Syllabus

El Syllabus en Colombia

En diciembre de 1864, Pío IX firmó en Roma la encíclica Quanta cura y anexó a ella el Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores: un catálogo de ochenta proposiciones que la Iglesia católica declaraba erróneas. Era la respuesta doctrinal más sistemática que el papado había ensayado contra el liberalismo, el naturalismo, el racionalismo y el socialismo, en un siglo en que había perdido territorios, conventos y fieles. Cinco años después, en 1869, ese documento cruzó el Atlántico y se imprimió en Bogotá como apéndice al Concilio Primero Provincial Neogranadino, en la Imprenta Metropolitana, con el título Syllabus o catálogo de los principales errores de nuestra época censurados en las alocuciones consistoriales, Encíclicas y demás Letras apostólicas de Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío IX. Llegaba a un país que se llamaba Estados Unidos de Colombia, gobernado por una constitución —la de Rionegro de 1863— que había prescindido de invocar a Dios, dividido la República en nueve estados soberanos, decretado la libertad de cultos y consolidado la desamortización de los bienes eclesiásticos apenas dos años antes. El Syllabus puso por escrito el choque que ya estaba en marcha.

De ese encuentro nace la historia colombiana del documento. No es la de un texto teológico que se lee y se guarda: es la de una síntesis pontificia que se volvió lenguaje político, munición de púlpito, materia de polémica en la prensa, argumento en cátedras universitarias y, con el tiempo, sustrato ideológico de la Constitución de 1886 y del Concordato de 1887. En los Estados Unidos de Colombia, el Syllabus operó como la bandera doctrinal bajo la cual la Iglesia y el Partido Conservador articularon una resistencia común al proyecto radical, dando a agravios acumulados desde 1850 la coherencia de un programa reconocible.

Qué es el Syllabus

El Syllabus es un documento pontificio breve —ochenta proposiciones numeradas— que no expone una doctrina sino que enumera errores. Cada tesis condenada remite a alocuciones consistoriales, encíclicas o cartas apostólicas anteriores del propio Pío IX, de modo que el texto funciona como índice sistemático de una posición ya expresada en piezas dispersas. Su lógica es defensiva: la Iglesia europea, sacudida desde la Revolución Francesa por confrontaciones directas, asesinatos de clérigos y destrucción de templos y conventos, había ido cerrando filas contra la modernidad política a lo largo del siglo XIX, y el Syllabus condensó en 1864 la línea de esa retirada combativa.

Las proposiciones condenadas abarcan lo teológico —panteísmo, naturalismo, racionalismo absoluto— pero adquieren fuerza política en los apartados que tocan la relación entre la Iglesia y el poder civil. Allí el Syllabus rechaza que el Papa y los ministros de la Iglesia deban ser excluidos de la administración y dominio de las cosas temporales —principio recogido en su numeral XVII— y condena, entre otras pretensiones del Estado moderno, la libertad absoluta de enseñanza, la escuela laica, el matrimonio civil, el divorcio, la libertad de cultos, la libertad de conciencia como derecho ilimitado y la separación de la Iglesia y el Estado. Leído en conjunto, es el reverso exacto del programa que en Colombia impulsaban los liberales radicales.

Conviene detenerse en el género del texto para entender su circulación posterior. El Syllabus no argumenta ni persuade: censura. Su formato —una lista— facilita la memorización, la cita fragmentaria y el uso pastoral; cada numeral puede transcribirse en una hoja volante, glosarse en un sermón, esgrimirse en una polémica. Esa portabilidad explica en parte por qué se convirtió, en países muy alejados de Roma, en un instrumento tan eficaz. Un tratado teológico exige lectores; una lista de errores basta con difundirla. Cuando en 1869 se imprimió como apéndice al Concilio Provincial, el documento no llegaba a un país neutral: llegaba a uno donde cada uno de los principios que condenaba estaba escrito en la constitución vigente o en las leyes que la habían precedido. Ese ajuste entre el texto romano y el suelo colombiano es lo que hay que explicar en las páginas que siguen.

El terreno preparado: la ruptura de 1850-1863

El Syllabus no encendió el conflicto entre la Iglesia y el Estado colombianos: llegó cuando ese conflicto ya llevaba tres lustros en curso y estaba estructurando la vida política nacional. La ruptura empezó en 1850, cuando el gobierno del general José Hilario López rompió la tradición del patronato heredada de la Colonia y adoptó, con la fórmula del conde de Cavour —"Iglesia libre en Estado libre"—, el principio liberal de separación. Un año después, la ley del 27 de mayo de 1851 dispuso que los curas párrocos serían elegidos por los cabildos civiles locales y recibirían salario fijo, atacando de frente el control eclesiástico sobre las parroquias. La respuesta fue el destierro del arzobispo Manuel José Mosquera de Bogotá y de los obispos de Cartagena y Pamplona por desobedecerla, y el estallido de un cisma en Antioquia.

La Constitución de 1853, sancionada el 21 de mayo bajo la presidencia de José María Obando, marcó un segundo hito. La ley del 15 de junio de ese mismo año, conocida como Ley de Separación Absoluta de la Iglesia y el Estado, dispuso que los templos y sus rentas correspondían a los vecinos de cada parroquia. La protesta de las comunidades religiosas obligó al Congreso a expedir en 1855 una nueva ley que devolvió a las entidades religiosas la autonomía en el manejo de sus bienes y rentas, pero el precedente estaba sentado. A esas medidas se sumaron la tuición de cultos —que sometió a la Iglesia a la vigilancia y dependencia del poder civil, restableciendo un patronato ejercido sin la Santa Sede— y la exigencia a los ministros del clero de jurar obediencia a la Constitución y las leyes como condición para ejercer su ministerio, bajo pena de destierro sin procedimiento judicial. Muchos sacerdotes respondieron cerrando iglesias y rehusando administrar sacramentos.

El ciclo culminó en 1861, en medio de la guerra civil, con dos golpes decisivos. Primero, la expulsión de los jesuitas y la confiscación de sus bienes; luego, el 9 de septiembre, el decreto de desamortización de bienes de manos muertas firmado por Tomás Cipriano de Mosquera, mediante el cual la nación se adjudicó los bienes y rentas de las corporaciones eclesiásticas. La motivación fue fiscal —aliviar un erario agobiado por la deuda pública y los gastos de las guerras civiles— y también política: limitar el poder de la Iglesia. Mosquera justificó la medida citando antecedentes en Luis XIV, el gabinete español de 1837 y México, y la necesidad de liberar la propiedad de trabas coloniales para adecuarla a un pueblo libre y democrático. Los bienes expropiados fueron rematados en forma indivisa, lo que benefició principalmente a comerciantes liberales acaudalados: en lugar de dispersar la propiedad, la desamortización tendió a concentrarla en manos laicas, sin modificar sustancialmente la estructura agraria. El golpe simbólico, sin embargo, fue enorme.

La Constitución de Rionegro de 1863 selló el edificio. Reconoció la libertad de cultos, consagró un Estado secular y no invocó a Dios como fuente de autoridad —ruptura explícita con la tradición constitucional colombiana anterior y posterior—. Cuando en 1864 Pío IX firmó el Syllabus en Roma, la Iglesia colombiana llevaba catorce años perdiendo bienes, fuero, control parroquial y presencia en la educación pública. La condena pontificia del liberalismo no le contó nada nuevo: le dio nombre.

La circulación: de la Imprenta Metropolitana al púlpito rural

En 1869, con la publicación del Syllabus como apéndice al Concilio Primero Provincial Neogranadino en la Imprenta Metropolitana de Bogotá, la jerarquía colombiana lo incorporó formalmente a su magisterio. La operación no era menor: al colocarlo como anexo de un concilio provincial, los obispos lo integraban al derecho eclesiástico local y lo convertían en referencia obligada para el clero.

De allí en adelante, el Syllabus se difundió por dos vías. La primera fue institucional y letrada: la cátedra que monseñor Rafael María Carrasquilla estableció en el Colegio del Rosario formó una red que iba desde ese centro hasta los púlpitos de los municipios más apartados, y por la cual los sacerdotes debían guiarse por las enseñanzas de la Iglesia sobre la naturaleza pecaminosa del liberalismo. El texto de referencia práctico —Las enseñanzas de la Iglesia sobre el liberalismo— condensaba la doctrina antiliberal en forma pastoral y demostraba cómo tratarla desde el confesionario. Muchos obispos glosaron esas enseñanzas en sus "cuestiones de púlpito y confesionario", utilizando ambos espacios como escenarios de transmisión.

La segunda vía fue la prensa y la controversia pública. Los prelados usaron las pastorales como canal para dar a conocer los planteamientos de la Iglesia y fijar sus posiciones frente a quienes consideraban perseguidores del clero. La crisis religiosa se difundió también por periódicos, hojas volantes, avisos y panfletos, y en ese ruido el Syllabus aparece referenciado como consigna. El caso más elocuente es el del periódico liberal El 5 de Abril, que en noviembre de 1877 advertía que, si el clero lograba imponerse, gobernaría "con el Syllabus por constitución", hundiendo la libertad conquistada con sangre en los campos de batalla. La imagen del Syllabus como carta fundamental clerical no era, entonces, invención posterior de historiadores: era una acusación que los propios liberales lanzaban en tiempo real, señal de que percibían el documento como programa político y no como texto teológico.

En Antioquia, el clima de esa difusión adquirió tonos particularmente duros. El clero equiparó desde el púlpito a masones y liberales, contribuyendo a que la palabra "liberal" fuera asociada con herejía; los establecimientos educativos funcionaron como monopolio conservador, y los espacios de sociabilidad se ordenaron en torno a esa condena. Un documento romano podía traducirse, así, en códigos cotidianos de vida en una parroquia andina.

La guerra escolar: el Syllabus en el aula

Si el Syllabus tuvo un campo de batalla concreto en los Estados Unidos de Colombia, ese fue la escuela. El Decreto Orgánico de Instrucción Pública del 1º de noviembre de 1870 introdujo el principio de la escuela obligatoria y promovió una reforma educativa de amplio alcance, con un ambicioso componente de organización nacional. En su marco se contrató una misión pedagógica alemana que, para finales de 1872, había organizado escuelas normales masculinas y femeninas en todos los estados colombianos, y se introdujeron métodos de enseñanza pestalozziana. La matrícula creció aceleradamente: de sesenta mil alumnos en 1870 pasó a cerca de ochenta mil en 1876, distribuidos en 1.464 escuelas.

La orientación laica del decreto chocó de frente con lo que el Syllabus había condenado apenas seis años antes. La Iglesia veía en la escuela obligatoria organizada por el Estado una intromisión que despojaba a los padres y a la religión de su derecho a formar la conciencia de los niños. Varios obispos rechazaron el decreto, y en algunas regiones el conflicto se tradujo en cierre de escuelas, presión sobre las familias y, más adelante, participación de las jerarquías locales en las guerras civiles del período.

El episodio más elocuente de esta disputa fue la llamada polémica de los textos. En 1870, a propuesta del senador Ezequiel Rojas, el Congreso aprobó recomendar al poder ejecutivo hacer obligatorio el uso de la Ideología de Destutt de Tracy para la cátedra de Lógica y de las obras de Jeremy Bentham para la de Legislación en la Escuela Universitaria de Literatura y Filosofía. La medida fue impugnada en el Consejo Universitario y provocó la renuncia del rector Manuel Ancízar; nunca llegó a implementarse plenamente, pero la señal política era inequívoca. Miguel Antonio Caro, desde el periódico conservador El Tradicionalista, denunció que el Estado confundía su obligación de educar con el derecho de la Iglesia a adoctrinar, e invadía "con escándalo y violencia los derechos de la religión y la ciencia". Consideraba que el utilitarismo asociado a Bentham y Tracy era incompatible con las raíces católicas que debían fundamentar el proyecto republicano colombiano, y Ezequiel Rojas intentaba demostrar lo contrario, en un debate que trascendió al ámbito internacional.

Al otro lado, el liberal Aníbal Galindo defendió explícitamente que la escuela liberal debía enseñar doctrinas liberales mientras el partido estuviera en el poder, rechazando el eclecticismo y afirmando que Jaime Balmes —el filósofo católico catalán— y Bentham no podían coexistir en las aulas universitarias. La franqueza de Galindo revela lo que estaba en juego: no una disputa académica sobre autores, sino la cuestión de qué principios formarían a la ciudadanía. En ese frente, el Syllabus estaba del lado de Caro, y cada libro adoptado o vetado se leía como una victoria o derrota en una guerra más amplia.

La reforma de 1870, con todos sus logros, no sobrevivió al desgaste del régimen radical. La Constitución de 1886 implicó la renuncia al ideal de una escuela nacional única y abrió condiciones jurídicas que permitieron la entrada de congregaciones religiosas a la educación; el proyecto instruccionista quedó revertido en sus aspectos centrales, y el Syllabus —al menos en materia educativa— pasó de doctrina condenatoria a marco legal implícito. Pero la disputa escolar no fue solo cuestión de leyes y decretos: fue disputa entre hombres concretos, con nombres, púlpitos, periódicos y cátedras. Conviene, entonces, mirar quiénes formaron el frente que hizo del Syllabus un instrumento colombiano.

Los actores del frente católico

El Syllabus no circuló solo: lo movieron hombres con nombres, obras y púlpitos, y cada uno operó desde un piso distinto del edificio. La jerarquía eclesiástica proveyó la autoridad institucional; la pluma laica conservadora, el argumento público que traducía la doctrina al idioma de la República; el clero regional, la militancia en el terreno, donde el texto pontificio se hacía sermón, confesión y voto. La Iglesia colombiana atravesó el período entre el arzobispado de Vicente Arbeláez, más conciliador con el gobierno civil, y figuras episcopales de talante intransigente que se prolongarían hasta comienzos del siglo XX, y en esa oscilación fue templando una posición común: pastorales, cartas colectivas y sínodos articularon una línea que bajaba al clero parroquial a través de los textos de guía ya mencionados.

La pieza decisiva del engranaje fue Miguel Antonio Caro. Desde El Tradicionalista, que él mismo fundó, rechazó los principios liberales basados en la utilidad personal y defendió la Iglesia y la autoridad fuerte como garantías del orden social; reivindicó la herencia española colonial no como nostalgia sino como fundamento constitutivo del ser nacional. Hasta aquí, la descripción de su posición doctrinal. Su función histórica, sin embargo, fue de otra naturaleza: tejió la alianza entre el Partido Conservador y la jerarquía eclesiástica en una lengua compartida —la del catolicismo intransigente—, y en la construcción de esa lengua el Syllabus fue uno de los materiales centrales. Caro no importó el Syllabus; lo tradujo. Lo convirtió en argumento republicano, en artículo de periódico, en tesis constitucional. Esa operación —dar forma jurídica y política nacional a un texto romano de censura teológica— es lo que lo distingue de los otros actores del frente.

En Popayán, Sergio Arboleda operó en un registro paralelo, más filosófico y regional, aportando a la causa una prosa doctrinal de raíz aristocrática; también desde Popayán, Carlos Bermúdez, y desde Bogotá, José Telésforo Paúl, encarnaron durante los años radicales la línea episcopal de resistencia frontal, la que no negociaba con el Estado laico sino que lo impugnaba desde su misma legitimidad.

Hasta dónde podía llegar esa militancia lo muestra el obispo Nicolás Casas de Pasto, que durante la guerra civil de 1899-1902 publicó dos volúmenes instruyendo a sus seguidores sobre la maldad del liberalismo político, al que calificó de "extrema malicia, horrible impiedad y principios ateos" y de encarnación de "la enormidad de su terrorífica monstruosidad". El vocabulario delata la genealogía: es el Syllabus llevado a temperatura de guerra, un texto romano de 1864 convertido en instrucción de combate en los Andes cuarenta años después.

Del otro lado, los actores del gobierno radical —Manuel Murillo Toro, Aquileo Parra, Santiago Pérez— administraron un Estado cuyo diseño constitucional era casi punto por punto lo que el Syllabus condenaba, y lo hicieron con la convicción de que la modernización política del país exigía sustraer la educación, la propiedad, el matrimonio y la ciudadanía del control eclesiástico. El propio Tomás Cipriano de Mosquera —general, cuatro veces presidente y hermano del arzobispo Manuel José Mosquera— condensó en una biografía la ruptura nacional: firmó la desamortización de 1861 contra la institución que su hermano había encabezado.

De documento condenado a constitución implícita

La Regeneración liderada por Rafael Núñez desde 1880 cambió los términos de la disputa. Aliado con el Partido Conservador y con Caro como principal arquitecto intelectual, Núñez estableció la centralización política y administrativa, la formación de un ejército nacional y el restablecimiento de relaciones armónicas con la Iglesia, en reacción a la crisis del modelo federal radical. El Syllabus, que hasta entonces había sido bandera de una oposición, se convirtió en marco doctrinal del régimen entrante.

La Constitución de 1886 declaró el catolicismo religión de la nación. Estableció que la educación pública sería organizada y dirigida en concordancia con la Iglesia. Mantuvo la libertad de cultos solo mientras no fuera contraria a la moral cristiana ni a las leyes. Cada uno de esos puntos revertía posiciones que el Syllabus había condenado veintidós años antes. El Concordato firmado con la Santa Sede en 1887 completó el giro: otorgó a la Iglesia control sobre la educación, efectos civiles al matrimonio católico, exenciones fiscales, autonomía de gobierno, fuero eclesiástico y protección estatal frente a otras confesiones; comprometió al Estado a realizar pagos anuales a perpetuidad como compensación por los bienes desamortizados; abolió el divorcio. También otorgó a los obispos diocesanos el derecho a destituir a maestros de escuela cuyas opiniones consideraran religiosamente heterodoxas, con lo que la victoria eclesiástica en el aula quedó formalmente sellada.

Caro, vicepresidente de Núñez y ejerciendo de facto el gobierno durante los últimos años de este, asumió el control completo tras la muerte de Núñez en 1894. La Constitución de 1886, en cuya redacción había sido decisivo, se mantendría en esencia hasta 1991. Colombia siguió así un rumbo diferente al de otros países latinoamericanos: mientras allí las reformas del siglo XIX otorgaron al Estado mayor independencia frente al poder eclesiástico, en Colombia la Regeneración implicó una supeditación del poder civil a la Iglesia que se prolongaría durante décadas.

Este desenlace no fue producto del Syllabus por sí solo. La Regeneración respondió a una crisis estructural del federalismo radical —guerras civiles recurrentes, fragmentación fiscal, ingobernabilidad—, y la reconciliación con la Iglesia fue tanto instrumento pragmático de Núñez para construir hegemonía como convicción doctrinal de Caro. Pero el Syllabus proveyó el vocabulario. Cuando la Constitución de 1886 rechazó el laicismo radical y el Concordato ató la educación a los preceptos eclesiásticos, no se estaba improvisando: se estaba escribiendo en derecho positivo lo que Pío IX había señalado como el orden correcto entre la Iglesia y el Estado. El 5 de Abril había acertado en su temor de 1877, aunque no en su tono: no fue exactamente que el clero gobernara con el Syllabus por constitución, sino que la constitución que se escribió tras la caída del régimen radical incorporó, con matices, buena parte de lo que el Syllabus había defendido.

La huella larga

La influencia del Syllabus en Colombia se prolongó mucho más allá del período que le dio sentido inmediato. Durante la hegemonía conservadora (1885-1930), la Iglesia utilizó el púlpito y la retórica pastoral para caracterizar al partido liberal como el partido del pecado, involucrándose activamente en política en defensa del orden conservador y católico. Un arzobispo colombiano definió la política como "el arte de gobernar" para justificar la obligación del clero de participar en ella, argumentando que la seguridad pública debía defenderse combatiendo a los liberales como enemigos del orden, el Estado y la Iglesia.

En julio de 1902, en el ocaso de la guerra de los Mil Días, se emitió un juramento para los liberales que quisieran retractarse, en el que el arrepentido debía condenar "sin reserva alguna y de corazón todo tipo de liberalismo religioso o político y todas aquellas falsas libertades que amenazan y perjudican nuestra fe católica". El texto es una destilación tardía y colombiana del Syllabus: reduce a fórmula de arrepentimiento individual la condena pontificia que había sido formulada como censura general. En 1915, en Medellín, Andrés Botero L. publicó el Catecismo político social, texto de amplia difusión que enseñaba a niños, mediante preguntas y respuestas, principios de fe católica y de gobierno, y que ilustra cómo la pedagogía política conservadora incorporaba materiales doctrinales en la formación de las nuevas generaciones.

Todavía en 1955 —casi un siglo después de la firma romana— se sostenía en Colombia que el liberalismo estaba condenado por defender errores como la libertad absoluta de enseñanza, la escuela laica, el matrimonio civil y divorcio vincular, la libertad de cultos, la laicidad del Estado y la separación de Iglesia y Estado. La lista es prácticamente el índice de las proposiciones del Syllabus. La unanimidad moral católica como fundamento del Estado y de la educación fue defendida por figuras conservadoras del siglo XX como Laureano Gómez y, en registro más moderado, Carlos E. Restrepo, quienes condicionaban cualquier reforma educativa a los principios morales católicos y restringían la libertad de cultos a aquellas religiones cuya moral coincidiera con la católica.

El Concilio Vaticano II (1962-1965) cambió el marco doctrinal de la Iglesia universal y, con él, la posición romana respecto a la libertad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado; pero el Concordato colombiano —renegociado en 1973— y buena parte de las inercias institucionales sobrevivieron a ese giro. Solo con la Constitución de 1991, que consagró el Estado laico y la libertad de cultos plena, se cerró jurídicamente el ciclo largo que el Syllabus había ayudado a abrir en 1864.

Mirado desde el presente, el Syllabus fue en Colombia menos una encíclica que un dispositivo: un texto breve que se volvió capaz de organizar identidades políticas, códigos morales, decisiones escolares y arquitecturas constitucionales durante más de un siglo. Su eficacia no se explica solo por su contenido ni por la autoridad del pontífice que lo firmó, sino por el ajuste casi exacto entre lo que condenaba y lo que la Iglesia colombiana había perdido —y quería recuperar— desde 1850. Lo que en Europa fue expresión de repliegue defensivo, en Colombia se transformó, tras la Regeneración, en fundamento de restauración.