Julián Trujillo Largacha

Un payanés en la sociedad señorial del Cauca

Trujillo nació en Popayán en 1828, en la ciudad que había sido, junto con Cartagena, uno de los dos grandes polos aristocráticos del virreinato de la Nueva Granada. La élite payanesa —los Mosquera, los Valencia, los Arboleda— había construido su riqueza sobre el ciclo minero colonial y sobre haciendas de trabajo esclavo, y esa base material sobrevivió a la Independencia como un residuo señorial que marcaría todo el siglo XIX caucano. Popayán era, más que cualquier otra ciudad neogranadina, un mundo de familias entrelazadas, títulos universitarios y redes militares que se pasaban de padres a hijos.

Sobre ese sustrato aristocrático, la ciudad había levantado también su otra vocación: la letrada. El Seminario Conciliar de la colonia dio paso, en los albores de la República, a la Universidad del Cauca fundada por Santander, y esa institución se convirtió en la principal razón de ser de Popayán, el rasgo que definía su carácter y proveía cuadros al Estado. Trujillo, formado en derecho, pertenece a esa tradición: era abogado antes que soldado, letrado antes que caudillo, y ese doble registro —el de la toga y el de la espada— explica por qué pudo moverse con soltura entre los círculos civiles del liberalismo y los cuarteles del Cauca.

Su generación creció en un Cauca partido en dos. De un lado, los sectores de la élite que buscaban disolver la sociedad señorial e instalar un orden republicano; del otro, los que se aferraban a los vínculos coloniales y se oponían a cualquier reforma que beneficiara a esclavizados, libres pobres o indígenas. La política caucana del siglo XIX se jugó a lo largo de esa línea. José María Obando, caudillo del sur, había mostrado desde antes cómo el conflicto podía desbordar a las élites: hijo ilegítimo de una familia alta payanesa, desencadenó fuerzas de negros e indígenas contra el campo aristocrático, combinando fuerza y fraude para promover su carrera. Aquella experiencia dejó a las élites señoriales caucanas prevenidas contra cualquier movilización popular, y a los liberales caucanos —Trujillo entre ellos— tejidos con los sectores libres a los que la República les debía la manumisión.

Del sable mosquerista a la aureola de 1877

La trayectoria militar de Trujillo se forjó en las tres grandes guerras civiles de mediados de siglo. Primero combatió la dictadura de José María Melo en 1854, del lado de la coalición constitucionalista. Después estuvo al lado de Tomás Cipriano de Mosquera en la revuelta que derrocó al presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez y que, en 1863, cristalizaría en la Constitución de Rionegro y en los Estados Unidos de Colombia. En esos años se hizo mosquerista de convicción y de red: pertenecía al círculo caucano que sostenía al viejo caudillo y que, con él, redactaría el pacto federal más radical que Colombia ha tenido.

Bajo el nuevo régimen desempeñó los cargos que la carrera de un notable liberal caucano exigía: presidente del Estado Soberano del Cauca, jefe civil y militar y presidente del Estado Soberano de Antioquia, ministro de Estado. Cada una de esas posiciones lo consolidó como pieza del engranaje mosquerista y radical, pero ninguna lo distinguió del resto de los generales que la Federación producía en abundancia. La consagración vino más tarde, en un episodio que ni él mismo pudo prever del todo.

En 1876, los conservadores se alzaron contra el gobierno del liberal radical Aquileo Parra para frenar su proyecto de educación laica. La reforma educativa impulsada años antes bajo Eustorgio Salgar —enseñanza primaria obligatoria, neutralidad religiosa en la escuela pública, sistema nacional dirigido desde Bogotá— había sido leída por la Iglesia y por el conservatismo como un asalto contra la tutela católica de las almas. Los clérigos de Palmira, Cartago y Tuluá encabezaron la agitación, y el conflicto pronto se enredó con las tensiones sociorraciales del Cauca: tropas liberales predominantemente negras y mulatas destruyeron propiedades y atacaron a los grandes propietarios conservadores, como ocurrió en la ocupación y saqueo de Cali en la Nochebuena de 1876.

La guerra duró once meses y se libró sobre todo en el Cauca y en el Tolima. Costó, según el Secretario del Tesoro, el 118 % del presupuesto nacional aprobado para 1878: una hemorragia fiscal que dejaría al Estado exhausto durante años. Trujillo condujo la campaña militar bajo Parra y allí, en las trincheras caucanas, se consagró definitivamente. La escala del triunfo tuvo un efecto político colateral que sería decisivo: forzó a las dos facciones enfrentadas del liberalismo —radicales e independientes— a una tregua táctica para derrotar al enemigo común. Fue una unión momentánea, pero bastó para producir un vencedor con la aureola suficiente para arbitrarla.

Rafael Uribe Uribe, que a los diecisiete años combatía por primera vez y sería herido en la rodilla en la batalla de Los Chancos, aprendió allí el oficio de las armas liberales. Trujillo, en cambio, salió de la guerra con algo distinto: el prestigio de un general que había salvado al régimen radical de sus propios enemigos, sin haber pertenecido nunca del todo a él.

La candidatura de consenso

Que Trujillo llegara a la presidencia en 1878 fue, más que un ascenso, una operación. El liberalismo salía de la guerra fracturado. Los radicales bogotanos —herederos de Manuel Murillo Toro, Santos Acosta, Ezequiel Rojas— habían gobernado durante casi toda la vigencia de Rionegro, pero su modelo, hecho de federalismo extremo, laicización agresiva y aritmética electoral entre clientelas estatales, se agotaba bajo el peso de sus propias guerras. Los independientes, encabezados por Rafael Núñez, sostenían desde hacía años una posición distinta: había que aceptar a la Iglesia como guía del orden, reducir el federalismo, abandonar la ciudadanía universal. Muchos liberales, desesperados con el desorden y las guerras locales, empezaron hacia 1876 a coincidir con ese diagnóstico.

Núñez había intentado antes la presidencia sin éxito. En 1878 optó por otra estrategia: llevar a la primera magistratura al general victorioso, un liberal con credenciales radicales pero sin agenda propia de reforma, cuya aureola militar diera cobertura al giro que él mismo quería imprimirle al país. Trujillo era el candidato perfecto para esa función. Era caucano, mosquerista, liberal probado; no era radical de doctrina; no había construido una plataforma programática; debía su preeminencia al sable más que al partido. Sobre esa figura confluyeron los independientes de Núñez y un sector radical que aún confiaba en él como uno de los suyos.

El acto de posesión, el 1 de abril de 1878, cristalizó la ambigüedad. Rafael Núñez, en su calidad de presidente del Senado de Plenipotenciarios, pronunció el discurso protocolario y allí, sin subrayarla especialmente, dejó caer la frase que el tiempo convertiría en profecía: el país necesitaba una regeneración administrativa fundamental, o iría a la catástrofe. Núñez mismo aclararía después que en aquel momento el alcance de la expresión era limitado —una reforma administrativa dentro del marco constitucional vigente, no la sustitución del federalismo—; pero la frase quedó fijada como acta de nacimiento de un movimiento cuyo nombre nadie había pronunciado todavía. Fue publicada en el Diario Oficial N.º 4147 del 1 de abril de 1878, en la página 5623: una pieza de retórica cuya carga se iría acumulando retrospectivamente durante los años siguientes, hasta que Núñez, ya presidente y luego dictador constitucional, la reconociera como principio de todo lo que vendría.

El gobierno de 1878-1880: las rectificaciones

Trujillo asumió con un mandato implícito de conciliación. La atmósfera política y cultural exigía correcciones al radicalismo, sobre todo en dos frentes: la Iglesia y la educación. Los periódicos de oposición hablaban del desastre educacionista; los obispos de Popayán, Pasto, Antioquia y Medellín habían sido expulsados del país por Aquileo Parra en represalia por su papel en la guerra; la ley aprobada por el Congreso de 1877, que sancionaba la intervención política de la Iglesia, se veía como un endurecimiento que no había pacificado nada. Trujillo actuó sobre esos dos puntos con una nitidez que contrastó con el resto de su gestión.

Levantó las sanciones contra los cuatro obispos exiliados y les permitió regresar a sus diócesis. Derogó la ley anticlerical de 1877. Fueron gestos administrativos, no reformas constitucionales, pero su significado excedía la letra: por primera vez desde 1863, un gobierno liberal reconocía que el pulso contra la Iglesia había llegado a un punto de rendimientos negativos y retrocedía. La política de rectificaciones, aunque presentada como pacificación, era también el principio de una renegociación institucional que no había sido explícitamente autorizada por las urnas.

En el frente educativo, la ofensiva radical se apagó por dentro más que por decreto. La guerra de 1876-1877 había sido devastadora para el sistema escolar: las clases se suspendieron, se destruyeron libros de texto, las aulas se ocuparon como cuarteles. La matrícula en educación elemental, que había sido de 83 626 alumnos en 1873-1874 y de 79 123 en 1876, cayó a 71 070 en 1881 —y esa última cifra, además, excluía al Estado de Santander, con unos catorce mil alumnos adicionales—. Dámaso Zapata, uno de los grandes impulsores de la reforma, puso término a su intento bajo el gobierno de Trujillo. No hubo una contrarreforma legislativa espectacular; hubo, más bien, el reconocimiento tácito de que el proyecto de escuela laica dirigida desde Bogotá no volvería a tener la energía política y fiscal de sus años iniciales. La educación primaria pública quedó a la espera del nuevo régimen que la reorganizaría, ya no sobre la neutralidad, sino sobre la alianza con la Iglesia.

En lo demás, el gobierno de Trujillo fue silencioso. No emprendió una gran reforma económica ni militar; no reorganizó el aparato administrativo; no confrontó a los caudillos estatales; no articuló una doctrina. Su función fue de tránsito, y él lo entendió así: administró un país exhausto por la guerra, dejó que los sectores en conflicto respiraran, y no obstaculizó la maniobra que preparaba a Núñez para la sucesión. Gobernó con el freno de mano puesto —una virtud, en un momento en que cualquier iniciativa mayor habría reactivado la fractura del partido.

El instrumento y su límite

Aquí se abre la pregunta que hace de Trujillo un problema historiográfico más que un retrato. ¿Fue el instrumento consciente de Núñez, la pieza que dio cobertura liberal-radical a un giro ya pensado por otro? ¿O fue, más modestamente, el ejecutor circunstancial de rectificaciones que cualquier presidente de consenso habría emprendido después de una guerra tan cara?

Las dos lecturas tienen tela. A favor de la primera está la evidencia del propio discurso de posesión: Núñez ya en abril de 1878 hablaba de regeneración, aunque restringiera su alcance; llevó a Trujillo a la primera magistratura después de que su propia candidatura no prosperara; los actos concretos del gobierno —restitución de obispos, derogación de la ley anticlerical— coinciden en dirección con lo que Núñez impulsaría desde 1880; y la continuidad entre el gobierno de Trujillo y el primer gobierno de Núñez (1880-1882) fue explícita: las mismas orientaciones rectificadoras, sin ruptura ni oposición interna.

A favor de la segunda hay una advertencia que el propio Núñez confesaría más tarde: todavía en 1884 no juzgaba practicable ni necesario un cambio político profundo. La regeneración de 1878 no era un programa constitucional; era un ajuste dentro del federalismo vigente. El giro hacia una sustitución del régimen —la centralización, el confesionalismo, la Constitución de 1886— se fue perfilando después, a medida que la coyuntura lo empujaba: los escritos de Núñez de 1882 ya advertían sobre una profunda reacción si las instituciones liberales no respondían al país, pero la formulación acabada llegaría solo tras la guerra de 1885. Si Núñez mismo no tenía aún el proyecto pleno en 1878, mal podía haber usado a Trujillo como pieza de un plan que se iba fabricando sobre la marcha.

La respuesta más honesta es intermedia. Trujillo fue bisagra real, pero involuntaria. Los actos de su gobierno abrieron un cauce institucional que la Regeneración ensancharía, y su tránsito por el poder legitimó desde el liberalismo militar caucano un giro que sin esa cobertura habría encontrado más resistencia. Pero ese cauce lo excavaba, antes que la voluntad de Núñez, la crisis estructural del radicalismo: el costo fiscal de la guerra, el colapso del sistema escolar, la fractura entre radicales e independientes, la fatiga de las élites con las guerras locales. Cualquier general liberal en la presidencia después de 1877 habría tenido que ejecutar rectificaciones parecidas. Que fuera Trujillo, y no otro, importó menos por su agencia personal que por lo que su figura significaba: la última expresión del poder regional payanés proyectado sobre el gobierno nacional, antes de que la Regeneración centralizara el Estado y disolviera esa base regional de poder.

La frase de 1878 fue menos un programa premeditado que una etiqueta que el tiempo convirtió en profecía. Núñez la lanzó con un alcance modesto; los hechos posteriores —el desgaste del régimen, la guerra de 1885, el pacto con los conservadores— la fueron cargando de sentidos que su autor original no le había dado. Trujillo tuvo la involuntaria distinción de presidir el país el día en que esa palabra se pronunció.

La red caucana y sus fronteras

Comprender a Trujillo exige situarlo en la geografía humana de su región. El Cauca del último tercio del siglo XIX era un mundo denso: familias señoriales que se resistían a soltar su dominio, sectores populares negros y mulatos radicalizados por el liberalismo, una élite letrada formada en la Universidad del Cauca, y una tradición militar que hacía de cada notable payanés un general en potencia. Trujillo se movía en ese tejido con la ventaja del insider: era hijo de la ciudad, colega de sus letrados, camarada de sus caudillos.

Su vinculación con Tomás Cipriano de Mosquera era el eje. Mosquera había sido el gran árbitro caucano del siglo, cuatro veces presidente, arquitecto de la Constitución de Rionegro, líder de la revolución de 1860-1863 contra Ospina Rodríguez. Trujillo se formó bajo su sombra política y militar. Cuando Mosquera declinó y murió en 1878 —el mismo año de la posesión de Trujillo—, el general payanés heredó parte de esa red, aunque no su carisma ni su envergadura. En cierto modo, la presidencia de Trujillo fue el último gobierno mosquerista: no por doctrina, sino por origen y personal político.

Junto a él, o en la periferia de su círculo, se movían otros generales del liberalismo militar: Sergio Camargo, Marceliano Vélez desde el conservatismo antioqueño, los liberales santandereanos que en 1877 habían empujado la legislación anticlerical más dura y provocado el destierro del obispo de Pamplona. La política de los EUC funcionaba como una red de caudillos estatales que negociaban en Bogotá lo que sus fuerzas les permitían imponer en las provincias. Trujillo era uno de esos nudos —el nudo caucano—, y esa condición explica tanto su ascenso como sus límites.

Con Aquileo Parra tenía una relación de lealtad institucional pero no de identidad ideológica: le sirvió como general en la guerra que salvó su gobierno, pero no compartía el radicalismo doctrinario del boyacense. Con Núñez, en cambio, tenía la afinidad del pragmatismo: dos hombres de Estado que veían el agotamiento del modelo y no eran prisioneros de la ortodoxia liberal-radical, aunque ninguno de los dos había roto todavía formalmente con ella. Con Manuel Murillo Toro, principal figura civil del radicalismo, la distancia era mayor: Murillo representaba la Bogotá letrada, laica y federalista; Trujillo, el Cauca militar y católico de tradición.

La huella corta y la huella larga

Trujillo entregó la presidencia el 1 de abril de 1880 a Rafael Núñez, quien había ganado las elecciones. Según la opinión recogida por el viajero suizo Emil Röthlisberger, la propia candidatura presidencial de Trujillo se había considerado nada afortunada frente a la de Núñez —dato curioso, porque sugiere que hubo intentos de reelegirlo o de sostenerlo como candidato propio de un sector, intentos que fracasaron ante el ascenso del cartagenero. El traspaso fue ordenado, y Núñez continuó las rectificaciones sin ruptura. La política de Trujillo tenía continuidad natural con la de su sucesor porque, en el fondo, ambos gobiernos respondían a la misma presión histórica.

Trujillo murió en 1883, antes de que la guerra civil de 1884-1885 arrasara con el orden radical y antes de que la Constitución de 1886 sepultara definitivamente los Estados Unidos de Colombia. No vio la Regeneración consumada. Su nombre quedó asociado, en la memoria liberal, al momento en que el partido empezó a ceder desde dentro, y por eso su lugar en la historia del liberalismo es incómodo: los radicales posteriores lo verían como el eslabón que permitió el giro conservador; los regeneracionistas lo reivindicarían tibiamente, porque su prestigio era liberal y militar, no doctrinario. Terminó siendo una figura de tránsito, útil a quienes vinieron después y prescindible para la memoria mayor.

Su huella corta son los actos concretos de su gobierno: la restitución de los obispos, la derogación de la ley anticlerical de 1877, el silencioso repliegue de la reforma educativa. Su huella larga es más sutil: haber demostrado que el liberalismo militar del Cauca podía coexistir con las rectificaciones religiosas, haber legitimado desde adentro el vocabulario de la regeneración, haber presidido el país el día en que una frase de discurso protocolario empezó a convertirse en programa. Nada de eso fue mérito exclusivamente suyo. Pero todo eso pasó bajo su presidencia, y por eso su nombre pertenece a la historia de Colombia con una densidad mayor que la de su propia figura.

La Constitución de 1886 y el Concordato de 1887 clausurarían el ciclo abierto en Rionegro: orden centralista, confesional, con un ejército nacional y sin estados soberanos. La Regeneración, cuyos años suelen situarse entre 1878 y 1900 —o entre 1885 y 1900, según el criterio—, prolongaría el dominio conservador hasta 1930. Trujillo no participó en ese diseño. Pero cuando los historiadores buscan el punto exacto donde el radicalismo empezó a ceder, la fecha que aparece es 1878; y la escena, la de un general payanés recibiendo el poder mientras un senador cartagenero pronunciaba, con aparente moderación, una palabra que iba a definirlo todo.

Trujillo fue un hombre de su región y de su tiempo: un notable caucano formado en la Universidad del Cauca, un mosquerista de segunda generación, un general que ganó una guerra ajena y cobró su prestigio en la presidencia, un liberal que ejecutó rectificaciones sin proclamarlas doctrina. No fundó nada. No destruyó nada. Sirvió de puente. Ese oficio, discreto pero decisivo, es lo que la historia recuerda de él —y lo que hace que su nombre, dos siglos después del suyo, siga apareciendo cada vez que se cuenta cómo Colombia dejó atrás el orden federal para entrar en el largo siglo conservador.