Bolchevización del PSR y fundación del Partido Comunista Colombiano

Bolchevización del PSR y fundación del Partido Comunista Colombiano

Entre noviembre de 1926 y julio de 1930, el comunismo colombiano vivió dos nacimientos y una muerte. El primer nacimiento fue el del Partido Socialista Revolucionario, fundado en Bogotá por el Tercer Congreso Obrero Nacional el 21 de noviembre de 1926, con Tomás Uribe Márquez como secretario general y la ambición explícita de construir un partido de masas capaz de articular a artesanos, obreros de enclave, campesinos e indígenas. El segundo nacimiento —el del Partido Comunista de Colombia— ocurrió el 13 de julio de 1930, en el pleno ampliado del propio PSR, cuando la organización cambió de nombre, de estructura y de dirigentes para plegarse a los dictados de bolchevización emanados de la Tercera Internacional. Entre uno y otro acto hubo tres años y medio de huelgas petroleras, una masacre bananera, una insurrección campesina fallida y una represión conservadora que produjo la Ley Heroica. Y hubo, sobre todo, una amputación: los organizadores que le habían dado al socialismo colombiano su rostro público —Raúl Eduardo Mahecha, María Cano, Ignacio Torres Giraldo— fueron marginados o expulsados por una dirigencia seleccionada minuciosamente en función de su fidelidad al modelo leninista. El PCC nacía con carta de credencial cominterniana y sin capital simbólico propio, justo cuando la caída de la hegemonía conservadora abría un ciclo de movilización que otro partido —el liberalismo lopista— sabría capitalizar.

Para entender qué se disolvía en julio de 1930 hay que reconstruir qué se había construido en los quince años anteriores. Antes de la Primera Guerra Mundial, el sujeto obrero colombiano era todavía un sujeto artesanal: zapateros, sastres, tipógrafos y ebanistas organizados en sociedades de ayuda mutua, muchas bajo el ala de la Iglesia católica, y otras —la Unión de Industriales y Obreros de 1904, la Unión Obrera Colombiana de 1913— con vocación más combativa. Esa tradición artesanal, con su ética del oficio y su costumbre de asociación, transmitió al naciente proletariado un vocabulario organizativo antes de que el proletariado propiamente dicho existiera.

El proletariado llegó por los bordes de la economía: braceros y estibadores del río Magdalena, ferroviarios, trabajadores de los enclaves petroleros de Barrancabermeja y de las plantaciones bananeras de la zona del Magdalena controladas por la United Fruit Company. Fue allí, entre 1918 y 1923, donde estallaron las primeras huelgas modernas y se formaron los primeros sindicatos colombianos. La prosperidad de posguerra —alimentada por los cerca de 200 millones de dólares que entraron al país entre 1923 y 1928 en créditos y en la indemnización estadounidense por la separación de Panamá— concentró trabajadores asalariados en pocas geografías críticas y convirtió sus huelgas en asuntos de Estado.

Sobre ese sustrato brotaron ideas marxistas desde la década de 1910, antes de la Revolución Rusa de 1917 y mucho antes de que llegaran figuras extranjeras como el ruso Silvestre Savitsky o el estadounidense Joseph Zack, a quienes luego se les atribuyó el papel de introductores del comunismo. La verdad es más terca: los marxistas colombianos organizaban en casa antes de que Moscú tuviera opinión sobre Colombia.

El Segundo Congreso de Trabajadores, en julio de 1925, había creado la Confederación Obrera Nacional, pero su proyecto fue criticado por sectores obreros e intelectuales por insuficiente. De esa crítica salió el impulso hacia un partido independiente, que cristalizó al año siguiente. El PSR nació entonces con una fisonomía peculiar: simpatizó decididamente con la Internacional Comunista, pero no se adhirió a sus tesis en lo relativo al modelo leninista de organización. Sus dirigentes querían un gran partido, no una minoría de cuadros; querían llegar a los campesinos y a los indígenas, no solo a los obreros urbanos. Y desarrollaron, con pragmatismo, una política de entendimiento con sectores del Partido Liberal, con quienes compartían enemigo —el régimen conservador— y agenda inmediata —la defensa de las libertades civiles.

Tres nombres cifraron esa vocación de arraigo. Raúl Eduardo Mahecha, abogado de origen conservador —era pariente político del general Rafael Reyes— llegado a Barrancabermeja a finales de 1922 o comienzos de 1923, trabajó entre 1923 y 1927 con los obreros del petróleo y luego con los braceros del Magdalena; participó en la formación de la Unión Sindical Obrera en 1923 y, después, organizó a los trabajadores bananeros. Ignacio Torres Giraldo dirigió el periódico La Humanidad, escribió más tarde Los inconformes —el primer estudio historiográfico de las luchas sociales colombianas— y vivió durante un tiempo con la familia de María Cano en Medellín y en Palmira. Y María Cano, la Flor del Trabajo, realizó al menos seis giras por las zonas obreras del país; tenía una capacidad de electrizar multitudes que ningún dirigente colombiano de su generación igualó, y pagó por ella con la cárcel en varias ocasiones. Fueron ellos, más que ningún burócrata partidario, quienes le dieron al PSR su condición de fenómeno de masas.

Los años centrales del PSR se contaron por huelgas y por represiones. En 1924 estalló una huelga petrolera en Barrancabermeja con demandas típicas del enclave: mejoras salariales, condiciones de vivienda, servicios médicos, abolición del pago en vales de compañía. En 1927 se repitió, con mayor apoyo ciudadano, con paros de solidaridad de los portuarios a lo largo del Magdalena y con varios enfrentamientos armados. La respuesta oficial fue una represión sistemática que golpeó a la USO y a los cuadros del PSR en la región.

El régimen conservador de Miguel Abadía Méndez leyó ese ciclo huelguístico como el prólogo de una revolución bolchevique inminente. En febrero de 1928 comenzó en el Congreso el debate de un proyecto impulsado por el ministro Ignacio Rengifo, quien advirtió sobre una "conflagración social de dimensiones aterradoras". Tras meses de discusión, y contra la oposición de los liberales y de un número considerable de conservadores que la tildaron de dictatorial, se aprobó la Ley 69 del 2 de noviembre de 1928, conocida como Ley Heroica.

Su articulado tipificaba como delito agruparse o asociarse para fomentar por medios subversivos la abolición del derecho de propiedad o de la institución de la familia. Castigaba también las huelgas ilegales y la apología de conductas ya definidas como delito penal. Era, en la práctica, un intento de proscribir la difusión de ideas socialistas y la formación de organizaciones populares de oposición, y anticipó por décadas la lógica del "enemigo interno" que se articularía formalmente en la doctrina contrainsurgente del siglo XX. Varios jerarcas eclesiásticos —entre ellos el arzobispo de Cartagena— telegrafiaron su felicitación al Congreso: la ley era, dijeron, un triunfo del partido del orden social. El PSR, junto con sectores liberales, había protestado la norma durante meses en una campaña conjunta en defensa de la democracia; ese esfuerzo articulaba también el rechazo al decreto 707 de 1927, la llamada Alta Policía, que había preparado el terreno represivo.

Cinco semanas después de la promulgación de la Ley Heroica, en diciembre de 1928, la huelga bananera en la zona de Santa Marta terminó en Ciénaga con las tropas del general Carlos Cortés Vargas disparando sobre los huelguistas. El pliego pedía la abolición del sistema de contratistas indirectos que permitía a la United Fruit evadir el seguro colectivo, la eliminación del pago en vales redimibles solo en almacenes de la compañía y otras reivindicaciones laborales concretas. Después de la matanza, Cortés Vargas dispuso Consejos de Guerra verbales por indicación de funcionarios y agentes de la compañía frutera: de más de setecientos sobrevivientes presos, se juzgó a ciento treinta y seis, entre ellos mujeres, maquinistas que se habían negado a transportar cadáveres al mar, periodistas y profesores. Las penas llegaron a los veinticinco años. Mahecha, que había estado organizando a los trabajadores, fue capturado, procesado y condenado a prisión por su papel en la huelga.

En ese contexto, el PSR llegó a 1929 sacudido por una contradicción interna que las masacres agravaron. Un sector del partido, influido por veteranos liberales de las guerras civiles del siglo XIX, entendía la revolución al modo del cambio de poder en Bogotá por vía armada; otro sector priorizaba la movilización de masas y desconfiaba del atajo insurreccional. Cuando llegó la orden de la Internacional Comunista de suspender los levantamientos planeados, la contraorden no alcanzó a llegar a todas partes. La noche del 29 de julio de 1929, más de doscientos insurgentes —artesanos y campesinos liderados por el zapatero Pedro Narváez— tomaron El Líbano, Tolima, y pusieron en jaque a las autoridades locales durante dos días. La represión fue rápida. Otras acciones planeadas se abortaron. El fracaso desnudó todas las fisuras acumuladas: la mezcla incómoda entre la tradición liberal armada y la vocación marxista de masas, la imposibilidad de sincronizar una organización nacional dispersa, la incoherencia entre discurso revolucionario y capacidad efectiva.

Cuando entre el 5 y el 17 de julio de 1930 se reunió en Bogotá el pleno ampliado del PSR, la coyuntura colombiana era irreconocible respecto a la de tres años antes. La hegemonía conservadora, que había gobernado sin interrupción desde 1886, acababa de caer. En las elecciones de febrero de 1930, el candidato liberal Enrique Olaya Herrera había derrotado a los conservadores gracias a la división del partido oficial en las candidaturas de Guillermo Valencia y Alfredo Vázquez Cobo, división en la cual se había alineado también la propia jerarquía eclesiástica. Detrás de la fractura conservadora había factores más profundos: el desgaste del régimen ante el movimiento obrero, la conmoción moral de la masacre de las bananeras, la crisis económica desatada en octubre de 1929 con la Gran Depresión, que había arrojado al desempleo a unos ciento cincuenta mil obreros y multiplicado marchas, protestas de inquilinos y despidos en las haciendas cafeteras. Se abría una ventana histórica de movilización popular sin precedentes en el país.

Fue precisamente en esa ventana que el PSR se disolvió a sí mismo. El pleno funcionó como un congreso extraordinario y el 13 de julio de 1930 cambió el nombre de la organización por el de Partido Comunista de Colombia. La transformación no fue solo nominal. Se abandonó la construcción de un partido de masas para asumir el modelo bolchevique de cuadros; se aceptó la subordinación disciplinaria a la Tercera Internacional; y, sobre todo, se seleccionó una nueva dirigencia según criterios cominternianos. Guillermo Hernández Rodríguez, conocido en el aparato como "Guillén", fue elegido secretario general: un comunista dogmático y protegido del Komintern, con estrechos vínculos al aparato internacional.

La selección no fue casual. Vittorio Codovilla, el dirigente italoargentino que ejercía en 1930 la representación cominterniana para América Latina desde el Buró Sudamericano en Buenos Aires, marcó el criterio con la crudeza propia del oficio: había que separar cuidadosamente a los dirigentes según su docilidad a la línea. Se evitó, en consecuencia, a quienes cargaran con responsabilidades en decisiones consideradas no leninistas. Tres pecados discriminaron a los cuadros históricos: haber conducido la huelga de las bananeras sin permiso de Moscú, haber conspirado con generales liberales para el proyecto insurreccional de 1929, y haber participado —o simpatizado— con la campaña presidencial que llevó a Olaya Herrera al poder en febrero. Los fundadores del PSR quedaban, por definición, descalificados.

La lista de las bajas dibujó por sí sola el mapa de lo que se perdía. Raúl Mahecha fue expulsado. También Erasmo Valencia, el organizador que llevaba años tejiendo redes campesinas en el Tequendama y el Tolima. María Cano fue marginada y desautorizada por la nueva dirigencia: la mujer que había electrizado plazas de todo el país en seis giras, la voz más conocida del socialismo colombiano, fue sencillamente empujada al costado. Ignacio Torres Giraldo, cuya trayectoria como director de La Humanidad y biógrafo de la propia Cano lo había convertido en memoria viva del movimiento, terminó también relegado; moriría en Cali en 1968, en la pobreza y el aislamiento político. Tomás Uribe Márquez, el primer secretario general del PSR y el hombre que había concebido el proyecto de un partido tanto para trabajadores urbanos como para campesinos, quedó fuera de la nueva estructura.

En cuestión de semanas, un partido que había construido durante casi cuatro años una red de agitadores conocidos, con vínculos personales en enclaves petroleros, plantaciones bananeras, resguardos indígenas del Cauca y ligas campesinas del Tequendama y el Tolima, se encontró con una dirigencia sin biografía pública, sin arraigo local, sin capital simbólico y con la única credencial de la fidelidad a Moscú. La amputación no fue una metáfora: fue una decisión organizativa deliberada.

El PCC recién nacido llegó al ejercicio de sus funciones con instrucciones estrictas. El VI Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú en 1928 bajo la orientación aún vigente de Nikolái Bujarin y con Iósif Stalin consolidando su poder, había impuesto la línea de "clase contra clase". Su lógica era la de un ultraizquierdismo defensivo: en la fase que la Comintern llamaba tercer período, la crisis final del capitalismo estaba supuestamente próxima, y por tanto los partidos comunistas debían combatir con la misma dureza a la burguesía y a las fuerzas reformistas que le disputaban el liderazgo del movimiento popular. Los socialdemócratas europeos fueron calificados de socialfascistas. En América Latina, la línea se tradujo en la ruptura con todo aliado no comunista, sin importar cuán próximo hubiera estado en el pasado.

Aplicada en Colombia, la doctrina produjo una serie de decisiones que sellaron el aislamiento del PCC en el momento más inoportuno posible. La política de entendimiento con sectores liberales, que había sido eje del PSR durante la campaña contra la Ley Heroica, quedó proscrita. La colaboración con figuras como Jorge Eliécer Gaitán, cuya Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria intentaba a comienzos de los treinta canalizar reivindicaciones populares por fuera del liberalismo oficial, fue vetada de plano: Gaitán fue denunciado como fascista, y cualquier aproximación a la UNIR sancionada como desviación. Cuando el joven dirigente Gilberto Vieira defendió esa aproximación, fue disciplinado por el propio partido.

El resultado fue una paradoja amarga. Un observador de izquierda constataba en agosto de 1930 que las organizaciones populares llevaban "año y medio de desconexión con las masas" y que estas habían sido "secuestradas por la burguesía". La expresión describía con precisión el eclipse del PSR en su fase terminal, y anticipaba lo que le ocurriría al PCC durante todo el primer lustro de la República Liberal: la izquierda organizada perdía interlocución con el movimiento popular justo cuando este vivía su ascenso.

La crisis interna se agravó con expulsiones y sanciones. El propio secretario general que había inaugurado la nueva etapa terminó apartado de la dirección por decisiones disciplinarias asociadas a la aplicación misma de la línea. Cuadros que intentaban preservar los vínculos del período anterior fueron descalificados como oportunistas o desviacionistas. La Comintern, a través de su aparato latinoamericano coordinado por Codovilla desde Buenos Aires y con contactos en Montevideo, Lima y otras capitales de la región, mantenía un control estrecho sobre la vida del partido colombiano; los dirigentes locales que resistían la injerencia perdían la partida por definición.

Mientras el comunismo colombiano se reordenaba en función de disputas doctrinales cuya matriz estaba en Moscú, el Estado liberal iniciaba una operación política de largo aliento. Enrique Olaya Herrera, elegido para el período 1930–1934, entendió desde el comienzo que la República Liberal debía procesar institucionalmente las tensiones sociales que el conservatismo había respondido con Ley Heroica y con fusiles. Su gobierno impulsó una reglamentación sindical en 1931 que reconocía derechos elementales de asociación y huelga, ofreció asesorías legales a sindicatos y a movimientos campesinos, e inició la sindicalización del propio aparato estatal.

Alfonso López Pumarejo, que sucedería a Olaya en 1934 con el programa de la Revolución en Marcha, radicalizó y extendió esa estrategia. La reforma constitucional de 1936, la Ley 200 de tierras del mismo año, la reforma tributaria y educativa: cada una de esas piezas cumplía, entre otras funciones, la de responder a demandas populares antes de que el comunismo pudiera capitalizarlas. El liberalismo lopista no solo cooptó a dirigentes sindicales y campesinos individuales; construyó un marco institucional en el que la protesta obrera podía canalizarse por vías legales que llevaban al ministerio antes que al comité central.

Un partido con la biografía del PSR habría podido, tal vez, competir con esa oferta reformista o al menos disputarle terreno. Un partido con la biografía del PCC de 1930-1934, encerrado en la denuncia sistemática del liberalismo como enemigo de clase, no. La distancia entre lo que la línea "clase contra clase" exigía denunciar y lo que las masas efectivamente experimentaban como una mejora concreta se volvió insalvable.

Sería injusto, sin embargo, reducir la historia del PCC de los primeros treinta a un aislamiento absoluto. En las zonas donde los cuadros del antiguo PSR habían echado raíces antes de la ruptura, la presencia comunista se mantuvo activa aunque con menor visibilidad nacional. En el Tequendama, en Viotá y en las haciendas cafeteras de Cundinamarca, cuadros comunistas fomentaron ligas de trabajadores rurales que unían a jornaleros, arrendatarios y colonos. La estrategia consistía en incitar a los arrendatarios a sembrar café en sus parcelas —violando así las cláusulas contractuales que se lo prohibían para no crear competencia al patrón— y a negarse a trabajar en los campos del hacendado. El partido llamó a esa táctica "tomas revolucionarias de tierra"; no cuestionaba la legalidad de los títulos, sino que erosionaba el control económico efectivo del propietario.

En el Cauca, la lucha indígena que Manuel Quintín Lame había iniciado en los años veinte por el reconocimiento de la legalidad de los títulos de resguardo entró en contacto con las estructuras del PSR primero y del PCC después. La mediación decisiva la aportó José Gonzalo Sánchez, dirigente indígena caucano convertido en cuadro comunista, que había participado en los congresos obreros del PSR y viajó a Moscú en representación del movimiento indígena colombiano. Su figura encarnaba una posibilidad rara: la de un puente orgánico entre la tradición de lucha por los resguardos y el aparato marxista, entre la cosmovisión comunitaria andina y la disciplina de partido. Ese contacto radicalizó la movilización, multiplicó las tomas de tierras y recrudeció el rechazo a las obligaciones fiscales impuestas por los hacendados sobre las comunidades. En el Tolima, Erasmo Valencia —expulsado del PCC pero activo como agitador— siguió organizando campesinos, y las autoridades departamentales reportaban con alarma que los labriegos escuchaban a los organizadores comunistas y se suscribían al periódico radical Claridad. Del sur del Tolima emergerían, años después, cuadros agrarios como Isauro Yosa, testimonio de que la implantación rural comunista, aunque descabezada por la bolchevización, no se disolvió del todo.

Los sindicatos agrarios cercanos al viejo PSR habían liderado huelgas en Ciénaga, Barrancabermeja, El Líbano y Girardot. Parte de esa red sobrevivió al giro de 1930 en cuadros medios y en organizaciones locales, aun cuando la dirección nacional se había volcado a la aplicación mecánica de directivas externas. Hacia comienzos de los años treinta, el movimiento campesino y el obrero vivían simultáneamente una fase de ascenso, con huelgas de carácter político-revolucionario, y hubo una ventana breve en la que la convergencia entre ambos habría podido dar al comunismo colombiano una base social propia. Esa ventana se cerró antes de ser aprovechada.

En 1935, el VII Congreso de la Internacional Comunista dio un viraje mayor. Bajo la amenaza del fascismo europeo, Moscú abandonó la línea "clase contra clase" y proclamó la estrategia de los Frentes Populares: alianzas amplias con socialistas, liberales y demócratas contra el enemigo común. Para los comunistas colombianos, la nueva orientación llegaba como una rehabilitación póstuma de lo que sus fundadores habían venido haciendo desde 1926 y que la bolchevización había proscrito.

La expresión práctica del giro se manifestó el 1 de mayo de 1936, cuando Alfonso López Pumarejo y el dirigente comunista Gilberto Vieira —el mismo que había sido sancionado años antes por proponer una aproximación con Gaitán— hablaron juntos desde el Palacio Presidencial ante una manifestación obrera. Ese acto ha sido considerado el acta de nacimiento del Frente Popular colombiano. Pero llegaba tarde: el liberalismo lopista ya había ocupado el espacio de representación de la cuestión social, la reglamentación sindical de 1931 había institucionalizado los canales de mediación, y los cuadros históricos que habrían podido darle al PCC un rostro público comparable —Cano, Torres Giraldo, Mahecha— llevaban seis años apartados de la dirección. El Frente Popular colombiano nació como socio menor.

La debilidad estructural de la izquierda colombiana del siglo XX suele explicarse por dos vías: la fortaleza cooptadora del bipartidismo y las condiciones objetivas de un capitalismo dependiente con proletariado disperso y clase media reformista. Ambas explicaciones son ciertas, pero incompletas. Falta una tercera dimensión, más difícil de cuantificar y sin embargo decisiva: la izquierda colombiana perdió en 1930, por decisión propia, su patrimonio simbólico y organizativo más valioso.

El PSR había construido en menos de cuatro años algo raro en la historia política colombiana: una organización con implantación en enclaves petroleros, plantaciones bananeras, resguardos indígenas, sindicatos artesanales y ligas campesinas, dirigida por figuras cuyos nombres las masas reconocían y cuyas biografías estaban arraigadas en los conflictos locales. Ese patrimonio era, de hecho, exactamente el capital que se necesitaba para disputar al liberalismo el liderazgo de la cuestión social en la coyuntura de 1930-1936.

La decisión de la Comintern, ejecutada disciplinadamente por el pleno de julio de 1930, sacrificó ese patrimonio en nombre de una supuesta modernización organizativa. El argumento era que el modelo leninista de cuadros produciría militantes más disciplinados y una vanguardia más eficaz. Lo que produjo, en el caso colombiano, fue un partido descabezado en su liderazgo público, aislado en su línea política y superado en el terreno de la reforma social por un liberalismo que había leído mejor la coyuntura.

Cabría atribuir esa derrota a factores puramente estructurales: un país con proletariado débil, economía de enclave dispersa y burguesía capaz de reformar desde arriba difícilmente habría dado espacio a una izquierda revolucionaria de masas, con o sin bolchevización. La estructura pesa, sin duda, pero no lo explica todo. El PSR, con sus tensiones internas y su fracaso insurreccional de 1929, era ciertamente una organización en crisis; pero era una organización con vínculos vivos, con rostros conocidos, con capacidad probada de movilización. El PCC bolchevizado de 1930 era otra cosa: una estructura burocrática con directrices externas y sin biografía colectiva. La diferencia no la explica la estructura económica; la explica una decisión.