Manuel Quintín Lame

La semblanza de un autodidacta

Lame se enseñó a sí mismo el derecho y actuó habitualmente como su propio defensor ante los tribunales. Diego Castrillón Arboleda dejó constancia de esa costumbre: el terrajero de Polindara comparecía ante jueces, alcaldes y gobernadores citando artículos de la Ley 89, invocando títulos coloniales de resguardo, disputando en el vocabulario formal de la República las condiciones materiales en que vivían los indígenas del Cauca. La imagen contradice el estereotipo del líder indígena reducido a la oralidad y a la costumbre: Lame se movía en el terreno del enemigo con las herramientas del enemigo, y lo hacía con una obstinación que sus propios adversarios reconocieron.

Esa condición de indígena letrado en un país que suponía la ecuación inversa —indígena igual a menor de edad jurídica— es la clave de su trayectoria. Lame no pidió que se le reconociera como interlocutor: se impuso como litigante. La consecuencia fue previsible. Fue perseguido y encarcelado por reunir a indígenas en los departamentos de Nariño, Cauca, Huila y Tolima; la cifra de 108 detenciones solo en el Tolima —que él mismo dio— sugiere, aun rebajada, una vida atravesada por la cárcel como condición de trabajo. Cada proceso era, para él, una tribuna; cada expediente, un fragmento del alegato mayor que finalmente redactaría en 1939.

Los orígenes: Polindara y el peso del terraje

Lame nació en 1880 en Polindara, en la vertiente oriental del macizo caucano, en el corazón de una geografía donde los resguardos coloniales llevaban tres siglos resistiendo. La institución en la que se formó su conciencia política era ambivalente por diseño. El resguardo, creado por la Corona española en la segunda mitad del siglo XVI, respondía a un doble propósito: proteger a los indígenas del régimen esclavista de los encomenderos y, simultáneamente, obligarlos a pagar tributo al rey. Juan Friede notó la paradoja mayor de esa arquitectura: la protección hizo a los indígenas partidarios del rey, es decir, ató la defensa de la tierra a la lealtad monárquica y, más tarde, conservadora. Lame heredó esa ecuación entera.

El régimen bajo el cual creció era el del terraje: los indígenas cultivaban parcelas dentro de haciendas que se habían apropiado de antiguos resguardos y, a cambio del uso de la tierra, pagaban con trabajo. El terraje aseguraba al propietario tres cosas al mismo tiempo —poder político en la vereda, mano de obra cautiva sin necesidad de salario y traslado íntegro del riesgo agrícola al terrajero— y explicaba, mejor que cualquier ideología, la persistencia del despojo. Contra ese régimen se armó Lame; contra él escribió; contra él construyó sus programas.

La otra pieza estructural fue la Ley 89 de 1890, sancionada el 25 de noviembre por el presidente encargado Carlos Holguín y el ministro de gobierno encargado Antonio Roldán. Su título mismo revelaba la concepción del Estado sobre los indígenas: determinaba "la manera cómo deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada". Pero la ley, escrita para tutelar, contenía una contradicción productiva: reconocía la existencia legal de resguardos y cabildos, admitía la titularidad colectiva y establecía procedimientos —aunque menores, aunque paternalistas— de gobierno indígena. Lame vio en esa grieta la puerta. Muchos resguardos del Cauca subsistieron gracias a ella, y las mismas comunidades que la ley pretendía disolver mediante la "civilización" la usarían durante todo el siglo XX como argumento jurídico frente al despojo.

Contra esa herramienta operaba, además, un mecanismo extralegal recurrente: declarar que un resguardo carecía de titulación —porque los papeles coloniales resultaban imposibles de hallar en las notarías—, reclasificar la tierra como baldío y a los indígenas como simples colonos u ocupantes. Con eso bastaba para vaciar jurídicamente lo que la ley protegía en teoría. La formación política de Lame consistió, en gran medida, en aprender a pelear en las dos escalas: hallar los títulos, invocarlos, y al mismo tiempo ocupar la tierra que los títulos amparaban.

La trayectoria: dos ciclos, dos derrotas

La vida pública de Lame se organiza en dos grandes ciclos, separados por un año bisagra: 1917.

El primero es caucano y culmina con su detención el 10 de mayo de 1917 en el puente El Cofre, cerca de Popayán, adonde había ido a una cita concertada con dirigentes liberales. Los años previos fueron los de la intensificación del conflicto entre Lame y los poderes regionales. En noviembre de 1916 se produjo la ocupación de Inzá, durante la cual se saqueó el comercio y se proclamó el llamado "Gobierno chiquito de Tierradentro"; el episodio, tras un enfrentamiento con una columna de indígenas antiquintinistas al mando de Pío Collo, dejó seis muertos. El detalle importa: no todos los indígenas de Tierradentro seguían a Lame, y algunos se enfrentaron a él con las armas. La resistencia indígena nunca fue un bloque; fue un campo con líneas internas y disputas de conducción, y Lame construyó su liderazgo peleando también hacia adentro.

En Popayán, dos figuras del establecimiento caucano operaron contra él ante los jueces: el doctor Miguel Arroyo Díez y el poeta y dirigente conservador Guillermo Valencia. Este último, en su carácter de representante en la Cámara Baja, llegó a pedir su destierro de Colombia; el presidente de la corporación ordenó consultar al ministro de Gobierno, doctor Miguel Abadía Méndez, antes de proceder. Que un poeta laureado del Cauca pidiera desde el Congreso el destierro de un terrajero de Polindara indica, mejor que muchas estadísticas, la magnitud política que había alcanzado el problema.

El segundo ciclo es tolimense y se abre con el traslado de Lame al departamento del Tolima, donde se puso al frente de la reclamación por el gran resguardo de Ortega y Chaparral, disuelto bajo la presión de los latifundistas del sur del departamento. La reconquista comenzó en abril de 1922 y culminó el 31 de diciembre de 1938, con su entrada oficial como gobernador del cabildo en 1939. Dieciséis años de litigio, ocupación, cárcel y reorganización cabildaria.

En medio, un momento fundacional: en 1924, junto con los indígenas tolimenses José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timoté, Lame conformó el Consejo Supremo Indígena, fundó el pueblo de San José de Indias y emprendió la reconstitución de los resguardos de Natagaima, Velú, Yaguara y Coyaima. El Consejo fue la primera organización indígena moderna del país que articulaba varios resguardos bajo una dirección política común. Su vida, sin embargo, fue breve.

La ruptura llegó por vía ideológica. En 1926 se fundó el Partido Socialista Revolucionario y en 1930 el Partido Comunista, y bajo la influencia de esas organizaciones parte del liderazgo indígena tolimense se radicalizó y multiplicó las tomas de tierra. Sánchez y Timoté se incorporaron al movimiento comunista. Lame no: permaneció conservador, fiel a esa vieja ecuación entre resguardo y monarquía —transmutada ahora en lealtad a un partido— que Friede había identificado como herencia colonial. La discordia política liquidó la colaboración. Y aquí una ironía difícil de sortear: Sánchez y Timoté, al hacerse comunistas, quedaron como líderes sin seguidores. El comunismo no cuajaba en el Tolima: en las elecciones locales de 1937, el Partido Comunista obtuvo el 0,7% de los votos a nivel departamental. Sánchez llegó a ser reconocido, junto con María Cano, Torres Giraldo y Erasmo Valencia, como uno de los grandes luchadores del movimiento campesino de comienzos de los años treinta, pero su base indígena se había disuelto en el trayecto.

El golpe final vino por otro flanco. La victoria liberal de 1930 —el fin de la hegemonía conservadora que había gobernado sin interrupción desde 1886— desarticuló el movimiento de Lame en el Tolima. La lealtad conservadora, que en la lógica lamista significaba protección política a cambio de defensa del resguardo, dejó de ofrecer amparo cuando el conservatismo salió del poder. Los años treinta fueron, para Lame, de repliegue: siguió litigando, siguió escribiendo, siguió siendo encarcelado, pero la organización que había construido no sobrevivió intacta.

En 1939, oficialmente gobernador del cabildo reconstituido de Ortega, Lame se sentó a escribir.

La obra: un tratado escrito en 1939, publicado en 1971

El texto principal de Lame fue compuesto en 1939 y permaneció inédito durante treinta y dos años. Se conoce hoy como En defensa de mi raza —título que le dio la edición de la Fundación La Rosca en 1971— y es un documento sin equivalente en la producción intelectual colombiana del siglo XX: un tratado escrito por un indígena nasa autodidacta que combina alegato jurídico, autobiografía, teología popular y programa político.

Lame concibió la obra, en sus propias palabras, como un "horizonte en medio de la oscuridad" para las generaciones indígenas venideras. La fórmula es exacta: escribía sabiendo que su tiempo se acababa y que la transmisión oral no bastaba para preservar el arsenal conceptual y jurídico que había acumulado. Escribe en voz profética, con orgullo declarado por haber aprendido a pensar por sí mismo como indígena autodidacta, y denuncia por su nombre a los poderes coaligados contra los suyos: casos concretos de abogados que traicionaban a sus defendidos indígenas para servir a la parte contraria, jueces influidos por notables regionales, representantes que pedían destierros desde el Congreso.

El programa político que enuncia es preciso. Recuperar las tierras de los resguardos despojados. Ampliar los resguardos existentes. Fortalecer los cabildos como estructura de gobierno propio. No pagar terraje. Dar a conocer las leyes que amparaban a los indígenas —especialmente la Ley 89—, sacándolas del monopolio de los abogados y los notarios. En los años posteriores se sumaron, en la elaboración escrita y oral, la defensa de las prácticas culturales, la educación en lenguas propias y la representación indígena en las instancias del Estado. Ese pentálogo, escrito en 1939 en Ortega, sería, con muy pocas variaciones, el programa del CRIC en 1971 y de las organizaciones indígenas colombianas durante el medio siglo siguiente.

Que un texto de tal densidad quedara inédito hasta 1971 no es una anécdota editorial: es parte de la historia política del país. La cultura letrada colombiana no tenía —no tuvo durante mucho tiempo— dónde alojar la escritura de un indígena que no fuera objeto etnográfico sino sujeto teórico. La publicación llegó cuando la Fundación La Rosca, en el clima intelectual de la investigación-acción participativa impulsada por Orlando Fals Borda, decidió rescatar del olvido a líderes populares. Fals Borda dejó constancia de que la operación editorial buscaba, además, "dar una lección al Partido Comunista y a la izquierda colombiana": recordar que existía una tradición popular anterior y externa al marxismo criollo, con vocabulario, cronología y agenda propios. La publicación de Lame fue, así, un acto de doble filo: rescate genuino y arma en una polémica interna de la izquierda.

Su red: aliados, rivales, contemporáneos

La trayectoria de Lame se dibuja en un mapa de personas y de fuerzas.

Sus dos aliados centrales fueron José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timoté, ambos indígenas tolimenses, cofundadores en 1924 del Consejo Supremo Indígena. Con ellos levantó San José de Indias y emprendió la reconstitución de cuatro resguardos. Con ellos rompió antes del final de la década, cuando el comunismo los ganó a los dos y él se mantuvo en la orilla conservadora. La escisión es más que una anécdota biográfica: es la evidencia de que la lucha por los resguardos no tenía una ideología natural. Fue un campo en disputa entre tres tradiciones —autonomismo indígena, conservadurismo clientelar y marxismo campesino— y la hegemonía posterior del legado lamista sobre las otras dos se decidió menos por superioridad intrínseca que por la derrota electoral del comunismo tolimense y por la edición de 1971.

Sus adversarios fueron los notables del Cauca —Arroyo Díez, Valencia— y los latifundistas del sur del Tolima que habían disuelto el resguardo de Ortega. Detrás de esos nombres operaba una coalición estable: propietarios que ampliaban haciendas sobre tierras de resguardo, abogados que producían la ingeniería jurídica del despojo, funcionarios locales que ejecutaban los desalojos y jueces que sancionaban los resultados. Lame denunció esa alianza con nombre propio y en los escenarios donde ella se articulaba: los estrados, las notarías, las cámaras legislativas. Que actuara como su propio defensor no era pintoresquismo; era la constatación de que no había abogado indígena a quien acudir y de que los abogados disponibles, según él mismo documentó, con frecuencia trabajaban contra sus supuestos defendidos.

En el horizonte más lejano quedaban las figuras liberales con las que buscó ocasionalmente interlocución —el encuentro fallido del 10 de mayo de 1917 en el puente El Cofre era, precisamente, una cita concertada con dirigentes liberales de Popayán— y los intelectuales y políticos que dominaban el escenario nacional durante su vida activa: Rafael Uribe Uribe hasta 1914, Jorge Eliécer Gaitán en los años treinta y cuarenta, Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez en la posguerra. Ninguno de ellos incorporó lo indígena a su agenda; la cuestión de los resguardos quedó por fuera de las grandes disputas nacionales del siglo, y esa exterioridad —esa condición de asunto que no entraba al debate central— es tanto una causa como un efecto de la marginalización de Lame.

Las geografías que atravesó componen otro mapa: Polindara y Popayán en el Cauca; Inzá y Tierradentro como escenarios de la ocupación de 1916; Silvia y Belalcázar en el mundo caucano ampliado; Ortega, Chaparral, Llano Grande y San José de Indias en el ciclo tolimense. Cauca, Tolima, Huila y Nariño como los cuatro departamentos donde fue reiteradamente perseguido y encarcelado por reunir a indígenas. Ese cuadrilátero geográfico —el suroccidente andino donde los resguardos coloniales habían sobrevivido con más fuerza— es también el mapa donde, cuarenta años después de su muerte, se desplegaría el movimiento indígena colombiano contemporáneo.

La huella: del olvido al programa

Lame murió en Ortega en 1967, a los 87 años. Al momento de su muerte, sus ideas y experiencias organizativas estaban prácticamente olvidadas. La afirmación no es retórica: la propia plataforma del CRIC, redactada años después, reconoce que cuando esa organización surgió en 1971 casi nada quedaba a nivel organizativo de lo que Lame había construido. La transmisión no fue directa. No hubo una línea continua entre el Consejo Supremo Indígena de 1924 y el Consejo Regional Indígena del Cauca de 1971.

Y sin embargo, la coincidencia programática entre uno y otro es casi textual. El CRIC, fundado el 24 de febrero de 1971 en Toribío, adoptó como plataforma de lucha los mismos puntos que Lame había enunciado en 1939: recuperación y ampliación de resguardos, fortalecimiento de cabildos, no pago del terraje, defensa cultural, educación en lengua propia, representación política indígena. En sus primeros diez años, el CRIC logró la recuperación de aproximadamente 30.000 hectáreas pertenecientes a antiguos resguardos y la reconstitución de cabildos en varios municipios del Cauca. La plataforma se mantuvo casi invariable en los 43 años siguientes; solo se incorporaron los puntos 8, 9 y 10 por dinámica local.

¿Cómo ocurrió el reencuentro? Por dos vías paralelas y no del todo intencionales. Por un lado, el CRIC surgió en el seno de las luchas por la tierra en el Cauca a comienzos de los años setenta, en el contexto de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y en su conformación intervinieron dirigentes guambianos vinculados a la ANUC como Trino Morales y Javier Calambá. La organización tenía, entonces, un origen propio en las dinámicas agrarias del momento, no en una filiación consciente con Lame. Por otro lado, y de manera simultánea, la Fundación La Rosca publicaba en 1971 los escritos de 1939. Los dos hechos —fundación del CRIC y publicación de Lame— coincidieron en el año, y la coincidencia produjo la síntesis: el CRIC encontró en el texto recién publicado a un ancestro que expresaba, con anticipación de treinta y dos años, lo que las nuevas comunidades estaban planteando. Lame fue adoptado retrospectivamente como matriz. La grandeza intelectual del texto y la fragilidad de su transmisión son dos caras del mismo proceso: sin la edición tardía, probablemente el nombre de Lame habría quedado en la erudición local; sin las luchas del Cauca de los setenta, la edición habría sido un rescate arqueológico sin destinatario.

La segunda apropiación fue armada. El 29 de noviembre de 1984, en el páramo de Las Moras, en el resguardo de Mosoco, un grupo de dirigentes indígenas fundó el Movimiento Armado Quintín Lame. Los detonantes fueron dos hechos de noviembre: el desalojo violento de las comunidades en la recuperación de tierras de López Adentro, entre Caloto y Corinto, el 9 de noviembre, y el asesinato del sacerdote indígena nasa Álvaro Ulcué Chocué en Santander de Quilichao el 10 de noviembre. El MAQL tomó el nombre de Lame como referente de identidad y autonomía indígenas frente a las guerrillas nacionales que operaban en el Cauca, particularmente las FARC-EP, cuya relación con las comunidades indígenas fue conflictiva y contribuyó a la creación de aparatos de autodefensa.

El MAQL fue, en su naturaleza, distinto de las otras guerrillas colombianas. Permaneció básicamente a la defensiva, con la fuerza concentrada en el Cauca, y estructuró su organización en cuatro modalidades escalonadas: grupos de apoyo sin armas, autodefensa circunscrita al territorio, comando móvil de uso ocasional y movimiento armado permanente e interétnico. Su preocupación central durante las negociaciones no fueron los grandes objetivos político-militares nacionales, sino la presencia paramilitar y las garantías para la población indígena. Se desmovilizó en 1991, en el marco del proceso constituyente, y sus antiguos militantes se integraron a la vida civil sin quedar reducidos —a diferencia de otras guerrillas desmovilizadas— a la condición de excombatientes sin proyecto. El proyecto seguía siendo el mismo: tierra, cabildo, cultura, educación.

El eco definitivo llegó ese mismo año. La Constitución de 1991 recogió, con más o menos fidelidad, las reivindicaciones históricas del movimiento indígena colombiano: reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, jurisdicción indígena, resguardos como propiedad colectiva inalienable, circunscripción especial en el Senado. Colombia ratificó, en la Ley 21 de 1991, el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de pueblos indígenas y tribales, adoptado en 1989. El programa de Ortega de 1939 había llegado, después de un siglo, al articulado constitucional.

El sentido de una figura

La lectura hagiográfica de Lame —el precursor luminoso, el profeta indígena, el fundador— tiende a suavizar dos hechos incómodos que el propio material impone. El primero es que su trayectoria política, medida en sus términos, es una historia de derrotas: el ciclo caucano se cerró con su detención en 1917, el ciclo tolimense se cerró con la victoria liberal de 1930 que desarmó su base política, y su obra permaneció inédita durante toda su vida. El segundo es que la transmisión de su legado no fue orgánica sino mediada, tardía y en parte instrumental: la edición de La Rosca tenía agenda propia, el CRIC surgió por sus propios cauces y encontró a Lame casi por coincidencia editorial, y las organizaciones que lo reivindicaron lo hicieron seleccionando de su obra lo que servía —el programa jurídico-político— y dejando en la sombra lo que no —el conservadurismo, la religiosidad, la voz profética—.

Aceptar esos dos hechos no reduce la estatura de Lame; la precisa. Lo que hace de él una figura mayor no es una supuesta continuidad triunfal entre su lucha y el presente indígena colombiano, sino la construcción, en la más profunda soledad institucional, de un pensamiento jurídico-político indígena que llegó por escrito a las generaciones capaces de leerlo. Lame no ganó las batallas que peleó en vida. Ganó la batalla mayor, que era la de dejar constancia escrita de que un indígena colombiano podía pensar el derecho, la tierra y el gobierno con categorías propias y con la formalidad exigida por la República. Esa constancia, guardada durante treinta y dos años y publicada cuando por fin había lectores, es lo que convierte a un terrajero de Polindara nacido en 1880 en el fundamento intelectual del movimiento indígena colombiano contemporáneo.

La Ley 89 de 1890, escrita para gobernar a los salvajes, sigue vigente. La usó Lame en cada juicio; la usan hoy los cabildos del Cauca, del Tolima y de todo el país. Ese pequeño hecho jurídico —una ley racista convertida en escudo por el pueblo al que pretendía someter— es la síntesis exacta de lo que hizo Manuel Quintín Lame Chantre con su vida.