Santos Acosta

La semblanza

Santos Acosta pertenece a la cohorte de mandatarios boyacenses que ocuparon la presidencia con notable frecuencia durante el siglo XIX. Es, además, una rareza estadística: en la larga lista de presidentes colombianos decimonónicos, dominada por abogados y militares de carrera, figura con la combinación poco frecuente de médico y militar. Ese perfil híbrido —hombre de ciencia y hombre de armas, no ideólogo del derecho ni pluma de periódico— lo distingue del prototipo del dirigente radical, que solía ser un jurista formado en las escuelas de Bogotá, lector de Bentham y Bastiat, aficionado por igual a la enseñanza y a la redacción de gacetas.

La anomalía biográfica tiene peso. Los líderes del liberalismo radical colombiano se movían entre el foro, la cátedra y la imprenta; construían su capital político en la doctrina antes que en el campo de batalla. Santos Acosta llegó al radicalismo por otro camino: la carrera militar en las guerras civiles del período, con el grado de general, y una respetabilidad profesional adquirida en la medicina. Esta doble condición explica dos cosas al mismo tiempo: por qué era aceptable como interlocutor para los oficiales del ejército mosquerista que rodeaban al dictador en 1867, y por qué encajaba en el proyecto de los civilistas radicales que necesitaban un rostro liberal para restaurar el orden constitucional. Fue el hombre justo en la posición justa.

Su presidencia duró apenas once meses. Su vida pública se extendió décadas más —en la Corte Suprema, en el Congreso, en los círculos del radicalismo—, pero nunca volvió a la primera línea del poder ejecutivo. Murió en 1901, en las postrimerías de la Guerra de los Mil Días, sobreviviendo casi quince años a la Constitución de 1863 que había ayudado a consolidar y que la Regeneración había desmontado en 1886. Entre el golpe que lo encumbró y la muerte que lo sorprendió bajo un orden constitucional opuesto al suyo se extiende una biografía de servicio institucional discreto, sin culto póstumo y sin monumento retórico.

Los orígenes boyacenses

Miraflores es un pueblo de la provincia de Tunja, en la vertiente oriental de la cordillera, tierra de temple frío y agricultura de páramo. Allí nació Santos Acosta en 1827, apenas seis años después de la definitiva independencia y en un país que aún debatía si sería república unitaria o federación. Boyacá era entonces —y siguió siéndolo durante todo el siglo XIX— un semillero de mandatarios: cinco presidentes del país nacieron en su territorio a lo largo de esos cien años. El altiplano de Tunja combinaba una tradición letrada heredada de la Colonia con una densidad rural que producía tanto clérigos como caudillos, y de esa mezcla salieron figuras tan distintas como José Ignacio de Márquez y Aquileo Parra.

Para los jóvenes criollos de las provincias neogranadinas, el camino ordinario hacia los cargos de gobierno pasaba por el estudio del derecho en los colegios mayores de la capital, o bien por vínculos familiares y de patronazgo con quienes ya ejercían el poder regional. Santos Acosta eligió una ruta menos frecuentada: la medicina. En un país donde el título de médico era todavía escaso, esa formación le confería un prestigio distinto al del abogado, más ligado a la beneficencia y a la sociabilidad de las élites urbanas que al ejercicio directo de la política. Sobre esa base profesional se superpuso, después, la carrera militar: no la del oficial formado en academia, sino la del general que gana galones en la guerra civil, mediante la conjunción de méritos de campo y padrinazgo político. En el siglo XIX colombiano, el grado de general se alcanzaba con frecuencia por vías extrainstitucionales —vínculos familiares, relación con el caudillo regional, oportunismo en el momento decisivo— y esa era la norma más que la excepción.

Boyacá le dio, además, una filiación regional al liberalismo. Aunque el conservatismo tenía en el altiplano fuertes bastiones, especialmente en las parroquias con clero organizado, existía también una tradición liberal boyacense que se nutriría de figuras como Santos Gutiérrez, su sucesor inmediato en la presidencia, y Aquileo Parra, presidente durante la crítica guerra de 1876. Santos Acosta pertenece a esa cofradía de liberales del oriente andino que combinaban la formación letrada con la disposición al mando militar.

La trayectoria: guerras civiles, judicatura, Rionegro

La carrera de Santos Acosta se forjó en el marco convulso de las guerras civiles neogranadinas. El siglo XIX colombiano estuvo marcado por ocho grandes conflictos armados y veintitrés contiendas o refriegas regionales, cifra que asciende a cerca de setenta enfrentamientos cuando se suman los levantamientos menores. En ese ambiente permanentemente militarizado creció su generación política.

La guerra civil de 1851, provocada por sectores del partido conservador en torno a cuestiones religiosas y sociales tras las reformas del gobierno de José Hilario López, fue el primer conflicto de envergadura que le tocó de cerca. Le siguió el reordenamiento del liberalismo hacia mediados de la década, cuando la corriente se dividió entre gólgotas —vinculados al comercio y al librecambio— y draconianos —demócratas de tendencia proteccionista, con base en los artesanos urbanos—. El aplastamiento de la coalición militar-artesanal en 1854 dejó el terreno despejado para el ascenso doctrinario de los gólgotas, cuya victoria abriría el camino al radicalismo hegemónico de las décadas siguientes.

El conflicto decisivo, sin embargo, fue la guerra civil de 1859-1862. Iniciada por Mosquera desde el Cauca contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez, terminó con el triunfo del general antioqueño y de los liberales radicales, que redactaron una nueva Constitución federalista y anticlerical. Aquella contienda tiene un lugar especial: fue el único caso, en toda la historia colombiana del siglo XIX, en que un gobierno constituido fue derrocado mediante guerra civil a gran escala. Casi todos los demás levantamientos armados del período fracasaron; el de 1859-1862 constituyó la única revolución exitosa por vía militar abierta. Al final de esa guerra, Mosquera regresaba al poder ya no como el caudillo conservador que había sido en su primera presidencia, sino como el gran jefe del liberalismo militar.

De aquella guerra emergió el orden constitucional en el que Santos Acosta desplegaría su vida pública. La Convención de Rionegro se instaló el 4 de febrero de 1863 en la pequeña población antioqueña, y expidió pocos meses después la Constitución de los Estados Unidos de Colombia. Fue la primera carta magna del país que no comenzó "En nombre de Dios", sino "En nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos Colombianos": un gesto laico deliberado que resumía el temperamento de la nueva república. Sus autores decretaron la unión "a perpetuidad" de nueve estados soberanos y les concedieron facultades tan amplias que el gobierno central quedó reducido a la administración de un puñado de asuntos comunes.

Los estados podían ejercer cualquier función que no estuviera expresamente reservada al centro: dictar sus propios códigos —minero, civil, electoral, de tierras—, determinar quiénes tenían derecho al voto en su territorio, emitir estampillas postales, mantener milicias propias. La Constitución solo podía enmendarse por consentimiento unánime de los nueve estados, cláusula que la hacía casi inmodificable. El calendario electoral fragmentaba las elecciones presidenciales de mayo a noviembre, escalonándolas por estado; el presidente quedaba elegido seis meses antes de posesionarse, y magistrados de la Corte Suprema, procurador general y demás altos cargos se elegían en comicios separados, lo que mantenía al país en permanente debate electoral. Fue el diseño constitucional más descentralizado que Colombia haya conocido, y también el más difícil de gobernar.

En esa arquitectura, Santos Acosta ocupó posiciones de peso: magistrado, congresista, hombre de confianza en las instituciones judiciales del régimen radical. Su condición de segundo designado para la presidencia en 1867 no era menor: reflejaba una jerarquía dentro del partido y una estimación de su respetabilidad institucional. En un sistema que debilitaba deliberadamente al ejecutivo nacional para engrandecer a los estados, la designación funcionaba como mecanismo de sustitución ordinaria: garantizaba que, en caso de falta del titular, el poder pasara a manos previamente sancionadas por el Congreso, no a la primera pistola disponible en el cuartel más cercano.

El golpe del 23 de mayo de 1867

La presidencia de Mosquera, iniciada en 1866, había derivado rápidamente hacia formas personalistas de gobierno que sus contemporáneos —incluidos sus antiguos aliados radicales— calificaron de dictadura. El viejo general, que había fundido monedas con su perfil y firmado como "Gran General", chocaba con el civilismo doctrinario del núcleo radical: hombres formados en las escuelas de derecho, lectores de Bentham, partidarios de un ejecutivo débil sometido a la ley. La ruptura era inevitable.

El 23 de mayo de 1867 se consumó el golpe. Fue una operación militar rápida y sin derramamiento de sangre: un movimiento de guarnición ejecutado en Bogotá que puso a Mosquera bajo arresto y restauró el orden constitucional violado por sus decretos de facultades extraordinarias. Los golpistas obraron con generosidad hacia el caudillo derrocado: Mosquera pasó un período limitado en el exilio antes de poder regresar al país. No hubo fusilamientos, no hubo guerra civil, no hubo destrucción. En el balance largo del siglo XIX colombiano, este es el episodio excepcional: casi todos los intentos de derrocar gobiernos por la fuerza terminaron en catástrofe o fracaso; el de 1867 es el ejemplo más nítido de golpe exitoso e incruento.

Santos Acosta era el segundo designado, y a él correspondió por ministerio de la ley asumir la presidencia. Su papel exacto en la conjura —si la encabezó, si la coordinó, si simplemente la aceptó al ver que era inevitable— es una zona gris. Lo cierto es que su perfil lo hacía idóneo para el momento: liberal de credenciales indiscutibles, general con capacidad para hablar de igual a igual con la oficialidad, médico con la respetabilidad civil que el momento requería. Fue el rostro más presentable para una operación delicada. Que no perteneciera al núcleo doctrinario de los radicales-abogados no era un defecto sino una ventaja: le daba al golpe el aire de una restauración institucional imparcial y no el de una toma facciosa del poder.

Esta lectura no debe llevarse al extremo. Sería equivocado presentar a Santos Acosta como una figura pasiva o meramente decorativa. Su presidencia, aunque breve, tuvo dirección política clara y coincidió con decisiones que llevaban el sello del programa radical: educación laica, obras públicas modernizadoras, integración territorial por vía del ferrocarril. Fue el instrumento institucional del giro, pero también su ejecutor efectivo.

La presidencia (1867-1868)

Once meses en el palacio, pero once meses fundacionales. Durante el mandato de Santos Acosta se firmó el contrato para la construcción del ferrocarril de Barranquilla a Sabanilla, primer intento serio de dotar al país de infraestructura ferroviaria moderna en el Caribe. La lógica era estratégica: unir el puerto fluvial del Magdalena con una salida directa al mar, aliviar la penosa navegación por las bocas del río, integrar el comercio exterior con el interior andino. El ferrocarril tardaría años en completarse y su historia posterior sería accidentada, pero la decisión inicial es de aquel gobierno.

En Bogotá, durante ese mismo mandato, se fundó la Universidad Nacional de Colombia. La medida sintetiza el programa radical con particular nitidez: un centro de enseñanza superior público, laico, financiado por el Estado, concebido como institución rectora de la formación profesional al margen de la tutela eclesiástica. En un país donde durante siglos las universidades habían estado controladas por órdenes religiosas —dominicos, jesuitas— o por instituciones vinculadas a la Iglesia, fundar una Universidad Nacional pública era un acto de política cultural mayor. Para los radicales, la instrucción pública independiente del clero era el corazón del progreso; el anticlericalismo se traducía en política educativa antes que en persecución. Santos Acosta firmó la ley y presidió su implementación inicial.

Como telón de fondo cultural, apareció por entonces María, la novela de Jorge Isaacs. El dato no es irrelevante: la publicación coincide con una presidencia que impulsó las letras y las instituciones culturales, y Colombia comenzaba a leerse a sí misma en clave romántica al tiempo que fundaba su universidad nacional.

Sería tentador leer estos hechos como el despliegue de un programa personal. La realidad es más compleja: Santos Acosta gobernó dentro de una constitución diseñada precisamente para impedir presidencias fuertes. El ejecutivo nacional era débil por diseño, los estados retenían la mayor parte de las facultades, el calendario electoral impedía consolidar mayorías nacionales estables. Lo que él pudo hacer en once meses fue avanzar la agenda radical en aquellos frentes donde el gobierno central sí tenía competencia clara: relaciones internacionales, obras públicas de alcance nacional, instituciones federales de educación. Ese es el marco de su huella.

Concluido el período, en abril de 1868 entregó el mando a Santos Gutiérrez —otro boyacense, otro liberal—, que había ganado las elecciones. La transmisión fue ordenada. Le siguieron los mandatos de Eustorgio Salgar (1870), la segunda presidencia de Manuel Murillo Toro (1872) y la de Santiago Pérez Manosalva (1874). Este es el corazón del Olimpo Radical: la sucesión de presidencias civilistas, laicas, educativas y federalistas que marcaron el apogeo del régimen de Rionegro. Santos Acosta fue el eslabón inicial de esa secuencia; sin el golpe de 1867 y su presidencia de transición, el radicalismo no habría podido desplegar la cadena.

Su red: los radicales, los adversarios, las ideas

El mundo político de Santos Acosta se sostenía sobre un grupo estrecho de figuras que se relevaban en las presidencias, los ministerios y las bancadas del Congreso durante dos décadas. A la cabeza organizativa estaba Manuel Murillo Toro, presidente en 1864-1866 y de nuevo en 1872-1874, hombre de periódico y de doctrina, encargado de darle forma administrativa al radicalismo. A su lado, Salvador Camacho Roldán ponía la pluma económica: publicista y hacendista, encarnaba el liberalismo librecambista más ortodoxo, con Bastiat y Say como referencias permanentes. Santiago Pérez Manosalva, presidente en 1874-1876, aportaba la vocación literaria y le daba al régimen su timbre más ilustrado; Aquileo Parra, boyacense como Santos Acosta, sería el hombre que tendría que sostener el orden radical en la guerra de 1876-1877.

Ese círculo compartía un perfil biográfico e ideológico bastante homogéneo. Sus miembros se habían dedicado ante todo a la política y a la ideología, y cuando no ocupaban cargos públicos, ministerios o la presidencia, ejercían la enseñanza y el periodismo. En su cabeza convivían el utilitarismo político de Jeremías Bentham —enseñado en las escuelas de derecho colombianas y verdadero núcleo doctrinario de la generación— y la economía librecambista continental. De esa filiación derivaban a la vez el credo económico y el anticlericalismo cultural: dos caras de la misma apuesta por un individuo racional emancipado de tutelas corporativas.

El anticlericalismo radical no era abstracto. Impulsaron la expropiación de bienes de comunidades religiosas —proceso iniciado por Mosquera y continuado por los radicales—, el cierre de conventos que desacataran las órdenes del Estado, la eliminación de la influencia católica en la educación pública. Buscaban un sistema educativo independiente de la Iglesia, no la persecución indiscriminada de los eclesiásticos. Esa política, sin embargo, acumuló resentimientos que estallarían más tarde.

Frente a ellos, los adversarios eran múltiples y cambiantes. El conservatismo, agrupado alrededor de Mariano Ospina Rodríguez y sus hijos, esperaba en la sombra el momento propicio. Los liberales moderados —una tendencia burguesa de conciliación con los conservadores— comenzaron a distanciarse del ala radical: José María Samper, figura ilustrada del liberalismo, terminaría diagnosticando la crisis del partido en términos de exceso de fuerza y falta de responsabilidad, y hablaría abiertamente de una "oligarquía" liberal que no merecía perpetuarse. Del propio Mosquera, humillado y luego rehabilitado, quedaba una corriente militarista incómoda con el civilismo dominante. Y en la costa Caribe crecía la figura de Rafael Núñez, liberal moderado que terminaría articulando el descontento en la Regeneración.

En esa red, Santos Acosta ocupaba un lugar de respeto pero no de liderazgo doctrinario. No era el tribuno que arengaba en las cámaras ni el publicista que orientaba las ideas del partido: era el hombre serio de la judicatura y de las magistraturas, el general con investidura civil, el presidente de transición cuyo prestigio derivaba más de la corrección institucional que del carisma o la elocuencia. Ese perfil explica tanto su ascenso puntual en 1867 como su discreta permanencia posterior en los círculos del poder sin volver nunca al primer plano.

La crisis del régimen: 1876 y después

El sistema federal, admirable en el papel, arrastraba tensiones que se acumularon durante los años sesenta y estallaron en la década siguiente. La fragmentación del poder militar entre las milicias estatales y la endeblez del ejército nacional dificultaban mantener el orden público. Las elecciones escalonadas producían un país en campaña permanente. El anticlericalismo educativo, en particular la reforma de la instrucción pública, encendió pasiones en las regiones más católicas.

En 1876 estalló la guerra civil que marcaría el principio del fin del régimen radical. Iniciada por los conservadores alzados en armas contra el gobierno de Aquileo Parra —presidente boyacense y correligionario de Santos Acosta— para frenar la reforma educativa laica, la contienda duró once meses y se libró principalmente en los estados del Cauca y del Tolima. Los clérigos de Palmira, Cartago y Tuluá abanderaron la causa antirreformista, y el conflicto adquirió tintes de tensión socio-racial: las tropas liberales, predominantemente compuestas por soldados negros y mulatos, atacaron propiedades de conservadores y ocuparon Cali en la Nochebuena de 1876. En 1877, tras el triunfo militar del gobierno, los liberales santandereanos promulgaron legislación anticlerical severa que desembocó en el destierro del obispo de Pamplona y en el arresto de varios clérigos. En 1878, el Secretario del Tesoro lamentó oficialmente que la guerra había representado el equivalente al 118 % del presupuesto nacional aprobado para aquel año: la magnitud del quebranto era innegable, y la victoria militar del régimen se tradujo, paradójicamente, en su debilitamiento político.

En la posesión del presidente Julián Trujillo, ese mismo 1878, Rafael Núñez —presidente del Congreso— pronunció el discurso famoso en que planteó el dilema: "regeneración administrativa fundamental o catástrofe". Aquella frase pasaría a la historia como el anuncio de la Regeneración, aunque en ese momento Núñez pensaba solo en una reforma administrativa dentro del marco constitucional vigente. Con el tiempo, el diagnóstico se radicalizaría hasta convertirse en el proyecto de reemplazar la Constitución de 1863 por otra centralista y confesional.

Santos Acosta, durante esos años tensos, se mantuvo en el radicalismo pero sin protagonismo de primera línea. La lógica estructural del sistema —mandatos cortos, prohibición de reelección inmediata, ejecutivo débil— condenaba a los expresidentes a papeles secundarios en el largo plazo. Continuó ejerciendo la magistratura y la representación legislativa, defendiendo desde esos cargos el orden federal contra el proyecto regenerador que iba tomando forma.

La huella: la Constitución de 1886 y la muerte

En 1886 la Regeneración culminó con la sanción de una nueva Constitución, obra política de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. El presidente electo Núñez, por razones ceremoniales, no la firmó directamente: la sancionó el designado José María Campo Serrano. El texto instauraba un gobierno centralista con presidente elegido por voto directo y período de seis años, restablecía las relaciones privilegiadas con la Iglesia católica, suprimía la soberanía de los estados y devolvía al ejecutivo nacional el vigor que la carta de Rionegro le había arrebatado. Todo el edificio en el que Santos Acosta había construido su carrera pública quedaba desmontado.

Le tocó vivir quince años más bajo el nuevo régimen. Los detalles de su vida cotidiana en esas décadas finales se pierden en la penumbra ordinaria de los ancianos ilustres de segunda fila: presencia en actos oficiales, correspondencia con antiguos correligionarios, quizá algún artículo defendiendo la memoria del federalismo. Murió en 1901, cuando el país llevaba dos años sumido en la Guerra de los Mil Días, el conflicto en que el liberalismo derrotado intentó por última vez, y en vano, deshacer la Regeneración por las armas. Cerró los ojos en un país cuya arquitectura constitucional era la negación exacta de aquella que él había servido.

La memoria histórica lo ha tratado con discreción. No hay culto biográfico alrededor de Santos Acosta como lo hay alrededor de Mosquera, de Núñez o de Murillo Toro. Su figura aparece en los manuales como una escala en la sucesión presidencial, un nombre asociado al golpe de 1867 y a la fundación de la Universidad Nacional. Esa modestia póstuma corresponde al carácter mismo de su vida pública: fue un hombre de instituciones más que de doctrinas, un ejecutor eficaz más que un fundador visible.

Medido por sus efectos, sin embargo, su paso por el poder fue decisivo. Sin el golpe incruento de 1867, la dictadura de Mosquera habría podido consolidarse o —peor— habría podido caer en circunstancias violentas que arrastraran al país a otra guerra civil. Sin la firmeza de su gobierno de transición, la agenda radical no habría tenido el impulso institucional que la sostuvo durante casi dos décadas. Sin la Universidad Nacional fundada bajo su firma, la formación de las élites profesionales colombianas habría seguido caminos distintos. No encabezó la revolución cultural del radicalismo, pero la hizo posible; no fue el ideólogo del régimen, pero salvó el momento en que el régimen podía haberse extraviado. Su lugar es el del ejecutor que sostiene el edificio en la noche precisa en que podía derrumbarse: la letra menor del radicalismo, sin la cual la letra grande no habría podido escribirse.