Rafael Uribe Uribe

La semblanza

Uribe Uribe fue, ante todo, un hombre de contradicciones sostenidas. General en cuatro guerras y jurista de formación, ideólogo del liberalismo y católico incómodo que se apoyaba en las encíclicas de León XIII para combatir a la Iglesia conservadora, radical belicista que gritó desde la Cámara «O nos dais la libertad o nos la tomamos» y firmante de la paz que puso fin a la más sangrienta de las guerras civiles colombianas. Se declaraba tomar sus ideas «en las canteras del socialismo moderno», pero pactaba con el conservador José Vicente Concha contra un candidato republicano; defendía la protección racional a la industria nacional y arremetía contra los latifundistas «parásitos», pero operaba como jefe de facción capaz de negociar dos ministerios menores para los suyos.

Esa densidad ideológica y esa habilidad faccional no se anulaban entre sí: convivían. Uribe Uribe fue, a la vez, el último gran caudillo militar del liberalismo decimonónico y el primer legislador programático del liberalismo moderno. Formuló las preguntas —intervención del Estado, protección industrial, ruptura del pacto clerical-conservador, crítica al orden oligárquico— que la República Liberal respondería a partir de 1930, aunque él nunca alcanzó a verlas contestadas ni resolvió del todo la tensión entre esa visión programática y una práctica política todavía anclada en la lógica de facción.

Los orígenes: Valparaíso, El Palmar y la guerra a los diecisiete años

Nació en 1859 en el sur de Antioquia, hijo de Tomás Uribe Toro y María Luisa Uribe Uribe, un matrimonio entre parientes que marca de entrada el rasgo endogámico de las élites antioqueñas del XIX. De esa unión nacieron ocho hijos; uno de ellos fue Rafael; otro, su hermano Tomás Uribe Uribe, estudiante de medicina que acompañaría al viajero suizo Ernst Röthlisberger en su recorrido por Colombia, testimonio menor pero revelador de las redes intelectuales en las que se movía la familia. Los Uribe pertenecían a esa capa antioqueña de propietarios rurales medianos, letrados y católicos, que combinaba la hacienda con la vocación por las armas y la palabra pública.

La biografía militar comenzó pronto. A los diecisiete años, en la guerra civil de 1876, tomó las armas del lado del gobierno liberal contra los insurrectos conservadores. En la batalla de Los Chancos fue herido en la rodilla, cayó enfermo de fiebre y solo se recuperó cuando la guerra ya había terminado: una entrada sacrificada al oficio de las armas, del que ya no saldría. Nueve años después, en 1885, servía como coronel en el ejército revolucionario liberal, campaña desafortunada que terminó en derrota. Cuando la insubordinación estalló entre sus propias tropas al desmoronarse las esperanzas de victoria, Uribe Uribe no dudó: disparó y hirió mortalmente al líder del motín. El gesto, brutal y disciplinado, prefigura toda su carrera. Encarcelado por los conservadores victoriosos, fue exonerado al año siguiente y volvió a la vida privada.

En 1886 se casó con Sixta Tulia Gaviria. De esa unión nacería, entre otros, el capitán Julián Uribe Gaviria. La reconstrucción de la vida familiar coincidió con los años de la Regeneración de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, el orden centralista, católico y proteccionista que la Constitución de 1886 impuso sobre las ruinas del federalismo radical. Para un liberal antioqueño formado en la fe federal y en el laicismo, aquellos fueron los años de la exclusión: el liberalismo desplazado del poder, la Iglesia aliada del gobierno, el fraude electoral y el estado de sitio como mecanismos ordinarios de gobierno.

La trayectoria: del parlamento a la guerra, de la guerra a la paz

En la última década del siglo, Uribe Uribe se había convertido en una de las voces más audibles del liberalismo. Desde la Cámara pronunció la frase que lo definiría en el imaginario radical —«O nos dais la libertad o nos la tomamos»—, síntesis del ala belicista que consideraba agotada la vía electoral bajo la Regeneración. En 1897, la convención nacional liberal le otorgó, junto a Foción Soto y Luis A. Robles, la credencial para gestionar auxilios económicos ante los partidos liberales de Centroamérica y contratar empréstitos en Francia con miras a una guerra que ya se contemplaba abiertamente. La misión unía dos objetivos que serían recurrentes en su carrera: la solidaridad política internacional y el financiamiento externo del proyecto liberal.

El fracaso del intento de reforma electoral en el Congreso, en noviembre de 1898, terminó de empujar a los guerreristas a la preparación abierta del conflicto. El 18 de octubre de 1899 estalló la Guerra de los Mil Días. El mando supremo recayó en el general Gabriel Vargas Santos; entre los jefes que emergieron figuraron Uribe Uribe y Benjamín Herrera, además de otros comandantes regionales. Peralonso —victoria liberal en Norte de Santander— y Palonegro —derrota decisiva en Santander— marcaron los dos polos de la guerra convencional. Después de Palonegro, con el ejército liberal quebrado, Uribe Uribe intentó revivir la revolución en la costa atlántica: improvisó pequeñas guerrillas en Sincelejo, Juan Gordo, Corozal, Magangué, Sampués, Chinú, Ciénaga de Oro y Lorica, una geografía de sabana y ciénaga que se convertiría en el escenario de su última campaña. Hacia 1901 viajó a Nueva York a comprar armas y recolectar fondos para la causa liberal, misión que probablemente lo puso en contacto con Rafael Reyes, entonces también en la ciudad, en un encuentro que tendría consecuencias en la política de la posguerra.

Llegó a Riohacha y asumió el mando de las fuerzas que Clodomiro Castillo había logrado consolidar en la Guajira. La guerra ya no podía ganarse. En la hacienda Neerlandia, en el Magdalena bananero, firmó con el Gobierno el tratado de paz que lleva ese nombre. Poco después, Benjamín Herrera firmaría a bordo del acorazado estadounidense Wisconsin, frente a la costa panameña, el acuerdo que cerró las hostilidades en el frente del Pacífico. Con Neerlandia y Wisconsin terminaba la guerra civil más larga y sangrienta del siglo XIX colombiano; terminaba también el ciclo de las guerras civiles como forma ordinaria de dirimir el conflicto político nacional. Un año después, en 1903, Panamá se separaría de Colombia.

Uribe Uribe cumplió lo pactado. Se desmovilizó, entregó las armas, fue amnistiado y declaró en el Congreso haber renunciado a ser un revolucionario con las armas —pero no, subrayó, a ser un revolucionario y agitador en el campo de las ideas. Esa distinción define la segunda mitad de su vida y define, en buena medida, el liberalismo colombiano del siglo XX: la aceptación de la vía parlamentaria como único terreno legítimo de la reforma, con el precio implícito de dejar la guerra —y, con ella, la posibilidad revolucionaria— en manos de quienes no aceptaran el pacto.

Las ideas: proteccionismo, «socialismo moderno» y país nacional

La producción intelectual de Uribe Uribe en la posguerra no fue una nota al pie de su carrera militar: fue su obra principal. En un país donde el liberalismo económico decimonónico —el laissez-faire, el librecambismo, la desconfianza al Estado— seguía siendo dogma partidista, hizo lo que ningún jefe liberal se había atrevido a hacer: romper con él en voz alta.

Declaró tomar sus ideas «en las canteras del socialismo moderno». La frase, más gesto retórico que adscripción doctrinaria, servía para dramatizar la ruptura con el viejo liberalismo económico. No era socialista en sentido estricto; era intervencionista moderado. Rechazaba tanto el Estado espectador del laissez-faire como el Estado omnipotente y monopolizador, y proponía una posición intermedia: la del Estado que interviene racionalmente para promover el desarrollo, proteger la industria y arbitrar entre intereses. La postura era heterodoxa dentro de su partido y provocativa fuera de él.

De esa matriz salía la defensa de la «protección racional» a las industrias nacionales, con objetivos ambiciosos aunque no siempre precisos en sus condiciones. En diciembre de 1910 participó en el Congreso Nacional de Industriales y Obreros en Bogotá, donde promovió el estudio del «problema fabril» vinculado al proteccionismo racional. Aquella asamblea, temprana en la historia de la política industrial colombiana, reveló su capacidad de articular sectores que el liberalismo tradicional había ignorado: manufactureros, artesanos y trabajadores urbanos. La encuesta interna que el Partido Liberal organizaría en 1924, una década después de su muerte, mostraría hasta qué punto el proteccionismo había ganado terreno dentro de la colectividad, en un desplazamiento cuyo antecedente doctrinal más nítido era Uribe Uribe.

Su crítica al orden social fue igualmente frontal. Llamó «palaciegos» a los hombres del Gobierno, intrigantes y desfalcadores del Tesoro, dueños de fortunas mal habidas. Arremetió contra los latifundistas de tierra fría, a quienes calificó de «parásitos» aferrados a métodos arcaicos —agricultores que ignoraban el uso de abonos para el trigo—. Contra ellos alzó, como símbolo del bien productivo frente al mal político, la figura del cafetero: el pequeño y mediano productor exportador, la Colombia laboriosa que trabajaba mientras la Colombia política intrigaba en los palacios. En esa oposición retórica —el cafetero contra el palaciego, los productores contra los ideólogos, abogados y políticos de profesión— hay ya el germen de una dicotomía que Jorge Eliécer Gaitán volvería explosiva tres décadas más tarde con su distinción entre «país nacional» y «país político». La conexión es una lectura retrospectiva, no una filiación declarada, pero la resonancia es indudable: Uribe Uribe estaba formulando, en el vocabulario de comienzos del siglo XX, la queja que atravesaría el resto de la centuria colombiana.

La cuestión religiosa: León XIII contra la Iglesia conservadora

En un país donde la Iglesia católica, aliada del Partido Conservador, condenaba desde el púlpito al liberalismo, orientaba el voto de sus feligreses y apoyaba abiertamente candidatos, la crítica al poder eclesiástico era un campo minado. Uribe Uribe entró en él con una estrategia inusual: no atacó a la Iglesia desde el laicismo militante decimonónico, sino desde el interior mismo del catolicismo, apelando al lenguaje de las encíclicas papales de León XIII.

Su argumento era sofisticado. No estaba contra la Iglesia como institución, insistía, sino contra la alianza de la Iglesia colombiana con el Partido Conservador. Reconocía a la Iglesia el derecho a la acción política directa; lo que denunciaba era que la Iglesia colombiana estaba actuando en contra de las propias advertencias de León XIII sobre los peligros de mezclar religión y política. La operación retórica era doble: por un lado, apelaba a una autoridad —la del pontífice— que el clero y sus feligreses no podían rechazar; por otro, deslegitimaba la ecuación establecida entre catolicismo y conservatismo. La alianza clerical-conservadora, argumentaba, había impedido al liberalismo adelantar su programa de desarrollo social y económico; era, en términos prácticos, un obstáculo al progreso del país.

La estrategia lo distinguió de un anticlericalismo liberal más rudo y lo emparentó con la crítica que sectores del republicanismo —Carlos E. Restrepo entre ellos— hacían al poder desmedido de la Iglesia en la vida política colombiana, aunque desde ángulos y con instrumentos distintos. Fue una de las líneas más fértiles de su pensamiento y una de las menos comprendidas por sus contemporáneos: años antes de que el catolicismo social se generalizara en América Latina, Uribe Uribe estaba usando el lenguaje pontificio para combatir la instrumentalización política de la fe.

La red: Antioquia, el liberalismo y la política de la posguerra

La red de Uribe Uribe fue simultáneamente familiar, partidista y diplomática. En Antioquia, los Uribe pertenecían a una capa de propietarios letrados vinculados por endogamia y por el ejercicio conjunto del comercio, la hacienda y la política; su carrera pública estuvo sostenida por esa base regional que le daba tropa, financiamiento y legitimidad. Su hermano Tomás Uribe Uribe, estudiante de medicina, encarnaba la vocación intelectual de la familia; el capitán Julián Uribe Gaviria, su hijo, la continuidad militar.

En el liberalismo, su compañero de trayectoria fue Benjamín Herrera, con quien compartió el mando en los Mil Días y con quien coincidiría después en la lectura de la posguerra: la aceptación del pacto, la crítica interna al partido, la búsqueda de un liberalismo con base social más amplia. Vargas Santos había ejercido el mando supremo durante la guerra; los tres formaban el triángulo del liberalismo bélico. Del lado opuesto, sus adversarios fueron los presidentes de la Regeneración y sus sucesores —Núñez, Caro, Manuel Antonio Sanclemente, José Manuel Marroquín—, y luego los operadores del republicanismo posterior a la caída de Reyes.

La red internacional fue igualmente activa. La misión de 1897 lo había llevado a Centroamérica y a gestiones europeas; el viaje a Nueva York en 1901, en plena guerra, para comprar armas y recolectar fondos, lo puso en contacto con Rafael Reyes en circunstancias verosímiles dada la ulterior actitud conciliadora de Reyes hacia los jefes liberales derrotados una vez alcanzada la presidencia.

En la posguerra colombiana, dos figuras marcaron el horizonte político: Rafael Reyes, presidente de 1904 a 1909, y Carlos E. Restrepo, inspirador del republicanismo y presidente de 1910 a 1914 por elección de la Asamblea Nacional Constituyente. La Unión Republicana, plataforma que proclamaba la inutilidad de los radicalismos —guerras y exclusiones— y la necesidad del entendimiento entre liberales y conservadores, agrupó a conservadores históricos como Pedro Nel Ospina y a sectores liberales orientados por Benjamín Herrera, Eduardo Santos y Luis Cano. Uribe Uribe quedó fuera de esa coalición. En 1914 apoyó la candidatura del conservador José Vicente Concha frente al republicano Nicolás Esguerra, decisión que le granjeó la enemistad frontal de los republicanos y de la prensa afín —Gil Blas, La Tribuna, El Republicano, El Tiempo, La Patria—, que desataron una vigorosa campaña contra él en los meses previos y posteriores a la elección.

La recompensa por el apoyo a Concha fue modesta y reveladora: el nombramiento de dos liberales uribistas en cargos menores del gabinete —Aurelio Rueda en Obras Públicas y Jorge Enrique Delgado en Comercio y Agricultura— y la promesa personal de una misión diplomática ante Gran Bretaña. La promesa quedaría sin efecto: Uribe Uribe sería asesinado antes de asumir.

El asesinato: octubre de 1914

En octubre de 1914, en las gradas del Capitolio Nacional, sobre la Plaza de Bolívar de Bogotá, dos artesanos —Jorge Moya Vásquez y Leovigildo Galarza— agredieron a Uribe Uribe con hachuelas de carpintero. Las heridas fueron mortales.

El magnicidio ocurrió en un momento crítico para Colombia y para el gobierno de Concha. Europa había entrado en la Primera Guerra Mundial pocos meses antes; las dislocaciones económicas del conflicto habían golpeado con dureza el fisco colombiano, dependiente de las aduanas y del comercio exterior. Marco Fidel Suárez, canciller de Concha, negociaba la difícil normalización de relaciones con Estados Unidos tras la separación de Panamá; el Tratado Thomson-Urrutia, que habría zanjado la disputa, no logró ser ratificado por el Senado estadounidense, aunque el comercio bilateral se intensificaba con creciente interés en el petróleo y los bananos. En medio de esa crisis fiscal y diplomática, la eliminación del principal puente liberal del gobierno conservador fue una complicación mayor: el régimen de Concha perdía a su interlocutor privilegiado con el liberalismo, y el liberalismo perdía al jefe que había apostado por la cooperación interpartidista.

El país mantuvo, durante la guerra europea, una estricta neutralidad y participó en la Segunda Conferencia Financiera Panamericana. Pero el vacío político que dejó el asesinato no se llenó. Uribe Uribe murió, además, en el momento de mayor madurez de su pensamiento: dueño ya del programa proteccionista e intervencionista que solo décadas más tarde encontraría vía de ejecución, y con la práctica parlamentaria como único horizonte declarado tras su renuncia formal a la revolución armada. El hachazo en las gradas del Capitolio —el arma primitiva, el lugar simbólico, los ejecutores artesanos— cargó al magnicidio de una densidad que rebasó desde el primer momento a sus autores materiales y que la historia colombiana no ha terminado de interpretar.

La huella: mito literario, legado ideológico y disputa por la memoria

La huella de Uribe Uribe se ramificó por al menos tres cauces distintos: el literario, el programático y el mítico-popular.

En la literatura, Gabriel García Márquez tomó su vida y sus batallas como materia prima para el coronel Aureliano Buendía de Cien años de soledad. El personaje —que llevó a cabo treinta y dos guerras civiles y las perdió todas— recogió del general histórico los rasgos exteriores del guerrero liberal derrotado, pero recibió del novelista una lectura amarga: en la primera mitad de la novela, García Márquez retrató al joven Aureliano como un guerrero indignado por la injusticia que termina asesinando y expulsando del pueblo a sus antiguos vecinos y amigos, condenado por su propia madre y admitiendo finalmente que luchaba solo por orgullo, sin ideales. Es un retrato despiadado del guerrero romántico sin causa, y sin embargo no impidió que el propio García Márquez aplaudiera en 1974 a la guerrilla como «el hecho más espectacular, el más heroico y generoso de nuestra historia reciente», antes de condenarla en años posteriores. La ficción del coronel derrotado —construida sobre el molde de Uribe Uribe— no funcionó, ni en su autor ni en sus lectores, como advertencia efectiva contra la romantización de la lucha armada. El personaje literario y el general histórico terminaron alimentándose recíprocamente en el imaginario nacional.

En lo programático, el legado fue más silencioso pero más consecuente. La República Liberal instalada en 1930 con Enrique Olaya Herrera, y sobre todo la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo a partir de 1934, ejecutarían un programa —intervención estatal en la economía, reforma agraria, legislación laboral, cuestionamiento del poder clerical-conservador, protección industrial— cuyas piezas centrales Uribe Uribe había formulado a comienzos del siglo. La conexión no fue una línea recta de discípulos; fue una difusión más lenta, mediada por los debates internos del liberalismo, por la encuesta de 1924, por la generación de Herrera, Santos y Cano, por el ascenso de Gaitán. Pero la genealogía es reconocible: cuando el liberalismo colombiano dejó de ser librecambista y clerical-tolerante para volverse intervencionista y anticlerical moderado, estaba realizando —treinta años tarde— el programa que Uribe Uribe había esbozado.

En la memoria popular, el legado fue disputa. Conservadores y liberales elaboraron memorias distintas de los Mil Días y de la posguerra. Los conservadores podían reivindicar que entre 1903 y 1930 habían construido paz y progreso y entregado el poder pacíficamente. Los liberales, en cambio, y sobre todo los artesanos y sectores populares urbanos, retomaron —en los años veinte, en el marco de la maniobra de cooptación de los socialistas auspiciada por Benjamín Herrera— la leyenda de los Mil Días como la oportunidad perdida por los de abajo frente a una oligarquía corrupta e incompetente. Uribe Uribe entró en esa leyenda no como el negociador de Neerlandia sino como el general traicionado, el reformador asesinado, el jefe popular cuyo programa se les había arrebatado. Los dos artesanos que lo mataron con hachuelas, en ese relato, no eran del pueblo: eran instrumentos de un poder oculto contra el pueblo. La leyenda simplificaba y a la vez producía verdad política: el asesinato no resuelto en su fondo, la ausencia de justicia satisfactoria, la sensación de que había sido eliminado el hombre que podía haber cambiado el país, alimentaron durante el siglo XX una desconfianza estructural hacia los pactos de las élites.

Uribe Uribe murió antes de ver ratificado el Tratado Thomson-Urrutia, antes de ver la caída del régimen conservador en 1930, antes de la reforma constitucional de 1936, antes del Bogotazo. Pero cada uno de esos episodios llevaba, de algún modo, su marca. Formuló las preguntas —cómo se protege una industria naciente, cómo se limita el poder clerical sin declararle la guerra a la fe popular, cómo se rompe la subordinación de la política a las oligarquías palaciegas, cómo se pasa de la guerra civil a la reforma parlamentaria— que la Colombia del siglo XX intentaría, con éxito parcial y a veces sangriento, responder. Su asesinato en 1914 no cerró esas preguntas; las dejó abiertas y sin autor visible, disponibles para que otros las heredaran, las traicionaran o las radicalizaran.

El general Rafael Uribe Uribe entró en la historia colombiana como el último caudillo liberal del siglo XIX y salió de ella como el primer legislador programático del liberalismo del siglo XX. Entre esas dos identidades transcurrió una vida de guerra, negociación, pensamiento y facción, atravesada por una coherencia mayor de la que sus contradicciones puntuales dejan ver: la convicción de que la reforma social era posible sin la revolución armada, si el liberalismo se atrevía a romper con sus dogmas y a abrirse a las mayorías. Que esa convicción no lo protegiera de las hachuelas del Capitolio es, quizá, el dato más desolador de su biografía y el más elocuente sobre el país que dejó al morir.