Caída de Mosquera y consolidación civilista (1867)

La caída de Mosquera y el 23 de mayo de 1867

En la madrugada del 23 de mayo de 1867, una compañía de tropas leales al Congreso rodeó el Palacio de San Carlos, en Bogotá, y arrestó al presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Con él caía el último gran caudillo de la generación bolivariana: cuatro veces presidente, general de la Independencia, protagonista de la guerra civil de 1859-1862, arquitecto tanto de la desamortización de bienes de manos muertas como de la Constitución federal de Rionegro. El golpe fue rápido, casi sin sangre, y su ejecución tuvo la eficacia fría de una operación de gabinete: en cuestión de horas, el segundo designado, Santos Acosta, asumió el poder ejecutivo. La Colombia federal que salió de esa noche dejó de ser gobernada por generales que habían combatido a Morillo y pasó a manos de una élite letrada, joven y civil —abogados, congresistas, hombres de imprenta— que gobernaría por una década bajo el nombre con que la historia los recuerda: el Olimpo Radical. La paradoja fundacional del período estaba escrita desde su primer día: para inaugurar el civilismo, los radicales necesitaron un cuartelazo.

El país que Mosquera heredó de sí mismo

Cuando Mosquera asumió su cuarto y último mandato, en el bienio 1866-1868, ya no gobernaba el país que había conquistado militarmente cinco años antes. La victoria en la guerra civil de 1859-1862 —el único caso, en toda la historia colombiana, en que una guerra civil de gran formato acabó derribando al gobierno establecido— lo había convertido en el árbitro indiscutido del liberalismo triunfante. De esa hegemonía militar salió la Convención de Rionegro, instalada el 4 de febrero de 1863, y con ella la Constitución que refundó al país como Estados Unidos de Colombia: nueve estados soberanos, un gobierno central deliberadamente débil y un pacto federal cuya reforma exigía el consentimiento unánime de todos los estados.

La Constitución de Rionegro fue, en su intención, el instrumento más audaz de la reforma liberal decimonónica en Hispanoamérica. Abandonó la fórmula "En nombre de Dios" y la sustituyó por la invocación "En nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos Colombianos", declaración laica que resumía todo un programa. Garantizó la libertad religiosa, de expresión y de imprenta; ratificó la eliminación de la pena de muerte; permitió a los estados levantar milicias propias, emitir estampillas postales, definir su régimen electoral y adoptar sus propios códigos —civil, minero, de tierras, electoral—. El resultado fue un federalismo extremo, casi confederal, en el que cada estado podía ejercer cualquier atribución no reservada expresamente al gobierno central. Colombia se convertía, sobre el papel, en un archipiélago de repúblicas menores.

Y sin embargo, ya en Rionegro había una fractura. Mosquera sabía, antes de la instalación de la Convención, que la composición de la asamblea no le sería enteramente favorable: había una facción liberal —los que la historiografía llamaría radicales— dispuesta a limitar su liderazgo caudillista y a construir un orden más doctrinario que militar. Mosquera respondió como sabía: llegó a Rionegro escoltado por una división del ejército fiel a su persona. La imagen —el caudillo triunfante custodiando con bayonetas la asamblea que redactaba su carta magna— sintetiza la tensión que gobernaría al liberalismo entero durante los años siguientes. La Constitución de 1863 fue, en cierto modo, un tratado de paz precario entre dos formas de entender el mismo partido: el liderazgo carismático-militar del caudillo bolivariano y el proyecto letrado de sus adversarios internos.

A esa fractura primaria se sumaba otra, más antigua, que atravesaba al liberalismo desde mediados de siglo: la división entre gólgotas o radicales —vinculados al libre comercio y a los intereses mercantiles urbanos— y draconianos o demócratas —de sesgo proteccionista y anclados en las clientelas artesanales—. La represión del golpe artesanal de José María Melo en 1854, en la que participaron figuras como Manuel Murillo Toro, había sellado la derrota política de los draconianos y consolidado el predominio interno de los radicales dentro del liberalismo civil. Cuando Mosquera regresó al poder en 1861, lo hizo como un caudillo cuya cultura política era ajena a esa hegemonía doctrinaria: era el general venido del Cauca, el hombre de Popayán, no el letrado de las academias bogotanas. La alianza fue táctica y siempre precaria.

Las reformas de 1861 y el hogar dividido

La materia sobre la cual se sostenía —y a la vez se erosionaba— el liderazgo mosquerista era, ante todo, la reforma anticlerical. Antes de la Constitución de Rionegro, Mosquera había expedido en 1861 las leyes que expropiaron las tierras, casas y edificios pertenecientes a las comunidades religiosas en todo el país, ordenando el cierre de los conventos que desacataran la disposición. El Decreto del 9 de septiembre de 1861 formalizó la desamortización de bienes de manos muertas, que operó con un sistema de rendimiento del 6% sobre los censos y se propuso, simultáneamente, dos objetivos: quebrar el poder económico de la Iglesia y aliviar un tesoro público exangüe por décadas de guerra civil.

Los efectos fueron dispares y regionalmente asimétricos. En Bogotá, donde la Iglesia poseía una fracción considerable de la propiedad raíz y donde conventos como Santo Domingo y la Concepción figuraban entre los propietarios urbanos más ricos, la desamortización transformó materialmente la topografía de la ciudad y engordó los patrimonios de los comerciantes que compraron los bienes. En Antioquia, en cambio, los ingresos por venta de bienes eclesiásticos fueron sorprendentemente bajos: la Iglesia local nunca había acumulado riqueza a escala comparable, la mayor parte de las manos muertas antioqueñas consistía en censos, y muy pocos deudores acudieron a redimirlos ante el tesoro nacional —en parte por convicción católica, en parte por temor a la reprobación eclesiástica de la vecindad—. La reforma consagraba, entonces, no una redistribución nacional homogénea sino un fortalecimiento específico de las élites mercantiles bogotanas, cuyo vínculo con el liberalismo radical se estrecharía en los años siguientes.

Las medidas —expropiación de bienes eclesiásticos, expulsión de los jesuitas, extinción de conventos— excedieron ampliamente los despachos oficiales. Penetraron la vida doméstica y caldearon los hogares, arrastrando a las mujeres —hasta entonces marginales en el conflicto político formal— a los debates religiosos de las salas, cocinas y confesionarios. El anticlericalismo mosquerista y radical construyó así una polarización cuya intensidad no se explica solo por la política de partidos: se libraba también en el pulso cotidiano entre feligresía y Estado, entre el confesor y el gobernador. Cuando llegara la Regeneración de fines de siglo, el Concordato negociado con la Santa Sede en 1887 no lograría revertir el fondo de esas reformas: la desamortización había sido irreversible, aun cuando la retórica pública oscilase.

El Congreso contra el Presidente

Al iniciar su cuarto período, Mosquera regresaba a un poder ejecutivo que la propia Constitución de 1863 había reducido a una silueta. Los períodos presidenciales duraban apenas dos años, los estados retenían la mayor parte de las atribuciones sustantivas, y el Congreso de los Estados Unidos de Colombia —reunido en Bogotá— se había convertido en el verdadero centro de gravedad del sistema. Allí gobernaba, con cada vez mayor cohesión, la facción radical: Manuel Murillo Toro, Salvador Camacho Roldán, Aquileo Parra, Santos Acosta, Santos Gutiérrez, Eustorgio Salgar. La mayoría eran juristas, publicistas o congresistas de carrera; varios habían pasado por la prensa o por las cátedras. Su horizonte era el de una república civil, doctrinaria, hostil al caudillismo militar que Mosquera encarnaba.

La colisión era inevitable. El presidente, acostumbrado al mando pleno y desconfiado de una asamblea que percibía como obstáculo, comenzó a gobernar por decreto sobre materias que el Congreso reclamaba como propias. Se negó a acatar controles legislativos, chocó con las cámaras sobre nombramientos, presupuestos y política exterior, y adoptó medidas de emergencia que sus adversarios calificaron rápidamente de dictatoriales. Para los radicales, la deriva no era una anomalía sino la confirmación de lo que temían desde Rionegro: que el caudillo bolivariano, envejecido pero aún vigoroso, no aceptaría subordinarse al orden letrado que el propio triunfo liberal había hecho posible.

La atmósfera bogotana de aquellos meses puede seguirse, con oblicuidad, en la prensa. Desde el 22 de junio de 1866 circulaba en la capital La Bruja, hoja publicada los viernes, en formato pequeño de dos columnas, que llevaba como lema permanente "Periódico de todos los partidos, es decir, a la moda". La ironía de la divisa —esa distancia risueña respecto al ardor partidista— retrataba un momento en que los partidos ya no eran solo doctrinas sino modas culturales que atravesaban salones, cafés y tertulias. En su primera entrega, La Bruja aludía a la reciente desaparición de El Bogotano con la frase "EL BOGOTANO murió... murió... i yo vivo aún", guiño gremial que sugiere el trasiego constante de imprentas, redactores y opiniones en la capital. Bogotá era, en 1866-1867, una ciudad de opinión efervescente: los mismos comerciantes que se beneficiaban de la desamortización financiaban las gacetas que después denunciarían al presidente que la había decretado.

Contra Mosquera no se preparaba, técnicamente, una revolución. Se preparaba una operación institucional. El plan de los radicales tenía la forma de un juicio: usar los mecanismos del Senado —convertido en tribunal— para procesar al presidente por violación de la Constitución. Era, en su lógica, la solución más elegante al problema del caudillismo: derrocarlo con sus propias armas legales, es decir, con la carta de Rionegro que él mismo había contribuido a proclamar cuatro años antes.

La noche del 23 de mayo

El 23 de mayo de 1867, la operación pasó de la anticipación jurídica al hecho consumado. Antes del amanecer, tropas leales al Congreso —encabezadas por oficiales jóvenes vinculados al radicalismo— rodearon el Palacio de San Carlos, sede del ejecutivo. La resistencia fue mínima: hubo despliegue armado, pero no combate propiamente dicho. Mosquera, tomado por sorpresa en su propia residencia oficial, fue arrestado. En el mismo movimiento, el Congreso asumió la iniciativa constitucional: el segundo designado a la presidencia, Santos Acosta, se hizo cargo del poder ejecutivo. Antes del final del día, la República tenía nuevo gobierno.

La rapidez y la limpieza de la operación deben leerse en su contexto exacto. En el siglo XIX colombiano, los intentos de derrocar por la fuerza al gobierno establecido fueron numerosos y casi todos terminaron en fracaso: la Guerra de los Supremos —aquel alzamiento de caudillos provinciales contra el gobierno central que inauguró la larga cadena de conflictos armados del siglo—, la revolución conservadora de 1851, el golpe artesanal de Melo en 1854, todos fracasaron. La dictadura de Rafael Urdaneta, resultado de un pronunciamiento exitoso, fue derrocada al año siguiente por una contrarrevolución, de modo que ambos alzamientos exitosos se cancelaron mutuamente. La única gran ruptura victoriosa había sido la guerra civil de 1859-1862, precisamente la que llevó a Mosquera al poder. En esa larga contabilidad de fracasos, el 23 de mayo de 1867 constituyó una excepción rara: un derrocamiento rápido, incruento y consolidado. Todavía después, los tres levantamientos liberales de 1885, 1895 y 1899-1902, así como el levantamiento conservador de 1876, terminarían en derrota. La operación radical fue, en términos comparativos, casi un accidente histórico: la única transición violenta del período que salió como sus autores la planearon.

Los golpistas justificaron el hecho ante la opinión pública con un doble argumento: que el gobierno de Mosquera había degenerado en dictadura, y que la acción del Congreso había restaurado el orden constitucional evitando una guerra civil sangrienta. La primera afirmación tenía sustento en la deriva ejecutiva de los meses previos; la segunda era, sobre todo, una construcción retrospectiva que envolvía el cuartelazo en el manto de la legalidad. La ambigüedad estaba en el corazón del gesto: se había derrocado a un presidente electo mediante una operación militar, y sin embargo el operativo se presentaba —y en cierto modo lo era— como una acción del Poder Legislativo para defender la Constitución contra un Ejecutivo desbordado. El civilismo nacía de un uso instrumental de la fuerza; el orden letrado se estrenaba con el arresto de un general en su propia casa presidencial.

Con Mosquera derrocado, los vencedores fueron —dentro de la política decimonónica— generosos. No hubo proceso sumario, no hubo cadalso. El caudillo fue enviado al exilio, del que regresaría después para vivir sus últimos años en el Cauca. Era una generosidad calculada: los radicales sabían que un martirio habría cargado al mosquerismo de una legitimidad que la deposición ordinaria le negaba. Al enviarlo lejos y devolverlo luego a la vida privada, lo neutralizaban sin convertirlo en símbolo.

Del caudillo al colegio letrado

Lo que vino después fue, en la historia colombiana, un fenómeno inédito: una sucesión pacífica y regular de presidentes civiles pertenecientes al mismo partido. Santos Acosta, que había asumido el 23 de mayo de 1867, completó el período interrumpido. En 1868 le sucedió Santos Gutiérrez. Luego vendrían, en cadena, Eustorgio Salgar, Manuel Murillo Toro en su segundo turno, Santiago Pérez, Aquileo Parra, Julián Trujillo. Entre 1867 y 1877, aproximadamente, el Partido Liberal ejerció lo más próximo a una hegemonía política que Colombia conocería en el siglo. Los historiadores bautizaron a esa sucesión con nombre helénico: el Olimpo Radical.

La composición de ese Olimpo revelaba una mutación profunda del personal político. Salían de escena los generales de la Independencia y de las guerras civiles medias del siglo; entraban abogados, catedráticos, periodistas, comerciantes ilustrados. La cultura política se desplazaba del campamento militar al despacho legislativo, del pronunciamiento al artículo de prensa, del cuartel al Capitolio. La república letrada tenía, por primera vez, condiciones institucionales para gobernar sin la sombra permanente del caudillo. Murillo Toro, veterano de las contiendas contra Melo, encarnaba la continuidad doctrinaria del proyecto radical; Camacho Roldán aportaba la síntesis entre economía política y liberalismo; Aquileo Parra representaba el vínculo entre el radicalismo doctrinario y los intereses del comercio santandereano y bogotano.

Y aquí está el matiz que la palabra "Olimpo" tiende a ocultar. La hegemonía radical fue real, pero territorialmente limitada. Su centro material y político estaba principalmente en el Estado Soberano de Cundinamarca, y de manera secundaria en Santander y en algunas áreas de Boyacá. En el Cauca —donde Mosquera conservaba lealtades personales— y en amplias regiones de Antioquia, Bolívar y el sur del país, el radicalismo bogotano ejercía una preeminencia frágil, mediada por gobernadores locales y siempre expuesta a la insubordinación regional. La Constitución de Rionegro, con su federalismo extremo, había hecho posible el triunfo del radicalismo en Bogotá y, al mismo tiempo, había fijado los límites geográficos de ese triunfo: los mismos estados soberanos que blindaban a los radicales del centralismo mosquerista los blindaban también contra su propia capacidad de extender el orden liberal al resto del país. El Olimpo gobernaba sobre un archipiélago que no podía unificar.

Los negocios del orden ilustrado

Bajo la hegemonía radical, la vida económica de Bogotá se transformó de un modo que la historia política tiende a subestimar. En 1870 se fundó, con apoyo y protección oficial del gobierno, el Banco de Bogotá; en los años siguientes se establecieron otras casas bancarias que estrecharían los vínculos entre el liberalismo radical y los intereses del comercio capitalino. La desamortización mosquerista había puesto en manos privadas —principalmente de comerciantes bogotanos— una masa considerable de bienes urbanos y rurales; la política monetaria y crediticia del radicalismo convirtió ese patrimonio en capital circulante. El resultado fue una simbiosis entre partido y clase mercantil que a los radicales les permitía presentarse, con verdad parcial, como el partido del progreso y de la economía moderna, y que a los comerciantes bogotanos les aseguraba una influencia política incomparable en la historia colombiana previa.

Esta dimensión material es indispensable para entender la naturaleza del giro de 1867. La caída de Mosquera no fue solo un desplazamiento generacional o doctrinario: fue también la consolidación de un bloque social específico —la burguesía comercial bogotana y sus aliados letrados— sobre el aparato del Estado. El anticlericalismo, la libertad de imprenta, la educación laica que el radicalismo defendería eran principios genuinamente sostenidos; pero eran también las banderas culturales de una élite regional que había ganado, por fin, el control del gobierno central. El civilismo tenía dirección política: apuntaba desde Bogotá hacia afuera, y desde ciertos apellidos hacia el resto del país.

Las causas: estructura y detonante

Detrás del 23 de mayo hay causas que operan en tres tiempos distintos. La primera, estructural, es la fractura interna del liberalismo que atravesaba el siglo desde antes: la tensión entre caudillismo militar y proyecto letrado, entre la matriz de la Independencia y la matriz de la república doctrinaria. Esa fractura, visible ya en la campaña contra Melo en 1854 y en la escenografía militar de Rionegro en 1863, se resolvió finalmente en 1867 a favor del proyecto letrado. Mosquera era, para los radicales, el último gran obstáculo que impedía la maduración del partido en un cuerpo de gobierno civil.

La segunda causa, coyuntural, fue la propia deriva del cuarto mandato: el uso creciente de facultades extraordinarias, el conflicto continuo con el Congreso, la percepción cada vez más extendida —dentro incluso del liberalismo— de que Mosquera se comportaba como un dictador. En un régimen federal con presidencia bienal, esa deriva era doblemente intolerable: violaba el pacto de Rionegro y amenazaba con perpetuar un liderazgo personal en un sistema diseñado, precisamente, para impedir la personalización del poder.

La tercera causa, más profunda pero menos visible, fue la consolidación de un bloque social —la burguesía comercial bogotana— cuya reproducción económica se había vuelto incompatible con la imprevisibilidad del gobierno de un caudillo. La estabilidad de los negocios, la protección del crédito, la previsibilidad de la política pública, requerían un gobierno de gabinete civil, dócil a los intereses del comercio y previsible en sus decisiones. El caudillo, por definición, no ofrecía esa previsibilidad. Los radicales, sí.

El detonante inmediato fue la maduración simultánea de estos tres factores en el Congreso bogotano de mayo de 1867. Cuando la operación se decidió, la coalición contra Mosquera incluía a los doctrinarios del partido, a los oficiales jóvenes hastiados del caudillismo, a los comerciantes que financiaban la prensa liberal y a los designados constitucionales dispuestos a asumir el poder. Ninguno solo habría bastado. Juntos, hicieron irresistible la caída.

Lo que quedó del 23 de mayo

Las consecuencias inmediatas fueron nítidas. Colombia entró en una década de gobiernos civiles del mismo partido, con transiciones presidenciales relativamente ordenadas y una vida institucional inédita en su intensidad. El Congreso se afirmó como poder efectivo. La prensa se multiplicó. Bogotá se llenó de bancos, imprentas, cátedras y sociedades de discusión. El anticlericalismo se profundizó en la educación pública y en la legislación de los estados. Los radicales convirtieron el proyecto de Rionegro en gobierno cotidiano.

Pero las consecuencias de largo plazo son más ambiguas. El federalismo extremo, que había protegido a los radicales del caudillismo, terminó volviéndose contra ellos: los estados soberanos —cada uno con sus milicias, sus códigos y sus reglas electorales— hicieron imposible una acción nacional coherente. Las guerras civiles no desaparecieron; se acumularon en forma de conflictos regionales que erosionaron la autoridad del gobierno central. Cuando en la década de 1880 emergió, dentro del propio liberalismo, la corriente independiente que se aliaría con los conservadores para dar vida a la Regeneración de Rafael Núñez, lo hizo denunciando exactamente los efectos que el modelo de 1863 había producido: fragmentación, ingobernabilidad, guerras periódicas, tesoro insolvente. El Olimpo Radical cayó, en cierto sentido, por su propia lógica interna.

La generosidad de los vencedores del 23 de mayo tampoco pasó a la historia como norma. Los conflictos posteriores del siglo —1876, 1885, 1895, 1899-1902— serían crecientemente sangrientos, hasta desembocar en la Guerra de los Mil Días. La operación quirúrgica de 1867 fue, retrospectivamente, la excepción, no el nuevo estándar de la política nacional.

Y, sin embargo, algo perduró. La idea de que Colombia debía ser gobernada por civiles ilustrados, y no por generales, se estableció en 1867 como horizonte permanente de la cultura política nacional. Todos los proyectos hegemónicos posteriores —la Regeneración conservadora, la República Liberal de los años treinta, el Frente Nacional— reivindicarían, con matices, ese civilismo. La forma en que el país imagina el poder legítimo —civil, letrado, con presidencia colegiada de facto y competencia partidista regular— tiene una de sus raíces en la operación radical de mayo de 1867. Que esa raíz haya germinado en un cuartelazo, y que el proyecto que inauguró haya sido más regional que nacional, no le resta importancia fundacional. Le añade, más bien, la complejidad que suele caracterizar a los verdaderos comienzos: nada empieza limpio, ni siquiera el civilismo.