La Comisión Corográfica (1850-1859)

La Comisión Corográfica

Entre 1850 y 1859, un ingeniero italiano de cincuenta y ocho años y un puñado de letrados, dibujantes y baquianos recorrieron, expedición tras expedición, las provincias de la Nueva Granada con teodolitos, cuadernos de campo y cajas de acuarelas. La empresa, contratada por el gobierno de José Hilario López mediante la Ley 29 de 1849, se llamó Comisión Corográfica: un nombre técnico —del griego chōra, la descripción de regiones— que ocultaba una ambición mayor. Se trataba de levantar el primer mapa científico del país, redactar la geografía física y política de sus provincias, inventariar sus recursos y fijar sus tipos humanos. Nueve años después, Agustín Codazzi murió de fiebre amarilla en un caserío del Cesar que hoy lleva su nombre, dejando el trabajo inconcluso. Los mapas, informes, láminas y textos que produjo la Comisión —diseminados en periódicos como El Neogranadino, publicados póstumamente en volúmenes como la Geografía física y política de la Nueva Granada, guardados en carpetas que tardarían décadas en editarse— se convirtieron, sin embargo, en el archivo desde el cual Colombia aprendió a mirarse.

¿Qué fue exactamente esa empresa? ¿Un ejercicio de ciencia neutral, una tecnología liberal de gobierno, o un proyecto tan frágil que su pretensión de dominar el territorio se desmentía en cada silla de cargueros con la que atravesaba la cordillera? ¿Y por qué esa pregunta —aparentemente encerrada en la historia de la ciencia decimonónica— sigue determinando el modo en que Colombia se piensa a sí misma?

Por qué importa la pregunta

Discutir la naturaleza de la Comisión Corográfica no es un asunto interno de la historia de la ciencia. Es preguntar cómo se fabricó, en el siglo XIX, la imagen mental del territorio colombiano que todavía usamos: la que dice que hay una Colombia andina y una Colombia periférica, que los santandereanos son cívicos y republicanos, que el Pacífico es pobreza y ausencia de caminos, que el Caquetá y el Amazonas son un vacío. Nada de eso es evidente ni natural; todo eso fue producido —dibujado, escrito, medido y publicado— por un grupo de hombres específicos, en una coyuntura política específica, con instrumentos ideológicos específicos.

Lo que se juega es doble. Por un lado, entender la relación entre saber científico y proyecto estatal en un momento fundacional: la Comisión coincide con la abolición de la esclavitud en 1851, la reforma agraria liberal y la disputa entre centralismo y federalismo que desembocaría en la Constitución de 1858. Por otro, decidir si podemos seguir leyendo las 151 láminas del álbum, las descripciones de Ancízar sobre los campesinos veleños o los apuntes de Santiago Pérez sobre los negros del Chocó como fuentes de aquel país, o si son mejor entendidas como invención de ese país. La diferencia no es sutil: implica pensar si la Comisión describió lo que había o si produjo aquello que después creímos encontrar.

Las lecturas en pugna

Tres lecturas se disputan el sentido de la empresa. La primera, más antigua y todavía dominante en la memoria pública, la presenta como gesta científica: Codazzi como continuador de Humboldt y de Caldas, la Comisión como el primer inventario riguroso de un país que se desconocía a sí mismo, sus mapas como logro técnico que el Estado colombiano tardaría un siglo en igualar. Esta lectura tiene evidencia dura de su lado. Codazzi había dirigido antes la comisión corográfica de Venezuela; su equipo incluía a un botánico de la talla de José Jerónimo Triana, cuya Flora colombiana se construyó sobre materiales recogidos en esos años; los mapas producidos fueron los primeros levantados con criterio geodésico en el territorio; y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, fundada en 1887, todavía otorga cada dos años el Premio Lorenzo Codazzi al mejor aporte al conocimiento geográfico del país. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, creado en el siglo XX, perpetúa el mismo linaje.

La segunda lectura, más reciente, invierte el signo. La Comisión, dice, no describió Colombia: la inventó. Y la inventó en términos que sirvieron al proyecto liberal específico que la había contratado. Los tipos regionales —el santandereano igualitario, el antioqueño laborioso, el pastuso devoto y atrasado, el negro del Pacífico pobre y sin educación, el llanero salvaje— no son hallazgos etnográficos: son construcciones discursivas que articulan poblaciones, medios físicos y actividades productivas dentro de una jerarquía racial y civilizatoria. Que esas categorías sobrevivieran a la caída del liberalismo radical, a la Regeneración, al Frente Nacional y al siglo XX, mostraría precisamente que su función nunca fue científica sino simbólica: darle al Estado una imagen legible del territorio que necesitaba gobernar y que las élites bogotanas apenas conocían.

La tercera lectura, menos ruidosa pero implacable, insiste en la fragilidad del proyecto. La Comisión operó bajo cuatro gobiernos distintos, sobrevivió a guerras civiles, dependió de fondos irregulares y de la voluntad política de cada administración sucesiva. Su director murió en el trabajo. Excluyó de exploración intensiva un área casi equivalente al resto del país —Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Putumayo, Arauca, parte del Caquetá— porque el contrato mismo estipulaba que allí solo penetraría hasta donde hubiera "autoridad o misiones granadinas". En los tramos más difíciles de la cordillera, los ingenieros europeos avanzaban en sillas cargadas por hombres. En cada nueva región dependían de baquianos locales para saber dónde estaban los caminos, qué ríos eran vadeables, qué plantas eran útiles. Bajo esta lectura, hablar de la Comisión como "tecnología de dominación" es sobreestimar la potencia real de un Estado que apenas alcanzaba a pagarle a sus propios científicos.

Qué dice la evidencia

En el frente institucional, la paradoja salta a la vista. La Ley 29 de 1849 fue firmada por el gobierno liberal de López, pero el contrato con Codazzi se ejecutó bajo su administración y las siguientes: los gobiernos que sucedieron a López —incluidos los de Mosquera y Ospina Rodríguez, políticamente opuestos entre sí— continuaron dotando de fondos a la Comisión y garantizando su permanencia. Sostener durante casi una década un proyecto científico costoso en una república fracturada por las guerras de 1851 y 1854, por las constituciones de 1853 y 1858, implica un consenso élite mayor del que la historiografía polarizada del período suele reconocer. Ahí aparece la primera clave: el bipartidismo del siglo XIX, tan sangriento en la superficie, compartía por debajo un consenso sobre la necesidad de imaginar el territorio como totalidad legible.

Ese consenso venía de más atrás. Venía de la red letrada anudada en torno al Semanario del Nuevo Reino de Granada de 1809, donde Francisco José de Caldas, Joaquín Camacho y José Manuel Restrepo habían inaugurado una tradición de ensayo geográfico patriótico. Venía del Instituto Caldas y de la reedición que Joaquín Acosta hizo del Semanario en 1848, junto con su Compendio histórico y su nuevo mapa de la República. La Comisión no surge del vacío: hereda un archivo, un lenguaje y un elenco. Manuel Ancízar, Manuel María Paz, Santiago Pérez, Triana: todos son figuras de esa red antes de ser miembros de la Comisión, y todos siguieron siéndolo después. Esa continuidad —más resiliente que cualquier gobierno particular— es lo que explica que el proyecto sobreviviera a la muerte de Codazzi y a la desaparición del liberalismo que lo había impulsado. La infraestructura era letrada, no estatal.

En el frente clasificatorio, la evidencia empuja hacia la segunda lectura. Cuando Ancízar publica en El Neogranadino, desde el 11 de enero de 1850, las entregas de lo que sería la Peregrinación de Alpha, no está describiendo neutralmente lo que ve. Está construyendo un dispositivo diagnóstico. La provincia de Vélez aparece como región de pequeños propietarios sin grandes capitalistas, donde la igualdad social y la dedicación agrícola producen ciudadanos aptos para la república; la homogeneidad se elogia y se convierte en modelo. La procesión religiosa en pueblos de Boyacá o del sur se lee como síntoma de atraso; el catolicismo popular, como obstáculo al progreso. El tono cambia según la región: entusiasta ante el altiplano cundiboyacense y santandereano, distanciado y reprobatorio en zonas de mayor población negra o indígena, entre nostálgico y colonizador ante el páramo. Que la publicación generara protestas de las regiones aludidas confirma que los contemporáneos entendieron perfectamente: no se estaba levantando un inventario, se estaba asignando lugares en una jerarquía nacional.

Lo mismo ocurre con los Apuntes de Viaje de Santiago Pérez sobre el Chocó, Buenaventura, Túquerres y Pasto, publicados en El Neogranadino y El Tiempo en 1853. Pérez describe la pobreza de la población negra, la ausencia de caminos, la carencia de educación y —significativamente— "la falta de interés de los blancos hacia ellos". La descripción es lúcida y por momentos denuncia, pero la lógica del texto naturaliza una geografía moral: hay regiones que producen república y regiones que producen su ausencia. Esa dicotomía, refinada, es la que atraviesa toda la producción textual de la Comisión y la que, un siglo y medio después, sigue organizando la manera en que Colombia habla de su Pacífico, su Amazonía, sus llanos y su interior andino.

En el frente visual, las 151 láminas en acuarela realizadas por Carmelo Fernández y Henry Price —este último incorporado a la Comisión a finales de 1851— completan y a la vez complican el cuadro. Codazzi aspiraba a algo humboldtiano: registrar los elementos distintivos de cada región, articulando medio físico, actividades productivas y tipos humanos en una lógica de clasificación territorial. La idea humboldtiana de la unidad dentro de la multiplicidad organiza el acápite "Aspecto del país" y está presente en la selección de escenas. Pero las láminas hacen algo más que ilustrar: fijan íconos. El indígena guambiano con su ruana a rayas, los bogas del Magdalena, el minero antioqueño, el llanero a caballo, la campesina boyacense hilando: cada figura se vuelve tipo, y cada tipo se vuelve región. Leerlas hoy como "fuentes" para reconstruir el país de mediados del siglo XIX es reproducir su gesto fundacional. Son, más bien, la primera producción sistemática de un imaginario racial y regional que la fotografía costumbrista, el cine, la publicidad y el turismo del siglo XX heredarían casi sin modificaciones. El costumbrismo pictórico de Torres Méndez, coetáneo, funciona con la misma gramática.

Entonces, ¿qué fue la Comisión?

Ninguna de las tres lecturas basta por sí sola, y quizá sea esa insuficiencia recíproca lo más revelador. La Comisión Corográfica fue las tres cosas a la vez, y su interés histórico reside precisamente en esa simultaneidad tensa.

Fue empresa científica: los mapas de Codazzi, los herbarios de Triana, las mediciones altimétricas, los perfiles geológicos son ciencia real, hecha con el rigor que el estado del arte permitía y bajo condiciones físicas atroces. Reducirla a "dispositivo de poder" a secas ignora la calidad material de lo que produjo y borra el trabajo específico de sus practicantes.

Fue tecnología liberal de gobierno: el momento en que se contrata, los objetivos declarados —levantar el mapa, estudiar las provincias, identificar recursos, esclarecer el uso de baldíos—, el nexo con las reformas de Murillo Toro en Hacienda, la reutilización posterior de sus materiales en los debates constitucionales de 1858 muestran que la Comisión estuvo integrada a un proyecto político concreto: producir una imagen gobernable del territorio para un Estado que quería privatizar tierras eclesiásticas y comunales, abrir baldíos a la colonización, redistribuir el poder entre centro y regiones. La ciencia no fue coartada; fue palanca.

Y fue proyecto frágil: la muerte de Codazzi en 1859, la exclusión efectiva de más de la mitad del territorio nacional, la dependencia crónica de baquianos indígenas y campesinos para sostener las expediciones, la publicación póstuma y fragmentaria de la obra, el fracaso posterior de los agrimensores formados en su estela para privatizar los resguardos —donde cabildos indígenas e intereses locales bloquearon una y otra vez al Estado moderno pese a todo su aparato de ciencia europea— demuestran que la ambición estatal excedió con mucho su capacidad efectiva. La Comisión no gobernó el territorio; ni siquiera lo recorrió entero.

El poder duradero de la Comisión no derivó, entonces, de dominar el territorio que cartografiaba —en eso fracasó— sino de fijar las categorías estético-raciales con que Colombia se sigue imaginando, y esa fijación fue posible porque la red letrada que la sostenía era anterior, más resiliente y más autónoma que el Estado que la contrató. El liberalismo específico que financió la empresa perdió el poder en 1886; sus categorías, no. Sobrevivieron a la Regeneración, al pensamiento conservador, al catolicismo político, al Frente Nacional y a los ciclos de violencia del siglo XX, porque no dependían del liberalismo como partido sino de la red letrada como estructura de larga duración.

Sobre la agencia hay que ser específico. Codazzi era el técnico, el italiano contratado, el ingeniero del teodolito; pero los tipos regionales, los diagnósticos sobre las virtudes cívicas, la lectura de la procesión como síntoma de modernidad o atraso, la clasificación racial de los paisajes —todo eso lo pusieron Ancízar, Pérez, Triana, Paz y los pintores. Fue una operación de agencia letrada criolla que usó el paraguas estatal para producir su propia etnografía política. Por eso las categorías sobrevivieron al Estado que las encargó: pertenecían a la red, no al gobierno.

La consecuencia para la memoria disciplinar es incómoda. La geografía escolar colombiana, los manuales, los mapas turísticos, las divisiones administrativas mismas, y hasta buena parte del discurso sobre la "Otra Colombia" —esa fórmula recurrente para hablar de las periferias— repiten, refinadas, las particiones que la Comisión estableció entre 1850 y 1859. Cuando se dice que hay una Colombia andina y una Colombia periférica, cuando se distingue al pueblo antioqueño del pueblo pastuso, cuando se habla del "vacío" del oriente amazónico, se está usando, sin saberlo, el vocabulario que Ancízar y Codazzi acuñaron. El Amazonas no es un vacío geográfico: es un vacío cartográfico específico, producido por un contrato de 1849 que excluyó esa región de la exploración intensiva. Ese vacío se volvió naturaleza en el imaginario colombiano, y con él viajaron las políticas públicas —o su ausencia— hacia esos territorios durante siglo y medio.

Lo que queda abierto

La respuesta anterior deja varios flancos que la evidencia disponible no cierra del todo, y son ellos los que devuelven a la pregunta su filo.

Está, primero, el peso relativo de Codazzi frente a sus colaboradores criollos en la producción de las categorías clasificatorias. Codazzi era el director, firmaba los informes técnicos y provenía de una tradición humboldtiana europea; Ancízar, Pérez y Triana escribieron los textos más ideológicamente cargados. Pero la división del trabajo intelectual entre el italiano y el círculo letrado bogotano —quién sugirió qué, quién redactó qué, dónde termina la ciencia de campo y dónde empieza la etnografía política— requiere un estudio del corpus más fino que el disponible. La historiografía tiende a atribuir todo a Codazzi por comodidad nominal; la responsabilidad probablemente esté más repartida.

Está, en segundo lugar, la relación efectiva entre los materiales de la Comisión y las políticas públicas concretas del liberalismo radical. Que los trabajos fueron redesplegados para encajar en la transformación constitucional-territorial de 1858 es una afirmación plausible, pero el mecanismo preciso —qué mapas se usaron en qué debates del Congreso, qué informes citaron los reformadores, qué decisiones de deslinde de baldíos se basaron en qué levantamientos— está poco documentado en detalle. La historia administrativa de esa apropiación aún debe escribirse.

Está, en tercer lugar, el papel de los baquianos, guías, cargueros y colaboradores locales. Los diarios de campo mencionan su presencia, los cronistas los evocan como parte del paisaje humano de las expediciones, pero como sujetos de conocimiento son casi invisibles en el producto final. La Comisión no habría existido sin ellos —sin quienes cargaban las sillas en la cordillera, sin quienes conocían los caminos y los ríos, sin quienes tradujeron con los indígenas del sur y del oriente—, y sin embargo el archivo que produjo los borró como agentes epistémicos. Recuperar esa contribución subalterna es una tarea historiográfica pendiente, y no menor: implicaría reescribir la historia de la ciencia colombiana desde abajo.

Y está, por último, la cuestión más incómoda. Si aceptamos que las categorías de la Comisión aún organizan la imaginación territorial colombiana, ¿qué hacemos con ellas? Denunciarlas y proponer alternativas es insuficiente. Esas categorías están sedimentadas demasiado hondo: en la lengua cotidiana, en los currículos escolares, en las estadísticas oficiales, en la autoimagen regional de los colombianos. La crítica académica no basta. La Peregrinación de Alpha, el álbum de láminas y la Geografía física y política no son objetos muertos del siglo XIX: son operadores activos del siglo XXI. Leerlos como fuentes neutrales reproduce su sesgo; ignorarlos deja intactas sus consecuencias. La única salida honesta es leerlos como lo que fueron: un acto fundacional de soberanía simbólica, hecho por hombres específicos con intereses específicos, cuya autoridad estética sobrevivió a las políticas que lo engendraron. Reconocer ese origen no lo destruye; lo vuelve inteligible.

¿Y basta con volverlo inteligible? ¿Alcanza la lucidez retrospectiva para desactivar un imaginario que un puñado de hombres, en nueve años atravesados por guerras y penurias, logró incrustar tan hondo que hoy parece paisaje? La pregunta con que la Comisión Corográfica interpela a Colombia no es qué hizo entre 1850 y 1859, sino si es todavía posible pensar el país por fuera de las categorías que allí quedaron fijadas. La respuesta no está en el archivo.