridades. Paredes muestra que esa transformación dependió de litigios de caciques, prácticas de ocupación, tenencia regional y relaciones entre distintos pisos ecológicos. Juan Tama aparece dentro de una generación de «caciques nuevos» y de una secuencia de títulos que incluye Toboyma, Tálaga, Tóez, Pitayó, Jambaló, Toribío y otros pueblos. Su caso fue importante, pero no fue el único mediador ni el resultado mecánico de un colapso aurífero que obligara a la Corona a salvar tributarios.

La acción individual sí dejó huellas precisas. Juan Tama pidió el reconocimiento sucesorio de Pitayó, quedó nombrado en un decreto de la Audiencia y aparece como figura central del texto de Vitoncó. Esos documentos fueron conservados, protocolizados y releídos, aunque no tienen la misma fuerza jurídica ni pueden describirse ambos como títulos reales «firmados» por él. Tampoco sabemos que otras comunidades carecieran de papeles equivalentes por no haber tenido un líder como Tama: el propio inventario de Paredes registra numerosos títulos páez y señala otros no localizados. La diferencia histórica debe formularse con cautela. Los expedientes asociados con Tama adquirieron una vida política extraordinaria porque confluyeron custodia comunitaria, narración oral, investigación y movilización moderna.

Los documentos coloniales expresan una soberanía monárquica y obligaciones de gobierno, pero no permiten afirmar que Tama aceptara personalmente tributo, corregidor y renuncia a una soberanía plena como cláusulas de un contrato consciente. El decreto de Pitayó reconoció una sucesión y linderos dentro del derecho imperial; el texto de Vitoncó imitó formas de titulación sin la misma validación. Su persistencia posterior tampoco fue automática. Las repúblicas podían desconocer derechos indígenas sin desarmar todas las propiedades privadas de origen colonial, y de hecho promovieron divisiones y despojos. Lo que sostuvo la utilidad de los papeles fue su reiterada reactivación: copias notariales, cabildos, litigios, investigaciones y movimientos que los conectaron con normas y demandas nuevas. La colonialidad del documento fue una ambivalencia, no un seguro jurídico infalible.

No sabemos exactamente qué entendió o previó Juan Tama. Lo que puede afirmarse con confianza es más fértil: en torno a su nombre convergieron una sucesión reconocida por la Audiencia en 1700, un escrito de Vitoncó de 1708 cargado de lenguaje cosmológico, relatos nasa situados en aguas y montañas y relecturas políticas de los siglos XX y XXI. La estrella y el expediente no son «el mismo objeto»; son registros distintos que comunidades, investigadores y organizaciones han puesto en relación. Esa relación explica la permanencia de Tama mejor que una sola decisión genial. Su legado es colectivo y móvil: vive en documentos, en lugares sagrados, en la pedagogía nasa, en los cabildos y en luchas territoriales que cada generación vuelve a interpretar.