Desamortización

La desamortización de bienes de manos muertas

En la historia de Colombia, la desamortización designa el conjunto de medidas legales por las cuales el Estado forzó la salida al mercado de bienes inmuebles inmovilizados en manos de corporaciones civiles y eclesiásticas —conventos, cofradías, capellanías, hospicios, colegios—, adjudicándolos a la Nación para su remate. Su expresión mayor fue el decreto del 9 de septiembre de 1861, firmado en Bogotá por Tomás Cipriano de Mosquera en calidad de Presidente Provisorio de los Estados Unidos de Nueva Granada, en plena guerra civil contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez. Durante siglo y medio se ha discutido si fue una reforma económica, una represalia anticlerical, un arbitrio fiscal de guerra o las tres cosas a la vez. La respuesta más honesta es que fue un instrumento de urgencia hacendaria, envuelto en el lenguaje de la libre circulación de la propiedad, que golpeó decisivamente el poder económico de la Iglesia sin transformar la estructura agraria del país. Ese doble carácter —victoria política sobre el clero, fracaso relativo como reforma económica— define su lugar en la historia colombiana.

Qué se entendía por manos muertas

La expresión manos muertas es más antigua que el problema colombiano. Nombraba a los propietarios corporativos —órdenes religiosas, cofradías, capellanías, hospicios, cabildos— cuyos bienes, por definición jurídica, no podían enajenarse. Al no morir el titular, la finca no volvía nunca al mercado: pasaba de una generación de frailes o de mayordomos a la siguiente, gravada además con censos perpetuos que aseguraban rentas fijas a la corporación. En un país donde la Iglesia había concentrado durante tres siglos donaciones, herencias piadosas y fundaciones de capellanías, esa inmovilización tenía consecuencias concretas: los censos y capellanías funcionaban como el principal sistema de crédito hipotecario disponible, y los propietarios laicos gravaban sus haciendas para obtener capital líquido de conventos y fundaciones eclesiásticas. Desamortizar significaba, técnicamente, romper esa perpetuidad; políticamente, arrebatarle a la Iglesia su función de banca de la sociedad agraria.

El concepto no era colombiano ni original. La primera gran desamortización en países católicos ocurrió durante la Revolución francesa, y a lo largo del siglo XIX se repitió, con variantes, en distintas latitudes. El propio Mosquera, al justificar el decreto de 1861, invocó los antecedentes de Luis XIV, del gabinete español de 1837 y de las leyes de reforma mexicanas. Los radicales colombianos se sabían inscritos en esa tradición europea y americana, aunque el modelo directo que siguieron es difícil de fijar: el argumento comparativo servía para dotar de respetabilidad ilustrada a una medida que en la coyuntura colombiana obedecía a razones más domésticas.

Los antecedentes borbónicos: el regalismo como escuela

Antes de que hubiera liberales había regalistas. La política eclesiástica de la Corona española en el siglo XVIII, particularmente bajo Carlos III, ensayó ya el pulso que los radicales completarían un siglo después. El patronato regio otorgaba a la Corona el derecho a nombrar obispos y beneficiarios en todos los niveles de la jerarquía, a intervenir en tribunales eclesiásticos, a recibir diezmos en nombre de la Iglesia, a fundar misiones y a ejercer control administrativo sobre el clero regular y secular en América. Sobre esa base, las reformas borbónicas se propusieron obtener un clero dócil y controlable, y desconfiaron especialmente de las órdenes religiosas —los jesuitas ante todo— por su independencia heredada de la época de los Habsburgo y por depender de autoridades internacionales situadas fuera de España.

De ahí salieron dos líneas de acción que prefiguran la desamortización. Una, la expulsión de la Compañía de Jesús y la expropiación de sus activos, que redujo su presencia en el Nuevo Mundo. Otra, la enajenación forzosa de capitales de cofradías, conventos y clero secular en distintos momentos del siglo XVIII y comienzos del XIX, que golpeó la relación de obediencia entre las instituciones eclesiásticas y la Corona y sacó al mercado sumas considerables. El regalismo, además, limitó la comunicación entre los episcopados americanos y la Santa Sede: prohibió las visitas ad limina y las informaciones sobre el estado de las diócesis, fortaleciendo la figura del rey frente al pontífice. Cuando llegó la independencia, el nuevo Estado heredó no solo un territorio y una burocracia, sino también una tradición jurídica que consideraba legítimo intervenir sobre los bienes y la organización del clero.

De la Gran Colombia a José Hilario López

La primera generación republicana continuó esa herencia. La Gran Colombia imitó las reformas de Carlos III en materia eclesiástica, convirtió edificios de conventos menores en sedes de colegios provinciales y estableció así la tradición estatal de destinar patrimonio eclesiástico a la educación pública en las provincias. En el gabinete de Bolívar, José María del Castillo y Rada, secretario de Hacienda, insinuó ya la necesidad de desamortizar los bienes de manos muertas y abogó por la abolición del diezmo. Sus propuestas, sin embargo, planteaban procedimientos graduales e institucionales, muy distintos del golpe único que Mosquera aplicaría cuatro décadas más tarde. Castillo y Rada representa esa primera veta reformista, moderada y hacendaria, que veía en la propiedad eclesiástica un obstáculo para el desarrollo económico pero no un enemigo político al que había que humillar.

Tras la disolución de la Gran Colombia, el derecho de patronato heredado de la Corona se convirtió en el punto neurálgico del conflicto entre Iglesia y Estado. Cada gobierno hubo de decidir si consideraba al Estado nuevo como sucesor legítimo del monarca en materia eclesiástica, y con ello si podía nombrar obispos, cobrar diezmos e intervenir en asuntos internos del clero. Esa discusión, abstracta en apariencia, condicionó cada disputa concreta durante medio siglo.

El giro decisivo llegó con la elección del general José Hilario López en 1849. Bajo su gobierno se inauguró la política anticlerical sistemática del liberalismo central. En 1850 decretó la expulsión de los jesuitas —a los que Ospina Rodríguez volvería a traer una década después para dirigir planteles públicos y fundar casas de estudio— y adoptó como base doctrinal la fórmula de Cavour, Iglesia libre en el Estado libre. La ley del 15 de junio de 1853, llamada de Separación Absoluta de la Iglesia y el Estado, dispuso que los templos católicos, sus bienes y rentas correspondían a los vecinos de la respectiva parroquia, lo que provocó protesta formal de las comunidades religiosas ante el Congreso de 1854. El arzobispo de Bogotá Manuel José Mosquera —hermano del propio Tomás Cipriano— fue desterrado por López por defender los derechos de la Iglesia. La ruptura estaba consumada antes de 1861: lo que faltaba era el instrumento fiscal que rematara el enfrentamiento.

El decreto del 9 de septiembre de 1861

La guerra civil de 1860-1862 fue el escenario. Tomás Cipriano de Mosquera, gobernador del Cauca, se alzó contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez y, con el apoyo de los radicales, se abrió paso hasta Bogotá. En julio de 1861 asumió el poder de facto y expulsó nuevamente a los jesuitas, confiscando sus bienes. Dos meses después, el 9 de septiembre, firmó el decreto de desamortización de bienes de manos muertas. Ejercía entonces como Presidente Provisorio de los Estados Unidos de Nueva Granada; su reconocimiento formal por los estados vencedores llegaría poco más tarde, mediante el Pacto de Unión del 20 de septiembre de 1861.

Los considerandos del decreto son el mejor resumen de su filosofía. El primero declaraba que la falta de movimiento y libre circulación de una gran parte de las propiedades raíces constituía uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de la Nación. Los siguientes argumentaban que las corporaciones y congregaciones no podían poseer a perpetuidad bienes inmuebles por ser contrario a los principios generales de la legislación. Sobre esa base, el articulado adjudicó a la Nación los bienes poseídos o administrados por corporaciones civiles y eclesiásticas y por establecimientos de educación, beneficencia o caridad. La Nación asumía, a cambio, el pago de las rentas que esos bienes producían a las corporaciones despojadas: no era una confiscación pura, sino una sustitución del propietario por un deudor perpetuo, el Estado.

La justificación pública de Mosquera combinó tres registros. El económico: liberar la propiedad de las trabas del pasado y darle circulación. El jurídico: la incompatibilidad entre la perpetuidad corporativa y los principios modernos de propiedad. Y el comparativo: los antecedentes europeos y mexicanos. Sobre lo decisivo guardó silencio en la retórica pública, aunque aparece con nitidez en el trasfondo: el tesoro estaba agotado por deudas y por los gastos de la guerra civil en curso. La motivación fiscal fue el motor inmediato. La pobreza del erario, no la persecución religiosa, explica el momento y la forma del decreto. Que ese arbitrio golpeara al enemigo político del liberalismo radical era, para Mosquera, un beneficio adicional.

El decreto no fue una medida aislada. Formó parte de un paquete de disposiciones anticlericales expedidas por Mosquera en su segunda presidencia: la expulsión de los jesuitas, la tuición de cultos —que estableció el control estatal sobre la Iglesia—, la extinción de conventos y la expropiación de bienes de comunidades religiosas. Todo ello desembocaría en la Constitución de Rionegro de 1863, arquitectura federalista y anticlerical del radicalismo, que consagró el nuevo orden.

La aritmética de la reforma

La contabilidad de la desamortización desmiente su leyenda. Las tierras eclesiásticas afectadas representaban apenas cerca del 1,5% del área entonces explotada. La cifra basta para relativizar cualquier lectura épica: no había, en Colombia, un latifundio eclesiástico comparable al mexicano o al español. El poder económico de la Iglesia colombiana descansaba menos en la propiedad directa del suelo que en los censos y capellanías con que gravaba las haciendas laicas. Lo que la desamortización sacó al mercado fueron esas obligaciones —los propietarios podían redimir sus censos pagando al tesoro nacional el capital, con lo que se liberaban de la renta perpetua a la Iglesia—, algunos edificios urbanos y una porción reducida de haciendas.

El éxito fiscal fue moderado. La operación alivió coyunturalmente al tesoro pero no lo saneó, y su impacto económico y social fue de importancia muy secundaria. Los bienes se sacaron a subasta en forma indivisa, lo que aseguró que solo compradores con capital líquido pudieran adquirirlos: comerciantes liberales acaudalados en las principales ciudades y especuladores atentos al remate. La expectativa de dinamizar el mercado de tierras se frustró: pasaron a manos de especuladores y quedaron más estancadas que antes, porque la opinión pública desaprobaba la especulación y frenaba las transacciones. Ese dato matiza cualquier lectura mecánica del liberalismo económico: la sociedad colombiana no reaccionó como suponían los teóricos de la libre circulación.

La desamortización tampoco redistribuyó tierra entre campesinos sin ella. No estaba pensada para eso, y las circunstancias del remate lo impedían. En un país donde los terratenientes tenían más dificultades para conseguir mano de obra que para acumular hectáreas, el problema agrario de fondo no era la propiedad eclesiástica sino la escasez de brazos y la existencia paralela de vastos baldíos. En la práctica, la suma de hectáreas apropiadas por particulares mediante los sistemas de adjudicación de baldíos entre 1861 y 1877 fue muchas veces superior a la exigua cantidad de tierra que pasó de corporaciones religiosas a manos privadas en el mismo periodo. La política de baldíos, no la desamortización, definió la estructura agraria de la segunda mitad del siglo.

Antioquia, el Tequendama y la geografía desigual de la reforma

La aplicación del decreto varió profundamente entre regiones, y esa variación revela hasta qué punto la reforma dependía del poder político local y de la geografía previa de la propiedad eclesiástica. En Antioquia, donde predominó el gobierno conservador incluso durante la hegemonía radical, la desamortización apenas se aplicó. Los ingresos por venta de bienes eclesiásticos allí fueron sorprendentemente bajos, por dos razones concurrentes: la Iglesia local no había acumulado riqueza en la misma escala que en otras regiones —la mayor parte de los bienes en manos muertas antioqueños consistía en censos— y los propietarios temían la desaprobación eclesiástica, de modo que muy pocos censos fueron redimidos en el tesoro nacional. La Antioquia católica y comercial resistió el decreto por vías silenciosas: no vender, no comprar, no redimir.

En la región del Tequendama, en Cundinamarca, el patrón fue distinto pero igualmente revelador. Años después del decreto no se registraba allí ninguna propiedad con vinculación pendiente, y en el distrito de La Mesa no se remató una sola propiedad en aplicación de la reforma. La razón era estructural: la Iglesia había tenido un papel muy reducido como prestamista y propietaria en esa zona antes de 1861. Cuando el Tequendama se convirtió, décadas más tarde, en una de las primeras regiones cafeteras de exportación, lo hizo sin haber pasado por una desamortización relevante. La reforma sencillamente no tuvo materia sobre la cual operar.

Estos dos casos —Antioquia por resistencia católica, Tequendama por ausencia previa de bienes— trazan los límites de la desamortización. Su impacto se concentró en Bogotá, en Popayán, en Cartagena, en Tunja y en algunos otros centros urbanos donde la Iglesia había levantado conventos, colegios y hospitales a lo largo de la Colonia, y en las haciendas de tierra caliente cundinamarquesa y tolimense gravadas con censos redimibles. Fuera de ese perímetro, la reforma fue letra sin cuerpo.

La resistencia eclesiástica y la guerra cultural

El decreto no encontró a una Iglesia dispuesta a resignarse. La institución gozaba de sólida situación financiera, de gran aceptación social especialmente entre las masas populares y de presencia en los más apartados rincones del país, en abierto contraste con la debilidad fiscal y administrativa del Estado liberal. El arzobispo Antonio Herrán y, tras él, Vicente Arbeláez encabezaron la resistencia formal desde Bogotá, apoyados en la autoridad doctrinal de Roma. En 1864, Pío IX publicó el Syllabus, catálogo de errores modernos que condenaba las ideas liberales sobre el Estado y excluía cualquier subordinación de la Iglesia al poder temporal; el texto se difundió en Colombia como apéndice al Concilio Provincial Neogranadino de 1869 y se convirtió en armazón teológico-político de la respuesta clerical. Entre ese Syllabus y la Constitución de Rionegro de 1863 no había punto de encuentro posible: eran dos concepciones incompatibles del orden social.

La guerra cultural se libró en las parroquias tanto como en los periódicos. Las medidas anticlericales del período radical —desamortización, tuición de cultos, expulsión de comunidades religiosas, extinción de conventos— generaron tensiones profundas en la vida familiar, especialmente entre mujeres formadas en la religiosidad tradicional, y erosionaron la legitimidad social del régimen radical incluso en zonas donde este triunfaba electoralmente. Durante los años setenta, cuando los liberales radicales instituyeron la educación laica y obligatoria, se abrió un nuevo frente de choque. En 1876, los conservadores se levantaron contra el gobierno de Aquileo Parra precisamente para frenar el proyecto de educación laica; la insurrección permitió una breve reunificación de las dos facciones del liberalismo para derrotarla, pero mostró que el enfrentamiento entre Iglesia y Estado radical seguía siendo capaz de mover a la sociedad a la guerra.

Los actores del proceso

La desamortización no fue obra de un hombre, aunque lleve la firma de Mosquera. Alrededor del decreto se desplegó una constelación de figuras que representan los distintos rostros del liberalismo colombiano. Manuel Murillo Toro, teórico y presidente en dos ocasiones, encarnó la vertiente doctrinaria del radicalismo, comprometida con la separación de Iglesia y Estado como principio, no solo como conveniencia. Salvador Camacho Roldán aportó la reflexión económica sobre la necesidad de liberar la propiedad. Aníbal Galindo escribió sobre la historia de la hacienda pública y sobre las reformas fiscales del período. Florentino González, aunque más veterano y de posiciones cambiantes, había preparado décadas antes el terreno con su defensa del librecambio y del Estado mínimo.

Al otro lado, el Partido Conservador y la jerarquía eclesiástica encontraron en Mariano Ospina Rodríguez, en Miguel Antonio Caro y en los arzobispos de Bogotá sus voces más constantes. Caro, sobre todo, elaboraría la doctrina ideológica del catolicismo político colombiano y sería después el ideólogo intelectual de la Regeneración. Entre esos dos campos, la figura del propio Tomás Cipriano de Mosquera es la más ambigua: caucano de familia patricia, hermano de un arzobispo, cuatro veces presidente, capaz de aliarse sucesivamente con conservadores y radicales, decretó la reforma más severa contra la Iglesia de la historia colombiana en el momento en que le convenía política y militarmente hacerlo. Ni ideólogo puro ni caudillo cínico: pragmático de altura, jugó las cartas que la coyuntura de 1861 le repartió.

De Rionegro a la Regeneración

La Constitución de Rionegro de 1863 consagró el orden radical: federalismo extremo, libertades individuales absolutas, laicismo del Estado, subordinación de la Iglesia a la tuición de cultos. Sobre esa arquitectura constitucional se sostuvo la desamortización durante dos décadas. Pero el régimen radical se agotó por su propia lógica: la debilidad del gobierno central frente a los estados soberanos, las guerras civiles regionales, el enfrentamiento cultural con la Iglesia y con la mayoría católica de la población, y la incapacidad para consolidar una hacienda pública estable.

En 1884, Rafael Núñez llegó por segunda vez a la presidencia. Al frente de una coalición entre conservadores y un sector independiente del liberalismo, y con Miguel Antonio Caro como ideólogo, impulsó el programa que se conocería como la Regeneración: retorno a la autoridad, centralización política, administrativa y económica, y reconciliación con la Iglesia. La Constitución de 1886 fue su instrumento: transformó a Colombia de un sistema federal en uno centralista, declaró el catolicismo como la religión de la nación y estableció que la educación pública sería organizada en concordancia con la Iglesia. Un año después, en 1887, se firmó el Concordato con la Santa Sede.

El Concordato reconstruyó el pacto entre Iglesia y Estado. Devolvió a la Iglesia propiedades que le habían sido confiscadas, aunque —y este es un punto crucial— no logró revertir el grueso de las reformas de desamortización adelantadas por los radicales. La transferencia de bienes ya se había consumado y sus nuevos dueños no iban a devolverlos. Como compensación, el gobierno colombiano se comprometió a pagar a la Iglesia una renta destinada al auxilio de diócesis, cabildos, seminarios, misiones y otras obras eclesiásticas, con la previsión de que aumentaría al mejorar la situación fiscal. Fue una fórmula pragmática: reconocer los hechos consumados de la desamortización a cambio de asegurar a la Iglesia un ingreso perpetuo del erario y, sobre todo, un poder social y educativo que el radicalismo le había disputado.

El Concordato ató la educación pública a los preceptos de la Iglesia y le otorgó una importante incidencia en el aparato educativo oficial; concedió efectos civiles al matrimonio católico, con la consiguiente restricción del divorcio; estableció la obligación de los poderes públicos de proteger y hacer respetar la religión católica; y ratificó la libertad de la Iglesia frente al poder civil. En materia educativa, la Iglesia recuperaba una posición cercana a la que había tenido en la Colonia, aunque con mayor independencia frente al Estado. A cambio, aceptaba concesiones sobre sus antiguos derechos económicos: el patrimonio desamortizado no volvería.

La huella larga

La desamortización dejó tres legados de distinta duración. El primero, fiscal, fue el más breve: alivió coyunturalmente al tesoro sin resolverlo, y en pocos años la hacienda pública volvió a sus penurias crónicas. El segundo, agrario, fue modesto: transfirió bienes de la Iglesia a comerciantes liberales acaudalados y especuladores sin democratizar el acceso al suelo y sin alterar la estructura de la propiedad rural, dominada por los baldíos y por las grandes haciendas laicas. El tercero, político-cultural, fue el más profundo: rompió irreversiblemente el poder económico de la Iglesia en la escala en que este existía a mediados del siglo XIX, obligó a la institución a redefinir su lugar en la sociedad colombiana, y aseguró que el pacto de la Regeneración se firmara sobre nuevas bases, no sobre la restauración del orden colonial.

De la Constitución de 1886 y del Concordato de 1887 salió el marco que gobernó a Colombia durante más de un siglo. La Constitución permaneció en esencia vigente hasta 1991, y el Concordato definió las relaciones Iglesia-Estado, con reformas y renegociaciones, hasta bien entrado el siglo XX. En ese marco, la desamortización quedó como el episodio fundacional de la modernidad estatal colombiana en materia religiosa: el momento en que el Estado demostró que podía intervenir sobre el patrimonio eclesiástico, aunque el costo político y cultural de esa demostración fuera enorme y aunque los frutos económicos resultaran menores de lo prometido.

Vista desde el presente, la reforma revela la contradicción central del liberalismo radical colombiano: proclamó la libre circulación de la propiedad como principio modernizador pero careció de voluntad —o de capacidad, o de ambas— para redistribuirla. Sacó bienes de las manos muertas de la Iglesia y los puso, casi intactos, en las manos vivas de una élite mercantil que los guardó, los especuló o los usó como reserva. La inmovilización cambió de dueño; el suelo colombiano siguió esperando su reforma.