Sindicalismo agrario

Sindicalismo agrario en Colombia

El sindicalismo agrario colombiano es el conjunto de organizaciones —ligas campesinas, sindicatos de arrendatarios, ligas indígenas, cooperativas de colonos— que entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX transformaron la protesta rural dispersa en acción colectiva con lenguaje jurídico, cobertura política y proyección nacional. Su núcleo duro se formó entre 1918 y 1936 en las haciendas cafeteras de Cundinamarca y Tolima, en los resguardos del Cauca y en las plantaciones bananeras de la Costa Caribe, pero su prehistoria es más larga: incuba en el trabajo dependiente de la hacienda decimonónica, se politiza al calor de las Sociedades Democráticas del liberalismo radical y se comprime, durante la Regeneración (1886-1904), bajo un marco institucional que clausuró los canales legales y electorales de la protesta popular. Cuando estalla en los años veinte, no lo hace como fenómeno importado por vanguardias urbanas: lo hace como expresión moderna de un contencioso agrario que llevaba medio siglo acumulándose, y que la República conservadora había sabido silenciar sin resolver.

La estructura que lo hizo posible: hacienda, resguardo y trabajo dependiente

La condición material del sindicalismo agrario colombiano fue la hacienda. No la hacienda como paisaje pintoresco, sino como institución que reguló durante casi un siglo y medio —desde la crisis del orden colonial hasta mediados del XX— no solo las relaciones de producción sino el tejido más amplio de la vida rural. Lo que hundió al sistema colonial en el occidente colombiano no fue tanto la crisis minera ni las guerras de independencia como la dislocación de las formas de sujeción del trabajo: quién obedecía a quién, y bajo qué compulsión. Esa pregunta, apenas suspendida por la Independencia, atravesará todo el siglo XIX y llegará intacta al XX.

La estructura de clases rural colombiana a comienzos del siglo XX se organizaba en tres pisos: minifundio en las tierras altas, sistema mixto de producción en las laderas y latifundios en las llanuras. Sobre ese mapa físico, cada región modeló su propia variante del trabajo dependiente. En las haciendas cafeteras de Cundinamarca y Tolima —que serán el epicentro del conflicto agrario de los veinte— el arreglo típico era el arrendamiento: el hacendado cedía al arrendatario el usufructo de una parcela para cultivos de subsistencia (maíz, plátano, yuca) a cambio de un número de días de trabajo en los cafetales; en algunas haciendas, además, se le prohibía sembrar café en su propia parcela, para que no compitiera con el patrón ni se independizara. El Reglamento de la Hacienda El Chocho, de 1896, es documento clásico de este régimen: fija obligaciones de trabajo, penalidades por incumplimiento y sujeta al arrendatario a trabajo personal subsidiario para construcción de caminos, policía rural y multas por infringir las disposiciones del hacendado. El arrendatario, en la práctica, no era del todo dueño ni de su tiempo, ni de su producto, ni de su fuerza de trabajo.

En el sur de Córdoba, el bajo Cauca y el Urabá antioqueño, las haciendas se formaron por otro mecanismo: la tumba y quema de bosque concertada entre hacendados y terrazgueros, tras la cual el campesinado que buscaba tierra propia era empujado hacia la frontera agrícola. En el alto Cauca colonial, la integración entre minas y trapiches —bien documentada en los patrimonios de los Arboleda y de los jesuitas— había atado a las cuadrillas esclavas y libres a un circuito que sobrevivió como memoria y como propiedad de familia en la República. En cada región, el trabajador rural entraba al siglo XX con un margen estrecho de comercio libre, de disposición sobre su propia jornada y de acceso al mercado del café en condiciones equivalentes a las del hacendado.

Sobre esta estructura, y no sobre otra, iba a operar cualquier proyecto político de la segunda mitad del XIX.

Los ensayos del liberalismo: Sociedades Democráticas y la primera política popular

Antes de la Regeneración hubo un ensayo, corto pero decisivo, de política popular organizada. Desde 1838 existía en Bogotá una Sociedad democrático-republicana de artesanos y labradores progresistas, fundada por Lorenzo María Lleras, con filiales en Tunja y Villa de Leiva, todavía limitada a la difusión de información cultural. Pero fue con el ciclo liberal iniciado hacia 1850 cuando las Sociedades Democráticas se multiplicaron y adquirieron perfil propio. Su composición mezclaba artesanos urbanos con intelectuales afines al liberalismo; su repertorio integraba la lectura de la Revolución Francesa —igualdad, libertad, fraternidad— con demandas concretas, sobre todo la defensa del proteccionismo arancelario frente al librecambismo radical. No fueron sindicatos gremiales en sentido moderno, pero constituyeron el primer intento histórico de organización de los trabajadores colombianos para defender intereses comunes. Su antagonista lo tenían enfrente: las Sociedades Populares, vinculadas a la Iglesia y al conservatismo.

El punto de quiebre llegó en 1854. La Sociedad Democrática de Artesanos de Bogotá, dirigida por Ambrosio López, apoyó el golpe militar del general José María Melo cuando las demandas proteccionistas chocaron con el librecambismo del liberalismo radical. Antes ya habían resistido las medidas de reducción arancelaria de Obando en 1853. El episodio muestra dos cosas que importan al arco largo del sindicalismo agrario: primero, que la política popular colombiana nació articulada a partidos y facciones, no como fuerza autónoma; segundo, que el liberalismo, aun siendo el marco que permitió su existencia legal, no dudó en reprimirla cuando amenazó su proyecto económico. Cuando la Regeneración clausure esos espacios treinta años después, no clausurará una utopía consumada sino una experiencia tensa, incompleta, cuyos vasos comunicantes con el campo apenas comenzaban a insinuarse.

La tradición no se perdió. Los artesanos la transmitieron a los obreros a comienzos del siglo XX, fundando la Unión de Industriales y Obreros (1904) y la Unión Obrera Colombiana (1913), eslabones directos entre el asociacionismo del XIX y el sindicalismo moderno. Junto con la Escuela Republicana, las Sociedades Democráticas habían sido los dos principales mecanismos de organización social impulsados por la ideología liberal. La Regeneración se dedicaría metódicamente a desmontarlos.

La Regeneración como clausura política

La frase fundacional la pronunció Rafael Núñez en 1878, siendo presidente del Congreso durante la posesión de Julián Trujillo: "regeneración administrativa fundamental o catástrofe". No era una consigna programática sino un ultimátum, y describe bien lo que vendría. La Constitución de 1886, redactada bajo la dirección intelectual de Miguel Antonio Caro, dio la vuelta al modelo federal de Rionegro (1863): centralización radical del poder público, fortalecimiento del ejecutivo, catolicismo como religión de la nación, educación pública organizada en concordancia con la Iglesia, restricción de las libertades civiles que el régimen anterior había reconocido. El Concordato de 1887 con la Santa Sede consolidó la incidencia eclesiástica en la educación, dio efectos civiles al matrimonio católico, obligó a los poderes públicos a proteger la religión católica y garantizó la libertad de la Iglesia frente al poder civil.

El régimen así construido tuvo dos rasgos que pesarían directamente sobre la posibilidad del sindicalismo agrario. El primero fue la exclusión sistemática del liberalismo del juego político entre 1886 y 1904, mediante intimidación a la prensa, manipulación electoral y restricción de los derechos civiles. Caro llegó a declarar que las elecciones no podían estar abiertas a los liberales por ser estos "grupos de gentes notoriamente perniciosas". La Constitución restringió el sufragio nacional con requisitos de alfabetismo y propiedad, convirtió muchas elecciones directas en indirectas, abolió el derecho a portar armas y autorizó al gobierno a regular la prensa hasta que el Congreso expidiera una ley específica. El segundo rasgo fue el instrumento financiero: para sostener el proyecto centralizador, Núñez creó el Banco Nacional en 1881 e implantó el papel moneda de curso forzoso por el decreto 104 del 19 de febrero de 1886, con privilegio exclusivo de emisión establecido por la ley 57 de 1887. Las consecuencias monetarias —desvalorización, descontento de los sectores comerciales y bancarios que perdieron el monopolio del crédito, aumento del dinero circulante, caída de la tasa de interés— fueron severas.

Para el campo, el efecto neto fue una asfixia política. La combinación entre exclusión electoral del liberalismo, alianza operativa entre Iglesia y Partido Conservador —tan literal que en las elecciones de octubre de 1921 en Bogotá el voto del clero fue de 165 sufragios para los conservadores y cero para los liberales— y bloqueo de los canales asociativos que la Escuela Republicana y las Sociedades Democráticas habían abierto, dejó a los arrendatarios, colonos e indígenas sin instrumentos institucionales para tramitar agravios que la expansión cafetera y la colonización de baldíos iban a agravar. La encíclica Rerum Novarum de 1891, que en otras latitudes catalizó un catolicismo social capaz de organizar sindicalismos confesionales tempranos, coincidió en Colombia con el apogeo de la intransigencia católica: la polémica política ocupó las fuerzas de los católicos y la dimensión social quedó de lado. La legislación laboral inspirada en el catolicismo social tardaría, y no sería el motor decisivo: las reformas jurídicas del trabajo en Colombia se impulsaron principalmente a partir del Tratado de Versalles de 1919.

Ni la Regeneración ni sus herederos crearon los agravios del campo. Los heredaron y los administraron cerrando las válvulas. Ese es su lugar en la genealogía del sindicalismo agrario.

Café, colonos y baldíos: el terreno donde se cocinaba el estallido

Mientras el andamiaje regeneracionista se consolidaba, la economía cafetera dibujaba el mapa del conflicto que vendría. En 1834 el país exportaba apenas 150 toneladas de café; en 1873, ya 10.000. Santander concentraba en 1874 el 90% del café colombiano exportado. Pero la expansión de finales del XIX desplazó el centro de gravedad hacia Cundinamarca, los Santanderes, Antioquia y, en menor medida, el Valle del Cauca, y organizó la producción bajo un régimen de haciendas con arrendamiento. Ese régimen generaba una tensión estructural: mientras el precio internacional del café subía y el hacendado incorporaba más tierra al cultivo, el arrendatario, sujeto a trabajo obligatorio y a menudo impedido de sembrar café en su parcela, veía cómo la bonanza pasaba de largo por su rancho.

Al mismo tiempo, la frontera agrícola seguía siendo el escenario de una guerra silenciosa entre colonos y empresarios agrícolas que reclamaban tierras baldías como propias. Desde la segunda mitad del siglo XIX los colonos comenzaron a organizarse para enfrentar el poder de los terratenientes, y se registraron numerosos enfrentamientos de importancia entre unos y otros a lo largo del período. La legislación de baldíos protegía en principio los derechos de los colonos, y ese hecho explica el carácter marcadamente legalista que asumió durante décadas la protesta agraria colombiana: peticiones a los ministerios, inscripción en las listas municipales de impuestos como prueba de posesión, memoriales, litigios. Pero también explica su desborde: cuando la aplicación de la ley se demoraba o se torcía, la acción directa aparecía como continuación natural del derecho denegado.

Aquí conviene detenerse en un punto que suele desdibujarse. Tanto el régimen liberal de 1850-1885 como la República regeneracionista mantuvieron el vínculo con el mercado mundial en su modalidad agroexportadora; la imagen de un liberalismo internacionalista opuesto a una Regeneración cerrada y proteccionista es un contraste retórico, no una diferencia sustantiva. La estructura agroexportadora, y con ella la centralidad del café y del trabajo dependiente que lo producía, atravesó los dos regímenes. Lo que cambió fue el marco político que administraba sus tensiones.

Los años veinte: cuando el subsuelo aflora

La Guerra de los Mil Días (1899-1903) marcó el fin del ciclo regeneracionista, pero la hegemonía conservadora heredera del proyecto se prolongó hasta 1930. Fueron los años del papel moneda todavía en crisis, de la pérdida de Panamá, del gobierno de Rafael Reyes con su quinquenio autoritario y modernizador, de la República conservadora entrando poco a poco al siglo XX sin haber tramitado la cuestión agraria. Mientras tanto, en las ciudades y los enclaves, se estaba formando un actor nuevo.

Antes de la Primera Guerra Mundial, los artesanos constituían el volumen principal de la clase trabajadora colombiana; su organización se limitaba a sociedades de ayuda mutua bajo auspicios de la Iglesia, aunque también habían fundado asociaciones más combativas junto a los obreros. Entre 1918 y 1923 se formaron los primeros sindicatos y se produjeron las primeras huelgas. Los trabajadores de ferrocarriles, puertos, transporte fluvial y de los enclaves extranjeros del petróleo y el banano fueron el núcleo principal de ese naciente movimiento obrero. En agosto de 1919 inició sesiones el Primer Congreso del Partido Socialista, con veintidós delegados: cuatro representaban directorios socialistas, seis organizaciones artesanales, dos organizaciones obreras y uno a los empleados. En julio de 1925, en el segundo congreso obrero, surgió la Confederación Obrera Nacional (CON) con marcado tinte anarcosindicalista. Y después de la huelga del Ferrocarril del Pacífico, en septiembre de 1926, el núcleo marxista dirigido por Ignacio Torres Giraldo cristalizó el Partido Socialista Revolucionario (PSR), que simpatizó con la Internacional Comunista sin adoptar el modelo leninista de partido de cuadros: optó por ser un gran partido de masas.

Este actor urbano-obrero fue el que ofreció al campo lo que la Regeneración había cancelado durante cuatro décadas: un lenguaje político, redes de solidaridad, cobertura mediática, articulación nacional. Los sindicatos agrarios vinculados al PSR lideraron huelgas en Ciénaga, Barrancabermeja, Líbano y Girardot, articulando las luchas de colonos y arrendatarios por la tierra y por la participación en la bonanza cafetera. Su hito y también su tragedia fue la huelga bananera de 1928 contra la United Fruit Company en la zona de Ciénaga, Magdalena, terminada con la masacre ordenada por el general Carlos Cortés Vargas: un antes y un después en la memoria del movimiento popular colombiano y en la biografía política de Jorge Eliécer Gaitán, que la denunció desde el Congreso.

En Cundinamarca y Tolima, el conflicto adoptó otra forma. Las movilizaciones campesinas que renacieron después de 1920 se concentraron en las regiones del Tequendama y Sumapaz, y fueron apoyadas por las ligas agrarias y campesinas, por el efímero Partido Agrario, por el PSR y por disidencias liberales. Erasmo Valencia, en Sumapaz, se convirtió en figura tutelar de una organización campesina que combinaba el ideario agrarista con la práctica legalista de la reclamación de baldíos. El epicentro es medible: hasta 1939, Cundinamarca y Tolima concentraban 75 de las 153 agremiaciones campesinas con personería jurídica en todo el país. Los conflictos giraban en torno a las obligaciones laborales de los arrendatarios y a la disputa entre propietarios y colonos sobre tierras consideradas baldías. El régimen, alarmado, respondió con la ley aprobada en octubre de 1928 —la "Ley Heroica"— que prohibía la formación de organizaciones populares y sindicales de oposición, impedía la difusión de ideas socialistas y establecía mecanismos de condena rápida. La jerarquía católica la celebró abiertamente: el arzobispo de Cartagena la saludó como triunfo del "partido del orden social".

El giro jurídico de 1926 y el estallido ofensivo

En medio de esta compresión llegó un fallo que reordenó el campo de batalla. En 1926, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la única prueba válida de propiedad privada sobre la tierra era el título original por el cual el Estado la había enajenado del dominio público —título remontado a concesión de la Corona o de la República. La sentencia fue reiterada en 1934. Su efecto sobre las haciendas cafeteras de Cundinamarca y Tolima fue eléctrico: arrendatarios y aparceros que hasta entonces se defendían jurídicamente contra el desalojo se pusieron de pie y se declararon colonos sobre tierras baldías, exigiendo al hacendado que exhibiera títulos originales que, en la mayoría de los casos, no existían. La postura defensiva se volvió ofensiva.

Un decreto del Ministerio de Industrias que reservó tierras para una colonia en Icononzo y Cunday llevó el criterio al límite: dentro de los límites de la reserva, todo el territorio se consideraría baldío salvo que los propietarios exhibieran títulos originales conforme a la sentencia de 1926. El resultado fueron invasiones masivas en las haciendas cafeteras de la región. La lógica de fondo de los conflictos agrarios de los veinte y treinta, con todo, no se reduce al giro jurídico: pesaron también factores internos a la propia hacienda cafetera —diferenciación social entre arrendatarios, creciente movilidad de la mano de obra, expansión acelerada de la producción cafetera en un ambiente políticamente polarizado— como motor de su desintegración. La sentencia de 1926 armó a los arrendatarios; la expansión del café los volvió imprescindibles y a la vez los hacinó de tensiones; la política los articuló.

La lucha indígena corría por un cauce paralelo. En los años veinte, la resistencia de los pueblos indígenas del alto Cauca —especialmente los paeces— se intensificó bajo el liderazgo de Manuel Quintín Lame, con activismo extendido al Tolima. Lame combinó la vía legal —memoriales, invocación de los títulos coloniales de resguardo, conocimiento jurídico obtenido en la práctica— con la vía armada, formando grupos que impusieron respeto a explotadores y gamonales. Los pueblos indígenas emplearon multiplicidad de mecanismos: protestas violentas, dilaciones legales, resistencia pasiva y negociación. Lame fue encarcelado más de un centenar de veces a lo largo de su vida. Cuando en 1926 se fundó el PSR y en 1930 el Partido Comunista, Lame y otros líderes del Tolima entraron en contacto con esas organizaciones y radicalizaron la lucha, multiplicando las tomas de tierras y rechazando las obligaciones fiscales en las haciendas.

En la Costa Caribe, entre tanto, surgían organizaciones propias: en las Tierras de Loba, en torno a San Martín de Loba, bajo inspiración antiimperialista vinculada a la resistencia contra la American Colombian Corporation; y en Lorica, con Juana Julia Guzmán al frente de la Sociedad de Obreros y Artesanos de Córdoba. Los primeros sindicatos agrarios habían surgido en las haciendas cafeteras a partir de la segunda década del siglo XX, y desde allí se extendieron a las plantaciones de banano, caña de azúcar y palma africana.

La red que sostuvo el proceso: personas, lugares e ideas

El sindicalismo agrario colombiano no fue obra de un líder ni de un partido. Fue el resultado de una red que tejía nombres, geografías e ideologías bajo condiciones adversas.

En la vertiente urbana e ideológica están Ignacio Torres Giraldo y María Cano, animadores del socialismo revolucionario que dieron cobertura nacional a las luchas del campo desde el PSR. En la vertiente agraria propiamente dicha, Erasmo Valencia articuló Sumapaz y Tequendama en una experiencia que sería referencia obligada para las décadas siguientes. En la resistencia indígena, Manuel Quintín Lame fusionó litigio, movilización y armas en un modelo que reaparecería, décadas después, en el Movimiento Armado Quintín Lame como reivindicación explícita de esa herencia. En la política nacional, Jorge Eliécer Gaitán se hizo figura pública denunciando la masacre bananera de 1928, marcando el momento en que la cuestión agraria colombiana entró de lleno al debate parlamentario. En el fondo largo, Salvador Camacho Roldán, desde el liberalismo del XIX, había pensado tempranamente la cuestión de la tierra en términos que solo se harían operativos mucho después.

Los lugares dibujan un mapa preciso. Sumapaz y Tequendama, en Cundinamarca, con sus haciendas cafeteras y sus colonos ofensivos. Chaparral y Líbano, en Tolima, escenarios del conflicto agrario y también del contacto entre líderes indígenas y socialistas. El Viejo Caldas, con su epopeya colonizadora antioqueña que produjo una variante del café —la del pequeño propietario— menos conflictiva que la de la hacienda cundiboyacense. Los resguardos del Cauca, laboratorio de la resistencia indígena y de la política de títulos coloniales. Santander, cuna del primer café y del proteccionismo artesanal. La Costa Caribe, con Ciénaga, San Martín de Loba y Lorica. Cada geografía imprimió al sindicalismo agrario un acento propio, y su articulación —siempre precaria, siempre parcial— fue la obra política mayor del PSR y sus herederos.

Las ideas que circulaban por esta red no eran homogéneas. Convivía un legalismo campesino que apelaba a las leyes de baldíos y a los títulos de resguardo. Convivía un liberalismo que había perdido la partida electoral pero conservaba redes rurales. Convivía un socialismo revolucionario que quería llevar el modelo obrero al campo, y un anarcosindicalismo que se filtró por la CON. Convivía, en fin, un agrarismo autónomo asociado a la figura de Valencia y a las Ligas Campesinas de inspiración liberal, que en 1930 —con el gobierno de Enrique Olaya Herrera— trataron sin éxito de integrar a los indígenas del norte del Cauca; el intento falló, en parte, porque la mentalidad sindicalista resultaba ajena al arraigo comunitario de los resguardos. Detrás de todas ellas, la doctrina social católica intentaba tardíamente ganar terreno, con menos eficacia de la que tuvo en otros países latinoamericanos.

La huella: de la Ley 200 al conflicto largo

La transición política de 1930, con la llegada del liberalismo al poder tras cuarenta y cuatro años de hegemonía conservadora, cambió el marco institucional del sindicalismo agrario. La Ley 83 de 1931, promulgada bajo Olaya Herrera, reconoció el derecho de organización sindical y de huelga, e impulsó el aumento de sindicatos rurales y ligas campesinas con reconocimiento legal. Cinco años más tarde, la Ley 200 de 1936, insignia agraria de la República Liberal, resolvió el problema de los títulos que la sentencia de 1926 había abierto: sustituyó el criterio del título original por el de la destinación económica productiva —la propiedad con "función social"— y estableció trabas al lanzamiento de colonos ocupantes. Antes ya, la Ley 74 de 1926 había permitido comprar fincas de más de 500 hectáreas para parcelarlas en lotes de hasta 50, y entre 1928 y 1936 el Estado repartió algunas haciendas cafeteras vendiéndolas a sus aparceros.

El sindicalismo agrario ganó, con estas medidas, existencia legal y algunos triunfos concretos —parcelaciones, reconocimiento de posesiones de buena fe—, pero perdió parte de su fuerza ofensiva. La Ley 200 desactivó el arma jurídica que la sentencia de 1926 había puesto en manos de los arrendatarios. Los conflictos internos de la hacienda cafetera se resolvieron, en Cundinamarca y Tolima, más por su desintegración progresiva —diferenciación social, movilidad laboral, subdivisión de la propiedad— que por una reforma agraria propiamente dicha. La estructura de clases rural que había descrito el siglo XIX —minifundio, ladera, latifundio— seguiría siendo, con ajustes, la del país durante décadas.

Quedan, sin embargo, dos huellas duraderas. La primera es organizacional: las ligas campesinas y sindicatos agrarios de los años veinte y treinta fueron la matriz de las que operarían después en Sumapaz, en el sur del Tolima y en el norte del Cauca, regiones donde la conjunción de lucha campesina por la tierra y lucha indígena por el reconocimiento político dejaría un contencioso irresuelto que tocaría de cerca el origen del conflicto armado colombiano de la segunda mitad del siglo. La segunda es simbólica: el sindicalismo agrario colombiano quedó asociado —por la Ley Heroica de 1928, por la masacre de Ciénaga, por la brevedad de la primavera liberal— a la memoria de una modernización tardía y bloqueada, en la que la organización campesina llegó a las instituciones cuando la violencia ya se acercaba.

Visto desde el arco largo, el sindicalismo agrario colombiano es la historia de una respuesta que llegó tarde a una pregunta que la Regeneración se negó a formular. La hacienda había sido el marco de la vida rural desde la colonia, y el trabajo dependiente su regla. El liberalismo del XIX había abierto un pequeño espacio de política popular urbana sin extenderlo al campo. La Regeneración, entre 1886 y 1904, clausuró ese espacio y lo prolongó cerrado durante toda la hegemonía conservadora, mientras la economía cafetera cargaba las tensiones que la política se negaba a tramitar. Cuando en los años veinte el subsuelo afloró —empujado por la expansión del café, armado por la sentencia de 1926, articulado por el PSR, la CON y las ligas campesinas—, lo hizo con la violencia acumulada de cuarenta años de silencio administrado. La República Liberal tuvo un decenio para integrarlo por vía institucional y lo hizo a medias. El resto de la historia, con sus insurgencias, sus reformas frustradas y sus décadas de guerra, se escribiría sobre ese saldo.