Rafael Núñez

El costeño en la política nacional

Nació en Cartagena de Indias en 1825, tres años después de que la ciudad fuera reconquistada tras el sitio final de las guerras de independencia. Su formación jurídica y su temprano ejercicio como funcionario y publicista lo acercaron primero al liberalismo, donde militó con la vehemencia de su generación. La primera década política de Núñez fue la del reformismo liberal, la desamortización de bienes eclesiásticos y el credo librecambista; en esos años defendió con energía las tesis que después habría de contradecir.

Su vida privada, en cambio, arrastró un lastre decisivo. En David, entonces parte del Estado Soberano de Panamá, contrajo matrimonio eclesiástico con Dolores Gallego, cuñada del expresidente José de Obaldía. La unión fue un fracaso doloroso: Núñez la describió como una estatua sin alma, epiléptica y reconcentrada en sí misma. Tuvieron dos hijos —uno murió tempranamente; el otro, según el relato biográfico, se distinguió por su poca inteligencia—. Separado de hecho de Dolores, Núñez mantuvo relaciones íntimas con Gregoria de Haro, casada con un ciudadano inglés, mientras se desempeñaba como congresista y secretario de Hacienda. El escándalo público lo acompañó, y con él una condición sacramental irregular que treinta años después iba a entramparse con las negociaciones más delicadas de su presidencia.

Entre esa juventud y el retorno a la política nacional, Núñez pasó largos años en Europa. Vivió y trabajó en Liverpool y en Le Havre —el detalle importa: fueron los años del contacto directo con el corazón industrial y comercial del Atlántico, con la economía política inglesa y con la vida cotidiana de los Estados que habían resuelto ya sus disputas fundacionales—. Volvió transformado. Su lectura de John Stuart Mill —a quien más tarde citaría para justificar su viraje proteccionista, recordando que ni siquiera los grandes liberales habían sido librecambistas incondicionales— y su encuentro con Estados que combinaban autoridad y libertad le proporcionaron el arsenal intelectual con el que iba a diagnosticar, al regresar, la disfunción colombiana.

Ese diagnóstico tenía nombre. Contra el liberalismo doctrinario, contra los radicales que redactaron la Constitución de Rionegro y creían que las sociedades se podían gobernar con silogismos, Núñez sostendría a lo largo de la década de 1870 que la política ignoraba, a su costa, las fuerzas y elementos invisibles de la vida colectiva: la religión, la costumbre, la geografía, la historia. Una Constitución escrita, escribió, no debe ser una obra subjetiva de la imaginación sino el reflejo de algo más concreto y arraigado en la realidad del país. Ese realismo pesimista —cercano por temperamento al conservatismo, pero llegado por vía liberal— fue la matriz de todo lo que vendría después.

Del federalismo agotado al primer mandato

La Constitución de 1863, sancionada en Rionegro por los liberales radicales tras el triunfo militar de Tomás Cipriano de Mosquera, había convertido a Colombia en una asociación de nueve estados soberanos, con un ejecutivo central débil, libertad absoluta de cultos, expropiación de bienes eclesiásticos y una arquitectura pensada para hacer imposible el retorno de la vieja república conservadora. Fue el momento más doctrinario del liberalismo colombiano y también su cima de fragilidad. Los estados levantaron aduanas internas que estrangularon el comercio; el gobierno nacional carecía de instrumentos para intervenir en sus disputas; el mercado interior se resquebrajó en compartimentos regionales.

La crisis estalló en 1876. El proyecto de educación laica del gobierno de Aquileo Parra desencadenó la oposición de conservadores y del clero de algunas regiones del Cauca, y en abril de ese año se abrió una guerra civil que se libró principalmente en el Cauca y el Tolima, duró once meses y costó el equivalente al 118% del presupuesto nacional aprobado para 1878. Los liberales ganaron, pero la victoria fue pírrica: dejó a la Iglesia agraviada —Parra expulsó a los obispos de Popayán, Pasto, Antioquia y Medellín; el Congreso de 1877 aprobó una ley que sancionaba la intervención política del clero—, dejó al fisco exhausto y dejó al régimen radical sin margen. El colapso simultáneo del sector exportador terminó de mostrar los límites de la política económica liberal en un país débilmente enganchado al capitalismo mundial.

En ese ambiente, Núñez, presidente del Senado de Plenipotenciarios, pronunció en 1878 la frase que se le quedaría pegada a la biografía: regeneración administrativa fundamental o catástrofe. En rigor, aludía entonces a una reforma administrativa dentro del marco constitucional vigente; el término crecería después hasta bautizar todo un proyecto político. Pero la fórmula ya contenía la premisa esencial —o se reforma en serio, o el país se hunde— y el tono de solemnidad amenazante que iba a acompañar al régimen.

En 1880, en alianza con los liberales independientes y con apoyo conservador, Núñez fue elegido presidente y derrotó al candidato radical. La muerte de Manuel Murillo Toro ese mismo año privó al radicalismo de su principal figura aglutinadora justo cuando Núñez iniciaba su mandato: fue, en la práctica, la señal de que el ciclo de Rionegro tocaba a su fin. El general Julián Trujillo, en su gobierno inmediatamente anterior (1878-1880), había ya iniciado la reconciliación con la Iglesia levantando las sanciones a los obispos exiliados y derogando la ley que limitaba las actividades políticas del clero; Núñez la continuó y la profundizó.

El primer gobierno (1880-1882) fue el laboratorio. Se introdujo un recargo arancelario proteccionista para ciertos artículos —ropa, muebles, cerillas— que se quería producir dentro del país, se rebajaron gravámenes a materias primas y herramientas, y se establecieron subvenciones a algunas industrias. Y, sobre todo, se creó el Banco Nacional. Autorizado por la Ley 39 de 1880 e inaugurado el 1.º de enero de 1881, el banco fue la pieza fundacional del proyecto económico regeneracionista. Una ley de 1881 obligó a los bancos privados a aceptar a la par los billetes del Banco Nacional bajo pena de perder su propio derecho de emisión. La centralización monetaria era la contrapartida técnica de la centralización política que aún estaba por venir.

La Regeneración: 1884-1886

Después del interregno del gobierno de Francisco Javier Zaldúa y del período siguiente, Núñez ganó las elecciones del primer domingo de septiembre de 1883 sobre el candidato radical Solón Wilches y tomó posesión de su segunda presidencia el 7 de agosto de 1884. Fue la presidencia de la fractura definitiva. La coalición con los conservadores se hizo explícita; el liberalismo radical, que hasta entonces había sido oposición inquieta, pasó a las armas. En 1885 estalló la guerra civil que iba a sellar el ciclo. Los radicales fueron derrotados; con ellos se derrumbó el régimen liberal que había predominado —con breves interregnos— desde 1850.

Núñez pronunció entonces la frase que la historiografía convirtió en umbral: la Constitución de 1863 había dejado de existir. Convocó un Consejo Nacional Constituyente compuesto por delegatarios de los antiguos estados y encargó la redacción del nuevo texto a Miguel Antonio Caro, principal pensador conservador de la época, humanista, latinista y polemista, que sería a partir de entonces su mano derecha y su alter ego doctrinario. Núñez ponía el liderazgo político y la legitimidad liberal-independiente; Caro, el andamiaje intelectual, el rigor jurídico y la ortodoxia católica.

La Constitución fue firmada por los delegatarios el 4 de agosto de 1886 en Bogotá y sancionada al día siguiente por el designado José María Campo Serrano, que ejercía la presidencia en ausencia de Núñez y del vicepresidente Eliseo Payán —una nota que quedó para la posteridad, pues se dice que Núñez no quiso firmar el texto—. La nueva Carta reemplazó los Estados Unidos de Colombia por la República de Colombia, dividió el país en departamentos, estableció un ejecutivo fuerte con presidente elegido por voto directo y período de seis años, y reconoció al catolicismo como parte esencial del orden nacional. Fue centralista y autoritaria, y así fue leída desde el primer día por sus opositores y por sus artífices.

Núñez fue proclamado presidente para el período 1886-1892. Pero la manera como ejerció ese mandato revela el carácter singular del régimen. Prefirió gobernar desde El Cabrero, su residencia a orillas de la ciénaga en Cartagena, en lugar de establecerse en Bogotá. Delegó el ejercicio del poder ejecutivo en el designado y en el vicepresidente cuando lo estimó necesario —Campo Serrano ejerció de abril de 1886 a enero de 1887—, y desde el Caribe supervisó por correspondencia el rumbo del país. Era una novedad institucional y también un gesto: el presidente de la República gobernaba desde la periferia costera, no desde la capital andina. La Regeneración, tantas veces descrita como el triunfo del centro, tuvo en sus orígenes una geografía menos evidente.

El Concordato y la cuestión religiosa

La otra pieza del edificio se firmó al año siguiente. El Concordato entre Colombia y la Santa Sede, aprobado entre 1887 y 1888, restableció la alianza que la Constitución de 1863 había roto. Estableció el catolicismo como religión oficial, dispuso indemnización por las propiedades eclesiásticas confiscadas durante los gobiernos liberales, vinculó la educación pública a los preceptos de la Iglesia, abolió el divorcio, concedió al clero fuero eclesiástico y ventajas fiscales, y garantizó a la Iglesia autonomía plena de gobierno interno. La indemnización se pactó como pagos anuales perpetuos. Fue, en la práctica, la carta magna religiosa del país durante un siglo.

La negociación tuvo un episodio íntimo que pocos regímenes admitirían. Núñez encargó a José María Quijano Wallis negociar en el Vaticano con León XIII los términos del acuerdo y condicionó el trato a la anulación de su primer matrimonio con Dolores Gallego. El primer intento fracasó. La relación con monseñor Juan Bautista Agnozzi, primer legado pontificio tras la reanudación de relaciones bajo la presidencia de Zaldúa en 1882, fue mala; el asunto matrimonial entrabó indirectamente las conversaciones. El presidente que iba a devolverle a la Iglesia su primacía institucional necesitaba de la Iglesia una gracia personal.

La cuestión se resolvió con el tiempo. Núñez pudo finalmente contraer matrimonio católico con Soledad Román, la mujer cartagenera con quien compartió los últimos años de su vida en El Cabrero. Soledad Román de Núñez fue, en la memoria costeña, la primera dama simbólica de la Regeneración: la que atendía a Caro por telegrama, la que recibía a los delegados en la casa de veraneo permanente, la que quedó al lado del presidente hasta su muerte. Que la biografía privada del arquitecto del Concordato hubiera dependido del Concordato mismo es una de las paradojas que la Regeneración nunca digirió.

Papel moneda, guerra y crisis fiscal

En el flanco económico, el régimen desplegó su lógica con menos ambigüedades y más consecuencias. Tras el triunfo de 1885, el gobierno implantó el papel moneda de curso forzoso mediante el Decreto 104 del 19 de febrero de 1886. La Ley 57 de 1887 consagró el privilegio exclusivo del Banco Nacional para emitir moneda y suspendió el derecho de emisión de los bancos privados. La reforma era radical: el Estado —a través de un banco que en la práctica funcionaba como agente financiero del gobierno, no como banco central ni como prestamista de última instancia— se apropiaba del monopolio monetario.

Los efectos fueron ambivalentes. En el corto plazo, el aumento del dinero en circulación bajó las tasas de interés y aumentó la liquidez. En el largo plazo, las emisiones crecientes desataron un proceso severo de desvalorización. Los sectores comerciales y bancarios, cuyo predominio económico había descansado en la libertad de emisión y en el monopolio del crédito, se sintieron heridos y se convirtieron en un núcleo permanente de oposición. En 1894, el Congreso ordenó la liquidación del Banco Nacional mediante la Ley 70, tras comprobarse que se habían realizado emisiones clandestinas ilegales por más de 9 millones de pesos. El instrumento fiscal de la Regeneración había derivado en un escándalo de moneda falsa fabricada por el propio Estado.

La verdadera catástrofe monetaria llegó después. Las guerras civiles de 1885, 1895 y sobre todo la Guerra de los Mil Días (1899-1902) forzaron al gobierno, a los departamentos e incluso a los generales en campaña a emitir billetes para financiar el esfuerzo bélico. Las emisiones se contaron por decenas y cientos de millones de pesos. La inflación se desbocó. La Regeneración —que había prometido racionalizar el Estado— dejó como herencia una economía con la moneda destrozada y un país saliendo de la guerra civil más larga y sangrienta de su siglo.

Núñez había defendido su viraje proteccionista y monetario con argumentos que no eran ingenuos: economistas liberales como Mill, sostenía, tampoco habían sido librecambistas incondicionales, y ciertas medidas arancelarias eran apropiadas para un país en desarrollo. El diagnóstico era razonable; la ejecución, en manos de un régimen que confundía política pública con financiación bélica y monopolio partidario, produjo la crisis que la teoría prevenía.

Exclusión y régimen

El otro rostro de la Regeneración fue el de la exclusión política sistemática. Entre 1886 y 1904, el liberalismo fue eliminado en la práctica de la vida institucional del país mediante manipulaciones electorales, intimidación a la prensa, clausura de periódicos, censura eclesiástica y, en momentos críticos, cierre de la Universidad Nacional. La exclusión encontró respaldo doctrinal en formulaciones del propio Caro, ejerciendo el poder ejecutivo, en el sentido de que las elecciones no podían estar abiertas a los liberales. La Constitución de 1886 fue interpretada por los gobernantes regeneracionistas no como una norma común a todos los colombianos, sino como carta de conquista del partido vencedor.

Es allí donde la tensión interna del proyecto se vuelve inescapable. Núñez había construido su edificio intelectual sobre una crítica al racionalismo doctrinario: contra los radicales que reducían la política a esquemas matemáticos, había reivindicado el peso de lo concreto, las tradiciones, las fuerzas invisibles. Pero la Regeneración, en manos de Caro y de la maquinaria nacionalista, terminó convertida en un dogmatismo institucional que se justificaba a sí mismo por su victoria militar. La coherencia que Núñez reivindicaba en su prosa se traducía, en la práctica, en una lógica de poder que contradecía sus propias premisas anti-doctrinarias. Los liberales que en 1863 habían gobernado sin excluir formalmente a los conservadores se encontraban ahora, en 1890, excluidos de forma más sistemática que sus antiguos adversarios.

Núñez fue reelegido en 1892 pero no ejerció el cargo. Cada vez más enfermo, gobernó por correspondencia desde El Cabrero mientras el vicepresidente Caro ocupaba el escritorio de Bogotá. Cuando el presidente murió en Cartagena en 1894, Caro asumió el control completo del gobierno. Fue el momento en que la Regeneración perdió su templador: el hombre que hasta entonces había medido, dosificado y, cuando lo estimó necesario, contenido a su ideólogo. Bajo el ejercicio pleno de Caro, la intolerancia hacia los liberales y hacia los conservadores históricos que discrepaban del régimen se agudizó; en 1896, la fracción de los históricos publicó el Manifiesto de los 21 y el documento Las bases, criticando la Regeneración y exigiendo reforma constitucional. Las fisuras del bloque hegemónico eran ya visibles.

La insistencia de Caro en las políticas excluyentes contribuyó, tres años después de la muerte de Núñez, al estallido de la Guerra de los Mil Días. La conexión con la posterior pérdida del istmo de Panamá en 1903 —territorio donde, no sobra recordar, Núñez se había casado con Dolores Gallego cuatro décadas atrás— cerró un círculo funesto. El golpe del 31 de julio de 1900, que llevó a José Manuel Marroquín a la presidencia en un contexto de alianza entre conservadores históricos y liberales, marcó el fin de la primera Regeneración; la pérdida de Panamá completó su balance.

El intelectual y el poeta

El Núñez que gobernaba desde El Cabrero era también un escritor. Publicó su pensamiento en ensayos periodísticos y en el volumen La reforma política en Colombia, donde recogió los artículos en que describió y defendió el proyecto regeneracionista. Allí formuló las tesis que dan su textura intelectual al régimen: la Regeneración era el paso de la época de la imaginación a la del criterio y la búsqueda de una paz científica; la Constitución escrita debía ser reflejo de lo concreto y no obra subjetiva de la imaginación; el liberalismo doctrinario incurría, al buscar soluciones legales generales, en el mismo error que el positivismo cometía en religión: ignorar lo excepcional e histórico de cada situación.

Hay en esa prosa una densidad filosófica que la política colombiana no producía desde hacía tiempo. Núñez no era un ideólogo de partido sino un intelectual que había leído en serio y que se tomaba en serio el problema del orden. Su distancia del positivismo, su desconfianza del progreso concebido como aplicación mecánica de una razón universal, lo colocaba en un lugar peculiar: no era conservador católico como Caro —al menos no de nacimiento intelectual—, no era liberal doctrinario como los radicales, y no era positivista como buena parte de los latinoamericanos ilustrados de su generación. Era, más bien, un escéptico moderno que había hecho la travesía desde el liberalismo y había concluido que ninguna sociedad podía sostenerse sobre puros principios abstractos.

Y era, además, poeta. La letra del Himno Nacional de Colombia —¡Oh gloria inmarcesible! ¡Oh júbilo inmortal!— es suya, escrita originalmente como poema patriótico. La música fue compuesta por el maestro italiano Oreste Sindici, radicado en Bogotá, que le dio la forma solemne y marcial con que el país aprendió a cantarse a sí mismo. Que el arquitecto de la Regeneración firmara también la letra del himno cerró, sin proponérselo, el círculo simbólico de su proyecto: el mismo hombre codificó el Estado en 1886 y la voz colectiva con que ese Estado se representa.

El Cabrero, los aliados, los adversarios

La geografía del poder de Núñez fue peculiar. Cartagena de Indias, y dentro de Cartagena El Cabrero, fue durante casi una década la capital de facto de la República: allí llegaban los delegados, los ministros, los emisarios de Roma, los telegramas de Bogotá. La imagen del presidente gobernando desde una casa a orillas de la ciénaga, con Soledad Román presidiendo la vida doméstica, es una de las estampas más singulares del republicanismo latinoamericano. Se ha leído como excentricidad, como cansancio, como salud precaria; también como afirmación política: el Caribe recuperaba, después de décadas de subordinación al centro andino, un lugar propio en la definición del país.

Alrededor de Núñez se tejió una red de figuras que iban a marcar el fin de siglo colombiano. Miguel Antonio Caro fue el compañero doctrinario permanente: latinista, filólogo, autor material de la Constitución de 1886, vicepresidente y luego presidente, ideólogo de la exclusión liberal. Carlos Holguín ocupó la presidencia entre 1888 y 1892 en el interregno del Núñez ausente. José María Samper —el otro gran ensayista político del ciclo, cuyos escritos la Academia Colombiana de Historia recopilaría después en los Antecedentes de la Constitución— aportó materiales doctrinarios al giro regeneracionista. Sergio Arboleda, aristócrata caucano y pensador católico, ofreció el andamiaje ideológico del reencuentro con la Iglesia. Rafael Reyes, general, empresario y explorador, encarnaría más tarde el intento de refundar la Regeneración por otras vías.

Los adversarios fueron menos afortunados en su relato. Los radicales —Aquileo Parra, Salvador Camacho Roldán, Santiago Pérez— quedaron como los perdedores de una historia contada por los vencedores; el propio Manuel Murillo Toro, muerto en 1880, no alcanzó a ver la disolución del régimen que había ayudado a fundar. Recuperar la complejidad de aquella oposición —su reformismo educativo, su convicción federal, su cosmopolitismo cultural— es tarea que la historiografía sigue haciendo.

Herencia y disputa

Núñez murió en Cartagena en septiembre de 1894, sin haber vuelto a Bogotá, con Soledad Román a su lado. Le sobrevivió su obra: la Constitución de 1886 rigió, con múltiples reformas, hasta 1991, cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una nueva Carta que rompió con el orden confesional heredado del Concordato. Ciento cinco años. Pocas instituciones latinoamericanas alcanzaron esa longevidad.

La hegemonía política que la Regeneración inauguró se prolongó hasta 1930, cuando Enrique Olaya Herrera abrió el ciclo de la República Liberal. Durante ese medio siglo largo, la ecuación básica que Núñez y Caro habían diseñado —centralismo administrativo, alianza con la Iglesia, exclusión práctica del liberalismo— fue el suelo institucional del país. Los manuales de historia patria de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla —lectura obligada de generaciones de escolares colombianos durante el siglo XX— trazaron una línea de continuidad con el proyecto regeneracionista, cohesionando la herencia española colonial con el período republicano sin repudiar el accionar español en la Conquista y la Colonia. Los relatos escolares del siglo XX conservaron el criterio de linealidad, los héroes como parte fundamental de la trama, y los cortes temporales acuñados a fines del siglo XIX; la Academia Colombiana de Historia, fundada en ese mismo horizonte, fue custodia institucional de aquella memoria.

La historiografía académica ha ido matizando esa narrativa. Se ha subrayado el peso estructural de la crisis del federalismo: el colapso exportador, la guerra de 1876, la fragmentación del mercado interior por las aduanas internas y la muerte de Murillo Toro crearon un vacío que algún proyecto centralizador debía llenar. Núñez fue el vehículo contingente de una necesidad sistémica más que la causa singular del giro. También se ha releído la Regeneración como proyecto que respondía a intereses y sensibilidades de la periferia caribeña —la ciudad portuaria, la geografía del comercio atlántico, la sensibilidad menos andina y menos clerical— que el relato posterior, hecho desde Bogotá y desde Caro, terminó ocultando.

Queda, para el balance, la paradoja irreductible de la figura. Núñez diagnosticó con lucidez los límites del federalismo radical y ancló su proyecto en una crítica intelectualmente sólida al racionalismo doctrinario. Al mismo tiempo, esa lucidez fue inseparable de una voluntad de poder centralista que, al delegar la ejecución en Caro y al pactar con la Iglesia sin contrapesos, convirtió el escepticismo filosófico en dogmatismo institucional. Su Regeneración es a la vez la obra más coherente y la más contradictoria de su autor: la que resolvió los problemas del país que Núñez veía con más claridad, y la que engendró los problemas del país que Núñez —quizá por su propio anclaje intelectual, quizá por su cansancio en El Cabrero, quizá porque ninguna obra política es enteramente lo que su autor imagina— no logró prever.

Ciento treinta años después de su muerte, el país sigue discutiendo con él. Cada vez que se debate el lugar de la Iglesia en la vida pública, la relación entre las regiones y el centro, la tolerancia hacia la oposición o el diseño de la moneda, la sombra del cartagenero de El Cabrero se proyecta sobre la conversación. Es la mejor prueba —la única que en última instancia importa— de que Rafael Núñez fue lo que la primera línea de esta ficha anunció: el hombre que rediseñó el Estado colombiano.